El cierre de Garoña es efectivo según la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional afirma en su sentencia ante el recurso presentado por Greenpeace contra el Ministerio de Industria que la orden de revocación del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha quedado sin efecto, tal y como pedía la organización ecologista. La sentencia desestima el recurso interpuesto por la organización ecologista contra el Ministerio de Industria, porque el propio Ministerio ha dejado sin efecto su orden de revocación.  (VER LA SENTENCIA)

14 febrero 2014

La Audiencia Nacional ha sentenciado, ante un recurso presentado por Greenpeace contra Industria, que la orden de revocación del cierre de la nuclear de Garoña (Burgos) ha quedado sin efecto, tal y como pedía la organización ecologista.

La orden de cierre definitivo de Garoña fue aprobada por el anterior presidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2009, pero el Gobierno del PP revocó la decisión, y se mostró favorable a la prolongación de su vida útil -fue una de sus promesas electorales-.

Nuclenor se negó entonces a solicitar la prórroga (hasta 2019) si no se le eximía de pagar las nuevas tasas que recoge la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

En virtud de la sentencia de la Audiencia Nacional, Greenpeace asevera que “la orden de cierre de Garoña del PSOE está en vigor y el único camino, que cumple con la legalidad vigente y con la seguridad nuclear, es el desmantelamiento de la segunda central nuclear más vieja de Europa”, en palabras de Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

En julio de 2012, Industria revocó parcialmente la Orden Ministerial del 3 de julio de 2009, que establecía la parada de Garoña para el 6 de julio de 2013.

Esto permitía a Nuclenor (Endesa e Iberdrola) solicitar una nueva autorización de explotación por seis años más.

Esta orden ha quedado sin efecto según la Audiencia Nacional porque el cese definitivo de explotación anula la orden de reapertura y “carece de sentido pronunciarse sobre la legalidad de una orden que ha quedado sin efecto”.

“Solo hay una única dirección posible según marca la ley y según indican las normativas de seguridad nuclear: el desmantelamiento. Si el Gobierno modifica las leyes para hacer este carril de doble dirección estará jugando con nuestra seguridad nuclear”, ha concluido Montón.

Fuente: elcorreo

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