La central nuclear de Ascó a juicio porque no notificó durante 4 meses una fuga nuclear.

Para los que tengan todavia dudas acerca de si las centrales nucleares son seguras, veamos un ejemplo de como se las gastan las  centrales nucleares españoles.

La jueza de Gandesa (Tarragona) citó ayer a declarar como imputados a los tres directivos de la central nuclear de Ascó I (Tarragona) y al inspector residente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por el escape de partículas radioactivas sucedido el 26 de noviembre de 2007, en la última noche de recarga de combustible de la planta.

La central no lo notificó hasta el 4 de abril de 2008 y, en ese período de tiempo, no anuló ninguna visita programada. Más de 800 personas, entre ellas los alumnos de cuatro colegios, tuvieron que someterse a revisiones radiológicas. Todas dieron negativo.

El Fiscal de Medio Ambiente de Tarragona había denunciado de oficio el escape el pasado 4 de febrero y, en su escrito de 54 páginas, hacía constar que se cometieron “inaceptables negligencias” que desembocaron en la fuga “durante cuatro meses y sin ningún tipo de control” de centenares de partículas radioactivas.

Tras dos años y medio de investigaciones, el fiscal concluyó que un operario novel vertió un bidón de agua contaminada a la piscina de combustible gastado desde tan lejos, por miedo a salpicarse o caer, que parte del agua se filtró por los sistemas de ventilación y de allí al exterior. Los sistemas de emergencia, que hubieran retenido las partículas, estaban desactivados y se habían alterado los umbrales de los sensores.

La central, propiedad de Endesa y gestionada por la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), destituyó al director poco después de conocerse el escape, aunque lo mantuvo en otro puesto de trabajo en la mismas instalaciones nucleares. El jefe de explotación y el inspector residente del CSN siguieron desempeñando sus mismos cargos.

Cúmulo de delitos

La jueza Laura Martínez imputa los delitos de “exposición a radiaciones ionizantes por imprudencia”, otro delito “ecológico genérico” contra la “seguridad del trabajo” y otro de “falsedad documental”

a Rafael G. P, director de Ascó en aquel entonces; a Francesc G. T, jefe del servicio de protección radiológica de la central en noviembre de 2007; y a Jordi S. R, jefe de la explotación. Además, imputa a Antonio G. R., inspector residente del CSN, un delito de “exposición a radiaciones ionizantes por imprudencia” y otro delito “ecológico genérico”. Las penas oscilan entre los 6 y los 16 años de cárcel. Los imputados declararán el 21 y el 25 de marzo.

La jueza requirió ayer una exhaustiva documentación para investigar las circunstancias y el alcance de la fuga, y pidió que tres peritos independientes emitan un informe sobre el riesgo para las personas y el medio ambiente que supuso el escape.

También ordenó a la Inspección de Trabajo otro informe sobre la falta de medidas de seguridad para los trabajadores entre el 26 de noviembre de 2007 y el 22 de abril de 2008. Incluso hizo constar la chaterrería de Reus, a más de 60 kilómetros de Ascó 1, cuyos sistemas de seguridad detectaron una partícula radioctiva.

La jueza ha establecido un plazo de cinco días para recibir todos los informes sobre el control de monitores, las mediciones radiológicas y los procedimientos de vigilancia, datos sobre la empresa que montó y desmontó los tubos del sistema de ventilación, y cuántas partículas se hallaron.

En sus diligencias, la jueza también requirió al propio presidente del CSN que presente los informes mensuales de explotación de Ascó 1, y reclamó al subdirector de Energía Nuclear los datos sobre el impacto radiológico en los trabajadores.

También citó a declarar, en calidad de testigos, al actual director de la central y a varios jefes de distintas unidades en el período del escape, a los operadores de la sala de control y a los operarios del turno de noche, así como a los inspectores del CNS que actuaron con la “finalidad de delimitar el contenido de sus intervenciones”.

Gesto a los perjudicados

Por otra parte, la jueza Martínez dispuso que se ofrezca a los perjudicados la posibilidad de emprender acciones legales, con el comentario añadido de guardar “la máxima reserva sobre la identidad de los mismos y especialmente sobre los menores”. Asimismo, también ordenó abrir una pieza separada de responsabilidad civil para que la ANAV o el CSN presten una fianza “solidaria”. Ambos organismos declinaron ayer valorar la decisión judicial.

Sí lo hizo la organización ecologista Greenpeace, que recibirá la notificación de las diligencias igual que el parlamentario catalán Joan Herra (ICV) por haber denunciado la fuga a la Fiscalía. “Denunciamos una vez más que las centrales nucleares no son seguras y que el lobby energético quiere pasar de puntillas por todos los incidentes. Pedimos la máxima contundencia a la justicia”, dijo ayer un portavoz de la organización ecologista.

Se da el caso de que Greenpeace destapó antes que el propio CSN la emisión de partículas radioactivas al exterior. El CSN clasificó primero el incidente como nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Notificables (INES), organizado en siete niveles, y posteriormente lo reclasificó a nivel 2 por la opacidad demostrada por los titulares de Ascó I.

Es la segunda vez que se judicializa la energía nuclear en España. Cuatro directivos de Vandellòs I, también en Tarragona, fueron absueltos en el 2000 por un incendio en la central, que fue clausurada.

Fuente: publico.es

En la nuclear de Cofrentes tambien ha habido “incidentes” al aparecer tierra contaminada.

Esta noticia de 2008 nos demuestra la seguridad real de las centrales nucleares españolas, no la seguridad  que los medios de desinformativos masivos nos repiten machaconamente  y de forma sistematica.

La empresa Iberdrola, titular de la central nuclear de Cofrentes, ha localizado el origen del incidente con material contaminante en el lavado y enjuague de un camión de limpieza en la zona “que produjo algunas salpicaduras sobre el terreno”.

En un comunicado, Iberdrola ha señalado que la presencia de ese material se detectó ayer en una zona próxima al sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta, en la que se habían realizado labores de limpieza.

La zona se acotó convenientemente y se procedió “de inmediato” a su total limpieza, que ha finalizado a las 12.49 horas de hoy una vez recogida “completamente” la tierra afectada y almacenada como residuos de la central.

Las mismas fuentes han resaltado “los bajísimos niveles de contaminación de la zona”, que “no han supuesto riesgo alguno para los trabajadores de la planta, ni para el público ni para el medio ambiente al no producirse ninguna liberación al exterior de la central”.

Además, han valorado “los rigurosos procedimientos de control” de la central nuclear, que han funcionado “correctamente en todo momento”.

Desde Iberdrola se ha asegurado también que el número de incidencias en la central “ha disminuido sustancialmente en los últimos años gracias al trabajo de la Dirección de la planta y a la aplicación de criterios de seguridad mucho más estrictos que los exigidos habitualmente”, un trabajo que ha sido “estrechamente supervisado” por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Greenpeace denuncia tierra radiactiva

El responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, se preguntó “cuántas más pruebas necesita el Gobierno para aceptar que es urgente cerrar las centrales nucleares españolas y apostar definitivamente por un modelo mucho más seguro y barato basado en las energías renovables”.

Desde la organización ecologista advirtieron de que “dependiendo de la cantidad de material radiactivo que haya sido liberado más allá del recinto de contención y según su composición, se puede tratar de un suceso que pudiera entrañar graves consecuencias para la población”. Por este motivo, es “tan importante” que el CSN “esclarezca con carácter de urgencia todos los detalles del incidente”.

Cofrentes, propiedad de Iberdrola, es la central atómica con “más fallos después de las instalaciones catalanas”, y este suceso “tan sólo es el último caso dentro de una larga y creciente lista de accidentes que afectan seriamente a la seguridad de estas instalaciones”, aseguraron desde Greenpeace.

Además, enumeraron otros accidentes, como el escape radiactivo de Ascó, la rotura de barras de control de Trillo y la pérdida de piezas metálicas dentro de la vasija de este reactor, la prealerta de emergencia de Cofrentes a principios de abril por la rotura de una válvula, y la fuga de agua radiactiva en Almaraz a mitad de mayo, entre otros.

Para los ecologistas, la confluencia de factores, como el “acusado envejecimiento” de los reactores, los “fallos propios de una tecnología intrínsecamente peligrosa” y la “cada vez menor cultura de seguridad de los operadores de centrales como consecuencia de la falta de competitividad de la energía nuclear en un mercado eléctrico liberalizado”, están “creando una situación de alto riesgo para que se produzca un accidente grave en una central nuclear”, apuntaron.

Desde Greenpeace, aseveraron que la media de edad de todas las centrales españolas es de casi 25 años (su vida útil técnica) y “todas presentan, en mayor o menor medida, problemas de envejecimiento”.

En esta línea, precisaron que “en especial”, la central de Santa María de Garoña, la más antigua en funcionamiento (inaugurada en 1971), “sufre graves problemas de agrietamiento por corrosión en diversos componentes de la vasija del reactor”, factores “fundamentales para la seguridad”, explicaron.

“Cumplir un compromiso”

Para la organización ecologista, tras las declaraciones en Dinamarca del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que “apostó por un futuro energético libre de nucleares”, el Gobierno central “debe cumplir su compromiso de cerrar las centrales nucleares de forma progresiva” y “sustituir su aportación energética por energías limpias, seguras y menos costosas, como reza su programa electoral a las Elecciones Generales 2008”.

La responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, señaló que ante el “patente estado de decrepitud del parque nuclear español que ha sufrido seis sucesos tan sólo en los últimos diez días”, el Gobierno socialista “tiene que poner en marcha ya un plan de cierre de las centrales nucleares españolas empezando por la más vieja, la de Garoña”, subrayó.

Para Sara Pizzinato, pensar en un futuro con nucleares es “obsoleto y peligroso” pues, a su juicio, las energías renovables “han de ser las verdaderas protagonistas”, concluyó.

El desmantelamiento de Zorita generará 4000 toneladas de residuos radioactivos.

En total, el desmantelamiento de Zorita generará 104.000 toneladas de material, 4.000 de ellas radiactivas, en un proceso que supondrá un costo de unos 135 millones de euros.

El 11 de febrero  se cumplía un año de desmantelamiento en la nuclear de Zorita, un proceso que finalizará en el año 2016, año en el que el terreno volverá a las manos de su propietario, Unión Fenosa-Gas Natural, para el desarrollo de nuevos usos.

Enresa debe dejar el emplazamiento tal y como estaba en los años 60, antes del inicio de la construcción de la central, que arrancó en 1968, y se desconectó de la red en 2006.

Durante este último año se han acometido y continuarán ejecutando la base principal de los trabajos en los que se han generado unas 3.000 toneladas de residuos.

En la actualidad se está finalizando el vaciado del edificio de turbinas y ya se ha instalado el medidor de bajo fondo para iniciar el desmontaje de las zonas radiológicas. En la planta están trabajando 261 personas y no se ha registrado ningún incidente.

No será hasta el próximo verano cuando comenzará la fase más delicada, con el inicio del desmantelamiento de las zonas contaminadas por radiactividad. Cabe recordar que el material más peligroso, el combustible gastado, ya se encuentra fuera de la planta en el anejo Almacén Temporal Individualizado, y a la espera de que el Gobierno decida el emplazamiento y construya el definitivo ATC, el cementerio nuclear donde serán trasladados.

En total, el desmantelamiento de Zorita generará 104.000 toneladas de material, 4.000 de ellas radiactivas, en un proceso que supondrá un costo de unos 135 millones de euros.

La instalación, que supuso un reto tecnológico para su época, se inauguró en 1968 y en 2002 el Ministerio de Economía, con el informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear (organismo regulador), concedió la última renovación de su autorización de explotación hasta el 30 de abril de 2006. Hasta su parada definitiva, Zorita alcanzó una producción total de 36.515 millones de kilovatios hora. Su producción anual equivalía al 20% del consumo eléctrico de Castilla-La Mancha.

El director del desmantelamiento de Enresa, Manuel Rodríguez, aseguraba que lo más característico y novedoso de este desmantelamiento residirá en la fragmentación de la vasija de Zorita (el recipiente que aloja el reactor) y de su circuito primario. Los trabajos de segmentación de la vasija comenzarán este año y acabarán en dos años y medio.

Fuente: ABC

Garoña cumple 40 años y los partidos politicos quieren que sea ejemplo para el resto de centrales.

La central de las mil grietas y de los parones inesperados. La que utiliza un reactor de segunda mano y tecnología completamenta obsoleta. La central que se refrigera con un circuito primario directamente del rio Ebro con serio riesgo para sus regantes y todo el ecosistema, podria beneficiarse de una moción que CiU y PNV quieren aprobar para establecer en 40 años la vida util de las centrales nucleres.
Un acuerdo entre PSOE, PP, CiU y PNV en el Senado abre la posibilidad a una prórroga de las centrales nucleares más allá de los 40 años, el plazo que fijó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como límite de vida de las centrales. El texto, que será previsiblemente ratificado en el Congreso, según fuentes socialistas, elimina de la Ley de Economía sostenible la mención a esos 40 años y supone un paso más en el lento pero firme viraje nuclear del Ejecutivo.

La vida de las centrales nucleares no está fijada en ninguna norma. La prueba es que la de Garoña, en Burgos, funcionará como mínimo hasta los 42 años. Pero cuando el Gobierno decidió que cerrara en 2013, Zapatero insistió en que las centrales debían tener un límite de 40 años y que debía establecerse por ley. Por eso, la Ley de Economía Sostenible fijó mantener el “calendario de operación de las centrales del parque nuclear existente, considerando el plazo de cuarenta años para el que fueron diseñadas y teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero”. No obstante, introdujo medidas adicionales para las prórrogas a partir de esa fecha e incluía fórmulas para “los casos de renovación extraordinaria de las concesiones por encima del plazo de 40 años, derivadas del desarrollo de nuevas tecnologías y de la necesidad de garantizar el mantenimiento del suministro”. Así, el plazo de 40 años quedaba escrito aunque no suponía una barrera infranqueable.

El Senado ha eliminado esa cita y ha acordado un texto que apunta a la renovación de las centrales más allá de los 40 años, como ha adelantado hoy el periódico La Vanguardia, como están haciendo gran parte de los países con nucleares. La enmienda pide “mantener el calendario de operación de las centrales del parque nuclear existente, considerando las solicitudes de renovación y potenciación que presenten los titulares de las centrales y que cumplan con los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica que establezca el órgano regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear, y teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero”.

El Ministerio de Industria siempre quiso prorrogar la vida de Garoña más allá de los 40 años, pero fue la orden de Moncloa la que le llevó a cumplir el compromiso electoral del PSOE a medias y por eso fijó su cierre en 2013, cuando la central tendrá 42 años.

En el diálogo con los sindicatos en el marco del pacto social, fuentes de Moncloa ya apuntaron que el Gobierno estaba dispuesto a revisar la decisión sobre Garoña, aunque posteriormente el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que aquello había sido una “polémica disparatada”. Finalmente, el acuerdo incluyó que en unos meses los agentes sociales y el Gobierno pactarían una cesta energética a largo plazo, lo que previsiblemente incluirá la existencia de un parque nuclear más allá de 2021, cuando las grandes centrales empiezan a cumplir 40 años. Zapatero ya anunció que el Gobierno sería flexible en el tema nuclear. Y la enmienda lo demuestra.

El PNV afirma que la enmienda no afecta a Garoña, pero CiU, el impulsor del texto, sostiene que la norma sí cambia la situación de la central burgales. El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, se ha movido en un difícil equilibrio para justificar el cambio de postura de los socialistas: “La enmienda dice lo que dice. Ni una cosa ni la contraria”.

El pacto social apuesta por las renovables y descarta aplazar el cierre de Garoña

Con los políticos de este país nunca se está seguro de si harán lo que dicen  o cambiarán de parecer según que intereses. Sin embargo a día de hoy parece que el cierre de Garoña en el 2003 se ha salvado de momento  . Esperemos que siga así.

El acuerdo alcanzado entre sindicatos, patronal y Gobierno sobre política energética apuesta decididamente por las energías renovables y descarta aplazar el cierre de la central nuclear de Garoña, así como cualquier otra medida que pueda interpretarse como una apuesta por la energía nuclear.

-Cumplimiento de los objetivos 2020: El acuerdo, incluido en el pacto social cerrado ayer por la noche, contempla “una mayor electrificación de la economía y asegurar el cumplimiento de 2020 de los objetivos de alcanzar el 20% de energía final renovable y, de modo específico, el 10% de renovables en el transporte”, donde aboga por incentivar la sustitución gradual de los combustibles fósiles.

-Plan de Energías Renovables: Para alcanzar los objetivos de reducir las emisiones de CO2 y cumplir con las metas de la estrategia 2020, se elaborará un Plan de Energías Renovables para la década en el que se recogerá “una senda indicativa de la instalación de esta modalidad de energía que permita alcanzar el mix energético de referencia a 2020″.

-Eficiencia en los incentivos: Se apuesta por fomentar la innovación y “la eficiencia en los mecanismos de incentivos a la generación”, un tema actualmente controvertido tras el recorte de las primas a las fotovoltáicas.

– Liderazgo internacional: El pacto también apuesta por “reforzar el liderazgo de España en el ámbito de las energías renovables que contribuyen a reducir las emisiones” y a aliviar la dependencia energética exterior.

– Revisar el sistema de precios: El texto también aborda la necesidad de revisar los principales componentes del sistema de precios de la electricidad, “con objeto de eliminar las posibles ineficiencias, reducir los sobrecostes y dar transparencia a costes regulados y precios”. Junto a ello, aboga por analizar los mercados minoristas de electricidad, de gas y de gases licuados del petróleo, “con el objetivo de preservar el necesario grado de competencia y calidad del servicio”.

– Tarifas especiales para los más vulnerables: Con vistas a proteger a los consumidores más vulnerables o con menor capacidad de ahorro energético, se establecerán mecanismos de protección social como el llamado bono social, actualmente ya en vigor para unas cinco millones de familias.

– Tarifas para las horas de menor consumo: También se insiste en la necesidad de desarrollar “tarifas que incentiven los consumos en periodos de menor coste para el sistema”, como por ejemplo las llamadas tarifas super-valle en las que el precio del kilowatio es inferior. Actualmente, ya existen tarifas reducidas para quienes consuman energía en las franjas horarias de menor consumo, aunque para ello antes hay que acordarlo con la empresa suministradora y disponer de un contador capaz de discrimar el volumen de energía en función de la hora.

fuente: elpais.es

Tufo corrupto en las candidaturas al cementerio nuclear

Hoy hace un año que terminó el plazo, de un mes, ofrecido por el Ministerio de Industria para que los municipios españoles que lo desearan se postularan como candidatos a albergar el cementerio nuclear centralizado para los residuos radiactivos de alta actividad, de las centrales nucleares españolas y su centro de experimentación nuclear asociado.

De los 8.114 municipios que actualmente existen en España (según el INE, a 1-1-2010), tan solo 14 se llegaron a presentar, si bien 3 de ellos (Santiuste de San Juan Bautista y Campo de San Pedro, en Segovia, y Torrubia de Soria) se lo pensaron mejor y poco después retiraron su candidatura. Otros 3 fueron eliminados por no haber cumplido las mínimas normas para solicitarlo.

Finalmente son sólo 8 los candidatos para el “concurso del cementerio nuclear” (el 0,09% del total de municipios españoles). Obviamente no hubo “bofetadas”, como auguraba el ministro Miguel Sebastián, para disputárselo. Tan sólo 8 pueblos, a pesar de la intensa campaña de propaganda del Ministerio de Industria y de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), basada en tentar a los alcaldes con grandes sumas de dinero público y falsas promesas de desarrollo y prosperidad al municipio que albergase el cementerio nuclear.

La forma de maniobrar de los equipos de Gobierno de esos Ayuntamientos fue casi siempre la misma: totalmente secretista, a espaldas de sus vecinos, aprobando por sorpresa y en el último momento (en Plenos convocados el día anterior o incluso el mismo día de que terminara el plazo) sus candidaturas al cementerio nuclear, sin un verdadero debate previo y sin dar información a sus conciudadanos. Sólo en Yebra (Guadalajara) y en Ascó (Tarragona), ambos en zonas con centrales nucleares (Zorita y Ascó, respectivamente), y con miembros de sus Corporaciones  trabajando en ellas (el alcalde de Ascó, por ejemplo), se sospechaba desde hacía tiempo sus intenciones de presentarse.

En Albalá (Cáceres) la decisión se tomó el mismo 29 de enero, tras un pleno extraordinario, de urgencia, y se tuvo que hacer casi con un “golpe de estado”. La moción fue apoyada por cuatro de los cinco concejales del grupo independiente que gobierna el municipio, y el voto en contra del alcalde, Jesús Pascual, también independiente, y de los dos concejales del PP que completan la Corporación. El Sr. Pascual, que es médico, argumentó su voto en contra en que anteponía la salud de la población sobre los beneficios económicos que el cementerio nuclear pudiera reportar al municipio. En una muestra de dignidad, dimitió de su cargo.

Esas decisiones se tomaron de forma irresponsable, sin saber realmente qué es lo que solicitaban. Eso es indiscutible, pues a lo largo de 2010 ha quedado demostrado que los Proyectos Técnicos y los Estudios de Seguridad específicos del almacén nuclear y de su centro de experimentación nuclear asociado no existen, como tuvo que reconocer el Ministerio de industria ante la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Greenpeace contra el proceso del cementerio nuclear.

Es decir, estos 8 alcaldes y los concejales que les apoyaron tomaron la decisión de postularse como candidatos al cementerio nuclear sin tener conocimiento pleno de la materia, como les exige la Ley.

¿Hicieron esto por simple ignorancia, impulsados por motivos altruistas?, o ¿lo hicieron por pura ambición, animados por la lluvia de dinero con la que les tentaba el Ministerio de Industria y ENRESA?

Llama poderosamente la atención que el Ayuntamiento de Congosto de Valdavia (Palencia) presentara su candidatura cuando sus Normas Urbanísticas, aprobadas en 2005 prohíben en el apartado primero de su artículo 100, “La instalación de almacenes de residuos tóxicos o peligrosos o depósitos de residuos radiactivos o nucleares”.

El alcalde de Zarra (Valencia) está siendo juzgado por delitos urbanísticos (fue expulsado de su partido por ese motivo), y actualmente está en situación de libertad provisional.

Los dos Ayuntamientos de Valladolid que aspiran a albergar el almacén nuclear, Santervás de Campos y Melgar de Arriba, ofrecen terrenos de sus concejales para albergar el cementerio nuclear y su centro nuclear experimental asociado.

Greenpeace reitera la peligrosidad del cementerio nuclear centralizado y su centro de experimentación nuclear asociado, y la necesidad de poner en marcha un plan urgente de cierre progresivo de las nucleares con el fin de reducir la producción de los residuos radiactivos y generar un amplio consenso social territorial y político en torno a esta cuestión.

Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace

fuente:  econoticias.com

Ministerio del Interior compra 10 vehículos destinados a Protección Civil del entorno de Garoña.

El Ministerio del Interior ha destinado 300.000 euros a la subvención para la compra de diez vehículos destinados a Protección Civil para otros tantos ayuntamientos incluidos en el Plan de Emergencia Nuclear de Burgos pese a que se mantiene el decreto de cierre de la central de Garoña en 2013.

El Boletín Oficial del Estado pública hoy que la subvención se distribuirá entre los ayuntamientos de Busto de Bureba, Pancorbo, Miraveche, Briviesca, Encío,Frías, Cascajares de Bureba, Bozoo, Santa Gadea del Cid y Miranda de Ebro.

Estos vehículos todoterreno, que se adquirirán con una subvención del 30.000 euros para cada uno, se utilizarían en caso de emergencia para dar avisos a la población del entorno de la instalación nuclear.

Como podemos observar el coste de los vehículos no lo asume la empresa que pone en riesgo a la población, sino un ministerio del estado como el de Interior.

fuente: abc

El almacén nuclear (ATC) deberá pagar la tasa de residuos nucleares, como las centrales

¡Menudo negocio el de la energia nuclear!. El clásico de privatizar los beneficios y socializar los gastos (¡durante miles de años !).

Teniendo en cuenta que el ATC será gestionado por la empresa pública ENRESA seremos todos los españoles los que paguemos durante miles de años por los beneficios económicos que  2 empresas privadas obtuvieron durante 50 años. Para que luego el lobby nuclear nos venga con la retaila de que la energia nuclear es la mas rentable. No faltan a la verdad, salvo que se les olvida concretar que es la mas rentable para las empresas explotadoras.

La Comisión de Economía y Hacienda del Senado ha aprobado por unanimidad el informe de la ponencia de la Ley de Economía Sostenible que recoge una enmienda presentada por el PSOE para que el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares también pague la tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radioactivos generados, de igual forma que ya lo hacen las centrales nucleares.

En el texto de la enmienda, al que tuvo acceso Europa Press, los socialistas planteaban una nueva disposición adicional que modifique la Ley de 1997 del Sector Eléctrico, por la que se pide una nueva redacción de la ‘Tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radioactivos generados en otras instalaciones’, es decir, que todas las instalaciones que manejan residuos nucleares abonen este impuesto conforme al principio de ‘quien contamina, paga’.

Hasta el momento, esta normativa no detalla qué tipo de instalaciones son las que deben pagar la tasa. Por ello, los socialistas especifican cuáles deberían ser las estructuras que tienen que acogerse a la norma, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que ya lo concreta.

Así, serían susceptibles de pago: las centrales atómicas fijas que produzcan energía mediante un reactor nuclear; los reactores nucleares y estructuras que contengan combustible nuclear; las fábricas que utilicen combustibles nucleares para producir estas sustancias; los dispositivos que utilicen reacciones nucleares de fusión o fisión para producir energía; así como las instalaciones de almacenamiento de sustancias nucleares.

En la exposición de motivos, el PSOE argumenta que el objetivo de esta propuesta es simplificar los detalles de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos radioactivos, así como modificar la definición de hecho imponible, sujeto pasivo y tipo de gravamen de la tasa para incluir la financiación de nuevos servicios de gestión de residuos radiactivos, que no están precisados en la normativa vigente.

Desde 2006, la gestión de los residuos en España se contempla en el ‘Plan General de Residuos Radioactivos’, un plan de acción interministerial, gestionado por la empresa pública ENRESA, que es la que coordina toda la gestión de estos recursos.

UN ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO

El Almacén Temporal Centralizado es una instalación diseñada para guardar en un único lugar el combustible gastado de las centrales nucleares y los residuos de alta actividad que se producen en España.

La instalación, que no genera energía, dispone en superficie y almacenará en seco durante 60 años estos materiales mediante un sistema de espacios modulares. Además, aquí se centralizarán los procesos necesarios para la gestión temporal de todos los residuos radiactivos de alta actividad.

Hasta ahora permanecían en las piscinas de las centrales. Por el momento, se está a la espera de que el Gobierno determine en qué municipio finalmente se ubicará la instalación.