El Gobierno optó por poner el silo nuclear en Cuenca por el ‘consenso institucional’

El municipio no dispone de conexión por tren y no tiene cerca instalaciones nucleares
Enresa ya ha empezado a valorar los terrenos que propone la candidatura elegida
Cospedal aceptó el ATC en Cuenca, pero se negó a ubicarlo en Guadalajara

El Gobierno ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre por el que decidió ubicar en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que agrupará los residuos del parque nuclear español.

El Ejecutivo sostiene que tuvo en cuenta el “consenso social, territorial e institucional” que ofrece esta emplazamiento. La candidatura conquense se situó en cuarta posición entre las opciones que valoró la comisión interministerial de expertos encargada de elevar un informe técnico al Ejecutivo.

El anuncio hecho público en el BOE supone el arranque oficial de la construcción del ATC, pero el Ejecutivo no ha hecho público el informe completo de los técnicos. En un comunicado emitido el jueves por el Ministerio de Industria avanzó que la candidatura de Villar de Cañas obtuvo la calificación de Muy Bueno (MB) en los apartados de extensión y geometría, topografía, geotecnia, sismicidad, meteorología, hidrología, instalaciones de riesgo alrededor, zonas de interés estratégico o distancias a núcleos principales.

Otras candidaturas

Fuentes cercanas a este proceso aseguran que, a la hora de tomar una decisión final, el Ministerio de Industria ha ponderado estos aspectos por encima de otros, como las infraestructuras o las instalaciones industriales próximas, en los que Villar de Cañas salía peor parado en comparación con los tres municipios que quedaron por delante: Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona) y Yebra (Guadalajara).

La elección del Consejo de Ministros se basa en la orden publicada por el BOE el 29 de diciembre de 2009 con la que se abrió el proceso de selección para la ubicación del ATC. Entre los factores a considerar figuraba de modo destacado las infraestructuras, especialmente la conexión por ferrocarril, y la vinculación del municipio candidato con instalaciones industriales, especialmente, de carácter nuclear. Tanto Yebra, próximo a la central nuclear de Trillo y a la desmantelada de Zorita, como Ascó, en cuya comarca operan los reactores de Ascó y Vandellós. La localidad catalana, además, dispone de una conexión por tren excelente, una infraestructura fundamental para el traslado de los residuos de alta actividad y el combustible gastado. En el caso de Villar, la distancia desde los emplazamientos presentados a la A-3 es de 7 a 10 kilómetros. La estación de ferrocarril más próxima es Tarancón, que está a 53 kilómetros.

En el informe de propuesta de los técnicos se destaca el Ayuntamiento de Villar de Cañas ha presentado tres parcelas en los parajes de ‘La Carbonera’, ‘Las Balanzas’ y ‘Los Blancares’, siendo preferente la denominada ‘La Carbonera’, que es de titularidad privada. En uno de estos terrenos es donde ahora se levantará el ATC. Los técnicos subrayan que “en todos los grupos de parcelas presentadas puede ubicarse la instalación, tanto con su diseño actual como con ampliaciones que fueran necesarias en el futuro”. Asimismo, también subrayan que “la actividad sísmica catalogada es baja” y que “no existen instalaciones industriales de riesgo“.

La comisión interministerial encargada de elaborar el análisis técnico ha estado formada por el secretario de Estado de Energía, el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, el director general de Política Económica, el director general del Ciemat, el director general de Salud Pública, el director general de Cooperación Local y el director del Departamento de Relaciones Institucionales del Gabinete del Presidente del Gobierno.

Por otro lado, entre los miembros que componían el comité asesor técnico que ha ayudado a pilotar el proceso se encuentran Eugenio Domínguez, catedrático de Botánica, Universidad de Córdoba; Adolfo Barceló, secretario de Administración Local; Eduardo Gallego, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid; Antonio Gómez Sal, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá; Santiago Hernández, catedrático de la Cátedra Superior Ambiental en la Universidad de Extremadura; y Antonio Rovira Viñas, director del Departamento de Derecho Público y Filosofía jurídica en la Universidad Autónoma de Madrid.

Apoyo de la Junta

A pesar de la importancia del informe técnico, la decisión última sobre el ATC ha correspondido al Ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 30 de diciembre, afirmó que se había elegido Villar de Cañas porque cumplía “con todos los requisitos técnicos”. Al mismo tiempo, recordó que el Gobierno español paga cada día 60.000 euros a Francia por alojar una parte de los residuos nucleares de las centrales españoles. Santamaría no detalló que ese dinero se abona en concepto de aval, es decir, que retornará a las arcas públicas del Estado en cuanto finalice la construcción del ATC.

Según ha podido saber ELMUNDO.es, el ministro de Industria, José Manuel Soria, telefoneó antes de final de año a la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para informarle de que Villar de Cañas había sido el municipio elegido. Cospedal opuso resistencia a que el ATC se llevara a Guadalajara, pero no a Cuenca. Esta posición desbloqueó un asunto que venía arrastrándose desde hace más de tres años y que fue objeto de rechazo por parte de varias comunidades autónomas.

La candidatura de Yebra (Guadalajara) sólo había recibido el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad, gobernado por el PP. En cambio, la candidatura de Villar de Cañas tenía el respaldo de su Consistorio, pero también de las principales instituciones y agentes sociales de Cuenca. De ahí el interés de Cospedal en aceptar el ATC en la provincia conquense y no en la alcarreña. El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, mostró la negativa del Gobierno valenciano en acoger el almacén nuclear.

Enresa estudia los terrenos

El proceso de selección del almacén nuclear se remonta al 27 de abril de 2006. En esa fecha, la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley relativa a la creación de una Comisión Interministerial encargada de establecer los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del ATC y de su centro tecnológico asociado.

En dicha proposición, el Congreso instaba al Gobierno a que, a la vista de la propuesta formulada por la Comisión, designara el emplazamiento e impulsase las políticas públicas y las previsiones legales que, en su caso, resultasen necesarias para su aplicación en dicho emplazamiento. Posteriormente, en junio de ese año, el entonces Gobierno socialista aprobó el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos, en el cual se contempla la construcción de un ATC como estrategia básica para la gestión de combustible gastado y residuos radiactivos de alta actividad en el país. El PP apoyó esta iniciativa sin titubeos.

Después de que la Secretaría de Estado de Energía abriera en diciembre de 2009 una convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos, el 16 de septiembre de 2010 la Comisión Interministerial aprobó un informe de propuesta de emplazamientos candidatos, que remitió al Gobierno, en el que se concluye que, desde un punto de vista técnico, los terrenos presentados por los municipios de Zarra, Ascó, Yebra y Villar de Cañas son los que resultan más idóneos para la realización del proyecto, arrojando la valoración técnica escasas diferencias entre ellos. Esta decisión motivó la decisión adoptada por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre. “Teniendo en cuenta el citado informe y las conclusiones del mismo sobre las distintas candidaturas, así como la consecución del mayor consenso social, territorial e institucional, el Consejo de Ministros ha acordado designar el emplazamiento propuesto por el municipio de Villar de Cañas para albergar el ATC y su centro tecnológico asociado”.

La citada instalación del ATC y su centro tecnológico asociado prestarán un servicio público de titularidad estatal, encomendado a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). De hecho, un equipo técnico de esta empresa pública ya ha empezado a estudiar los terrenos ofrecidos por Villar de Cañas para levantar el almacén nuclear.

Fuente: elmundo.es

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