La catástrofe gota a gota de una balsa minera.

Existen en España 1000 balsas de explotaciones mineras abandonadas. Un herencia que supone un peligro para las generaciones futuras.

En los libros de historia del Valle de Tobalina (Burgos) podría aparecer  en el futuro (  si se instala la incineradora de neumáticos y ¡PLÁSTICOS ! de Black and Green /Pirorec): para lograr crear 6 puestos de trabajo locales se dejó de por vida una herencia  de dos balsas de decantación cargadas de  metales pesados, sosa caustica y lejia.

¿Que pensarán los futuros tobalineses de los responsables de esta posible aberración ecológica?

En El Pais podemos ver y aprender las nefastas herencias que dejan en cientos de pueblos las empresas que solo consiguen el lucro de unos pocos.

El millar de balsas de residuos mineros dispersas por España vuelve a la actualidad de sopetón con el expediente abierto por la Junta de Andalucía a la empresa responsable del mayor depósito de Europa y tras la catástrofe ecológica ocurrida en Hungría estos días por el vertido de un hectómetro cúbico de barro rojo. El inventario nacional más actualizado es de 2002. Cifra las balsas en casi un millar, de las cuales alrededor del 60% están abandonadas, clausuradas o han sido restauradas. El recuento es obra del Instituto Geológico Minero de España (IGME, un organismo investigador adscrito al Ministerio de Ciencia).

Los ecologistas están inquietos pero sin alarmismo. No temen otra gran catástrofe como la de Aznalcóllar, hace 12 años, pero sí una especie de catástrofe gota a gota. Juan José Carmona, portavoz en asuntos de agua de WWF, lo explica:

Si la balsa no está bien controlada puede ocurrir una catástrofe silenciosa, una catástrofe de la que no te das cuenta, como las filtraciones [de residuos tóxicos] que crean pequeños arroyos, lo que puede tener efectos importantes sobre los acuíferos y eso podría entrar en la cadena alimentaria“.

Aznalcóllar fue una lección que no se olvida. Tuvo nefastas consecuencias ambientales y económicas, pero también generó cambios legislativos. Desde 2000 todas las compañías mineras están obligadas a presentar el proyecto de construcción de una balsa, además de un plan de mantenimiento y de seguimiento [de los residuos] incluso para después de la clausura, explica el experto Lucas Vadillo, del IGME. “En España la legislación es suficientemente rigurosa para que no ocurra ninguna catástrofe tras la de Aznalcóllar”, añade Vadillo.

Al biólogo e investigador del CSIC Miguel Ferrer -director de la estación biológica de Doñana cuando la rotura de Aznalcóllar- lo que más le preocupa es quién se ocupa de las balsas abandonadas (más de 500, según el inventario de 2002) porque, recalca, “los residuos son para siempre”. Todos los depósitos son competencia de las comunidades autónomas.

Explica Ferrer que las balsas más grandes, las que albergan mayor volumen de residuos, son las de las minas de cobre, que se concentran en Sierra Morena. Precisa que de los 39 depósitos ubicados en esa franja, que va de Portugal a Almería, 38 están abandonados. “Se supone que los vigila la Administración”, dice. Estos depósitos almacenan sobre todo metales pesados.

Desde WWF, el ecologista Carmona opina que la normativa española es “bastante buena”, pero “muchas veces falta voluntad” y añade que las Administraciones deberían poner tanto empeño en hacer cumplir las leyes como el que ponen en elaborarlas. “Hace falta más control [de las balsas] y entender que invertir en prevención y en seguridad es básico, por encima de cualquier ahorro económico a corto plazo”

Para Ferrer, biólogo del CSIC, los planes de emergencia no deben ser conocidos solo por las empresas y las Administraciones sino también por los vecinos. Así, de ocurrir una catástrofe, sabrían a qué se enfrentan, cómo actuar, hacia dónde correr.

Desde Xove, en la costa cantábrica de Lugo, han mirado de reojo a Hungría en las últimas semanas. Porque allí existe, desde hace décadas, una factoría que fabrica aluminio con el mismo procedimiento que la responsable del vertido húngaro.

Cada día se repite el ritual en Xove. Decenas de camiones salen de la planta de la multinacional estadounidense Alcoa -la mayor productora de aluminio del mundo-, cargados con lodos rojos que depositan en una gran balsa que ocupa unas 75 hectáreas (como 75 campos de fútbol) y tiene 80 metros de profundidad. La operación, rutinaria desde hace 30 años, nunca había suscitado gran inquietud entre los vecinos de este Ayuntamiento, uno de los de mayor renta per cápita de Galicia. Ahora es inevitable que observen sin pestañear el vertido de lodos tóxicos, por la similitud aparente entre ambas balsas.

Diariamente, esa inmensa piscina recibe unas 3.000 toneladas de residuos, que ocupan 1.700 metros cúbicos. Desde Alcoa aclaran que son lodos generados en el refino de alúmina a partir de la bauxita, considerados restos mineros “no peligrosos”, sometidos a controles diarios para vigilar la estabilidad del dique de contención y garantizar que están en condiciones adecuadas. Explican que el residuo llega al depósito ya filtrado, lo que permite que el barro se consolide en estado sólido, dando lugar a un residuo que no puede fluir, lo que “imposibilita” un suceso como el de Hungría.

Alcoa asegura que todos los controles realizados demuestran la estabilidad del dique, en tanto que el depósito cuenta con un plan de emergencia específico “conocido y aceptado por las autoridades competentes”.

Al alcalde, el popular Demetrio Salgueiro, no le gusta que se hable de este tema. Entiende que es “alarmismo infundado” y dice que observa la balsa de Alcoa “con total tranquilidad”.

Esta opinión no la comparte una de las vocales de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA), Adela Figueroa, quien advierte de que no hay “ninguna garantía” de que no vaya a suceder un accidente similar al de Hungría. De hecho, agrega, ya se han detectado fisuras en el muro de contención y aporta un dato más para la inquietud: “La balsa gallega es siete veces superior a la húngara”.

La factoría de aluminio tiene previsto usar la balsa hasta en torno a 2020, cuando se espera que la capacidad de almacenamiento llegue a su límite. Existe un proyecto para sellarla y transformarla en zona verde.

Fuente: elpais.es

La playa de Portmán (Murcia) triste ejemplo de contaminación por metales pesados.

Manuel se arrodilla sobre la arena negra y toma un poco en las manos. “Mire cómo brilla. Es el mineral que queda”. Y señala los destellos que emanan aquí y allá. Pasea por la playa de Portmán (La Unión, Murcia), lo que fue una majestuosa bahía, puerto natural usado desde la época de los romanos, es hoy el mayor vertedero de residuos mineros al aire libre de España. Los desechos de 33 años de la mina en la que Manuel trabajó como palista saturaron la rada (hasta 14 metros de profundidad) y arrasaron 12 kilómetros mar adentro. Es posiblemente el mayor desastre ambiental del Mediterráneo y, 20 años después de que cesaran los vertidos, la bahía sigue aterrada y sin solución a la vista.

Santiago Guillén, ingeniero técnico de minas jubilado del Ayuntamiento de La Unión, sabe que cuesta entender cómo se ha llegado a esta situación. “En 1957 la empresa francesa Peñarroya pidió instalar aquí uno de los lavaderos de flotación más grandes del mundo”, cuenta en un céntrico café de La Unión, “ciudad minera y flamenca”. Las minas, de plata, oro, blenda, pirita…, habían sido explotadas desde los romanos. Pero lo de Peñarroya era otra cosa. “Un monstruo”, como define Santiago al lavadero, bautizado como Roberto.

Como las vetas eran malas, la empresa pasó a volar enormes cantidades de tierra y en el lavadero a tratarla con productos químicos para separar los minerales. Una ínfima parte era valiosa. El resto, la tierra mezclada con los reactivos y restos de plomo, zinc, cadmio, una especie de lodo parduzco, se vertía a la bahía. “Tiraban 40.000 toneladas al día al Mediterráneo”, se escandaliza Santiago.

Casi cada mes había que mover “el chorro”, como llamaban al tubo por el que salía el vertido mar adentro, pues ya se había comido el mar. Los pescadores, los únicos que se quejaron, fueron compensados con 25.000 pesetas y un punto de amarre en Cabo de Palos, unos kilómetros al este.

El Ayuntamiento de La Unión empezó un contencioso contra el vertido, pero contra el permiso franquista no tuvo nada que hacer. El Supremo falló que “el interés nacional” de la explotación de la mina, de la que salían el 20% de la plata de la Península y el 70% del plomo, era superior al del Ayuntamiento a proteger su bahía. Así, uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo siguió a la vista de todos hasta 1990. El alcalde de La Unión, el popular Francisco Bernabé, define el lavadero como “el Auschwitz del medio ambiente”. El Ayuntamiento está en un bello edificio modernista, herencia de la rica ciudad que fue La Unión.

Luis Martínez, ex presidente del comité de empresa de Peñarroya y mecánico en la explotación durante 25 años, pide comprensión:

En aquel momento no se veía la gravedad. La mina daba 400 empleos y nadie se quejaba. Era de la banca Rothschild, ganaron fortunas y nadie les pidió cuentas“.

Martínez, que entró en la mina en 1965, no encuentra explicación a que la situación no haya cambiado en dos décadas:

Que se haya arreglado el Prestige y el vertido de Aznalcóllar y esto siga igual… Se cerraron los chorros sin pensar en las consecuencias“,

afirma sobre la desprotección en la que quedaron los trabajadores y las vanas promesas de recolocación.

En 1989, cuando Greenpeace ya se había encadenado a los chorros, Peñarroya vendió la sierra entera, seis millones de metros cuadrados, a un precio ínfimo: una peseta el metro cuadrado. Martínez explica la operación: “España estaba ya en la Comunidad Europea. Ellos vieron que tendrían problemas con el principio de quien contamina paga; así que vendieron“. Compró Portmán Golf, de un promotor de la zona, que esperaba construir algún día allí. El temor de Peñarroya eran injustificado: en 1993 la justicia les absolvió de delito ecológico porque el vertido se había realizado con permiso.

La minería sin control ambiental es riqueza unos años y una carga durante generaciones. Así ocurrió en Aznalcóllar y en el vertido de Hungría. Pedro Baños, profesor de la Universidad de Murcia y autor de un libro sobre Portmán, dice que los materiales pesados en la arena “son relativamente inertes” y que no es un riesgo que la gente del pueblo se bañe allí.

La Administración ha presentado tres planes de recuperación de Portmán. Uno con Cristina Narbona como secretaria de Estado de Medio Ambiente, otro con el Gobierno de Aznar y un tercero con Narbona de ministra. El último proyecto, presupuestado en 120 millones, trataba de retirar un 10% de los 58 millones de toneladas de residuos -que ocupan 35 millones de metros cúbicos, como 35 veces el Bernabéu, por seis millones que se vertieron en Aznalcóllar-. Su objetivo es recuperar la lámina de agua en mitad de la bahía (solo en apariencia, no en profundidad). Fue anunciado en 2006 y sigue en tramitación.

El plan está pendiente de declaración de impacto ambiental, de que la Universidad de Murcia concluya un estudio pionero sobre cómo retirar metales pesados mediante calizas y de que la Comunidad de Murcia y el Ministerio de Fomento renuncien al puerto de contenedores de El Gorguel, a solo 700 metros. Francisca Baraza, jefa de la demarcación de Costas de Murcia, de Medio Ambiente, admite que ambos proyectos son incompatibles: “No tiene sentido gastar 120 millones si al lado va a haber un macropuerto”. Quedan muchos flecos, como que el dueño del terreno ponga dinero o compense con suelo al Gobierno. Portman Golf no ha querido hablar para este reportaje.

Mientras, la bahía romana de Portus Magnus es un chiste de mal gusto. En el antiguo club náutico, los puntos de amarre dan a tierra firme. Una placa en la pared reza: “Este es el club más modesto de todo el gran litoral, que espera ese presupuesto para que el mar pueda entrar”.

Fuente:  elpais.es