La industria nuclear juega al victimismo sabiendo que tienen perdida su batalla mediatica.

La comunicación sobre residuos radiactivos debe tener en cuenta la emotividad, según expertos del sector nuclear

La emotividad es un aspecto a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una estrategia de comunicación sobre residuos radiactivos, según han coincidido varios expertos del sector nuclear, en el XVII Seminario Internacional de Ciencia, Periodismo y Medio Ambiente (SIPMA) de Enresa, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

Así, el exdirector general de la Organización Central de Residuos Radiactivos (COVRA) de los Países Bajos Hans Codée ha señalado que en la comunicación sobre aspectos nucleares hay que incluir datos no técnicos, ya que “los sentimientos son importantes, sobre todo, si son positivos”.

En este sentido, ha apuntado que los ambientalistas incluyen las emociones en sus mensajes y que tienen herramientas “poderosas”.

Por su parte, el director del Centro de Almacenamiento de residuos radiactivos de L’Aube (Francia), Patrice Torres, ha indicado que los temas relacionados con la radiactividad

“no interesan a nadie y es muy complejo debatirlos sin que la emoción esté antes que el raciocinio”.

Asimismo, ha destacado que el objetivo de ello es no generar miedo y que el máximo de personas pueda hablar de estos temas. “Comunicar de buena manera en el ámbito nuclear es un verdadero reto”, ha señalado el alcalde de Soulaines (Francia), Philippe Dallemagne.

En este sentido, la directora del Centro de Almacenamiento de El Cabril, Eva Noguero, ha subrayado

la dificultad de que su actividad sea aceptada si no se habla de ella, por lo que uno de los objetivos de Enresa es comunicar su misión de forma entendible, pensando en el colectivo al que se dirige, mediante visitas a la instalación, talleres educativos, unidades didácticas y jornadas con los medios de comunicación, instituciones y profesores.

Fuente: teinteresa.es

¿Ha sido mister fracking el peor ministro de la historia para España ? Gobierno baraja cinco maniobras a la desesperada para salvar el almacén nuclear

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La declaración de zona protegida de la zona del ATC por parte de Castilla-La Mancha prácticamente bloquea la Declaración de Impacto Ambiental

Recurrir al Tribunal Constitucional o declarar la obra de interés público, entre las escasas alternativas que tiene el Ejecutivo

La decisión de ampliar una zona de especial protección medio ambiental para bloquear la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) por parte del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, ha puesto muy cuesta arriba la intención del Gobierno central de iniciar la construcción del polémico silo antes de que acabe esta legislatura para que entre en funcionamiento a finales de 2017.

La primera consecuencia de la decisión de Page, investido presidente en julio con los votos de Podemos tras anunciar su rechazo explícito a la instalación del basurero nuclear, es, según fuentes jurídicas, el bloqueo de la continuación del trámite para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del ATC que debe expedir el Ministerio de Medio Ambiente.

Las fuentes consultadas creen que, a dos meses de las elecciones, el Gobierno central apenas tiene margen para dejar atada la que iba a ser la mayor infraestructura pública de esta legislatura, que en teoría debería estar en funcionamiento a finales de 2017.

El primer gran escollo, el informe favorable sobre el impacto radiológico de la instalación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), quedó salvado el pasado julio entre acusaciones de politización del organismo que preside el exsecretario de Estado. Pero, tras la derrota de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, la DIA es otra cosa. En su última comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, el pasado 29 de septiembre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, reconoció el “impacto” de la iniciativa del Gobierno de García-Page sobre este permiso: “Introduce un elemento de incertidumbre” que todavía no se ha “despejado”, dijo Nadal, que no dudó en acusar a Page del “freno” en la presentación del VII Plan general de residuos radiactivos, un trámite que Industria tiene pendiente desde 2013.

El secretario de Estado prometió hacer uso “de los medios legales que tengamos” para desbloquear el proyecto. Pero, según fuentes jurídicas, sus posibilidades de éxito son escasas. Estas son las opciones que baraja el equipo legal del Ministerio de Industria.

1) Declarar el proyecto de interés público

En la comparecencia de Nadal, el portavoz del PSOE, José Segura, le preguntó por qué el Gobierno no ha declarado obra de interés general el ATC. No obtuvo respuesta. El Ejecutivo podría acogerse al artículo 45.5 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que permite realizar, “a falta de soluciones alternativas” una determinada actuación en una zona protegida “por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica”.

Pero esta medida sólo puede adoptarse mediante una ley, por acuerdo (motivado y público) del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Y plantea dudas jurídicas. Además de requerir medidas compensatorias, el Gobierno tendría que justificar que carece de alternativas a Villar de Cañas. Y las tiene: el municipio conquense, el peor colocado en la última criba de candidatos desde el punto de vista geológico, fue seleccionado nada más llegar al poder Mariano Rajoy, en una decisión política atribuida a la entonces presidenta castellano-manchega, Cospedal.

Había otros siete posibles emplazamientos propuestos en 2010 por una Comisión Interministerial creada al efecto: Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgas de Arriba y Santervás de Campos (ambos de Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Yebra (Guadalajara), Zarra (Valencia) y Congosto de Valdivia (Palencia).

2) Impugnar en el Tribunal Constitucional

Impugnar directamente el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta ante esa instancia suspendería automáticamente su eficacia, pero el Constitucional tendría que ratificar esa suspensión en un plazo de cinco meses. Y podría revocarla, con el argumento de García-Page ha ejercido sus competencias para bloquear la decisión del Ejecutivo central.

3) Presentar un recurso contencioso-administrativo

El Gobierno central podría recurrir el acuerdo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha alegando, por ejemplo, que adolece de lo que en jerga jurídica se conoce como “desviación de poder” (cuando una Administración persigue una finalidad privada o un propósito inconfesable, extraño a cualquier defensa de los intereses generales). Sin embargo, no tendría efecto inmediato: su resultado sería incierto y tardaría años en resolverse.

4) Alegaciones de Enresa contra el acuerdo

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), encargada de la construcción del silo nuclear y tutelada por el Ministerio de Industria, también podría presentar alegaciones en contra del acuerdo del Gobierno manchego. Pero es muy improbable que prosperasen.

5) Cambiar ex profeso la normativa medioambiental

Otra opción sería modificar la normativa sobre biodiversidad a golpe de Real Decreto-Ley, una fórmula de la que el Gobierno Rajoy ha abusado por doquier durante esta legislatura. Pero requeriría un análisis jurídico muy exhaustivo para que tuviera encaje con la normativa comunitaria. Y el tiempo se agota. En su reciente comparecencia, el secretario de Estado de Energía pidió que se “se despeje cuanto antes” la incertidumbre sobre la puesta en funcionamiento del ATC y “que no se produzcan retrasos” en su puesta en marcha. Esta, dijo, se producirá “sin ninguna duda”. Está por ver dónde y cuándo.

Fuente: eldiario.es

¿Donde se almacenarán los residuos radioactivos del fracking?

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El almacén del Cabril no tiene espacio para almacenar los residuos radioactivos que generaria el fracking, si finalmente la Junta de Castilla y León no legisla para impedirlo, dispone de 29 cámaras, tiene ocupado el 72% del aforo de residuos de baja y media actividad y el 7% de muy baja

El Cabril confía en tener operativa la celda 30 en el primer trimestre de 2016

El centro de almacenamiento de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril, ubicado en el término municipal de Hornachuelos, espera tener operativa la denominada celda 30 en el primer trimestre de 2016. La directora de la infraestructura, Eva Noguero, explicó que actualmente el centro tiene un volumen de ocupación del 72% del aforo total para residuos de baja y media actividad y de un 7% en los residuos de muy baja actividad.

Recordó que en octubre de 2008, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, se comenzó la explotación de la primera de otras cuatro nuevas celdas, que se suman a las 28 con las que ya contaba, para albergar residuos de muy baja intensidad. Noguero explicó que la celda número 30 tiene acabada la parte de obra civil y la cubierta de la zona de operaciones va a estar finalizada en una semana y quieren “que esté operativa en el primer trimestre de 2016”. En esa fecha, por tanto, 33.000 metros cúbicos estarán listos para almacenar residuos procedentes de industria, centrales o centros hospitalarios.

Dentro de ese plan de cuatro nuevas estructuras de almacenamiento, la celda número 29, con la misma capacidad, ya está operativa y cuenta con un 22% de su capacidad ocupada. En total, las cuatro nuevas celdas podrán albergar 130.000 metros cúbicos más de residuos de muy baja actividad, que se suman a la capacidad de las 28 celdas existentes que albergan residuos de media y baja actividad.

Respecto a la ampliación de vida en diez años más de las centrales nucleares españolas, si finalmente el Ministerio de Industria aprobase el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos y lo contemplase, “habría que valorar la capacidad y la generación de residuos y ver si El Cabril podría albergar más de su capacidad actual, porque cuenta con la capacitación técnica para adaptarse a nuevas situaciones”.

Actualmente, se está trabajando en el inventario de residuos nucleares que hay en España y en su tipología que junto a los proyectos de reducción de volumen y a las técnicas de reducción de los residuos, serán los indicadores que marquen el espacio que el país necesita para albergarlos, según la producción nuclear que oscila en torno al 20% de la producción energética del país.

En cuanto a las críticas sobre los residuos, Noguero, licenciada en Química y que lleva en El Cabril desde 1991, resaltó que están “sometidos a una regulación muy estricta” y tienen “más de una decena de inspecciones anuales solo del Consejo de Seguridad Nuclear sobre todos los aspectos relativos a la protección radiológica”. Además, el departamento interno de Garantía de Calidad de El Cabril y el de Enresa también vigilan de manera permanente las instalaciones.

“Hemos conseguido normalizar las relaciones con los municipios del entorno y ha sido fundamental la transparencia; cualquier vecino puede visitar las instalaciones y ver el proceso que realizamos”, explicó la directora, quien resaltó que en más de 20 años de trabajo “no ha habido ningún accidente en el centro que haya implicado riesgo radiológico para el entorno”. El Cabril cuenta con una plantilla de 123 personas, además de otras 100 personas empleadas en funciones auxiliares, el 80% del cual es personal de municipios del entorno.

Fuente: eldiadecordoba.es