Las 4 empresas de la incineradora Black and Green entran en concurso

La incineradora de neumáticos que pretendia instalarse en el Valle de Tobalina, y posteriormente en Miranda de Ebro, tras recibir las ayudas del Plan Garoña, está en concurso de acreedores.

El juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia ha declarado el concurso de acreedores de las firmas Black and Green ingeniería, proyectos y montajes, Black and Green Products, Black and Green Companies y Black and Green Factories

Estas compañías fueron creadas en su día por la firma valenciana Pirorec, ubicada en Guadasséquies (Valencia), como filiales para desarrollar proyectos de ingeniería y montaje de nuevas plantas que desarrollaran las tecnologías de Pirorec para el reciclado de neumáticos mediante pirólisis (incineración en horno). La empresa matriz se encuentra actualmente en proceso de liquidación tras presentar concurso voluntario de acreedores hace dos años. El titular del juzgado mercantil ha acordado la intervención de las funciones de las cuatro empresas Black and Green y ha designado a Mir Abogados y Asesores como administradores concursales, haciendo un llamamiento a los posibles acreedores.

La empresa que quería reciclar las ruedas usadas para extraer combustibles no logra el apoyo de los acreedores en el concurso. Pirorec, que patentó el sistema denominado termólisis, no ha superado el proceso concursal y pasa a la fase de liquidación. Sus impulsores buscan un comprador para la patente, que es el activo más relevante de la compañía.
 
 
 

     

Explota la burbuja del fracking. Demoledor informe de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de USA

El Cambio Climático, ha dejado de ser hipótesis, la técnica de fractura hidráulica -fracking- es una técnica nociva para el ecosistema y de toda la vida de la que es sustento.

La prestigiosa National Academy of Sciences ha publicado informe- Proceedings of the National Academy of Sciences– demostrando de forma incuestionable la relación directa entre la práctica del fracking y la contaminación de los acuíferos poco profundos de agua potable de viviendas en el estado de Pennsylvania.

En el estudio científico queda acreditada sin lugar a dudas la presencia de agentes químicos en las muestras de agua potable tomadas en varias viviendas y fuentes de agua potable próximas a pozos de gas Marcellus Shale en explotación.

Aunque la contaminación de las aguas subterráneas por gas natural  y derrames de fluidos de perforación se sabe que ocurre, nunca antes había sido plenamente documentada la contaminación de los acuíferos poco profundos de agua potable.

de Pennsylvania, que causaron inundación de gas natural y de espuma en el agua subterránea potable básicamente utilizada por varios hogares.

En las muestras de agua potable tomadas se han encontrado restos de una sustancia química que normalmente se encuentra en líquidos usados durante ‘fracking‘ en el yacimiento de esquisto de Marcellus, que también se extiende por el sur del vecino y densamente poblado Estado de Nueva York.

Mediante análisis cromatológico de gases, ha sido detectada mezcla compleja de compuestos orgánicos en el acuífero, así como la presencia de un compuesto positivamente identificado como 2-n-butoxietanol  (sustancia disruptora endocrina, y neurotóxica ) en el agua de una fuente potable próxima a la plataforma de explotación de gas en Marcellus Shale.

Los mercados no han sido ajenos al significado de la sentencia por parte de la comunidad científica, y así David Einhorn, director y fundador de la firma de inversión Greenlight Capital, aseguró durante una conferencia en Nueva York que las empresas de fracking no valen nada.

Según este inversor  “Las compañías de fracking contaminan la rentabilidad de la inversión, es un negocio que quema dinero y no crece, no valen nada”, indicando lo inexplicable que resulta que Pioneer Natural Resources (empresa de fracking) puede tener una capitalización bursátil de 27.000 millones de dólares.

Einhorn aconsejó a los inversores que si están interesados en el petróleo inviertan en la propia materia prima. Hacerlo en las empresas de fracking puede ser una decisión fatal, pues se encuentra “Dramáticamente Sobrevaluado” , indicando que ni aunque el barril de crudo esté a 100 dólares estas empresas lograrán unos ingresos fuertes respecto a su endeudamiento.

El influyente inversor también señaló a Concho Resources como ejemplo de empresa dedicada a la fracturación hidráulica que invierte mucho y genera pocos beneficios. De la misma forma que Pioneer, las acciones de esta compañía comenzaron a caer tras sus palabras.

Fuente:  Ecoportal.net

Mas Indformación:  LA RENTABILIDAD DEL FRACKING CONTADA A PRINCIPIANTES

Estudios cientificos:   RECOPIACIÖN SOBRE FRACKING

La debacle electoral del PP aniquila el ‘fracking’, deja en vilo el almacén nuclear y mete miedo a las eléctricas

La derrota de Cospedal en Castilla-La Mancha puede suponer la puntilla para el almacén nuclear de Cuenca

Fuentes empresariales califican de “convulsión” el resultado de las elecciones autonómicas y municipales

Las propuestas contra la “pobreza energética” en varios programas ganadores inquietan a las grandes suministradoras

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“En las empresas energéticas estarán nerviosos”, resumía este lunes un analista del sector, que pide el anonimato, ante el batacazo electoral que se ha pegado el PP en las elecciones autonómicas y municipales y los cambios que puede implicar el nuevo juego de mayorías para el negocio de eléctricas y petroleras, un escenario político que fuentes próximas a las empresas califican de “convulsión”.

Las propuestas energéticas lanzadas por las candidaturas de unidad popular para las municipales, por un lado, y las incluidas en los programas electorales para las autonómicas de los dos partidos que parecen condenados a entenderse en ese ámbito, Podemos y el PSOE, por otro, permiten dibujar un escenario muy diferente al actual en este ámbito (en materia energética, las propuestas de esas dos formaciones iban muy a la par). “Si nos creemos que los partidos cumplen sus programas electorales, sin duda, van a cambiar cosas”, corrobora Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables.

Estos son sólo algunos de los aspectos candentes del sector para los que el 24-M puede tener consecuencias:

‘Fracking’: el incipiente ‘boom’ de la fractura hidráulica lleva tiempo parado en seco, aunque el Gobierno central no renuncia, ni mucho menos, a esta técnica. Siguiendo las directrices de FAES, el ‘think tank’ del PP, ha intentado impulsarla a través de la nueva Ley de Hidrocarburos, en vigor desde la víspera de las elecciones. Sin embargo, a escala autonómica, el PP ha perdido la mayoría absoluta en Castilla y León y no gobernará (o tiene muy difícil hacerlo) en otros territorios en los que se supone que hay bolsas de gas de esquisto, como Aragón, Cantabria o Asturias. Con este escenario, “el fracking está KO si obviamos la cuestión de que en España no parece que haya recursos de este tipo”, resume un experto. En el ámbito de las prospecciones (como las de Baleares), el Gobierno se ha asegurado la competencia estatal para autorizarlas, pero en las declaraciones de impacto ambiental (DIA) las autonomías tienen mucho que decir.

Garoña: el futuro de la central nuclear más antigua de España pasa por lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pero el calendario corre en contra de sus propietarias, Endesa e Iberdrola. La reapertura de la planta es una apuesta del Gobierno de Rajoy que cuenta con la oposición de Podemos y del PSOE, que no se atrevió a clausurarla en su momento durante la era Zapatero y ahora aboga por su cierre definitivo. A más largo plazo, los socialistas son partidarios de un plan para el cierre progresivo del resto de centrales nucleares, coincidiendo con el final de la vida útil años de los reactores, que el actual Gobierno ha planteado alargar de los actuales 40 años a los 60.

Almacén nuclear: la amarga victoria de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, sin mayoría suficiente para gobernar, puede suponer la puntilla para el almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC) de alta actividad que el Gobierno central decidió construir, a instancias de la secretaria general del PP, en Villar de Cañas (Cuenca). El proyecto está en stand-by y la dupla formada por PSOE y Podemos, que pueden gobernar la región en coalición, está en contra de llevarlo a cabo. Si finalmente no hay ATC, surgirá el problema de dónde meter los residuos, porque las piscinas de las centrales que los almacenan provisionalmente están muy cerca de saturarse.

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Pobreza energética: uno de los pilares del “Plan de Rescate Ciudadano” del programa de Podemos era un “rescate energético” que garantizase “un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas”, cuyo “carácter de servicio público” prometía recuperar. El programa del partido de Pablo Iglesias abría la puerta a que las comunidades autónomas creen incluso sus propias comercializadoras de energía eléctrica, de titularidad pública, “para asegurar, entre otras políticas, el «rescate energético» de las personas aquejadas de pobreza energética”. En Barcelona, la futura alcaldesa, Ada Colau, ha propuesto crear un operador energético municipal que, entre otras cosas, subvencione a aquellos que no puedan pagar la factura de la luz, y en Madrid, Manuela Carmena también ha prometido “tomar medidas” contra un problema que afecta a entre cuatro y siete millones de personas, según las estimaciones.

Eficiencia energética: otra cuestión arrinconada por el Gobierno central que puede retomar el brío ante el previsible cambio político. Prácticamente toda la oposición al PP se ha adherido a un manifiesto por los municipios sostenibles presentado a principios de abril por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables por el que se comprometen a llevar a cabo políticas energéticas social y ambientalmente sostenibles, entre otras propuestas.

Energías renovables: el PSOE ha hecho una enmienda a la totalidad a la política de recortes a las renovables de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, mientras a España le llueven las demandas de inversores internacionales contra esas decisiones y las que luego ha tomado (corregidas y aumentadas) el Gobierno de Rajoy, los socialistas han prometido recuperar el impulso a las energías limpias, una propuesta que comparten con Podemos.

Autoconsumo: supuestamente, el Ministerio de Industria va a aprobar en junio el polémico decreto que impondrá a los autoproductores un peaje de respaldo (obligar a cada pequeño productor a pagar por verter o consumir energía de la red eléctrica) que, en la práctica, aniquilaría esta alternativa energética antes de nacer. Pero hay quien tiene serias dudas de que José Manuel Soria se atreva a abrir un nuevo incendio a escasos meses de las generales, sobre todo tras los resultados electorales de este domingo.

Mercado eléctrico: es una competencia del Ministerio de Industria, pero la reforma del mercado mayorista para poner fin a la sobrerretribución en forma de ‘beneficios caídos del cielo’ que, supuestamente, cada año se embolsan nucleares e hidroeléctricas (unos 2.000 millones de euros para instalaciones que, según los defensores de esta tesis, están sobradamente amortizadas), es una cuestión clave sobre la que parece haber consenso en la izquierda. Supondría una convulsión para el sector.

Proyecto gasista de Gas Natural en Doñana: tras las elecciones andaluzas, la Junta ha vetado el proyecto de la eléctrica para convertir el subsuelo del Espacio Natural de Doñana en un almacén permanente de gas, al autorizarlo sólo fuera de los límites del parque. Una decisión que puede leerse en clave de posible alianza entre Susana Díaz y Podemos, que ha rechazado esta infraestructura.

Fuente: eldiario.es

La plataforma contra el ATC pide a Anticorrupción que investigue a Enresa

Pide que la Fiscalía indague sobre la adjudicación de 10 contenedores de combustible nuclear por casi 32 millones a ENSA, otra empresa de la SEPI, que fue la única que se presentó al concurso

La jefa del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad de la empresa pública dimitió para no tener que firmar la adjudicación

El escrito, presentado por Ecologistas en Acción, va dirigido contra el actual presidente de la empresa pública, Juan José Zaballa, y el anterior, Francisco Gil-Ortega

La Plataforma Contra el Cementerio Nuclear ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la reciente compra de 10 contenedores de combustible nuclear gastado por parte de la dirección de Enresa, adjudicados el pasado 12 de mayo por más de 26 millones de euros (casi 32 millones de euros).marti2

“Los tipos penales podrían ser: malversación de fondos públicos, no descartándose otros”, y “los principales responsables de los hechos referenciados serían” Francisco Gil-Ortega Rincón, presidente de Enresa desde junio de 2012 hasta su dimisión en febrero pasado, y su sucesor, Juan José Zaballa Gómez, “aunque no se descarta” que existan otros responsables, dice el escrito, remitido a la Fiscalía desde una oficina de Correos de Cuenca este viernes.

 Tal y como adelantó eldiario.es el pasado 26 abril, la compra de esos contenedores propició la dimisión de la jefa del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad de Enresa, Maribel Rivera, por su negativa a firmar una adjudicación que se lanzó a finales del año pasado, cuando todavía se suponía, al menos oficialmente, que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca) iba a estar listo en los plazos previstos por Enresa y el Gobierno.

El importe máximo de licitación del contrato era de 32 millones de euros (sin incluir impuestos) y de 38,72 millones, impuestos incluidos. El contrato, tal y como adelantó el diario.es, ha sido adjudicado este mes a Equipos Nucleares (ENSA), otra empresa estatal que, como Enresa, está en la órbita de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Enresa atribuyó la dimisión de Rivera a “razones personales”, aunque en el sector se cuestionó la oportunidad de la adjudicación dado que, con el ATC retrasado ante las dudas del regulador nuclear y sin fecha de finalización, adquirir contenedores de este tipo (se trata de unidades de “doble propósito”, que se utilizan para dos funciones, almacenamiento y transporte de residuos) podría carecer de sentido. Sobre todo para transportar residuos.

Además, en el mercado existen otros proveedores capaces de proporcionar ese material a un precio muy inferior, como la estadounidense Holtec (que ofrece contenedores tres veces más baratos), la francesa Areva o la alemana GNS.
Algunas fuentes atribuyeron la decisión de adjudicar a ENSA a un empeño del vicepresidente de la SEPI, Federico Ferrer, que tiene cierta experiencia en el sector como exconsejero de Enusa, otra empresa del ámbito nuclear perteneciente al holding público.

La plataforma recuerda en su escrito la sucesión de acontecimientos que ha vivido Enresa en los últimos meses: los contratos adjudicados a Iberinco, filial de Iberdrola de la que es consejero el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro; la auditoría que detectó posible “ enriquecimiento injusto” de Gil-Ortega con sus gastos de representación; la caída de varios directivos y la dimisión, en febrero, del ex alcalde de Ciudad Real.

La caída de Gil-Ortega, oficialmente por “razones personales”, fue atribuida a sus prisas por adjudicar la obra civil del ATC (217 millones, sin contar IVA) sin los permisos necesarios del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras instancias, para el almacén nuclear.

El sustituto de Gil-Ortega, que hasta su nombramiento era directivo de Paradores de Turismo, es de absoluta confianza del ministro que tutela Enresa, José Manuel Soria. Ambos fueron compañeros de promoción.

La denuncia se ha presentado en la víspera de la jornada de reflexión. El programa electoral de la presidenta castellano-manchega y candidata del PP en las próximas elecciones, presentado in extremis este viernes, no contiene ninguna alusión al polémico almacén, una de las banderas de Cospedal para la legislatura que ahora se agota y que la secretaria general del PP se empeñó en adjudicar a Villar de Cañas pese a que era la peor candidata desde el punto de vista geológico.

Fuente: eldiario.es

Quieren cerrar Garoña, pero no saben como venderlo.

Un  escrito, que venía a aclarar las dudas manifestadas al CSN por Nuclenor en comunicaciones anteriores,  no deja lugar a dudas e indica que han de ejecutarse los trabajos y estar probada su efectividad para que los técnicos  del CSN los evalúen, y con los resultados de las pruebas, emitan el preceptivo informe.

La decisión de si se ejecutan o no estas inversiones, que podrían superar los 100 millones de euros, se espera que se adopte en un próximo Consejo de Administración de Nuclenor, que se baraja para junio, aunque también podría dilatarse en el tiempo.garoña

La situación de la central nuclear de Santa María de Garoña dio un giro de 180 grados hace pocas semanas. Fue entonces cuando el Consejo de Seguridad Nuclear comunicó a sus propietarios por escrito que deberán materializar inversiones millonarias en la planta antes de que los técnicos de este organismo emitan un informe sobre la autorización de explotación hasta 2031, solicitada hace ahora un año.

 Según ha podido saber DB de fuentes del sector, el CSN marca a Nuclenor un calendario de inspecciones de las inversiones que se extiende hasta el próximo mes de diciembre, fecha en la que estaría prevista la emisión del informe técnico (justo antes de las elecciones Generales de 2016).

De atender a las exigencias del CSN, Nuclenor deberá  realizar inversiones millonarias que podrían caer en saco roto si las próximas elecciones generales traen un cambio de gobierno, dado que todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, salvo el PP, están en contra de la  puesta en funcionamiento del reactor nuclear del Valle de Tobalina. Así lo han reiterado en numerosas ocasiones e incluso sellado en un pacto tanto a nivel nacional como regional.

 Así pues, un informe favorable del CSN podría verse convertido en papel mojado, dado que es preceptivo, pero no vinculante, y el nuevo gobierno de turno podría denegar la solicitud de autorización de explotación hasta el año 2031 de Nuclenor, como ya sucedió en 2009.

 La exigencia que ahora plantea el CSN es diferente a la que tuvo en junio 2009 con Garoña cuando le dio un informe favorable a su funcionamiento hasta 2019. Entonces concedió a Nuclenor diferentes plazos para ejecutar las importantes modificaciones de diseño que le exigía. En unos casos, el plazo se extendía hasta la parada de recarga del año 2011 y en otros, hasta la de 2013, de tal modo que la empresa no realizó un gran desembolso económico antes de conocer el dictamen técnico del CSN. A las pocas semanas, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero desoyó aquel informe, que indicaba que Garoña se encontraba en condiciones de seguridad adecuadas para seguir operando hasta 2019, limitó la autorización de explotación de Garoña a cuatro años y fijó su cese definitivo en julio de 2013. Además de ello, la Orden del Ministerio de Industria emitida al efecto prohibió a Nuclenor llevar a cabo en Garoña las importantes inversiones que el CSN le había exigido para su funcionamiento hasta 2019. De ahí que aún no se hayan materializado.

 Tras la modificación del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radioactivas, y en contra de la Orden Ministerial de cierre, Nuclenor tuvo oportunidad de pedir la renovación de su autorización de explotación. Lo hizo en mayo del pasado año y el 30 de julio, el pleno del CSN emitió una Instrucción Técnica Complementaria, en la que reclamaba a Nuclenor hasta 22 «requisitos adicionales asociados a la solicitud de renovación de la autorización de explotación».

 En aquella instrucción se indicaba en numerosos epígrafes que los trabajos debían estar completados «antes de la carga de combustible» en el reactor y, por tanto, antes de la puesta en funcionamiento de la planta, pero en ningún lugar se indicaba que fueran preceptivos para que el propio CSN emitiera su informe. En el caso de las modificaciones de diseño identificadas en 2009 y que ahora volvían a exigirse, el CSN indicó que «deberán ser apreciadas favorablemente por el CSN previamente a su entrada en servicio».

 Parecía claro que el arranque del reactor de la planta estaba supeditado a las inversiones, pero no así el informe del CSN. Además de todo ello, Nuclenor tiene pendiente la resolución del recurso interpuesto ante la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de imponerle en julio de 2014 una multa de 18,4 millones de euros por detener su reactor en diciembre de 2012 «sin autorización», así como el recurso contra la decisión de la Confederación Hidrográfica del Ebro de exigirle medidas que refuercen la refrigeración del agua que toma del río Ebro.

Fuente: DB

Ex-alto cargo de la Junta de Castilla y León se lleva el dinero que sacó de los parques eólicos a Polonia

Un ex-alto funcionario de la Consejeria de Economía de Castilla y León levanta edificios de lujo en Polonia

Varsovia es Madrid en 2005. Las grúas compiten entre sí para ver quien construye el rascacielos más alto y la ciudad vive un frenesí económico de difícil comparación en Europa. Es el sitio perfecto para un constructor español, la ciudad ideal para quien quiera invertir en el ladrillo.esgueva

Al sur de la ciudad, en el barrio de Mokotov, cerca del aeropuerto, las multinacionales necesitan espacio. Entre las grandes avenidas surgen edificios en construcción. Aquello es una ciudad de negocios del dueño de Ikea, más allá hay un centro comercial valorado en 500 millones de euros, y esos dos lujosos edificios acristalados en los que aún se mueven obreros son obra Kronos Capital, como muestran las banderas rojas que hay en la parte trasera. Bajo ese nombre internacional está Alberto Esgueva, ex alto cargo de la Junta de Castilla y León al que la Agencia Tributaria ha señalado como el mayor beneficiado de la trama eólica de la comunidad. Esgueva, que solo de Iberdrola recibió 47,1 millones de euros, lleva en Polonia una nueva y respetable vida de lujo.

 

“El Ambassador es un edificio clase A, uno de los mejores del submercado de Mokotov. Han construido arquitectos con experiencia y constructores reputados en sus proyectos por lo que la calidad de sus edificios es muy alta”, explica Godzisz Mietek, el responsable de Hines en Polonia. Se trata de una enorme inmobiliaria nacida en EE UU. La empresa compró sin conocer nada del pasado de Esgueva dos inmuebles.

Esgueva fue entre 2004 y 2006 consejero delegado de la empresa pública Excal, encargada de ayudar a internacionalizar empresas y dependiente de la Agencia de Desarrollo Económico (ADE) de la Consejería de Economía, la que aprobaba los parques eólicos.

Fue con Excal como Esgueva llegó hace una década a Polonia. La empresa pública alquiló una pequeña oficina para asesorar a las empresas castellanas.

En 2006, cuando dejó el cargo público de forma sorpresiva, Esgueva anunció que volvía a la empresa familiar, especializada en embalajes de cartón y llamada San Cayetano (patrón del trabajo). Pero pronto se fue a Polonia de promotor inmobiliario.

Lo hizo junto a Germán Martín Giraldo, con el compartía la sociedad Cronos Global. Entre 2006 y 2013, esta envió al exterior 98 millones de euros “fundamentalmente con destino a Polonia y, en menor medida, hacia Estados Unidos”, según la Agencia Tributaria.

Según la Agencia Tributaria, solo Iberdrola dio a Esgueva 47,1 millones de euros “sin motivos económicos válidos” en una operación en la que él había puesto 24.400 euros, algo que la inspección de Hacienda considera “a todas luces inverosímil”. En otra de las operaciones denunciadas recibió 7,895 millones a través de otra de sus firmas, Cronos Global, de la eléctrica Preneal a cambio de 153.453 euros.

Según la denuncia de Hacienda a Anticorrupción, la Junta de Castilla y León, del PP, solo aprobaba los parques cuando las eléctricas daban entrada en el capital a Esgueva o a empresarios locales afines. Algunos parques eólicos cuyos trámites llevaba años paralizados, eran aprobados solo días después de que Esgueva entrase en el negocio.

Esgueva tenía dinero, mucho dinero, y Polonia era perfecto para invertirlo: discreto, alejado, civilizado y creciendo. Aunque algunos empresarios españoles quisieron replicar el modelo de la burbuja y se estrellaron —los polacos del sector inmobiliario aún se ríen de los 102 millones que pagó la valenciana Lubasa por un solar en Varsovia que ahora es propiedad de una empresa eslovaca—, Esgueva no se movió mal. Cambió una letra al nombre de la empresa y fundó Kronos Global en un local de dos plantas en el distrito financiero. Sobre el antiguo gueto de Varsovia hoy en una mañana es una sucesión de coches de lujo: Porsches, BMWs, Audis…

Compró suelo en Mokotov y contrató un conocido arquitecto de Polonia: Andrzej Choldzynski. “Como no conocían el lugar optaron por ofrecer mucha calidad, fueron listos”, explica un polaco que conoce el sector. El resultado fue un edificio con cristales curvos oscuros y mucho diseño que fue terminado en marzo de 2013. Sus siete plantas de oficinas se llenaron en unos meses e incluyen un par de embajadas, las que le dan el nombre. En julio de 2014, Kronos vendió el edificio a Hines.

Todo iba rodado. Esgueva ya era entonces un personaje en la comunidad española en Varsovia. Tenía su apartamento de lujo frente al restaurante español Casa Pablo, donde veía el fútbol, acudía a las recepciones de la embajada y daba charlas. Entiende el polaco aunque no lo habla. Se maneja bien en inglés y con eso basta.

“Todo lo que hemos leído nos sorprende mucho. Aquí es un personaje muy respetado. Tenía las ideas muy claras: venía a promover edificios y no quería quedárselos, sino vender rápidamente”, explica un directivo español en Varsovia que pide el anonimato. En una comunidad pequeña todos se conocen y no quieren enfrentamientos. Hay fotos de Esgueva junto al embajador tomando vino amigablemente en una recepción del 12 de Octubre.

Esgueva, un tipo menudo, de unos 50 años, amenizaba las cenas con chistes y con historias de cuando viajaba a México o Sudáfrica a vender los paquetes de la empresa familiar, hoy en concurso de acreedores. Otras veces habla de sus vacaciones en Cuba. “Llevaba un reloj suizo azul de unos 10.000 euros pero no lo exhibía. Eso es lo normal en este negocio. Era bastante caótico para negociar”, cuenta uno de los que trató con él.

Con Ambassador vendido, Esgueva tiene avanzado ya con su segundo proyecto. En el solar de al lado promueve Pacific, del estudio español de arquitectos Lamela. Se trata de un edificio de nuevo de diseño, de doble cristal negro que debe dar una imagen espectacular en las tristes noches polacas cuando está iluminado desde el interior. El estudio Lamela, que tiene oficinas en Varsovia, no ha querido hablar para este reportaje.

No era la primera vez que Esgueva, su socio Germán Martín Giraldo y el estudio Lamela se cruzaban. Años antes, cuando Esgueva era un alto cargo de ADE en Castilla y León encargaron a Lamela un edificio en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para centralizar los servicios. A 2.600 kilómetros de Varsovia, Lamela proyectó allí un edificio similar.

El de Arroyo es conocido como La Perla Negra, por su color y por el pelotazo que supuso para sus constructores en mitad de la nada. El constructor fue Martín Giraldo y Esgueva era alto cargo del organismo que lo encargó. Ambos son ahora socios y ambos están imputados junto a una veintena de altos cargos en un juzgado de Valladolid que investiga la operación.

En diciembre pasado, con la Agencia Tributaria pisándole los talones, Esgueva comenzó negociar la venta de su segundo edificio en Polonia y del solar que aún tiene en el que iba otro inmueble. Era un movimiento extraño porque estaba pendiente de que la multinacional Nestlé terminara la mudanza a ese edificio y tener un inquilino así eleva el precio en el mercado inmobiliario.

Pero Esgueva ya tenía prisa. Por los que habían declarado ante el instructor de Valladolid que tiraba del hilo e las comisiones eólicas podía intuir que pronto saldría del anonimato. “Estaba muy nervioso y quería acelerar la venta”, cuenta una persona que trabajó con él.

Por poco pero no se le torció. Vendió dos días después de que este diario publicara la denuncia de la Agencia Tributaria a Anticorrupción sobre una trama que había cobrado más de 100 millones por permisos para parques eólicos y enmudeció. Este diario ha intentado localizarlo pero se niega a contestar. Se ha vuelto desconfiado. Ni responde a las llamadas aunque procedan de un móvil polaco. Aparece solo ocasionalmente por su oficina. “Nunca sabemos cuándo va a venir”, cuenta Wlodzimierz Edmund Gurnik, uno de los empleados. Su proyecto para construir viviendas sigue en el aire.

Uno de sus socios le defiende: “Él dice que todo lo que se ha publicado es mentira y que ya se defenderá pero su abogado le ha dicho que no hable hasta que no conozca el informe de la Agencia Tributaria. Lo que ha levantado no es humo. Ha trabajado muy duro y los edificios están ahí”. A otros les ha dicho que todo es un movimiento de los partidos de izquierda para derrocar al Gobierno popular de Castilla y León en las elecciones.

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Otro de sus conocidos está extrañado: “Lo que he leído me sorprende mucho. Aquí era un empresario ejemplar. Pensé que tenía dinero por su familia. Es como si hubiera montado una nueva vida y ahora le alcanzara su pasado”. El viento que mueve los molinos en Castilla y León ha llegado a Varsovia. Ha tardado pero ya sopla cerca de Esgueva.

Fuente: elpais.com