Cementerio nuclear. Opacidad y presiones para enterrar 6.700 toneladas de residuos radioactivos, ante la falta de municipios dispuestos, ENRESA eligió a los pueblos

Cementerio nuclear. Opacidad y presiones para enterrar 6.700 toneladas de residuos radioactivos, ante la falta de municipios dispuestos, ENRESA eligió a los pueblos

El 29 de enero terminaba el plazo para presentar las candidaturas para el almacén de residuos radioactivos. Prácticamente en el último momento, 14 ayuntamientos decidieron postularse para este proceso de selección. Desde ese instante, sus habitantes han conocido las estrategias que la empresa pública responsable, Enresa, ha utilizado para granjearse el apoyo de los responsables municipales. La decisión final no se sabrá hasta dentro de unos meses, tiempo para que las plataformas antinucleares intenten evitar que su municipio se una a Trillo, Zorita (Guadalajara) y El Cabril (Córdoba), lugares que tienen cementerios nucleares.

De los 8.099 municipios del Estado español, sólo 14 han solicitado la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en su territorio. Pero todo indica que no lo han hecho por iniciativa propia. Ni siquiera los seis millones de euros al año para la comarca que el Ministerio de Industria ofrecía en un principio, de los cuáles 2,4 millones van destinados exclusivamente al municipio que acoja el ATC, fueron suficientes. Para conseguirlo la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos SA (ENRESA) se ha tenido que emplear a fondo: reuniones secretas, ofertas a alcaldes, tours de científicos a sueldo por los pueblos e, incluso, subir la cuota inicial de inversión a 8,25 millones de euros para conseguir candidatos para acoger las 6.700 toneladas de residuos.

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Elaboración: DIAGONAL / Fuente: ENRESA.

Por eso, algunos municipios se han presentado sin cumplir las bases del Ministerio de Industria. Incluso dos de ellos ni siquiera lo aprobaron en Pleno. La mayoría convocaron los plenos en sesión urgente el 29 de enero, último día para aprobar el ATC. Enresa había mantenido durante meses reuniones con todos los municipios y les había dado instrucciones. Por ello, plataformas ciudadanas y grupos ecologistas califican el proceso de “nada democrático”.

Prácticas poco transparentes
En Extremadura hay dos candidaturas, Albalá (Cáceres) y Granja de Torrehermosa (Badajoz). En Albalá, el alcalde, Jesús Pascual (independiente), dimitió sorprendido porque la mayoría de la corporación votó a favor. Pascual declaró que como médico conocía las consecuencias del cementerio nuclear. Antonio Galán, concejal del PP de Albalá, que también votó en contra, ha declarado a DIAGONAL: “Ha sido todo muy oscuro. El 28 tuvimos un pleno, y el 29 a mediodía nos convocaron para otro a las 17 h de la tarde. Primero nos dijeron que había llamado la agencia Efe, después reconocieron que Enresa llamó para convocar el pleno. Llevaban tiempo de negociaciones. El 80% de la comarca está en contra”.

Granja de Torrehermosa ha visto rechazada su solicitud, pues se presentó fuera de plazo y sin someterlo al pleno. Fuentes municipales aseguran que la alcaldesa, Mª Josefa Tejada, habría sido inducida a tomar esa decisión; aunque ella lo niega. “Enresa no me ha llamado, presentamos la candidatura para no perder la oportunidad. Pero ahora nos retiramos”, asegura.

En Castilla-La Mancha, la decisión de Villar de Cañas (Cuenca) también ha estado rodeada de polémica. Su candidatura ha sido liderada en la sombra por la secretaria del Ayuntamiento, Carmen Barco, que lleva 21 años en el cargo y es también la presidenta del Colegio de Secretarios de la provincia. Hace meses informó sobre el ATC a su alcalde, José María Saiz (PP). Los dos han repetido los mismos argumentos a DIAGONAL: “Esto no es un cementerio nuclear, es un ATC. La gente se opone por ignorancia, es más probable que se caiga un avión en medio del pueblo”. Saiz afirma que hasta allí fue Eduardo Gallego, profesor de ingeniería nuclear, y “nos explicó que no existen riesgos. Nos han puesto un vídeo en el que se ve qué sucede si un bidón estalla”, relata el alcalde. Se refiere al vídeo y a la charla que Gallego dio a los vecinos dos días antes de celebrar el pleno. La actuación de la secretaria ha generado una fuerte polémica, porque justo después del acuerdo del 29 de enero, envió un correo a los secretarios de la provincia justificando la decisión del ayuntamiento. Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha Barreda le ha acusado de utilizar su cargo para influir sobre el alcalde.

“Aquí ha habido maletines”, denuncian algunos miembros de la Plataforma Voz a la Comarca durante la manifestación en Campo de San Pedro (Segovia) el 7 de febrero contra el ATC. Los vecinos no entendían la maniobra del alcalde, José Antonio Martín (PSOE), que presentó la candidatura fuera de plazo y luego declaró que se arrepentía. A la provincia de Segovia, Enresa mandó a dos de sus pesos pesados: el propio presidente, José Alejandro Pina, nacido en la provincia, y a su consejero, Arturo González, ex senador por Segovia. Cuatro municipios segovianos pretendían albergar el cementerio nuclear: Fresno de Cantespino, Santiuste, Bernuy de Porreros y Campo de San Pedro. Arturo González visitó varias veces Campo de San Pedro, incluso se reunía en el bar del pueblo con el alcalde. Cuando el alcalde propuso el ATC a la corporación pidió una especie de juramento secreto. Laura Martín, concejal del PP, votó en contra. “Enresa dijo que tendríamos riqueza y más niños en la escuela”, señala.

Bernuy de Porreros también fue tentado. Su alcaldesa, Yolanda Benito (PSOE) declaró que había recibido instrucciones de Enresa para no someter la candidatura del ATC a votación popular y que el pleno lo celebrasen el último día de plazo para evitar protestas. Este municipio fue el único que convocó una asamblea popular antes del pleno. Los vecinos de toda la comarca rechazaron la propuesta y la candidatura se frenó.

Ascó y Yebra primero
Muchos aseguraban que Enresa no sólo había buscado los candidatos más idóneos por proximidad a las centrales nucleares y por un fácil transporte de los residuos, sino que había pagado para engordar una raquítica lista de interesados. A primeros de febrero el diario Público confirmó la existencia de un ‘trato’ entre el Ministerio de Industria y la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) por el que Sebastián incrementaba la partida prevista hasta 8,25 millones al año, aumento que iría a parar a los 69 municipios que albergan instalaciones nucleares. A cambio, AMAC habría buscado municipios para la lista del ATC e Industria instalaría el cementerio en Ascó o Yebra.

Pero aunque Ascó y Yebra parten como favoritos las cosas no están claras. En Ascó no existe consenso. Su alcalde, Rafael Vidal (CIU) ha ofrecido la candidatura, pero hay una fuerte oposición. En la última manifestación 6.000 personas dijeron “no” al cementerio nuclear. Vidal y varios concejales más tienen vinculaciones laborales directas o indirectas con la central nuclear. Mientras, la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya (CANC) acusa a Enresa de provocar que los municipios hayan presentado su candidatura al ATC en un mes, cuando en países como Holanda dedicaron 15 años. Y tampoco hay consenso político. Montilla prepara su reelección en la Generalitat catalana y se niega a admitir el cementerio.

Yebra (Guadalajara), favorita por su cercanía a Zorita, tiene también un alcalde (PP) que trabaja en la nuclear. Ecologistas en Acción pide “una ley de incompatibilidad. No puede ser que los alcaldes de las zonas nucleares y sus familias tengan contratos en las centrales y decidan a espaldas de los ciudadanos y de la comarca”. Barreda se opone radicalmente porque “ni Yebra, ni Villar de Cañas reúnen las condiciones. Yebra sufrió en 2007 un movimiento sísmico y en 1995 inundaciones en las que murió, entre otros, el gerente de la central de Zorita”.

Santervás de Campos (Valladolid), con 60 vecinos, ha sonado mucho los últimos días. Su alcalde, Santiago Baeza (PP), declaró a DIAGONAL: “He hablado con Enresa y me dice que tengo que esperar. Prefiero enterrar residuos nucleares que enterrar al pueblo”. María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, visitó el 8 febrero a Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, y declaró que los municipios de Melgar de Arriba y Santervás de Campos (Valladolid) y Torrubia de Soria son de “excelente calidad”. Al día siguiente un periódico revelaba que si Santervás era elegido para el ATC, el centro tecnológico anexo iría al vecino pueblo de Sahagún, en León. Al parecer, los empresarios de Valladolid pusieron el grito en el cielo y dos días después el alcalde de Santervás dijo que sopesaba la posibilidad de retirarse: “Esto me huele mal”.

Los grupos ecologistas denuncian el ‘oscurantismo’ seguido por Industria. Para Fernando Ramos, de Ecologistas en Acción, “el proceso de elección ha sido oscuro y nada participativo. Es una decisión trascendental y ningún Ayuntamiento ha sido elegido para eso”. Carlos Bravo, de Greenpeace, dice que “el procedimiento ha sido un auténtico esperpento, propio de la España de charanga y pandereta. Vamos a impugnar la convocatoria junto a Ecologistas en Acción”.


“UNA BICOCA”, SEGÚN TOHARIA

La secretaria de Villar de Cañas, Carmen Barco afirma que el periodista Manuel Toharia es su amigo desde hace 30 años y que les aseguró que “el ATC es una bicoca para el pueblo. Llevamos meses haciendo gestiones y queremos ganar, por eso decidimos que se supiera el último día. Entre nuestros asesores han estado, además de gente vinculada al pueblo, Eugenio Domínguez Vilches y Eduardo Gallego, asesores del Ministerio de Industria. Sin embargo, José María Barreda no quiere el ATC, y ¿qué quiere entonces?, ¿qué pongamos un centro de interpretación del morteruelo?”, afirma Barco.


ACTORES PRONUCLEARES

MARIANO VILA
GERENTE DE AMAC

Cobardes”, así calificó Mariano Vila la decisión de Merindad de Cuesta-Urría (Burgos) y Tivissa (Tarragona) de no albergar el ATC. Vila ha sido el encargado de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares de encontrar pueblos para Industria. Mejor le salieron ‘sus negociaciones’ con Yebrá y Ascó, que se decidieron las primeras.

 

 

El presidente de AMAC desde el 16 de julio de 2010 es Rafael Gonzalez Mediavilla alcalde del Valle de Tobalina en Burgos,

 

ARTURO GONZÁLEZ
CONSEJERO ENRESA
Arturo González López inició su carrera política en el PSOE en Riaza (Segovia) como concejal, llegó a ser el presidente del partido en la provincia y a lograr un escaño en el Senado y en el Congreso. Ahora es director adjunto al presidente de Enresa. Esta muy vinculado con las gestiones realizadas en el nordeste de Segovia.

EUGENIO DOMÍNGUEZ
EX RECTOR DE UCO
Eugenio Domínguez Vilches, catedrático en Botánica y ex rector de la Universidad de Córdoba (UCO), encabeza el equipo de técnicos pronucleares que asesoran al equipo interministerial de Industria. Dirige los Encuentros Locales por el desarrollo sostenible de Enresa y la UCO. Ha asesorado a algunos ayuntamientos sobre la necesidad del ATC.

EDUARDO GALLEGO
PROFESOR DE LA UPM
Eduardo Gallego Díaz, profesor de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), es otro de los técnicos que asesora a la comisión interministerial. Colabora regularmente en seminarios de Enresa. Ha visitado a los alcaldes de varios municipios candidatos al ATC para dar charlas sobre la seguridad del almacen.



LAS ‘PARADOJAS’ DE CADA PUEBLO

DEL PUEBLO A HOUSTON

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Foto: Oretania.es

Villar del Pozo (Ciudad Real) no está provisionalmente entre las candidatas. No hubo pleno, está situado en una zona sísmica y cerca de un aeropuerto. Según fuentes de Greenpeace, Enresa se habría comprometido a llevar hasta Houston (EE UU) a los afectados de cáncer, muchos de ellos provocados por las minas de uranio que hubo hasta los años ‘70.

ZARRA SIGUE A COFRENTES
En pleno urgente, Juan José Rubio, el alcalde independiente de Zarra, Valencia, aprobó la candidatura al ATC, el último día, a las 21 h. Cuenta con 500 habitantes y a pocos kilómetros de la central nuclear de Cofrentes. La Plataforma Tanquem Cofrents, dice que es “paradójico” que a un año del cierre de la central el alcalde de Zarra pida el ATC.

COMARCA DE MONTÁNCHEZ
Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes (Cáceres), cerca de Albalá, dice que “toda la comarca de Montánchez está en contra porque aquí vivimos del turismo rural y de la venta de productos de la tierra”. ¿Por qué un municipio puede decidir sobre el futuro de toda una comarca?, también se pregunta Ecologistas en Acción.

LA PRESIÓN DEL PUEBLO
Santiuste de San Juan Bautista (Segovia) fue el cuarto pueblo de la provincia tentado para albergar el almacén nuclear. La presión popular impidió que Octavio Esteban (PP) hiciera definitiva la candidatura aprobada en el pleno. Los municipios cercanos se echaron encima de la corporación porque los vinos de Rueda se verían afectados.

CANDIDATOS EN PALENCIA
Congosto de Valdivia y Lomas de Campos son pueblos de Palencia que han pedido el ATC. El primero ha sido rechazado, el segundo también, pero presentará alegaciones. Contra el cementerio en Castilla y León se manifestaron 1.500 personas el domingo 14 febrero en Villalón de Campos, Valladolid. Juan Carlos Flores de la Plataforma Tierra de Campos Viva, “necesitamos inversiones pero no nucleares”.

ATC EN ZONA PROTEGIDA
Torrubia (Soria) también se postuló a última hora para acoger el cementerio nuclear. Torrubia está situada en dos espacios Red Natura 2000, uno de encinares y otro de protección especial de aves. La Asociación Soriana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza ASDEN ha anunciado movilizaciones por ello.


OTROS VERTEDEROS NUCLEARES

LA FOSA ATLÁNTICA, A 700 KILÓMETROS DE GALICIA

Imágenes de bidones que son tirados desde un barco. Bidones que vuelcan una lancha motora repleta de ecologistas. Este vídeo, que fue difundido por toda Europa a inicios de los años ‘80, mostraba como a unos 630 kilómetros de la costa gallega y a una distancia similar del litoral francés se vertían libremente residuos nucleares. Una práctica que había comenzado en la costa de California (EE UU) en los años ‘40 y que fue prohibida definitivamente en 1993. Según Greenpeace: “Desde 1967 a 1982, ocho países europeos vertieron en la Fosa Atlántica hasta 142.000 toneladas de residuos de bajas y media actividad” a unos 3.000 metros de profundidad. Y que incluso el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fecha entre 1946 y 1993. Según la última información pública del CSN, “en las muestras analizadas, las concentraciones de actividad son similares a las del resto del litoral”. Pero esta institución no realiza ningún seguimiento del estado de los barriles. “Es una indecencia. Es como si tú tiras una bolsa de basura al monte, no es que sea un riesgo enorme pero esta mal y es una falta de respeto”, afirma Ignacio Durán, catedrático de Física Nuclear de la Universidad de Santiago de Compostela. Según Greenpeace, que se sumergió en 2002 en otra zona similar a 15 kilómetros de la costa francesa y realizó fotografías que revelaban el deterioro y el desgaste de los bidones. Una situación que Juan José González, el director en 2007 del Centro Oceanográfico de Vigo, habría advertido sobre la rotura de bidones en la Fosa Atlántica en el Faro de Vigo. “Pero no creo que suponga mucho peligro”, explicaba González. Según Carlos Bravo, “la enorme presión a la que están sometidas a aguas muy profundas como la Fosa Atlántica y la corrosión del agua del mar están provocando ya enormes fugas al medio ambiente marino”.

DOS ALMACENES INDIVIDUALES EN MARCHA
Estos Almacenes Temporales Individuales (ATI) son según Ecologistas en Acción un mal menor mientras existan centrales nucleares. Pero la creación del de Trillo, aunque pasó más desapercibido, también estuvo llena de polémica. “En 1996, una moción de censura que contó con un tránsfuga del PP provocó que el primer edil de este mismo partido y trabajador de la central dejara la gestión del Consistorio en favor de José Luis García Sancho, del PSOE y empleado de la planta por entonces. El primero se oponía al ATI”, explica el periodista Miguel Jara. Ahora el actual alcalde de Trillo y presidente de la Mancomunidad Riberas del Tajo, Francisco Moreno, denunciaba en julio los “incumplimientos reiterados de este organismo” por la falta de un nuevo acuerdo de compensación económica que estará en torno a los 400.000 euros anuales, más la cifra que la propia Central de Trillo abona anualmente. En su momento, Ecologistas denunció que Trillo habría reclamado 800 millones de pesetas por su instalación, a pesar de negar que lo albergaría.

LA “OPERACIÓN TAJO” NOS PRESENTÓ A EL CABRIL _

El anuncio el 12 de febrero del desmantelamiento de Zorita, que generará 4.000 toneladas de residuos radioactivos de baja y media actividad, recuerda la existencia del Centro de Almacenamiento de Residuos Radioactivos de Baja y Media Actividad de El Cabril (Córdoba). En 1970 se produjo un escape radiactivo en la Junta de Energía Nuclear de Madrid. Entonces se vertieron “accidentalmente al alcantarillado 300 litros de residuos. De ahí pasaron al río Manzanares, al Jarama y al Tajo. Los madrileños habrían de consumir sin saberlo restos de isótopos radioactivos, pues cuando se produjo el escape había comenzado ya la producción de hortalizas en la vega del Jarama. Durante las primeras 48 horas no se tomó medida alguna, ni la población fue informada”, explica el periodista Carlos Estévez. Entonces se puso en marcha la “Operación Tajo”, que consistió en recoger y empaquetar los restos radioactivos en bidones que se trasladaron a las minas del Cabril. Desde 1961 se utilizaban de forma irregular como basurero nuclear. Hasta 1975 su situación no fue regularizada y en la actualidad se encuentra en torno al 70% de su capacidad. Mientras, los regidores de los municipios más cercanos denuncian la discriminación económica que sufren, ya que quien albergue el ATC recibirá más de siete millones.

Fuente: Asturbulla, 06-03-2010

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