¿Es barata la energia nuclear? ¿Quien paga el almacen de residuos nucleares de Cuenca?

IU pregunta al Gobierno por qué ha pasado de costar 700 a 900 millones y por las adjudicaciones a empresas vinculadas al marido de Cospedal. El PSOE se interesa por el coste de las expropiaciones.

El temor a que se dispare el coste del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares que Enresa construirá en Villar de Cañas (Cuenca) ya ha llegado al Congreso de los Diputados.

IU y el PSOE han presentado varias preguntas por escrito al Gobierno en las que interrogan al Ejecutivo por aspectos como el incremento presupuestario experimentado por esta infraestructura, las adjudicaciones a empresas vinculadas al marido de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, o el coste de las expropiaciones de los terrenos.

En concreto, el diputado de IU Cayo Lara ha preguntado al Gobierno, entre otras cuestiones, por

“los motivos por los que hace cuatro años el presupuesto” de esta infraestructura “fue de 700 millones y finalmente ascendió a 900”; si “se sujetará el coste final” a esos 900 millones, así como “cuáles pueden ser los motivos que pueden originar un aumento en el coste previsto inicialmente”.

Lara también pregunta si

existe alguna duda en Enresa con la plena idoneidad del emplazamiento”, teniendo en cuenta “las incertidumbres que presenta desde el punto de vista geológico”;

si se ha fraccionado algún tipo de licitación en varios concursos y “qué opinión le merece al Gobierno que Enresa haya encomendado los mayores contratos adjudicados hasta ahora para poner en marcha el silo nuclear, a consorcios en los que participa de forma directa o indirecta Iberdrola Ingeniería, que hace año y medio fichó como consejero al marido de la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde 2011, y secretaria general del Partido, la gran valedora del presidente actual de Enresa”, el exalcalde de Ciudad Real Francisco Gil-Ortega.

Por su parte, otro parlamentario manchego, Luis Carlos Sahuquillo (diputado socialista por Cuenca), ha planteado otras dos preguntas al Gobierno relacionadas con el ATC. En la primera, le pide que desglose “cuál es el importe de las certificaciones de obra, desglosadas por meses, correspondientes a la obra”, y un desglose de “las cantidades certificadas atendiendo a la ejecución de obra, anticipo de maquinaria, acopio de materiales y otros conceptos si los hubiera”.

En la segunda, Sahuquillo pregunta, respecto a las cantidades recogidas en los Presupuestos de 2013 para esta infraestructura,

“cuál fue el importe de adjudicación, la empresa adjudicataria; el importe y fecha de los modificados, complementarios y otros si los hubiera”, así como “el importe, desglosado por años, de las expropiaciones abonadas hasta el momento diferenciando entre principal e intereses y el importe previsto de las expropiaciones pendientes”.

El Gobierno todavía no ha contestado a estas cuestiones. En agosto pasado, el Ejecutivo respondió a otra pregunta formulada cuatro meses antes por el diputado de IU Gaspar Llamazares sobre las “responsabilidades políticas por los riesgos geotécnicos del emplazamiento” conquense.

Según dijo entonces el Ejecutivo,

ni en los estudios preliminares, ni en los estudios detallados realizados hasta el presente, se ha identificado anomalía alguna que ponga en cuestión o exija grandes actuaciones, dentro de los desarrollos normales de la ingeniería de cualquier proyecto”.

El Gobierno añadió que “carece de fundamento alguno pedir ningún tipo de responsabilidad política” por la elección de este municipio (el peor desde el punto de vista geológico), ya que Villar de Cuencas figuraba entre las localidades propuestas en 2010 por una Comisión Interministerial establecida al efecto.

Fuente:  vozpopuli.com/economia-y-finanzas

Enresa contrata a la televisión de Cospedal para promocionar el almacén nuclear de Cuenca

Se da la casualidad de el marido de Cospedal trabaja en la empresa Iberdrola Ingeniería y Construcción que va a participar en la construccion del almacen nuclear de Cuenca (Villar de Cañas). La empresa, presidida por un afín a la presidenta castellano-manchega, pagará unos 60.000 euros a la Radiotelevisión regional en concepto de “servicios para la difusión y comunicación” de su labor.

El contrato, cuyo pliego no ha publicado, tendrá una vigencia de un año.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha contratado los servicios de la Radiotelevisión pública castellano-manchega (RTVCM) para promocionar su actividad, que actualmente gravita en gran medida en el mayor proyecto de sus 30 años de historia, el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares que construirá en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca).imagen

El pasado 27 de marzo, la empresa presidida por el exalcalde de Ciudad Real, exsenador y exvicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Gil-Ortega, persona muy cercana a la presidenta castellano-manchega y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, adjudicó al ente público de esa región, por el procedimiento abreviado, un contrato de “servicios para la difusión y comunicación de la labor de Enresa”.

No ha sido posible contactar con Enresa para conocer las características del contrato (el pliego de condiciones no se ha hecho público), que tendrá un periodo de ejecución de un año y por el que RTVCM cobrará 49.250 euros brutos, que sumando los impuestos ascenderán a 59.592,5 euros.

Enresa, posiblemente la empresa pública con mayor caja de España y cuyo director de comunicación, Carlos Dávila, es buen conocedor del medio televisivo y radiofónico, tendrá así un potente altavoz para hacer llegar a los contribuyentes castellano-manchegos los progresos del ATC a través de RTVCM, cuyo director general es Ignacio Villa, hombre de la absoluta confianza de Cospedal. 

Pese a que a mediados del mes pasado Gil-Ortega aseguró que el proyecto va “bien, según lo previsto“, algunos datos apuntan en sentido contrario.

Por esas mismas fechas, Enresa encargó un estudio geotécnico que incluirá la realización de otros 85 sondeos en la parcela elegida para ubicar el almacén con el objetivo de detectar “posibles riesgos o anomalías geotécnicas derivadas del comportamiento del terreno”, de forma “no queden dudas de cuál es la solución más óptima de acuerdo con la naturaleza y características” de la parcela.

La empresa quiere descartar así “la posibilidad de colapso/hundimiento/elevación del emplazamiento y de licuefacción” de la parcela elegida.

El riesgo de que el emplazamiento elegido requiera de cimentaciones especiales para sortear posibles cavidades en el subsuelo disparará el coste de una instalación multimillonaria cuya génesis ya ha provocado las primeras fricciones entre la empresa y su accionista la SEPI, por mucho que a Enresa no le consten.

La localidad conquense, la peor opción desde el punto de vista geológico entre las finalistas para ubicar el almacén, fue la elegida por el Gobierno en una decisión política atribuida a la propia presidenta castellano-manchega. El proyecto inicial de ATC tenía un coste previsto de unos 700 millones y la última estimación alcanza los 900 millones de euros.

Fuente:  vozpopuli.com

Nuclenor pide a Greenpeace 10.000 euros por una protesta frente a Garoña

La protesta tuvo lugar el pasado 5 de marzo

La protesta tuvo lugar el pasado 5 de marzo (Greenpeace)

La empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, ha presentado un recurso ante el juzgado que instruye la causa contra varios activistas de Greenpeace que protagonizaron una protesta frente a la planta nuclear en el que reclama 10.000 euros en concepto de pérdidas.

BURGOS. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villarcayo (Burgos) consideró que la protesta, que se desarrolló durante buena parte de la mañana del 5 de marzo pasado, se tramitara como un juicio de faltas, con lo que la indemnización sería, en caso de fijarse en la sentencia, mínima.

La portavoz de Greenpeace para temas nucleares, Raquel Montón, ha calificado de “sorprendente” que la empresa pida tal cantidad de dinero cuando la central nuclear “mal puede tener pérdidas por una protesta, cuando está desenganchada de la red eléctrica desde diciembre de 2012 y tiene su reactor parado desde entonces”.

Montón ha recordado que un grupo de ecologistas se acercó el 5 de marzo a las puertas de la central nuclear montados en vehículos de obra para simbolizar el desmantelamiento de la central, que es la más vieja de Europa y tiene una orden de cierre definitivo, aunque la propietaria dispone hasta el 6 de julio para solicitar una prórroga de actividad.

La portavoz de Greenpeace ha afirmado que se ha dirigido al Consejo de Seguridad Nuclear para pedir información sobre las medidas técnicas que este organismo considera necesarias para asegurar que la planta de Garoña no sufre los mismos problemas que la nuclear belga de Döel-3, que ha parado inesperadamente por defectos en la vasija, que se fabricó en la misma empresa que la de la plata nuclear burgalesa.

Fuente: Deia.com

El Parlamento Andaluz aprueba sendas proposiciones para rechazar la ampliación de El Cabril

La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía ha aprobado sendas proposiciones no de ley (PNL), presentadas por los Grupos Socialista y de IULV-CA, en las que se rechaza la ampliación del almacén de residuos radiactivos de baja y media capacidad de El Cabril (Córdoba) anunciada por la Empresa Nacional de Residuos (Enresa).

EUROPA PRESS 02/04/2014el cabri

Como ponente de la PNL de su grupo, el diputado de IU Manuel Baena ha lamentado que la especie humana sea “la única que despierta fuerzas que es incapaz de controlar”, así como la “osadía” con la que usa los recursos naturales, todo ello antes de criticar que, pese a que la comunidad autónoma andaluza no alberga ningún tipo de central nuclear, a la región “se le concediera graciosamente el honor de disponer de un cementerio que se inició de manera clandestina, sin reconocimiento oficial ni los oportunos permisos”.

A pesar de su regularización, estas dependencias, ha abundado Baena, cuentan con la “oposición” de la sociedad andaluza. Por ello, la proposición de la federación de izquierdas recoge la “voluntad” de rechazo del Parlamento a la existencia de un cementerio nuclear, incluyendo la reclamación del cierre de El Cabril, “que ha superado el 75 por ciento de su capacidad”, así como de que se compense a la población del territorio por la convivencia con el depósito y de que la administración general del Estado intervenga para “mitigar los efectos indeseables”.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE Josefa Vioque ha incidido en el rechazo mostrado tanto por el Parlamento como por la ciudadanía a esta futura actuación, destacando que “se ha pagado con creces la cuota de solidaridad” y apuntando a la clausura y sellado de El Cabril una vez que se complete el cupo de almacenamiento de residuos de baja y media intensidad.

CONVENIOS CON LOS PUEBLOS AFECTADOS

Ha aludido al establecimiento de convenios socioeconómicos que contribuyan a la creación de empleo en los municipios bajo la zona de influencia –Hornachuelos y Fuente Obejuna, en Córdoba, y Las Navas de la Concepción y Alanís, en Sevilla–, un punto que se ha aprobado por unanimidad –el resto, con la abstención del PP– en tanto que se ha aceptado una enmienda del Grupo Popular para incluir a una batería de localidades limítrofes.

Por parte de los populares, la diputada Rosario Alarcón ha criticado que se presenten iniciativas en base a una “posibilidad” y ha instado a PSOE e IU a “dejar de condenar a estos municipios a la soledad más absoluta”; asimismo, ha reclamado que la cuantía recaudada por el depósito de residuos redunde en estas localidades, pues la zona “sigue muy castigada y deprimida por el desempleo”.

Por otro lado, Alarcón pide dar continuidad a la inversión y a los puestos de trabajo generados, a la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear, y ha recordado que el teniente de alcalde por IU en Hornachuelos ha sostenido que el almacén de El Cabril es “de los más rentables de toda Europa”.

Este último punto ha sido valorado por Baena, que si bien ha manifestado que IU es una formación “democrática” y con distintas sensibilidades, ha opuesto que “hay una corriente mayoritaria que entiende que es una agresión”.

Vioque ha cerrado el debate sentenciando que “nos adelantamos a lo que nos tememos que será una realidad” y ha añadido que “en un asunto como éste se debe estar por encima de todo y apelar a la responsabilidad, coherencia y seriedad”.

Fuente:  www.diariocordoba.com