Nuclenor recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia que valida la orden de cierre de Garoña en 2013

El Consejo de Administración de Nuclenor ha acordado de forma unánime presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional en relación a la Orden Ministerial que fija la renovación del permiso de funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña hasta julio de 2013 y concreta para esa fecha el cese de su actividad.

En su reunión, el Consejo ha escuchado los informes jurídicos del equipo legal que ha asesorado a Nuclenor durante el proceso en los que se analiza de forma pormenorizada el fallo de la Audiencia Nacional sobre el recurso interpuesto por Nuclenor y 11 entidades más. A la vista de esos informes, el Consejo ha acordado presentar el recurso de casación mencionado ante el Tribunal Supremo, ya que entiende que siguen vigentes y conforme a derecho las razones esgrimidas para oponerse a la Orden Ministerial de julio de 2009.

El Consejo de Administración ha reiterado su compromiso con el futuro de la instalación de Santa María de Garoña y de sus empleados y ha solicitado a la dirección de la empresa que mantenga los planes, proyectos e inversiones previstos de manera que el funcionamiento de la central continúe siendo seguro y fiable.

Sentencia

A lo largo de más de 50 folios de la sentencia de la Audiencia Nacional recurrida por Nuclenor, se considera que la autorización de la prórroga no significa, como argumentaba la empresa Nuclenor y otros recurrentes, que el titular de la explotación tenga “un derecho indefinido y temporalmente ilimitado, a continuar explotando la misma”. La Sala explica que las autorizaciones de explotación y sus prórrogas tienen elementos reglados, pero son condiciones “de mínimos” ya que se pueden tener en cuenta otros factores o circunstancias, como por ejemplo decisiones de política energética o medioambiental.

Es lícito, según explican los jueces en su sentencia, que para decidir sobre la renovación o no de una explotación de una central nuclear pueda pesar una determinada opción de política energética del gobierno, basada en el fomento de las energías renovables.

La sentencia incluye el voto particular de un magistrado de la Sección que discrepa de la resolución en dos puntos. Este magistrado entiende que se debió cumplir debidamente el trámite de audiencia a la Comunidad Autónoma de Castilla León en relación con el cese definitivo de la explotación y que se incumplió el trámite de información y participación pública en los términos exigidos por la Ley 26/ 2007 y en el Convenio de Aarhus.

Fuente:  elcorreo.com
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