El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido a Enresa datos adicionales sobre la evidencia de inestabilidad del terreno.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido a Enresa datos adicionales sobre la evidencia de inestabilidad del terreno.

Por Juan Carlos Martínez desde Madrid
03/02/2015 19:29horasProyecto-de-almacén-nuclear-640x417

“Estamos en permanente contacto con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pero el informe que tienen pendiente de emitir no tiene porqué impedir que la obra se adjudique”. Es la respuesta ambigua que ofrecen desde la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a la demora que se está produciendo en la adjudicación de las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC), el conocido ‘cementerio nuclear’ previsto en el municipio conquense de Villar de Cañas. Y que deja la puerta abierta a que el contrato se adjudique sin que el CSN se pronuncie.

Una instalación que ha estado llena de polémica. Antes de elegir la localización y, por supuesto, después de que el Gobierno tomara la decisión de adjudicar a esta localidad el almacén en el primer Consejo de Ministros que presidió, el 30 de diciembre de 2011, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La de Villar de Cañas no era la candidatura favorita

Contaba, en principio, con menos opciones que las candidaturas de Ascó, en Tarragona, o de Yebra, en Guadalajara, pero al final fue la elegida. Desde entonces, mil y un informes de varios organismos previos a la adjudicación de la obra.

Y sobre todo uno, el vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) –único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica–, que ha puesto nervioso a más de uno. Antes de emitirlo, ha solicitado a Enresa que aclare más de un centenar de aspectos sobre los terrenos, de cara a determinar si resultarán suficientemente estables cuando se lleve a cabo la cimentación.

Informes adicionales antes grandes deficiencias

El CSN también ha pedido a Enresa –la empresa pública presidida desde junio de 2012 por Francisco Gil-Ortega Rincón, ex senador y ex alcalde de Ciudad Real– que incluya informes de composición geológica, hídricos y sísmicos.

Lo hace para ampliar datos a raíz de su último informe sobre el ATC, emitido el año pasado, en el que dejaba entrever las grandes deficiencias existentes en un emplazamiento que debe almacenar casi 7.000 toneladas de basura radiactiva.

Las constructoras, a la espera

Esta es la razón por la que Enresa no ha adjudicado las obras tres meses después hacer públicas las cuatro uniones temporales de empresas (UTEs) candidatas a hacerse con la gran obra del ATC.

Una formada por las constructoras Dragados, Ferrovial y Sarrión. Una segunda integrada por FCC, Vías y Construcciones y Gismero. Otra, con Acciona y OHL. Y una cuarta de la que forman parte Sacyr, Isolux Corsán y Pavasal. En dos de las candidaturas figuran empresas (Dragados y Vías y Construcciones) del Grupo ACS presidido por Florentino Pérez.

Con la operación Castor en el recuerdo

No obstante, detrás de esas manifestaciones ambiguas emitidas desde Enresa, en el sentido de que podrían adjudicarse las obras sin el informe vinculante del CSN, existe la percepción, entre los colectivos sociales contrarios al proyecto, de que la empresa pública asumiera el reto de pasar por alto el referido informe y adjudicar el contrato.

Dejan entrever que tras estas prisas por adjudicar las obras –aunque existe plazo hasta el 11 de marzo– que, desde la dirección de Enresa han dejado trascender en las últimas semanas, se halla el interés económico de las empresas que resultaran adjudicatarias para asegurar el 6% del coste de las obras en indemnizaciones caso de que finalmente el ATC no llegara a construirse.

Un caso similar al del proyecto Castor, el almacén de gas frente a las costas de Castellón, que tuvo que cerrarse, y obligó al Estado a indemnizar a la empresa concesionaria, filial de ACS, con casi 1.400 millones de euros.

Coste total de 2.800 millones

El precio máximo de licitación de la obra civil principal de la instalación nuclear del ATC, en sus fases 0, 1 y 2, fue inicialmente de 217,7 millones de euros, pero ya en el propio pliego de cláusulas administrativas se elevaba a 272,2 millones al incluir una serie de modificaciones.

Sería aproximadamente el 10% de los 2.800 millones de euros que, durante toda su vida útil, supondría la construcción, funcionamiento y desmantelamiento del almacén.

Fuente: economiadigital.es

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