Miranda de Ebro amenazada por la incineradora Black and Green.

La pelota vuelve al tejado del Ayuntamiento (o nunca salió de allí). ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, la empresa pública que explota el polígono industrial de Ircio, deja en manos del equipo de Gobierno la decisión final sobre la instalación de la planta de reciclaje de neumáticos, Black and Green. El Gabinete de Fernando Campo solicitó el pasado 29 de diciembre una aclaración a la gestora regional. Le pedía más precisión a la hora de delimitar las actividades que no tenían cabida en los 2,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Quería conocer, en definitiva, si la línea de producción de la multinacional encajaba dentro de lo que esta tipificado como una industria química pesada.

La respuesta de ADE ha sido la siguiente: «Una vez aprobado el planeamiento urbanístico que afecta al Polígono Industrial de Ircio, la competencia en cuanto a la interpretación de la normativa urbanística de aplicación a dicho polígono (ordenanzas del Plan Parcial y normativa del PGOU) corresponde al Ayuntamiento de Miranda de Ebro de conformidad con la legislación vigente». La comunicación oficial, por tanto, plantea al remitente que es el que debe decidir. Dar o no la licencia depende, exclusivamente, de la sede de la plaza de España. Y, en su origen, del carácter de los informes que emitan los técnicos municipales.

Ver mas informacion en una entrada anterior.

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Secretaría General

Y hasta ahora estos se han inclinado por el ‘no’. ¿El último? Lo planteó la Secretaría General en octubre del pasado año. Apoyándose en la opinión del ingeniero técnico industrial del Consistorio y la documentación presentada, insiste en que su encaje está en el área de química pesada. Hace referencia a una serie de productos que no se ajustarían a la normativa que regula la superficie industrial. Es el caso de

«los fertilizantes, colorantes, explosivos, detergentes, aislantes, fibras artificiales, productos fotográficos, y productos farmacéuticos, plásticos, gomas y caucho, entre otros muchos».

La cosa por tanto parece mas que clara, interpretaciones subjetivas e intereses privados aparte. Parece que ADE se lava las manos y carga toda la responsabilidad al ayuntamiento de Miranda.  Las normas son claras “plásticos, gomas y caucho no“.

Black and Green Companies viene defendiendo que su actividad no se corresponde con esa calificación al no tratar «productos brutos, pesados en su origen, en gran cantidad para transformarlo en productos semi elaborados» sino con otros «ya elaborados, neumáticos y plásticos residuales, que se transformarían químicamente en productos comerciales de valor añadido». La planta entiende, por tanto, que su actividad se orienta hacia la gestión de residuos y no a materias «químicas de primera elaboración».

La petición a ADE de una mayor información emanó de una junta de portavoces que buscaba el consenso en torno a la nueva industria. Desde entonces el responsable municipal ha hecho referencia públicamente al carácter incompleto de la documentación presentada por ésta e, incluso, a que no había dado aún el paso para solicitar ante las autoridades regionales la Autorización Ambiental Integrada, clave para poder ponerse en marcha.

Ayer fue la concejala del PP, Pilar Morcillo, la que compareció ante los medios de comunicación para cargar sobre Fernando Campo la responsabilidad de la dilación. Lo hizo dando un rodeo, hablando de los 3.630 desempleados de la ciudad. «Miranda necesita reforzar el tejido industrial tan duramente castigado por la crisis para que el resto de las empresas reavivan». Miranda, vino a decir, no se puede permitir dejar de lado ningún proyecto inversor. El límite está en el cumplimiento de todas las exigencias urbanísticas y medioambientales, añadiría más tarde. Y ahí Black and Green se ajustaría, a juicio de los populares . 8 puestos de trabajo reales.

Fue en ese contexto en el que hizo referencia a la firma de origen valenciano. «Intenta ponerse en contacto con el Ayuntamiento y el alcalde aún no se ha puesto en contacto con ella». Le reprochó haber «hecho declaraciones sin conocer su proyecto y negar su instalación en Ircio. No entendemos qué intereses le mueven». A juicio del PP, el informe del técnico de Medio Ambiente se realizó obligado por Alcaldía, «sin base alguna. Y pese a su poca contundencia, sirvió a Campo para agarrarse a él y, alegremente, negar la instalación».

Morcillo aseguró que fue el pasado 13 de enero, cuando tuvo lugar la junta de portavoces, cuando la empresa solicitó la reunión con el máximo responsable del Ejecutivo. La entrevista iba a servir para exponer el proyecto pero, como adelanto, salió de Valencia un informe ambiental sobre su empresa en Guadassèquies; «un informe del rendimiento del proceso de valoración de neumáticos mediante termólisis,», así como la Autorización Ambiental Integrada que la empresa tiene en esa localidad.

«A día de hoy no se les ha citado todavía», subrayó la portavoz del PP, que aseguró también que el proyecto de Miranda «no tienen nada que ver» con el que se presentó para el Valle de Tobalina -y que fue descartado por la fuerte oposición social-. Aquí «no se quemarán neumáticos. La empresa se dedicaría al reciclaje de neumáticos por termólisis, convirtiéndolos en productos con múltiples aplicaciones».

Defensa de Llamazares

Morcillo defendió este proceso de transformación. Y lo hizo apoyándose en una afirmación que realizó el diputado de IU, Gaspar Llamazares, en un escrito enviado a la Mesa del Congreso de los Diputados el 3 de febrero de 2010. El parlamentario aseguraba en relación al procedimiento de la termólisis que es «seguro, limpio y sostenible ya que no consume apenas agua y casi no emite dióxido de carbono y no genera residuos tóxicos».

Se apoyaría también en una definición de la RAE de industria media (que no pesada) entre las que se encontraría la actividad de Black and Green. «Cataloga como productos intermedios a la industria química y a la de transformación del caucho y materias plásticas, que es este caso. ¿En qué se basaron los informes técnicos?» La empresa, que según Morcillo generaría 35 puestos de trabajo directos -9 figuraban en su petición de ayudas económicas al Reindus- «no se puede rechazar» sin argumentos sólidos. «Hay que exigirles todo tipo de medidas de seguridad y medioambientales, pero no estamos en condiciones de rechazar ninguna».

En última instancia, aseguró que el alcalde «tiene mucho que poner de su parte y no lo está haciendo» y cuestionó la eficiencia de la OPIME (Oficina de Promoción Industrial) porque la firma ha depositado ya «una parte» del coste de la parcela y está siendo ignorada. El PP compareció tras reunirse con la dirección de la empresa y con el Ayuntamiento de Guadassèquies. «Por eso no entendemos que un alcalde que se precie aún no se haya molestado en mantener una reunión con la dirección». Cuando lo haga y tenga el proyecto en su mesa «deberá informarse a ver si cumple o no con las exigencias para su instalación».

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Fuente: elcorreo.es

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