Chapuza a la española: El CSN cuestiona “la idoneidad del emplazamiento” del basurero nuclear de Cuenca

El director técnico de Seguridad Nuclear del regulador atómico expone a Enresa sus “dudas” en un extenso informe en el que advierte de múltiples “deficiencias” en la documentación presentada por la empresa pública.

Advierte de que el acuífero que atraviesa la parcela elegida en Villar de Cañas es “muy relevante” y solicita “aclaraciones e información adicional” sobre 124 aspectos.

Dice que no hay “un conocimiento suficiente para garantizar el comportamiento seguro” de los edificios y reclama “parámetros más realistas” en las mediciones del potencial de inundación

Como un almacen de residuos de alta intensidad es para tomarselo a broma, veamos las deficiencias de laubicación del ATI de Cañas, que adjudicó a todo correr el gobierno de Zapatero.halloween_props__nuclear_waste_barrel_by_capdon-d4g1d40

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha cuestionado “la idoneidad del emplazamiento” del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) promueve en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), en un informe en el que advierte de múltiples “carencias” en la documentación presentada por la empresa pública para la solicitud de la imprescindible autorización previa de la instalación por parte del organismo.

En el informe, un documento interno firmado por el director técnico de Seguridad Nuclear del regulador, Antonio Munuera, al que ha tenido acceso eldiario.es, el CSN remite a Enresa un extenso catálogo de “propuestas” e “iniciativas que pueden contribuir significativamente”, dice, a “resolver las dudas existentes sobre la idoneidad del emplazamiento del ATC”.

Entre otras cosas, el documento, remitido al director de la División Técnica de Enresa, Álvaro Rodríguez Beceiro, el 17 de septiembre, solicita “aclaraciones e información adicional” sobre 124 aspectos relacionados con la documentación de la solicitud de autorización previa del almacén de residuos nucleares de alta actividad: geología y geoquímica del terreno, geotecnia, prospección geofísica, sismología, hidrogeología, hidroquímica e hidrogeología superficial y meteorología. También adjunta 49 “propuestas de iniciativas” que “pueden contribuir significativamente a la valoración integrada de información y a resolver las dudas existentes sobre la idoneidad del emplazamiento”.

Las “deficiencias” detectadas en la documentación presentada por Enresa, que ya está embarcada en un rosario de licitaciones multimillonarias para acelerar la construcción del almacén, son múltiples.

En lo que respecta al área de “Geotecnia”, el director Técnico de Seguridad Nuclear del CSN advierte de que “la definición de las condiciones de cimentación de los diferentes edificios y servicios del ATC carecería de un conocimiento suficiente para garantizar el comportamiento seguro de los mismos”.

“No se ha hecho un análisis de sensibilidad correcto”

En lo referente a la posible inundación de las redes de transporte y comunicación, por ejemplo, “no se ha hecho un análisis de sensibilidad correcto”, señala. “En el estudio hidráulico se han observado deficiencias significativas tanto en los datos empleados como en las hipótesis realizadas para obtener los niveles de agua en la zona inundable que, en la mayoría de los casos, se refieren al empleo de valores o hipótesis no conservadoras cuya variación podría implicar niveles de inundación superiores a los calculados. Deben contemplarse otros parámetros más realistas”, añade.

En el apartado de “hidrología superficial y meteorología”, también critica que, para calcular la Precipitación Máxima Probable en el emplazamiento “se utilizan únicamente 5 tormentas, que se han seleccionando exclusivamente buscando las que dieron precipitaciones máximas elevadas, lo que podría excluir situaciones desfavorables de duraciones diferentes”. La normativa, recuerda, “recomienda trabajar si es posible con 24 tormentas y, si no es posible alcanzar este número, trasponiendo tormentas más alejadas”.

“En lo relativo a la inundación por falta de drenaje local, no se hace referencia a la necesidad de construir y mantener correctamente un sistema adecuado de drenaje de la parcela del ATC que impida su encharcamiento”. Respecto al sistema de alerta de inundación, “es necesario asegurarse” de que “no se producen problemas ante la presencia de algún fenómeno extraordinario. En los estudios realizados no se han encontrado referencias a la necesidad de contar con un sistema de alarma de lluvias o caudales extraordinarios que permitan poner en marcha los protocolos de emergencia con la máxima antelación”.

Un aspecto “de máxima importancia”

En el capítulo de “hidrogeología”, señala que “sin más información que la aportada es imposible establecer el funcionamiento hidrogeológico local”. También “impide establecer condiciones de borde que limiten las condiciones de flujo y que definan la zona de interacción del agua subterránea con la zona de ubicación de las instalaciones del ATC, aspecto de máxima importancia de cara a establecer la seguridad del emplazamiento en cuanto a su estabilidad (interacción agua/terreno) y en cuanto al hipotético transporte de contaminantes desde la instalación”.

Respecto al acuífero ubicado en el subsuelo del ATC, Enresa ha asegurado en sus análisis previos que “todo hace pensar que se trata de una formación acuífera superficial de poca entidad”. Sin embargo, el informe señala que “debe justificarse esta afirmación por cuanto una formación que aporta caudales de 12,5 l/s es muy relevante en el marco de un conjunto de materiales que se valora globalmente como de baja permeabilidad”.

También destaca que “el apartado de recopilación bibliográfica es insuficiente”: la unidad hidrogeológica y posterior masa de agua subterránea de Sierra de Altomira (donde se ubica Villar de Cañas) “han sido objeto de numerosos estudios hidrogeológicos desde los años 90, de los que no hay constancia que hayan sido consultados”.

En el apartado de “sismología”, subraya que, “en cuanto al potencial de fallas activas de la comarca, el que no estén en el catálogo QAFI [Base de Datos de Fallas Activas en el Cuaternario de la Península Ibérica] no significa que no existan fallas en el basamento con características similares a la de Escopete, que sí lo está”. “Que no se hayan publicado o no se observen evidencias de deformación reciente no significa que no sean potencialmente activas”.

También critica que “sólo se han tenido en cuenta las observaciones superficiales y de la geofísica, de escasa penetración desde un punto de vista de la sismicidad” para afirmar, como ha hecho Enresa, que “no existen estructuras potencialmente inestables por respuesta sísmica en el entorno del emplazamiento ni en sus alrededores”.

En lo referente a “Geología y Geoquímica”, advierte de que “faltan datos que permitan dilucidar la interpretación cartográfica y el sentido de movimiento de las fallas” en el emplazamiento y dice que “debe explicarse la relevancia” de una “importante falla” del anticlinal de Zafra de Záncara, a unos 16 kilómetros del emplazamiento.

El CSN solicita tres informes que “deberán contener evidencias y demostrar”, entre otros aspectos, la “estabilidad y competencia del terreno de cimentación, acotando los posibles riesgos de colapso”; un análisis más profundo del comportamiento de las áreas subterráneas; y “una ampliación de los estudios geofísicos destinados básicamente a descartar la presencia actual de oquedades en el terreno”.

Decisión política y calendario en contra

A lo largo de sus 32 páginas, el documento viene a poner en entredicho la decisión política, atribuida a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, de ubicar el ATC en esa localidad, la peor candidata de entre las finalistas a albergar la instalación desde el punto de vista geológico. Una decisión tomada por el Gobierno en tiempo récord (menos de diez días), tras dos décadas de retrasos, y que afecta a una infraestructura vital para garantizar la seguridad de los residuos nucleares, que no ha venido precedida de la misma celeridad para materializar el proyecto.

El presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, un expolítico sin experiencia previa en el sector nuclear, planteó en una carta remitida el 24 de septiembre al Ministerio de Hacienda su “extraordinaria preocupación” ante “cualquier circunstancia” que pueda “comportar una dilación en los plazos previstos para la puesta en marcha” del ATC.

La “primera” de esas circunstancias, decía, es la autorización de un polémico proceso de contratación de personal que, tal y como publicó el diario.es, abre la puerta a la colocación a dedo de 28 personas; pero son los requerimientos del CSN, subrayan fuentes del sector nuclear, los que deberían inquietar a Gil-Ortega.

El tiempo corre en su contra, ya que en junio de 2017 deberían volver los residuos de Vandellòs II que actualmente se almacenan en Francia y que, de quedarse allí pasada esa fecha límite, exigirían el pago de importantes penalizaciones por parte del Estado español. La otra derivada, aparte de un retraso cada vez más probable, es el incremento de costes de una instalación cuyo presupuesto ronda actualmente los 1.000 millones de euros, la mayor obra pública de esta legislatura. Y ante el temor a que no se cumplan los plazos, prácticamente todas las centrales nucleares (sólo falta Cofrentes) tienen o proyectan ya almacenes independientes para poder custodiar sus residuos, ante el previsible llenado de sus piscinas.

Fuente: Google

El presidente de Enresa incumple su contrato y carga gastos sin justificar en su tarjeta

El secretario del consejo avisó en julio de la “incompatibilidad” entre el cobro de dietas y el abono de esos gastos “de difícil justificación”: fué despedido de inmediato

Cuando fue nombrado, Francisco Gil-Ortega no tenía experiencia en el sector nuclear y era alguien de la máxima confianza de Cospedal; antes fue senador y alcalde de Ciudad Real con el PP

Una auditoría interna en la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos destapa que su presidente, Francisco Gil-Ortega, cobró gastos de viaje sin aportar las correspondientes facturas, como exige su contratoDolores-Cospedal-Villar-Francisco-Gil-Ortega_EDIIMA20141031_0598_13

El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, cobró de la empresa pública gastos cargados previamente a su tarjeta de crédito Visa en viajes “tanto nacionales como al extranjero” sin presentar las correspondientes facturas, una conducta que supuso un incumplimiento de su contrato y que el entonces máximo responsable jurídico de la compañía, Jesús Moreno, calificó de posible “enriquecimiento injusto” en un informe interno al que ha tenido acceso eldiario.es.

Tras redactar ese informe el 15 de julio, que avisaba de la “incompatibilidad” entre el cobro de dietas por parte de Gil-Ortega y el abono de esos gastos, Moreno, que en ese momento era uno de los siete miembros del Comité de Dirección de Enresa, fue destituido de forma fulminante.

Gil-Ortega, que fue alcalde de Ciudad Real, senador y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, es una persona que carecía de experiencia en el sector nuclear en el momento de su designación. Fue nombrado en junio de 2012 al frente de Enresa, que actualmente promueve a contrarreloj la mayor obra pública de la presente legislatura, el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad de Villar de Cañas (Cuenca).

Es también alguien de la máxima confianza de la presidenta castellano-manchega y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El documento de Moreno, entonces secretario general y del Consejo de Administración de Enresa y máximo responsable de las direcciones del Servicio Jurídico y Recursos Humanos, fue remitido al director financiero de la empresa, Enrique Cerezo, que le había reclamado un informe jurídico después de que la dirección de Auditoría Interna de Enresa introdujera el 3 de junio una “observación” a su análisis sobre los “gastos de representación” abonados en 2013 a Gil-Ortega.

“Se ha puesto de manifiesto que al Presidente de la empresa se le abonan gastos de bolsillo por los viajes que realizó tanto nacionales como al extranjero”, unos “pagos en especie” de los que, avisaba, el político del PP estaba “excluido, de acuerdo con la normativa vigente”, señaló esa auditoría, que planteó “la duda razonable de si la percepción de ese concepto ha de computarse o no para el importe máximo de retribuciones” que establece la legislación para los directivos de empresas públicas: “Dicho abono está sujeto, como los conceptos retributivos, al IRPF, por lo que su percepción podría conculcar dicho precepto por lo que a importes máximos se refiere”.

La retribución de Gil-Ortega, que no es pública, ronda los 105.000 euros brutos anuales que fija como límite máximo un real decreto de 2012.

El 23 de junio, Jesús Moreno informa al director financiero de la empresa pública de que prepara un informe “sobre la necesidad de identificación de los comensales y/o la motivación o finalidad de las comidas en las facturas de dichos gastos de representación” presentadas por Gil-Ortega, así como la “consistencia y consecuencias de los reintegros de los gastos de representación en los casos que se acredita (se entiende el gasto) sólo a través del resguardo de la tarjeta de crédito VISA”.

Entonces, Moreno ya recuerda que la Ley General Tributaria señala “de forma categórica” que “los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada”, algo que Gil-Ortega no hizo.

“En caso de no acreditar el gasto contable de compra mediante la correspondiente factura, sino mediante un simple documento de entrega de la mercancía (resguardo VISA) o una fotocopia del correspondiente medio de pago, le corresponderá al sujeto pasivo justificar la no tenencia y conservación de la factura que respalde la correspondiente operación de compra, y la realidad de la operación”.

Gasto “improcedente” y “de difícil justificación”

Moreno, que entendió que ese gasto no era deducible “por improcedente”, añadía que, “dejando de lado el tratamiento fiscal de los gastos de difícil justificación, si se tratara de una mera liberalidad de la empresa o de un gasto en beneficio exclusivo de la persona que ha realizado el gasto, no de la empresa, debería tener el oportuno tratamiento como remuneración del perceptor”. “Cuestión distinta sería que el gasto no estuviera autorizado, ni fuera autorizable, en ningún caso y se hubiera realizado en beneficio exclusivo del perceptor [Gil-Ortega]. En tal caso a nuestro juicio daría lugar a su reintegro so pena de incurrir en un alcance de caudales” en Enresa.

“Para deducir facturas de gastos por comidas hay que contabilizarlo y justificar en alguna medida la vinculación real con la empresa”, resumía Moreno: “Se impone por tanto diligencia –si se quiere que la factura sea deducible– de explicitar al dorso de la factura datos que permitan valorar la utilidad de la misma”.

En su informe final, Moreno acabó concluyendo que “la asignación de gastos de bolsillo no ha de computarse a los efectos del importe máximo de retribuciones” que fija la ley, si bien advirtió de que “existe incompatibilidad entre la percepción de dietas (gastos de bolsillo) y el abono de los gastos en que incurra el máximo responsable” de la empresa “por cuenta de la sociedad para el desempeño de sus funciones”. En el caso de que esos pagos “compensen un mismo concepto”, se estaría “originando un enriquecimiento injusto excepto que se consideren tales como una remuneración o liberalidad”, advertía.

El entonces secretario del consejo, que poco después de redactar su informe fue cesado y sustituido en septiembre por otra abogada del Estado, Fabiola Gallego, consideró “especialmente relevante” lo recogido en el punto IV (retribución total a percibir) del contrato firmado el 9 de octubre de 2012 entre Gil-Ortega y Enresa.

“Literalmente”, ese contrato dispone que “todas aquellas cantidades o gastos, en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos, en que incurra por cuenta de la sociedad para el desempeño de sus funciones” le serán abonados “contra la presentación de las correspondientes facturas”. De lo contrario, “el tratamiento de los gastos como remuneración requeriría el adecuado soporte jurídico que lo reconozca a través de la novación del contrato”, advirtió.

Enresa no ha querido hacer ningún comentario sobre estos informes, que ponen en tela de juicio la legalidad de las retribuciones de su máximo responsable.

Fuente: google