Los recursos por el cierre de Garoña se ven mañana viernes para sentencia.

En otoño de 2009, la empresa titular de Santa María de Garoña, Nuclenor, y diez más anunciaron la presentación de otros tantos recursos contencioso-administrativos contra la orden del 3 de julio de 2009, por la que el Ministerio de Industria Comercio y Turismo acordó «como fecha de cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña el día 6 de julio de 2013» y autorizó «su explotación hasta dicha fecha». Se formalizaron en el mes de marzo de 2010 y la Sala de lo Contencioso Administrativo Se-cción Primera de la Audiencia Nacional ha citado para mañana, viernes, a todas las partes con el fin de que defiendan sus escritos finales de conclusiones. Con estos documentos y con el escrito de conclusiones del fiscal, los recursos quedarán vistos para sentencia.
Desde Nuclenor muestran su sorpresa ante la celeridad con la que se ha llevado un proceso, aunque siempre manifestaron su confianza en que se obtuviese sentencia antes de 2013. En la Audiencia Nacional analizarán siete recursos que piden la anulación de la orden y reclaman la continuidad de la central nuclear de Garoña hasta el año 2019, como estipuló el Consejo de Seguridad Nuclear en su informe, y cuatro que han impugnado la orden, pero por entender que 2013 es un plazo demasiado extenso y que Santa María de Garoña debe cerrar sus puertas de manera inmediata.
Los defensores de la continuidad son Nuclenor, la Junta de Castilla y León, la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac), UGT, USO (en cuyo recurso también están representados el sindicato de cuadros de la central y los operadores del reactor), el Comité de Empresa de Santa María de Garoña y la Asociación de A-ccionistas Minoritarios de Empresas Cotizantes. Quienes abogan por el cierre inmediato son Ecologistas en Acción, Greenpeace, CGT y un particular.
Nuclenor basa su recurso en la legislación existente -Ley del Sistema Eléctrico, Ley de Energía Nuclear y Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radioactivas-, «según la cual, si se cumplen los requisitos de seguridad establecidos, la autorización debe ser otorgada».

El CSN autorizó la continuidad hasta 2019, pero el Gobierno desoyó este informe y se basó en conceptos, como la vida estimada de los componentes de la central con el límite de 40 años, el peso de la producción de la planta en el conjunto de España o la política de impulso de las energías renovables. Nuclenor entiende que «acordar el cierre de la central para favorecer el desarrollo de las energías renovables es ilegal, ya que en España, tras la promulgación de la Ley del Sector Eléctrico, la planificación energética no puede tener carácter vinculante, sino solo indicativo». En cuanto la edad de la planta, indica que en ninguna de las 21 renovaciones de la licencia para operar otorgadas por el Gobierno a Garoña desde 1971 «se establecía un límite temporal para el funcionamiento de la central».    

Fuente diario de burgos