Zorita y Garoña violaron todos los límites de emisiones radioactivas en su primeros años de funcionamiento.

20 de diciembre de 1999  .

Las conclusiones del primer estudio epidemiológico en torno a centrales e instalaciones nucleares realizado por un equipo del Centro Nacional de Epidemiología, dirigido por Gonzalo Lopez-Abente, no son sorprendentes, según Ecologistas en Acción.

Esta organizacion ya denuncio en su día que las centrales nucleares de Zorita (Guadalajara) y Garoña (Burgos) violaron desde su puesta en marcha hasta 1975 todos los limites de emisiones radiactivas. Ecologistas en Acción critica el hecho de que, a pesar de existían indicios que indicaban los efectos de las centrales sobre sus poblaciones, se haya tardado tanto en emprender un estudio de estas características.

Las centrales de Zorita y Garoña, puestas en funcionamiento a finales de la década de los 60, emitieron durante sus primeros años de funcionamiento hasta siete veces la radiactividad permitida en forma de residuos líquidos, el 40% mas de lo permitido en forma de gases y guardaban los residuos radiactivos al aire libre en los entornos de las instalaciones, como se recoge en un informe publicado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Todas estas extralimitaciones sucedieron siendo responsable de la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas (lo fue durante toda la decada de los 70) españolas D. Agustin Alonso, actual consejero del CSN a quien se le ha debido colocar en este puesto, sin duda, como premio a los servicios prestados durante aquella época, tan oscura para la industria nuclear.

Los propios autores del informe señalan algunas limitaciones y piden, con buen criterio, la ampliación de sus investigaciones y el desarrollo de estudios específicos de morbilidad por causa de algunas enfermedades. Es claro que el tiempo de incubación de algunas enfermedades, superior a la década, hace que su incidencia en torno a algunas centrales sea todavia indefectible. Ecologistas en Acción solicita que se mantenga la vigilancia sobre las poblaciones cercanas a la centrales, con la medida sistemática de las dosis radiactivas recibidas por la población, con el fin de determinar el riesgo real de las dosis radiactivas bajas recibidas durante largo tiempo. La elevada incidencia de canceres entre la población cercana a la FUA, las minas de Uranio cerca de Andujar (Jaen), y en las minas de Ciudad Rodrigo (Salamanca) son otras muestra de los costes que para la población tiene el uso de la energía de la energía nuclear. Las malas practicas desarrolladas en estas instalaciones, con merma de la seguridad, y un desprecio por lo que pueda acontecer a la población, han hecho que los índices de cáncer se disparen en las citadas instalaciones. En un estudio epidemiológico previo realizado entre los mineros de Andujar se observaba ya un claro aumento de canceres.

Cabe deducir que la radiactividad y la contaminación de las minas se extendió y afectó también a la población circundante. El coste que se esta pagando en terminos de salud y de vidas humanas por el uso de la energía nuclear no compensa, en absoluto, la producción de electricidad de las centrales. Ecologistas en Acción piensa que lo mas sensato seria proceder al cierre de las centrales. Por otra parte, a menudo se producen desprecios a la seguridad, que rozan lo temerario, y que hacen que las emisiones radiactivas estén muy por encima de lo permitido.

El cáncer termina pasando una siniestra factura.

Asi podemos luego observar la incidencia de la leucemia en el entorno de Garoña. Ver informe de los investigadores del hospital Carlos III.

Fuente : Ecologistas en Acción

Inician acciones judiciales contra los candidatos al ATC nuclear.


Ecologistas en Acción y Tierra de Campos Viva inician acciones judiciales contra las candidaturas al ATC de Melgar de Arriba y Santervás de Campos, según manifestaron a través de un comunicado. “Ambos incumplen varias leyes, y la convocatoria al Pleno de Melgar de Arriba excluyó al Concejal que hubiera votado en contra”.

Según señalaron, el caso de Melgar de Arriba añade un elemento particular de especial trascendencia, puesto que la convocatoria a pleno se realizó de tal forma que no se comunicó el mismo a uno de los concejales, que curiosamente había manifestado verbalmente su oposición cuando el vecino Santervás de Campos hizo pública su candidatura, cuando la Ley de Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales exige que todos los concejales sean convocados a los plenos. Dicho concejal fue excluido intencionadamente del pleno en el que se aprobara la candidatura, y ha impugnado formalmente dicho pleno mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Melgar de Arriba, que aún no ha sido contestado por dicho Ayuntamiento (documentos adjuntos: convocatoria en la que no consta la firma de dicho concejal y escrito de impugnación).

Esto no hace más que demostrar que las declaraciones realizadas por el Alcalde de Melgar de Arriba, en las que advertía que un concejal no había podido ir al pleno, pero que estaba a favor, son falsas.

Motivos comunes.

“La gran oposición social a estas candidaturas, refrendadas por más de 1.600 alegaciones, y 10.000 firmas, unidas a que consideramos irregulares los plenos donde se aprobaron las candidaturas ha llevado a tomar la decisión de iniciar acciones judiciales. Debemos recordar que ambos municipios tomaron su acuerdo en el último momento, sin posibilidad de debate social, ni de información pública de los motivos y consecuencias de un acuerdo de ese calado (lo que incumple el Convenio Aarhus y la Ley 27/06, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacion, de participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente).

De esta forma, se han llevado adelante las candidaturas sin Estudio de Impacto Ambiental previo ninguno de los municipios dispone de terrenos calificados como “suelo industrial” necesario para instalar el ATC, ambos tienen más del 50 % de su territorio calificado como Zona de Especial Protección de Aves y la ley protege los espacios cercanos a esas zonas, y la instalación del ATC afectaría directamente al Camino de Santiago que transcurre entre ambos”.

Tal y como señalan las dos asociaciones, en el caso de que los plenos impugnados fueran declarados nulos por el Juzgado Contencioso Administrativo, la consecuencia directa sería anular de pleno derecho la propia candidatura, con lo que afectaría directamente a una decisión del Ministerio de Industria favorable a cualquiera de las dos, y anularía también la decisión final de ubicación del ATC en cualquiera de estos dos municipios vallisoletanos.

Fuente : leonoticias.com