En nota de prensa, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear ha informado de que las movilizaciones se llevarán a cabo en Cuenca, Tarancón, Motilla del Palancar, Las Pedroñeras y Cañizares.

La Plataforma ha denunciado que se prohibiera ayer la entrada al pleno extraordinario de la Diputación de Cuenca en el que se rechazaron dos propuestas del PSOE para que la Diputación pidiera la anulación de la resolución del Consejo de Ministros sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Ha asegurado que los ciudadanos que ayer quisieron asistir al pleno “están indignados ante el comportamiento antidemocrático de los dirigentes de nuestra institución provincial”.

“Los plenos son públicos” ha recordado la plataforma “y es absolutamente ilegal impedir el acceso al público que pretende seguir sus deliberaciones de forma pacífica”.

Al mediodía de ayer, un dispositivo policial sólo permitió la entrada a la institución provincial a seis de las aproximadamente doscientas personas que se concentraron a las puertas del palacio de la Diputación para protestar contra la instalación del ATC en Villar de Cañas.

La Plataforma se ha desmarcado de la actitud de algunos manifestantes que insultaron al presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, al término del pleno.

“La Plataforma no comparte el comportamiento de algunas personas que increparon al Presidente” y ha afirmado que “nada tienen que ver con esta Plataforma”.

Por su parte, el grupo popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha condenado hoy en una nota de prensa los insultos a los diputados que se produjeron a la salida de la institución provincial y ha censurado “el comportamiento de los dirigentes socialistas que arengaron a los manifestantes”.

Fuente: ABC

LOGROÑO, 25 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, los regionalistas han señalado “que estos posibles fallos fueron comunicados a Garoña el pasado mes de septiembre, aunque el informe se hizo público la pasada semana”.

El PR ha criticado que esto “se haya escondido durante meses, por parte de los diferentes gobiernos en Madrid” y ha afirmado que “desconocen si el Gobierno de La Rioja ha estado informado de estos posibles incidentes y de si ha tomado las medidas pertinentes”.

El PR considera que “el informe es muy grave y duro con la seguridad de Garoña ya que, según los datos conocidos, los defectos en los reactores podrían tener consecuencias gravísimas para la población, e incluso el informe habla de no poder parar la central en casos de emergencia, lo que sin duda provocaría una catástrofe humana y medioambiental”.

Así, “estos hechos demuestran, una vez más, que Garoña no es segura, que tiene más problemas de los que cuentan los diferentes Gobiernos y administraciones y además las mejoras en los reactores para corregir los fallos detectados tienen un coste millonario, y esa parece ser una de las razones por las que se oculta el problema durante meses”.

Por ello, han reclamado “que Garoña no tenga más prorrogas y no se juegue con las personas y el medio ambiente y exigen al Gobierno de La Rioja que informe de la situación producida, de los fallos detectados y que haga público el informe conocido estos días. El Ejecutivo regional no puede obviar problemas tan graves y que pueden afectar tanto a los riojanos”.

Por todo ello, los regionalistas solicitarán en el Parlamento de La Rioja “el informe que ha detectado fallos, que pueden ser graves”. También preguntarán “si el Gobierno de La Rioja conocía estos hechos y desde cuándo y las medidas que ha adoptado o piensa adoptar en un futuro cercano”.

Y es que, “estos hechos son motivo de alarma y demuestran que Garoña ha cumplido su ciclo de vida y que no tiene sentido continuar ofertando prórrogas como pretende el PP de La Rioja y de España”.

Fuente: eleconomista.es

Black and Green Companies va camino de ser causa de un nudo gordiano trenzado a fuerza de tirones entre el equipo de Gobierno y la oposición. La empresa ha adquirido (o tiene reserva de adquisición) terrenos en el polígono de Ircio para instalar una planta de reciclaje de neumáticos; el Ayuntamiento le ha denegado en dos ocasiones cualquier opción de licencia por entender que su actividad se enmarca entre las que son propias de una industria química pesada; la compañía niega la calificación; y el PP se ha puesto de su lado defendiendo el carácter inocuo de la termólisis, como proceso limpio de transformación química y, de paso achacó al alcalde indiscreción y ligereza en un ‘no’ que, hasta hace nada, era rotundo.

Ayer Fernando Campo apuntaló su réplica en un tono duro y cargado de insinuaciones. Habló de «extrañas coincidencias» en esa sintonía que, detecta, existe entre la firma de origen valenciano y los populares. Pero también pretendió zanjar la polémica con datos más o menos objetivos. El fundamental: Black and Green no cuenta con la Autorización Ambiental Integral (que incorpora también la de Impacto Ambiental). Ésta ha de ser previa a cualquier licencia de obras que pueda otorgar el departamento de Urbanismo del Consistorio. «En la Junta de Castilla y León aún no han presentado nada. Y nosotros no podemos dar ni denegar ninguna licencia de obras», si no se dispone previamente de ese permiso regional.

Este proceso, que venía demorándose hasta tres años, se va resolviendo en un periodo de tiempo mucho menor en los últimos meses -un ejemplo de ello es la licencia que se otorgó a Gestamp para la apertura de su planta de biomasa en terrenos de Rottneros-. La Autorización Ambiental Integrada sería la que marcaría los riesgos que podrían existir. «Sin ella -volvió a insistir el responsable municipal-, no podemos hacer nada». La situación raya lo ‘kafkiano’. «Se les ha dicho que tienen que solicitarlo. Pero ellos insisten en tener una reunión para presentarnos un proyecto básico». Y eso no le vale.

Alcaldía entregó copia de los informes técnicos del Ayuntamiento, del texto de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales -la sociedad gestora de Ircio que ha vendido los terrenos a la firma-, y una especie de ‘power point’ de presentación de la factoría «en el que no se habla de algo que es esencial: las emisiones a la atmósfera y a los ríos». A falta del proyecto concreto, ayer el alcalde ya advirtió que si pretenden entroncar con la depuradora de la ciudad, la dirección de Black and Green, «debe saber ya que no podrán hacerlo. Se lo hemos negado también a la empresa de Rottneros porque la depuradora no tiene capacidad».

Proceso administrativo

Pero eso solo puede validarse como avance. Sin Autorización Ambiental Integrada y sin un proyecto de obra concreto «no podemos hacer nada. Y lo curioso es que uno se encuentra en una situación en la que hay un partido que sale a defender algo que no sabe ni lo qué es. Este Ayuntamiento está siguiendo puramente el proceso administrativo», algo que, aseguró, se lo ha trasladado personalmente a responsables de la firma con los que «he mantenido ya dos reuniones».

Con ese último apunte respondía también a un PP que el lunes le acusó de no haberles querido recibir. «Y ¿qué es eso de decir que los técnicos hacen el informe que les pide el alcalde? Eso es gravísimo y los técnicos nos han manifestado ya su malestar». El informe, respaldado por la Secretaría General, fue el que llevó a Campo en octubre del pasado año a subrayar públicamente, por primera vez, que no habría licencia para Black and Green porque su actividad se encontraba entre las «prohibidas».

Tal y como ya ha reflejado este periódico, en ese documento se facilitaba un largo listado de productos que no tenían encaje en los polígonos industriales de una ciudad que desde hace años viene incidiendo en la necesidad de una reindustrialización apoyada en las empresas limpias y la logística. El veto estaba (y está, según la normativa) para «los fertilizantes, colorantes, explosivos, plásticos, detergentes, aislantes, fibras artificiales, productos fotográficos, y productos farmacéuticos»; y también para «gomas y caucho». La empresa concurrió a las ayudas del Reindus definiendo su actividad en estos términos: «Separación y aprovechamiento de componentes orgánicos de plásticos, cauchos y neumáticos».

La cuestión es que, para enmarañar aún más el asunto, el responsable municipal desveló públicamente un par de detalles que hasta ahora eran desconocidos. El primero, que Black and Green, antes de apostar por Ircio, pensó en Bayas, donde se fijó en una parcela de alrededor de 22.000 metros cuadrados. Y el segundo, que los metros adquiridas en el nuevo polígono se encuentran aislados del resto, mirando a la montaña. ¿Su interpretación personal?

«Esta empresa debe ser tan buena que coge unas parcelas que dan al monte. Lo querían alejar del resto de la actividad del polígono, y porque el monte suponía también evitar el impacto visual y el de la emisión a la atmósfera».

Fue más allá. Habló de una pregunta que hicieron los responsables de la firma, al parecer, al propio alcalde:

«¿Se va a instalar alguna empresa alimentaria o farmacéutica en este entorno?»

La proximidad de Galletas Coral, se aseguró ayer, les disuadió de la elección de Bayas. Y entonces Campo tiró de su propio libro de estilo.

«Que raro, ¿no es raro? -ironizó- No será tan buena. Pero no podemos juzgar la bondad o no de la empresa porque no tenemos el proyecto».

MAS INFORMACION DE VERTIDOS EMISIONES E IMPACTOS VISUALES Y MEDIOAMBIENTALES.

El Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares de alta actividad se construirá en Villar de Cañas, un pueblo de medio millar de habitantes y situado a 135 kilómetros de Madrid.

A la reunión asistirá el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz (PP), así como alcaldes y concejales de casi todos los municipios del entorno de dicha localidad conquense.

La reunión de trabajo, que se celebrará a petición de los representantes municipales y de otras instituciones provinciales, tendrá lugar a las 10.30 horas y durará toda la mañana.

En ella, técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) explicarán de manera pormenorizada los detalles técnicos del almacén de residuos nucleares y del centro tecnológico asociado a esta instalación industrial

El ATC será autorizado para funcionar durante un periodo de sesenta años, aunque se diseñará para cien años, y albergará el combustible gastado de todas las centrales nucleares españolas.

Será una instalación industrial de unas dimensiones de 283 por 78 por 26 metros, que ocupará unas trece hectáreas.

Actualmente, el único almacén de residuos nucleares que existe en España es el del Cabril (Córdoba), con capacidad para tratar solo residuos de baja y media actividad.

Por esta razón, hoy los residuos son almacenados en las piscinas de las propias centrales o en sus almacenes temporales en seco.

Fuente: Expansion.es

Por lo que se refiere al Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (Penbu), las subvenciones otorgadas a nueve municipios, por un importe de 740.758,71 euros, son Valdegovía (Álava) con 54.756,76 euros, Merindad de Cuesta Urria con 99.870,30 euros, Partido de la Sierra en Tobalina con 98.327,50 euros, Pancorbo con 99.796,27 euros, Miraveche con 88.721,84 euros, Jurisdicción de San Zadornil con 99.830,29 euros, Cascajares de Bureba con 99.999,10 euros y  Santa Gadea del Cid con 99.456,65 euros. Valle de Tobalina 0 euros.

Fuente: radio Arlanzon

El problema consiste en que se produce una interferencia o fricción de las barras de control con los canales de combustible cuanto estos van a hacer sus funciones de absorber los neutrones y parar la reacción nuclear, que podría agravarse en caso de terremoto, detalla General Electric en el documento al que ha tenido acceso EFEverde.

El fallo ha sido notificado por GE al consejo de seguridad nuclear americano (NRC en sus siglas en inglés) y a las empresas que operan las centrales de este tipo de diseño, entre ellas una española, la de Garoña, cuya empresa gestora, Nuclenor, confirma haberlo recibido el pasado septiembre.

La notificación de GE ha suscitado reacciones en Estados Unidos donde organizaciones como la Union of Concerned Scientists (UCS) lo analiza y concluye que la

“deficiencia” detectada podría desencadenar una situación “preocupante” de producirse un terremoto ordinario en circunstancias normales de funcionamiento del reactor.

La UCS incide en su análisis en que

“si falla la inserción de las barras de control”, este problema podría dar lugar “a no poder parar una central de este tipo en caso de emergencia”.

En España, sin embargo, el problema no aparece mencionado en las pruebas de resistencia a las que el Consejo de Seguridad Nuclear acaba de realizar a Garoña, y a los otros 7 reactores operativos, por mandato de la Unión Europea tras el accidente japonés de Fukushima.

Fuentes de Nuclenor, la empresa que opera Garoña, aseguran, no obstante, haber recibido la comunicación de General Electric, si bien le restan importancia y consideran que forma parte de las notificaciones “obligatorias” que hacen los fabricantes de los reactores “ante cualquier anomalía que se detecte”.

Desde Nuclenor insisten en que “el problema ya era conocido por la industria, y es seguido con normalidad dentro de los programas de vigilancia que se llevan a cabo periódicamente”.

Además, agregan que el fabricante les dio unas guías de vigilancia “para combatir los efectos de interferencia entre la barra de control y el canal de combustible en caso de producirse excesiva deformación de los canales de combustible, en el desarrollo de la parada automática con baja presión en el reactor”.

Aun así, Nuclenor reconoce que el problema de “posible interferencia” puede darse “en alguna de las barras periféricas del reactor” pero “con poco efecto en el control de la reactividad”.

Subrayan también que, periódicamente, se realizan “pruebas de fricción” que permiten identificar si una barra tiene fricción por encima de lo permitido, y en ese caso de ser así “se declara inoperable” cumpliendo con las medidas de seguridad.

El portavoz de Nucleares de Greenpeace, Carlos Bravo, afirma, sin embargo, que

Garoña “tendría que haber cambiado todo el sistema de accionamiento de las barras de control” tras haberse detectado este fallo “que pone de manifiesto que las barras no entran bien”.

El portavoz de Greenpeace denuncia que dado que estos cambios implicarían “una enorme inversión” en la planta, cuyo cierre -actualmente en revisión- estaba aprobado para 2013. Y que, por ese motivo,

Nuclenor “ha optado por ocultarlo”.

Bravo advierte de que “si hubiera un terremoto en la zona de Garoña y las barras de combustible no entraran, podría producirse una fusión parcial del núcleo”, por lo que exige el cierre inmediato de la planta.

Podemos recordar que sobre la zona de Garoña amenaza un permiso de explotación de gas no convencional mediante la tecnica de fracturacion hidraulica (fracking) que en los EEUU ha llegado a ocasionar terremotos probados de escala 4,0 y 5,4 en Wyoming.

Ver informe del MIT (una de las universidades mas prestigiosas del mundo)que relaciona el fracking con los terremotos.

Fuente:  expansion.es

La pelota vuelve al tejado del Ayuntamiento (o nunca salió de allí). ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, la empresa pública que explota el polígono industrial de Ircio, deja en manos del equipo de Gobierno la decisión final sobre la instalación de la planta de reciclaje de neumáticos, Black and Green. El Gabinete de Fernando Campo solicitó el pasado 29 de diciembre una aclaración a la gestora regional. Le pedía más precisión a la hora de delimitar las actividades que no tenían cabida en los 2,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Quería conocer, en definitiva, si la línea de producción de la multinacional encajaba dentro de lo que esta tipificado como una industria química pesada.

La respuesta de ADE ha sido la siguiente: «Una vez aprobado el planeamiento urbanístico que afecta al Polígono Industrial de Ircio, la competencia en cuanto a la interpretación de la normativa urbanística de aplicación a dicho polígono (ordenanzas del Plan Parcial y normativa del PGOU) corresponde al Ayuntamiento de Miranda de Ebro de conformidad con la legislación vigente». La comunicación oficial, por tanto, plantea al remitente que es el que debe decidir. Dar o no la licencia depende, exclusivamente, de la sede de la plaza de España. Y, en su origen, del carácter de los informes que emitan los técnicos municipales.

Ver mas informacion en una entrada anterior.

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Secretaría General

Y hasta ahora estos se han inclinado por el ‘no’. ¿El último? Lo planteó la Secretaría General en octubre del pasado año. Apoyándose en la opinión del ingeniero técnico industrial del Consistorio y la documentación presentada, insiste en que su encaje está en el área de química pesada. Hace referencia a una serie de productos que no se ajustarían a la normativa que regula la superficie industrial. Es el caso de

«los fertilizantes, colorantes, explosivos, detergentes, aislantes, fibras artificiales, productos fotográficos, y productos farmacéuticos, plásticos, gomas y caucho, entre otros muchos».

La cosa por tanto parece mas que clara, interpretaciones subjetivas e intereses privados aparte. Parece que ADE se lava las manos y carga toda la responsabilidad al ayuntamiento de Miranda.  Las normas son claras “plásticos, gomas y caucho no“.

Black and Green Companies viene defendiendo que su actividad no se corresponde con esa calificación al no tratar «productos brutos, pesados en su origen, en gran cantidad para transformarlo en productos semi elaborados» sino con otros «ya elaborados, neumáticos y plásticos residuales, que se transformarían químicamente en productos comerciales de valor añadido». La planta entiende, por tanto, que su actividad se orienta hacia la gestión de residuos y no a materias «químicas de primera elaboración».

La petición a ADE de una mayor información emanó de una junta de portavoces que buscaba el consenso en torno a la nueva industria. Desde entonces el responsable municipal ha hecho referencia públicamente al carácter incompleto de la documentación presentada por ésta e, incluso, a que no había dado aún el paso para solicitar ante las autoridades regionales la Autorización Ambiental Integrada, clave para poder ponerse en marcha.

Ayer fue la concejala del PP, Pilar Morcillo, la que compareció ante los medios de comunicación para cargar sobre Fernando Campo la responsabilidad de la dilación. Lo hizo dando un rodeo, hablando de los 3.630 desempleados de la ciudad. «Miranda necesita reforzar el tejido industrial tan duramente castigado por la crisis para que el resto de las empresas reavivan». Miranda, vino a decir, no se puede permitir dejar de lado ningún proyecto inversor. El límite está en el cumplimiento de todas las exigencias urbanísticas y medioambientales, añadiría más tarde. Y ahí Black and Green se ajustaría, a juicio de los populares . 8 puestos de trabajo reales.

Fue en ese contexto en el que hizo referencia a la firma de origen valenciano. «Intenta ponerse en contacto con el Ayuntamiento y el alcalde aún no se ha puesto en contacto con ella». Le reprochó haber «hecho declaraciones sin conocer su proyecto y negar su instalación en Ircio. No entendemos qué intereses le mueven». A juicio del PP, el informe del técnico de Medio Ambiente se realizó obligado por Alcaldía, «sin base alguna. Y pese a su poca contundencia, sirvió a Campo para agarrarse a él y, alegremente, negar la instalación».

Morcillo aseguró que fue el pasado 13 de enero, cuando tuvo lugar la junta de portavoces, cuando la empresa solicitó la reunión con el máximo responsable del Ejecutivo. La entrevista iba a servir para exponer el proyecto pero, como adelanto, salió de Valencia un informe ambiental sobre su empresa en Guadassèquies; «un informe del rendimiento del proceso de valoración de neumáticos mediante termólisis,», así como la Autorización Ambiental Integrada que la empresa tiene en esa localidad.

«A día de hoy no se les ha citado todavía», subrayó la portavoz del PP, que aseguró también que el proyecto de Miranda «no tienen nada que ver» con el que se presentó para el Valle de Tobalina -y que fue descartado por la fuerte oposición social-. Aquí «no se quemarán neumáticos. La empresa se dedicaría al reciclaje de neumáticos por termólisis, convirtiéndolos en productos con múltiples aplicaciones».

Defensa de Llamazares

Morcillo defendió este proceso de transformación. Y lo hizo apoyándose en una afirmación que realizó el diputado de IU, Gaspar Llamazares, en un escrito enviado a la Mesa del Congreso de los Diputados el 3 de febrero de 2010. El parlamentario aseguraba en relación al procedimiento de la termólisis que es «seguro, limpio y sostenible ya que no consume apenas agua y casi no emite dióxido de carbono y no genera residuos tóxicos».

Se apoyaría también en una definición de la RAE de industria media (que no pesada) entre las que se encontraría la actividad de Black and Green. «Cataloga como productos intermedios a la industria química y a la de transformación del caucho y materias plásticas, que es este caso. ¿En qué se basaron los informes técnicos?» La empresa, que según Morcillo generaría 35 puestos de trabajo directos -9 figuraban en su petición de ayudas económicas al Reindus- «no se puede rechazar» sin argumentos sólidos. «Hay que exigirles todo tipo de medidas de seguridad y medioambientales, pero no estamos en condiciones de rechazar ninguna».

En última instancia, aseguró que el alcalde «tiene mucho que poner de su parte y no lo está haciendo» y cuestionó la eficiencia de la OPIME (Oficina de Promoción Industrial) porque la firma ha depositado ya «una parte» del coste de la parcela y está siendo ignorada. El PP compareció tras reunirse con la dirección de la empresa y con el Ayuntamiento de Guadassèquies. «Por eso no entendemos que un alcalde que se precie aún no se haya molestado en mantener una reunión con la dirección». Cuando lo haga y tenga el proyecto en su mesa «deberá informarse a ver si cumple o no con las exigencias para su instalación».

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Fuente: elcorreo.es

Tras recibir ayer la petición de Industria para que informe sobre si hay obstáculos para revocar la orden ministerial que fija su cierre, la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, ha declarado que a partir de este momento se planificará el trabajo necesario para hacer una “re-evaluación” e inspección de la planta más antigua del país.

Hay un informe de 2009 sobre Garoña para funcionar hasta 2019, elaborado por el CSN, pero como finalmente el Gobierno concedió una autorización de solo cuatro años, la planta “no ha hecho las modificaciones que el Consejo impuso” para operar otra década, ha explicado Martínez Ten antes de intervenir en el I Foro Global de Sostenibilidad, organizado por Ernst&Young.

Por tanto, “ahora habrá que re-analizar todo esto y cruzar todo el tema de las pruebas de estrés”.

Tras señalar que en caso de prórroga Garoña deberá pedir una nueva autorización de funcionamiento, Martínez Ten ha indicado que, en todo caso, “el trabajo tiene que estar listo con anterioridad a julio de 2013″, fecha de clausura prevista en la orden ministerial que ahora se pretende revocar.

Fuente: ABC

En rueda de prensa tras una reunión con los procuradores del PP por Burgos, Fernández Carriedo ha explicado que “se invertirá en la zona en la medida en que lo permitan las circunstancias económicas”.

Ha precisado que en este momento es necesario establecer prioridades en el gasto de fondos de la administración autonómica y ha insistido en que las prioridades son mantener con calidad las prestaciones de sanidad, educación y servicios sociales.

Fernández Carriedo ha expresado su satisfacción por los pasos dados por el gobierno del PP para alargar la vida útil de Garoña hasta 2019 y ha afirmado que “lo más importante” es mantener los 1.000 puestos de trabajo vinculados con la planta nuclear, siempre que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear sea favorable.

El portavoz del grupo popular en las Cortes de Castilla y León ha restado importancia al Plan Garoña que anunció el anterior Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero hace más de un año porque “ni se había puesto en marcha ni había generado puestos de trabajo alternativos a Garoña”.

Por otra parte, el PSOE considera que es “un error” alargar la vida útil de la central nuclear de Garoña más allá de 2013, como pretende el gobierno del PP, ha afirmado el procurador regional socialista por Burgos Julián Simón de la Torre.

En declaraciones a Efe, Simón de la Torre ha considerado que la vida útil de Garoña “ha llegado a su fin” y la planta está “sobradamente amortizada”, por lo que considera que no tiene sentido intentar que siga funcionando seis años más de la fecha prevista para su cierre, en julio de 2013.

El procurador regional ha considerado que los responsables del PP siguen si explicar de manera clara las razones para pretender alargar el funcionamiento de la planta nuclear burgalesa.

Además ha insistido en la necesidad de que, sea cuál sea el tiempo de funcionamiento que se permita para Garoña, se mantenga el Plan Garoña, que pretendía una inversión 100 millones de euros en cuatro años para un desarrollo económico y laboral alternativo de la zona.

En este sentido, ha considerado que la central nuclear cerrará tarde o temprano y si no se toman medidas la zona quedará totalmente deprimida, dada su dependencia económica y laboral de la planta.

Simón de la Torre ha asegurado que la presencia de Garoña ha frenado cualquier otra actividad económica en su entorno y no ha sido capaz de evitar que los jóvenes de la zona se sigan marchando y que la población se haya reducido un 50% desde que comenzó a funcionar la central en 1971.

Fuente: ABC.

No obstante, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Plataforma, María Ándrés, se ha mostrado convencida de que aún hay oportunidad de frenar la ubicación del ATC en Villar de Cañas porque, como están demostrando las concentraciones, “no hay consenso social”.

   “No es cierto que haya consenso, vamos a recurrir el nombramiento y seguiremos adelante con la movilización”,

ha dicho la portavoz, que ha asegurado que la plataforma seguirá luchando para evitar la instalación del silo nuclear que ha de albergar los residuos nucleares de todo el país en Cuenca.

CUENCA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de unas 150 personas, 200 según los convocantes, se han manifestado este jueves frente a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca para mostrar su oposición a que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares se instale el municipio conquense de Villar de Cañas.

La Plataforma Anti-ATC, que integra una treintena de organizaciones políticas, sindicales, vecinales y ecologistas ha anunciado que se concentrará cada jueves en varios puntos de la provincia para revocar el anuncio del Gobierno central.

María Andrés Azcoitia, portavoz de la plataforma, ha insistido en que la decisión no es firme y ha destacado que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Un hecho que a su juicio se debe a que “fueron argumentos únicamente políticos” los que llevaron a elegir el emplazamiento de Villar de Cañas “y eso es complicado ponerlo en un papel”.

NO EXISTE EL CONSENSO

En ese sentido ha señalado que el consenso entre la población que se ha mostrado como uno de los motivos, “no existe como demuestran estas concentraciones”. Además, ha apelado al “gran apoyo” que se está recolectando en las redes sociales por parte de personas originarias de la comarca que ahora no residen en ella y ha señalado que a no se ha producido ninguna baja entre las entidades que pertenecen a la plataforma.

Ha informado de que Asaja Cuenca sigue perteneciendo a ellas a pesar de las declaraciones de su presidente nacional, Pedro Barato, posicionándose a favor del ATC y que el Ayuntamiento de Tarancón no ha comunicado su baja si bien ha admitido “que habrá que reunirse y ver la nueva situación”.

Ante las manifestaciones del presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, en las que confiaba que la construcción al menos de las infraestructuras auxiliares comenzara este mismo año, Andrés ha advertido que “para eso tendrá que existir proyecto, que no existe, ya que sólo están las normas mínimas que tenían los candidatos para presentarse”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Regionales, José Luis Martínez Guijarro, también ha ironizado sobre el anuncio del nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, quién había dicho que en febrero podrían iniciarse los trabajos.

“Eso solo puede pasar si se saltan todas las obligaciones legales. Estaría bueno que para construir una casa hubiera que pedir mil permisos y se pudiera construir un cementerio nuclear sin autorización alguna”, ha dicho, al tiempo que ha remarcado que “la energía nuclear no es el futuro de nuestra provincia”.

COMO EL TRASVASE

Finalmente, Juan Ávila, alcalde socialista de la capital conquense, ha comparado esta infraestructura con el trasvase Tajo-Segura y ha asegurado que “igual que cuando se construyó había gente a favor por el trabajo que iba a generar en ese momento, pero eran puestos de trabajo que duran un tiempo”.

   “Después desparecen esos puestos de trabajo y lo que queda es esa pesada hipoteca que lo que hace es cortocircuitar otras líneas de desarrollo más duraderas y coherentes”, ha argumentado.

En la concentración de Tarancón se han concentrado 200 personas, en la de Alconchel de la Estrella unas 70 y en Motilla del Palancar unas 250, según la plataforma convocante. También se ha celebrado una movilización en el municipio de Cañizares.

Mensaje de la plataforma anticementerio en cuenca

Fuente: Europapress