Greenpeace aplaude el rechazo institucional y político al almacén pero cree que CyL “se equivoca” con Garoña

Grenpeece ha aplaudido este jueves el rechazo institucional y político a la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) en Castilla y León después de que las Cortes aprobaran esta mañana una resolución que lo rechaza “de forma clara y contundente”, pero señalaron que

la Junta “se equivoca” al tratar de mantener abierta “la obsoleta y peligrosa central nuclear de Garoña”.

En opinión de la organización,

“debería abandonar su apuesta por una energía tan sucia y peligrosa como la nuclear y avanzar hacia una Castilla y León cien por cien renovable”,

según afirmó el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Así,  la organización considera que el “cambio de postura” de la Junta, que ha criticado el proceso del ATC por “oscurantista, refleja el fracaso del proyecto del Ministerio de Industria”.

“La ya clara oposición de la Junta de Castilla y León al cementerio nuclear y la tajante resolución de las Cortes castellanoleonesas en ese sentido, son una nueva demostración del amplio rechazo institucional, político, territorial y social a este proyecto del ministro Miguel Sebastián”, declaró Bravo.

Greenpeace demandó también al Ministerio de Industria la eliminación “inmediata” de Congosto de Valdavia, Santervás de Campos y Melgar de Arriba de la lista de municipios candidatos a albergar el cementerio nuclear centralizado, candidaturas sobre las que, además, recaen “graves irregularidades”.

Así, según la organización ecologista, la candidatura de Congosto de Valdavia (Palencia)

“viola las normas urbanísticas municipales puesto que su artículo 100 impide que se pueda instalar un almacén de residuos radiactivos en los términos del municipio”.

En el caso de Santervás de Campos y Melgar de Arriba (Valladolid) “existen pruebas” que demuestran que

“algunos concejales partidarios al cementerio nuclear están ofreciendo sus propios terrenos para ubicar en ellos la instalación, al mismo tiempo que se aseguran una remuneración tres veces superior a lo que establece el mercado por ese suelo rústico”.

Para Greenpeace estos hechos son una demostración “inequívoca” de que el proceso ideado y puesto en marcha por el Ministerio de Industria,

“además de fomentar la falta de transparencia y la desinformación, ha estimulado comportamientos ilegales y la especulación urbanística, al tentar a los alcaldes con dinero público”.

Fuente: europapress

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