Fin definitivo al almacén nuclear de Cuenca, fin a una política energética caótica.

senal_atc-Villar de CañasFracasa el intento de Rajoy de paralizar la protección ambiental de la zona próxima al almacén nuclear de Cuenca.

La justicia ha desestimado las medidas cautelares pedidas por el Gobierno central para que se suspendiera el acuerdo de la Junta que amplió la zona protegida de El Hito

En el auto, el Tribunal hace primar los daños ambientales por encima de los económicos esgrimidos por el Ejecutivo del PP

Nuevo golpe de timón en la polémica en torno a la construcción del futuro almacén centralizado de residuos nucleares (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado la solicitud presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy que pedía la suspensión del acuerdo de la Junta por el que se amplió el espacio protegido Red Natura 2000 en la Laguna de El Hito, próxima al futuro cementerio nuclear. Con ella, el Gobierno castellano-manchego quiere impedir la construcción del mismo.

El auto resuelve únicamente la petición de medida cautelar pedida por el Gobierno central, y rechaza la suspensión solicitada, a expensas de la tramitación completa del proceso contencioso-administrativo y su terminación por sentencia. La resolución no es firme y contra la misma la Administración del Estado puede interponer recuso de reposición.

Uno de los argumentos del tribunal para rechazar estas medidas cautelares es que las razones aducidas por el Gobierno central, basadas en que la construcción del ATC supone “disminuir los riesgos respecto del sistema actual”, se deben realizar mediante “otros mecanismos legales”. Se refiere con ello a la declaración de interés público del proyecto con el que ya ha amenazado el Ministerio de Industria en alguna ocasión, y que parece poco probable estando ya en funciones. De hecho, el tribunal basa esta reflexión en un informe de la Dirección General de Política Energética y Minas sobre las medidas a adoptar en estos casos.

También explica que la “premura” que impulsa la solicitud del Gobierno de Rajoy de que se suspenda el acuerdo de la Junta, se presenta con base “fundamentalmente económica” cuando, añade, los daños económicos pueden ser “reparados en el futuro” mientras que los ambientales –los que aduce el Gobierno castellano-manchega para ampliar la protección natural de la zona- pueden “tener carácter irreparable”.

La ampliación de la Red Natura que busca el final del basurero nuclear

La Junta adoptó esta medida a finales de julio, semanas después de tomar posesión Emiliano García-Page, con el objetivo de impedir la construcción del almacén nuclear en Villar de Cañas. La decisión se ejecutó tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre el ATC.  Ampliar una zona protegida próxima a los terrenos de construcción fue la vía utilizada. Concretamente, el Consejo de Gobierno aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito.

De esta forma, el área protegida pasará de tener 1.000 a 25.000 hectáreas, lo que prohibirá que puedan realizarse en esa zona acciones que “supongan una transformación sensible” de la realidad biológica del entorno. Es decir, impediría continuar con el proceso de construcción del basurero nuclear. La Junta ya advirtió entonces de que el Gobierno central no podría “echarlo atrás” ya que esta medida ha contado con el visto bueno de la Comisión Europea. Solo la declaración del ATC como de interés nacional podría frenar la medida, algo que desde la Junta han descartado casi desde el principio y que ahora parece menos probable por estar el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones.

Fuente:eldiario.es

Los pueblos nucleares votan PP, los del carbón prefieren al PSOE

En Garoña quieren que reabra la central nuclear y en Villar de Cañas que se construya, de una vez, el basurero nuclear. Así que todos (o casi todos) a votar al PP, garante de estos proyectos. Pero, ¿qué pasa en Puertollano, donde el actual Gobierno ha dejado caer Elcogás? Pues que los electores municipales se han cargado al PP y han optado por el PSOE. También en Mieres, municipio del carbón cabreado con Rajoy, el partido de Pedro Sánchez se ha hecho con el bastón de mando.

El kilovatio atrae muchos votos y muchos odios. Sobre todo a nivel municipal y en tiempos electorales. Nuclear sí, nuclear no; qué gran (y ficticio) debate, convertido en galimatías que sólo conviene a los partidos mayoritarios a la hora de arañar unos votos.

El caso es que en Villar de Cañas no quieren dejar escapar la oportunidad de albergar en su término municipal el basurero nuclear. Los habitantes del pueblo conquense han dado una aplastante mayoría absoluta al PP (63,4%) por defender el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, informa elperiodicodelaenergia.com.

El castigo al PSOE ha sido histórico (59 votos frente a los 177 obtenidos por el partido de Cospedal). Los habitantes del pueblo han penalizado la actitud del Ejecutivo regional que ahora lidera Emiliano García-Page, que se ha opuesto frontalmente a la construcción del cementerio nuclear, y se han entregado sin ambages al partido de los dos grandes valedores del proyecto, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y José Manuel Soria, todavía ministro de Industria.

También el uranio atrae votos en Burgos. Los habitantes de Santa María de Garoña, el pueblo a orillas del Ebro en el que la central nuclear del mismo nombre sigue en pie, pero parada, los votantes han seguido apostando por el PP, que ya gobernaba.

Los ciudadanos del municipio del norte de Burgos, al igual que los de Villar de Cañas, quieren que el negocio nuclear siga generando empleos y actividad económica. Es por eso que se han decantado por el PP.

Pero claro, basta dar un pequeño salto dentro de la propia Castilla-La Mancha para comprobar cómo cambian las tornas. El Gobierno ha dejado caer la central térmica de Elcogas y la voz del pueblo de Puertollano ha hablado. El PP gobernaba con un 47,5% de los votos, pero el PSOE, que por sus obvias herencias ideológicas tradicionalmente defiende el carbón, se ha convertido en la fuerza más votada, con un 36,4% de los sufragios, mientras el PP se ha hundido hasta el 27,5%.

Los caladeros de votos del carbón siguen respaldando al partido de Pedro Sánchez. Mieres (Asturias) ha dado la espalda al PP y se ha decantado por PSOE y Podemos. También en Villablino (León), el partido del insigne leonés ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido el más votado.

El PP ha pagado en las urnas su política, impuesta por Bruselas, de retirada progresiva de las ayudas al carbón.

Fuente: vozpopuli.com

El PP es el único partido que está a favor del fracking , del almacén nuclear y del ‘impuesto al sol’

Todas las formaciones salvo el PP quieren prohibir que se corte la luz a las familias sin recursos. El cierre de las centrales nucleares está incluido en los programas del PSOE, IU y Podemos, que también plantea un cierre paulatino de las minas de carbón.

OPCIONES CADA PARTIDO

Podemos

1.- Creación de un Plan Nacional de Transición Energética que movilice la inversión público-privada en eficiencia energética y energías verdes en un 1,5% anual del Producto Interior Bruto (PIB) durante un periodo de veinte años. Costará 16.000 millones, 4.000 de ellos procedentes de las arcas públicas, y servirá para crear 300.000 empleos, en su mayoría en la rehabilitación de edificios.

2.-Impulso de un Plan Nacional de Ahorro Energético y de un Plan Nacional de Energías Renovables.

Todos excepto el PP plantean una nueva política energética

3.- Adopción progresiva de una energía 100% renovable en todas las dependencias de la Administración Pública.

4.- Modificación del marco regulatorio para que todas las fuentes de energía reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción. Las fuentes de menor impacto ambiental tendrán ventajas competitivas, y perderán ventajas las centrales nucleares e hidroeléctricas.

5.- Diseño de una propuesta comunitaria alternativa a la actual Estrategia Energética de la Comisión Europea, que evite la promoción del gas natural, la construcción de infraestructuras gasísticas como eje energético de la Unión Europea

6.- Incorporación a la Constitución del derecho humano al agua como un derecho subjetivo y el derecho de acceso a los recursos energéticos como parte de los derechos habitacionales básicos.

7.- Garantía por ley del acceso a un suministro mínimo en el domicilio habitual mediante ley orgánica.

7.- Derogación del Real Decreto 900 / 2015, de 9 de octubre, y aprobación de una normativa que permita el desarrollo del autoconsumo eléctrico, para establecer una normativa que no establezca imposiciones para la energía autogenerada.

8.- Impulso de las infraestructuras verdes (redes de transporte colectivo, transporte ferroviario, eficiencia en el uso del agua, reforestación, etcétera) y los planes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) específicamente diseñados para el desarrollo de tecnologías verdes.

9.- Recuperación por parte del Estado de la gestión de centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen. De su gestión se encargarán las confederaciones hidrográficas, el Ministerio de Medio Ambiente y el operador del sistema.

10.- Cierre paulatino de las centrales de carbón y nucleares. No se prorrogará el permiso de funcionamiento de las últimas, por lo que España se declararía libre de energía nuclear en 2024, tras el cierre de Garoña. Se garantizará la progresiva recolocación de los trabajadores afectados por estos cambios.

PSOE

1.- Recuperar las políticas de cambio climático, aprobar una ley que establezca objetivos y su actualización, impulse la seguridad y la prosperidad, impulsar el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, aplicar estrategias de adaptación que favorezcan soluciones basadas en ecosistemas e infraestructuras verdes.

2.- Se encomendará al Banco de España la elaboración de un informe sobre la exposición de la economía y el sector financiero a riesgos climáticos y de carbono y realizaremos una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2 del país, que remitiremos anualmente al Parlamento para impulsar la transparencia e incorporar a todos los planes de inversión e infraestructuras informes preceptivos sobre intensidad de carbono y resiliencia a los efectos del cambio climático.

3.- Impulsar la educación ambiental apostando por la formación y la investigación que permita el avance de las enormes posibilidades de desarrollo que ofrece la llamada economía verde.

4.- Los ejes principales serán la eficiencia energética, la electrificación equilibrada en todo el territorio nacional, y las energías renovables, reduciendo la presencia de combustibles fósiles, restringiendo las autorizaciones de nuevas prospecciones de gas y petróleo y prohibiendo el empleo de las técnicas de fractura hidráulica.

5.- Revisaremos la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas e implantaremos un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña, que culminará en la fecha límite del 2028, de tal manera que podrá abordarse el gran salto hacia el nuevo modelo a lo largo de la próxima década. En este mismo contexto, adoptaremos las decisiones sobre las instalaciones nucleares, incluidas las relativas al almacenamiento de residuos, garantizando la solvencia de los criterios técnicos y la seguridad.

Activistas de Greenpeace despliegan una pancarta contra el "impuesto al sol" en el Ministerio de Industria. -E.P

Activistas de Greenpeace despliegan una pancarta contra el ‘impuesto al sol’ en el Ministerio de Industria. / EP

 

Ciudadanos

1.- Cambio del modelo energético: apostar por una transición gradual hacia un nuevo modelo basado en las energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia, así como en un modelo de producción descentralizado. Transformar el modelo energético actual en un modelo basado en las energías renovables en el horizonte de 2050, implantando una economía no dependiente de los combustibles fósiles.

2.- Impulsar la producción de biogás a partir de residuos del sector primario. Impulsar el desarrollo y producción de biocombustibles.

3.- Mejorar la eficiencia energética de los edificios existentes. Fomentar la rehabilitación con criterios medioambientales.

4.- Fomentar la renovación del parque móvil y el impulso del vehículo eléctrico.

5.- Garantizar el suministro eléctrico: política energética que resuelva el déficit de tarifa y contribuya a la creación de un mix energético sostenible y equilibrado que garantice el suministro energético y que suponga un ahorro en empresas y consumidores.

C’s y PP abogan por el impulso del vehículo eléctrico

6.- Modificar el sistema de formación de precios para disminuir los altos costes eléctricos para pymes y familias y acabar con el déficit de tarifa.

7.- Fomentar la investigación para favorecer la eficiencia y la creación de actividades empresariales (I+D+i relacionada con las tecnologías energéticas sostenibles).

8.- Liberalización y competencia: impedir que las empresas provenientes de los antiguos monopolios continúen formando parte de un mismo grupo empresarial. Objetivos: reducción de precios, mejora de la calidad, aumento de la eficiencia.

9.- Eliminar cualquier traba al autoconsumo.

10.- No al fracking, por diversos motivos: los impactos y riesgos medioambientales, la escasez de yacimientos disponibles en nuestro territorio y la baja rentabilidad económica de las posibles explotaciones con las técnicas actuales.

11.- Fortalecer la dimensión energética en la acción exterior europea a través del diálogo de la Alta Representante fortaleciendo la Carta Europea de la Energía, en favor de la seguridad energética, la competitividad y nuestra estrategia contra el cambio climático.

12.- Potenciación del Medio Rural: fomento del empleo agrario, del turismo rural, potenciación de agricultura ecológica y desarrollo de programas de recuperación de razas autóctonas desarrolladas y adaptadas a su ambiente natural. Revisión del plan forestal y evaluación del impacto de la ley de costas. Nuevo plan hidrológico.

13.- Frente al cambio climático, incentivar la rehabilitación de edificios en el sector residencial, comercial e institucional mediante una política de desgravaciones fiscales. Fomento del uso de energías renovables. Reducir las emisiones del transporte.

Una planta fotovoltaica. EFE

IU pretende crear una empresa pública de energías renovables. En la foto, una planta fotovoltaica. / EFE

Unidad Popular – Izquierda Unida

1.- IU contempla la aprobación de un plan estratégico energético a 20 años para cambiar de modelo energético y convertir al sector en un eje principal del nuevo modelo productivo que propone la formación. El objetivo es crear un polo energético público basado en ahorro y eficiencia, fuentes limpias y distribuidas y democratización del control.

2.- Nacionalización (revertir la privatización) de empresas energéticas estratégicas como Endesa o Repsol.

3.- Crear una empresa pública de energías renovables con capital 100% público y gestión pública. Las renovables deben ser la potencia más firme mediante la hibridación de la energía solar de concentración y la eólica con las centrales de biomasa y con centrales hidráulicas reversibles. Sólo la instalación descentralizada de placas solares generaría a corto plazo, según sus cálculos, sin tener que realizar inversiones muy importantes, al menos 300.000 puestos de trabajo directos de cualificación media y media alta.

4.- Crear un organismo democrático de Planificación energética que controle, desarrolle y regule la aplicación del Plan.

5.- Creación de una Compañía de Ahorro Energético (CAE) de titularidad pública. Oposición a las centrales nucleares.

6.- Explotación unificada bajo control público de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos.

7.- Promoción de la investigación orientada a las necesidades sociales: protección del medio ambiente, energías renovables y limpias, salud laboral y ambiental.

8.- Hacer que los edificios y viviendas pasen de ser consumidores a generadores, mientras los vehículos de transporte deberán desarrollarse desde el consumo de energías fósiles al uso de energías alternativas almacenadas.

9.- En cuanto al medio ambiente, además de la producción de energías limpias, la organización apuesta por garantizar la Soberanía Alimentaria respetando el medio ambiente. Ello significa: prioridad a las producciones locales agrarias y a la calidad en la alimentación; debe regular el acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos; fomento de la agricultura y ganadería de producción ecológica; prohibir el uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la producción de alimentos; y apoyar la minería sostenible.

Partido Popular

1.- Factura, impuestos e interconexiones. Se congelará la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno y se garantizará que no se volverán a generar déficits en el sector energético. Reducción de los impuestos sobre la generación eléctrica. Impulso de las interconexiones eléctricas con los territorios no peninsulares y entre islas, así como con el resto del continente europeo, de forma que se cumpla el objetivo europeo del 10% de interconexión para 2020. Impulso de las interconexiones gasistas a fin de reforzar el mercado interior europeo de gas.

2.- Minería. Se establecerá un marco adecuado para que la minería energética competitiva sea un sector de futuro, cumpliendo con la normativa comunitaria, garantizando el marco de protección social de los trabajadores del sector y la financiación de las partidas destinadas a la reactivación de las comarcas mineras y su restauración medioambiental.

3.- Nucleares, sí. Se mantendrán las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad y se culminará la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para disminuir los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares.

4.- Se cumplirán los compromisos de España en materia de cambio climático, y se seguirán potenciando la penetración de las energías renovables en el mix energético, especialmente en las islas, donde su coste es menor que las tecnologías convencionales. Se establecerá la exención del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica a las nuevas instalaciones de energías renovables que se introduzcan en el sistema sin subvención y se reducirán las cargas administrativas y los plazos en la tramitación de procedimientos administrativos.

5. Coste energético. Inversión a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y otros mecanismos de más de 1.800 millones de euros en los próximos cuatro años para cumplir con los objetivos de ahorro energético en 2020. Ampliación de subvenciones disponibles que permitan la disminución de costes energéticos para las familias y adopción de un plan de eficiencia en todos los edificios públicos de la Administración General del Estado. Impulso al vehículo impulsado con energías alternativas, la mejora de los consumos en el transporte por carretera, el aumento del peso del transporte ferroviario eficiente y un plan de actuación específico para mejorar la eficiencia en las infraestructuras ferroviarias.

6. Consumidores vulnerables. Se culminará el despliegue de contadores inteligentes para el 2018 y se impulsarán medidas para facilitar que el consumidor disponga de la información de sus consumos en tiempo real por medios electrónicos y de herramientas para que pueda gestionar mejor su energía. Se reforzará la protección del bono social garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad. En concurso con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y abierto a la participación de empresas y la sociedad en su conjunto, se impulsará la creación de fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión.

7. Lucha contra el cambio climático. Hoja de Ruta horizonte 2030 que establezca la estrategia para cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero y de desarrollo de políticas de energías renovables y eficiencia energética. En coordinación con esta Hoja de Ruta, participación activa y constructivamente en las políticas de energía y cambio climático que aplicará la UE en 2021-2030, así como en los procesos de negociaciones en Naciones Unidas.

8. Gestión consensuada, sostenible, estable y solidaria de los recursos hídricos. Pacto Nacional del Agua y Sistema Integral de Gestión del Agua por una gestión integrada de los recursos hídricos, que incorpore los recursos no convencionales, como el agua desalada. Culminación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.

9. Protección de nuestro patrimonio natural y de la biodiversidad. Estrategias para la conservación de flora y fauna y aplicación de la nueva Ley de Costas. Aplicación de la Estrategia de Adaptación de la Costa a los efectos del Cambio Climático. Puesta en marcha de un sistema español de información, vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica con un plan específico para reducir la contaminación derivada del ozono. Revisión de la normativa de residuos de envases y del sistema de recogida y gestión de los residuos municipales, para mejorar su eficacia (economía circular)

Fuente:  publico.es

Visitando el único almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad de España (El Cabril)

La energía nuclear no es barata. Desde luego no para el estado que deba gestionar los residuos durante miles de años. En todo caso es relativamente barata para las empresas que generan los residuos, como Endesa o Iberdrola. El almacén de Granada necesita ampliación y la industria nuclear y el gobierno pese al enorme secretismo que ha rodeado siempre el complejo de El Cabril se han lanzado a una campaña de marketing dejando entrar a diversos medios al almacen nuclear de Andalucia.

Los días 8 y 9 de octubre, a rebufo del Seminario Internacional de Ciencia, Periodismo y Medio Ambiente (#SIPMA15), que organizan Enresa, Foro Nuclear y la Universidad de Córdoba, tuvimos la oportunidad de visitar las instalaciones de El Cabril, el único almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad de España.

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A una hora aproximadamente en bus desde Córdoba, El Cabril se encuentra situado en una finca de la Sierra Albarrana, en el municipio de Hornachuelos. Los residuos se clasifican y se almacenan en contenedores de hormigón fabricados a prueba de terremotos.

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El almacén centralizado de El Cabril cuenta con dos zonas diferenciadas por funciones: la zona de edificios y la zona de almacenamiento. Las instalaciones inauguradas en 1992 cuentan con más de 1100 hectáreas de superficie, de las cuales sólo se encuentran ocupadas veinte.

El Cabril recibe anualmente unos 3.000 bidones (más de 1.000 metros cúbicos) de residuos de los que casi el 95% procede de las ocho centrales nucleares que se encuentran en producción en 2010 y el resto llega de hospitales, universidades y laboratorios de investigación públicos y privados.

Los isótopos radiactivos de residuos de media, baja y muy baja actividad tardan un máximo de 300 años en decaer a niveles de radiación natural.

Ahora mismo, El Cabril, del que es propietaria la empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), está a la mitad de su capacidad. ¿Qué ocurrirá dentro de 26 años, cuando ya no haya espacio en este cementerio nuclear a cielo abierto? En palabras de Andrés Guerra, el director: “lo que haremos será cubrirlo totalmente con tierra, sobre la que luego se plantarán árboles y matorrales propios de la zona, de forma que el paisaje no se verá afectado”.

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A pesar de las manifestaciones en contra, los controles de seguridad de El Cabril son exhaustivos, y, según estudios de 2004, las dosis máximas que recibe el personal no han superado nunca valores por encima del 5% de los límites legales. Para que nos hagamos una idea, estos valores en el acumulado anual netamente inferiores que los que recibe una persona cuando se somete a una radiografía de tórax. Incluso los pilotos y tripulación de vuelos comerciales reciben mayor dosis de radiación y, por ello, deben tomarse períodos de descanso entre un conjunto de vuelos y otros.

OTRO REPORTAJE SOBRE EL CABRIL POR DENTRO

ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), ha manifestado recientemente su propósito de construir nuevos módulos en el que es, por el momento, el único cementerio nuclear en funcionamiento en nuestro país. Se encuentra en plena sierra de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba, y acoge la basura de baja y media intensidad. La Junta ya ha expresado su rechazo, puesto que todavía tiene capacidad y no contempla autorizar la ampliación de esas instalaciones. Un equipo de Los Reporteros ha visitado El Cabril para conocer ‘in situ’ el recorrido y las condiciones en que se conservan esos desechos radiactivos.

Minuto 10:00

Fuente: xatakaciencia

El CSN silencia las críticas de los expertos sobre Garoña y el ATC hasta después del 20-D

La dirección del organismo aplaza, como pronto, hasta enero la reunión del Comité Asesor. Un órgano en el que están representados Gobierno, CCAA y ayuntamientos, pero también organizaciones ecologistas y sindicales que pretendían levantar la voz contra el cementerio nuclear de Villar de Caña, la reapertura de la central de Garoña y la guerra interna que se vive en el CSN.

Está claro que la energia nuclear, al igual que el fracking es un tema político.

La dirección del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha preferido posponer un problema y ahorrarle al Gobierno más ruido antes de las elecciones del 20 de diciembre sobre varias polémicas abiertas en torno a un tema tan sensible como la energía nuclear.

El presidente del organismo, Fernando Marti Scharfhausen, ha aplazado por dos veces la reunión del Comité Asesor del organismo y no hay fecha para su celebración. Un cónclave –en que están representados el Gobierno, CCAA, ayuntamientos, sindicatos y organizaciones ecologistas- y cuya próxima reunión se espera que sea especialmente movida, con duras críticas a la gestión del CSN sobre el cementerio nuclear de Villar de Cañas (el almacén temporal centralizado, ATC), la reapertura de la central de Garoña y por la caza de brujas emprendida dentro del organismo tras las denuncias por parte del cuerpo técnico de presiones e injerencias políticas.

Dos aplazamientos por “problemas de agenda”

El Comité Asesor –cuya misión es velar por la transparencia del CSN y hacer propuestas para mejorar la participación pública y el acceso a la información en materia nuclear- tenía previsto reunirse el pasado 12 de noviembre. Unas semanas antes del encuentro, el presidente del CSN informó a los miembros que la reunión se posponía sine díe “por problemas de agenda”. Greenpeace, uno de los miembros representados en el comité, preguntó en varias ocasiones a la dirección del CSN cuándo se convocaría la nueva reunión, y se le informó desde el organismo que podría producirse en diciembre, sin más precisiones.

La propia Greenpeace fue la que volvió a solicitar información sobre la convocatoria del encuentro, y hace dos semanas la dirección del CSN le informó de que, de nuevo “por motivos de agenda” del presidente, la reunión volvía a posponerse y que “previsiblemente” se podría celebrar en enero, según confirman a SABEMOS hasta tres fuentes conocedoras del calendario del órgano (o de la falta de él). Y es que aún ni siquiera se da por seguro que haya cita en enero, y desde luego aún no hay fecha fijada.

Fuentes del CSN consultadas por SABEMOS eludieron hacer comentarios sobre este asunto ni dar explicaciones sobre los problemas de agenda del presidente o sobre cuándo se celebrará finalmente la reunión del comité.

Garoña, ATC, guerra interna… para después del 20-D

Con el aplazamiento, el CSN, y sobre todo el Gobierno, se ahorran así más ruido sobre sus múltiples polémicas antes del 20-D. El organismo encargado de velar por la seguridad nuclear del país trabaja en el proceso de autorización del almacén nuclear de Villar de Cañas –a pesar de que el proyecto estaría paralizado por el bloqueo impuesto por la Junta de Castilla-La Mancha- y al tiempo evalúa la posible reapertura de la central nuclear de Garoña, solicitada Iberdrola y Endesa con el objetivo de que la planta opere hasta 2031 (cuando la central cumpliría 60 años).

Al tiempo, la dirección del CSN ha emprendido una caza de brujas contra los técnicos que critican las injerencias políticas, la falta de independencia del centro y su querencia por favorecer a las eléctricas. El presidente ha ordenado abrir una investigación interna para determinar el origen de esas críticas, así como el de varias informaciones comprometedoras publicadas por la prensa sobre su gestión de los expedientes de Garoña y el cementerio nuclear.

El Comité Asesor está integrado por el Gobierno, las comunidades y ayuntamientos en que hay centrales nucleares, la industria nuclear, sindicatos, ONG (Greenpeace y Ecologistas en Acción) y, en principio, también cinco expertos. Aunque la actual dirección del CSN no ha propuesto ni designado a ningún experto para que se incorpore y esos cinco asientos están vacantes desde hace cerca de un año. El Comité debe reunirse al menos una vez cada semestre. Pero su última reunión se celebró el pasado 25 de junio y el siguiente encuentro nadie sabe cuándo se producirá finalmente.

Fuente:  sabemosdigital.com

El cementerio nuclear y la central de Garoña : proyectos ‘top secret’

El CSN IMPIDE A LOS TÉCNICOS DEL CENTRO EL ACCESO A LOS ESTUDIOS Y NO FACILITA INFORMACIÓN QUE PIDEN GREENPEACE, ECOLOGISTAS Y TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

El CSN impone el secretismo en torno al almacén de residuos radioactivos de Villar de Cañas y al proceso de reapertura de Garoña. Sólo una veintena de técnicos y directivos del organismo tienen acceso a la documentación sobre el proyecto. Ni siquiera los consejeros del centro pueden disponer de los estudios libremente. Greenpeace, Ecologistas en Acción y Transparencia Internacional intentan desde hace meses conseguir información detallada sobre los expedientes, pero siempre se dan de bruces con el apagón informativo de la dirección del CSN.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) vive tiempos convulsos. El cuerpo técnico del organismo denuncia injerencias políticas, presiones de la dirección, falta de independencia y cierta querencia por favorecer a las eléctricas en un momento en que el centro tiene entre manos dos proyectos tan polémicos como delicados: la autorización del almacén de residuos radioactivos de Villar de Cañas y la reapertura de la central nuclear más vieja del país, la de Santa María de Garoña.

Y estos dos proyectos, tan especiales, tan de calado, tienen por ello una categoría especial en el tratamiento que se les da tanto puertas para dentro como de puertas para fuera del organismo. Y es que la dirección del CSN, supervisor del sector y encargado de velar por la seguridad nuclear del país, ha impuesto desde hace meses un cerrojo informativo a parte de los documentos de ambos expedientes.

Un cerrojo que afecta tanto a las organizaciones que tratan de obtener información sobre los procesos de evaluación como, incluso, al propio personal técnico del CSN y a los consejeros que integran del organismo (el órgano de cinco miembros que de forma colegiada adopta las decisiones sobre seguridad nuclear del centro).

La dirección del CSN ha restringido, desde el pasado enero, a la inmensa mayoría del personal del centro el acceso a los estudios elaborados para la autorización del almacén temporal centralizado (ATC) de basura nuclear y para la eventual reactivación de la central de Garoña que ha solicitado Nuclenor (la empresa propietaria de la planta, controlada a partes iguales por Endesa e Iberdrola).

A estos informes han dejado de tener acceso el propio cuerpo técnico del CSN e incluso los consejeros, según confirman a SABEMOS varias fuentes conocedoras de la situación. Apenas una veintena de técnicos –los directamente encargados de las evaluaciones vinculadas al ATC y Garoña- y directivos de confianza pueden disponer de estos estudios desde que se eliminó en estos dos expedientes la posibilidad de utilizar la firma digital para certificar los trabajos.

En el resto de materias en que trabaja el CSN los técnicos pueden usar la firma digital, lo que hace que los estudios se guarden en la base documental general del centro. Pero en el caso del cementerio nuclear y de Garoña el personal se ha visto obligado a volver a los informes en papel, que tras su elaboración son escaneados para digitalizarlos y son archivados en un servidor aparte, no en la base documental general.

La dirección del CSN –con su presidente Fernando Marti al frente- busca así controlar por completo la información que se hace pública sobre los dos proyectos que más rechazo despiertan. Desde el cuerpo técnico se apunta que la razón que llevó a la dirección del Consejo a aplicar estas restricciones fue la publicación en prensa del contenido de un estudio que se incluía en el expediente del ATC y que ponía en duda la calidad de los terrenos elegidos para la instalación del cementerio nuclear. Fuentes oficiales del CSN consultadas por SABEMOS prefieren no hacer comentarios sobre a las restricciones que el organismo viene aplicando desde enero.

Las dudas sobre el ATC que se guardan bajo llave

En paralelo, los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear aún están a la espera de recibir el documento que el área de geólogos del organismo elaboró, por iniciativa propia, para alertar de las “características desfavorables” de los terrenos elegidos para construir el almacén de residuos radioactivos en Villar de Cañas. Aún están a la espera… desde hace más de cuatro meses.

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Los técnicos del área de Ciencias de la Tierra (CITI) del CSN redactaron una “nota informativa” en la que expresaban sus dudas en torno a la calidad de los suelos de la parcela y avisaba de que probablemente no se habían valorado correctamente los sobrecostes que conllevaría la construcción en esa ubicación para garantizar su seguridad. El director técnico de Seguridad Nuclear del organismo, Antonio Munuera, decidió no incluir la nota informativa de los geólogos en el informe definitivo que sirvió para que el CSN informara favorablemente para la concesión de la autorización previa del cementerio nuclear (lo que, en la práctica, conllevó dar por buena la ubicación elegida para albergar el silo).

Los miembros del pleno del CSN siguen sin conocer el documento de los geólogos del organismo que alertaba de que los terrenos del cementerio nuclear no son adecuados

El documento con las dudas técnicas no sólo no se incluyó en el informe, sino que tampoco se informó de su existencia a los cinco miembros del pleno del CSN (el órgano que de forma colegiada adopta las decisiones sobre seguridad nuclear del centro). Sin embargo, el diario El País desveló la existencia de la nota informativa y una de las consejeras, la exministra Cristina Narbona, mostró su malestar en la reunión del pleno del 29 de julio por no haber tenido conocimiento de la nota ni acceso a su contenido.

Según se recoge en el acta de ese pleno de finales de julio, el presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, solicitó entonces al director técnico Munuera que “documente pormenorizadamente las circunstancias y el contenido de la nota, para que quede la debida constancia y que sea aportada al pleno por la secretaria en una próxima reunión”. Sin embargo, más de cuatro meses después los miembros del pleno siguen sin tener acceso al documento porque la dirección técnica no ha elevado la nota informativa al pleno, según confirman a SABEMOS fuentes conocedoras del proceso. Fuentes oficiales del CSN prefieren no hacer comentarios sobre el asunto.

En la nota informativa, los geólogos de CITI alertaban de las “características desfavorables” del emplazamiento elegido para construir el cementerio nuclear y avisaban del impacto de esas características en la seguridad de la instalación durante toda su vida útil. “Cabe dudar si se ha comprobado con rigor la adecuada proporcionalidad real entre las necesidades técnicas a resolver por el ATC y los recursos que se necesitarán para garantizar su seguridad y para reducir las incertidumbres existentes”, se recoge en el documento elaborado por los técnicos y firmado por todos los miembros del área de geólogos, según ha podido saber SABEMOS.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el 27 de julio su informe favorable a la autorización de emplazamiento del almacén nuclear de Villar de Cañas, lo que en la práctica supone ratificar la idoneidad de la ubicación elegida para albergar la instalación. Sin embargo, incluso en el propio informe aprobado por el organismo se recogían las dudas de su cuerpo técnico sobre la calidad de los suelos y se emplazaba a hacer nuevos estudios en las próximas fases del proceso.

garoña 10 años

Greenpeace, Ecologistas, TI…, en busca de respuestas

Diferentes organizaciones han tratado en los últimos meses –años, en algunos casos- obtener información más precisa sobre cómo se estaban desarrollando los trabajos de evaluación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear sobre Garoña y el ATC. Greenpeace y Ecologistas en Acción son los baluartes en esta materia, y más recientemente se ha sumado también Transparencia Internacional.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Trasparencia Internacional han reclamado información adicional sobre los dos expedientes, sin los resultados que esperaban

Ecologistas en Acción ha reclamado formalmente al CSN en los dos últimos años un total de ocho informes y estudios sobre el proceso de licenciamiento del almacén nuclear. Y el resultado siempre fue el mismo: le fueron denegados. Los informes con peticiones adicionales de información del propio CSN a Enresa –la empresa pública que gestionará el ATC-, el estudio de la consultora URS sobre los terrenos elegidos…

“Ocho informes denegados. Hay fuertes presiones políticas para sacar adelante este proyecto y algunos estudios demuestran que los terrenos son inadecuados. La ocultación de los informes es la consecuencia de ello”, indica Paco Castejón, miembro de Ecologistas. “El CSN va en contra de la transparencia necesaria en este asunto”.

Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, mira los papeles y echa cuentas. En dos años, su organización ha planteado por escrito seis solicitudes de información sobre Garoña y una sobre el cementerio nuclear (amén de otras cuatro sobre los cambios en la clasificación de la gravedad de fallos de las centrales y una sobre Palomares). Y en el caso de los dos proyectos que se tratan como materia confidencial, la respuesta nunca fue satisfactoria. “Es la política del CSN: nada de respuestas claras y transparentes, mejor que no se entiendan”.

“Hoy el CSN, en lugar de apostar por la transparencia, camina justo en la dirección contraria”, critica Greepeace

Y es que desde Greenpeace la queja principal no es no haber obtenido respuesta (siempre hubo una carta de vuelta), sino que las recibidas en la mayoría de los casos poco tenían que ver con lo que se solicitaba. A listados de preguntas sobre el proceso de reactivación de Garoña que deberían responderse con un sí o un no, desde el CSN se remitía una explicación general; a peticiones de detalles técnicos sobre sistemas de seguridad y refrigeración, se respondía con una disertación sobre los diferentes tipos de sistemas existentes; a cartas en que se interrogaba por varios temas, sólo se respondía a algunos.

En materia de seguridad nuclear la transparencia y la participación pública se convierten en garantías. Cuánta más información hay disponible y más fácil es exigirla, la seguridad es mayor”, sostiene Raquel Montón, de Greenpeace. “Pero hoy el CSN, en lugar de apostar por la transparencia, camina justo en la dirección contraria”.

Fuente: sabemosdigital.com

La central de Cofrentes descarta un almacén de residuos y aplaza el búnker de emergencias

El director de la central nuclear asegura que la instalación está preparada para operar a largo plazo

El director de la Central Nuclear de Cofrentes Tomás Lozano, desveló ayer que el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), el edificio búnker diseñado para hacer frente a sucesos fuera de diseño como los ocurridos en Fukushima, Japón, no estará disponible hasta el primer trimestre del año.

Tomas Lozano, que ayer compareció invitado en la comisión de Medio Ambiente de les Corts Valencianes, aseguró que Iberdrola ya ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear la imposibilidad de tener terminada la instalación en el plazo prefijado, que finaliza el 31 de este mes, y ha solicitado un corto aplazamiento que deberá ser refrendado en los próximos días por el pleno del CSN.

El director de la instalación nuclear desveló también que Iberdrola no tiene previsto solicitar permiso para construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos de alta radioactividad como sí han hecho otras centrales nucleares española ante el temor de que no se construya, o lo haga con retraso, el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca).

El ATC antes de 2021

Según Tomás Lozano, Cofrentes dispone de espacio reservado en sus piscinas de combustible gastado hasta 2021 y se muestra partidario de «cumplir» con el Plan Nacional de Residuos Radioactivos que preve el depósito de los elementos irradiados en el almacén de Villar de Cañas.

Aunque no lo dijo textualmente, Cofrentes esta a la espera de que el Gobierno tome decisiones sobre el ATC, que oficialmente mantiene las fechas de apertura en fechas previas a la saturación de la piscina de Cofrentes.

Otras centrales españolas como las de Trillo y «José Cabrera» (en desmantelamiento) poseen su propio ATI mientras que Ascó ha solicitado permiso para construir uno con capacidad para los dos grupos de esta central nuclear.

También la central extremeña de Almaraz, de la que es copropietaria Iberdrola, ha pedido permiso para construir un ATI ante el temor de que no se construya en plazo el de Villar de Cañas.

Tomas Lozano fue respondiendo a las preguntas de los diputados, entre las que figuró el cumplimiento de los plazos para adaptar la central a los resultados de las pruebas de resistencia realizadas tras la catástrofe de Fukushima.

Según explicó el director de la central, las únicas intervenciones pendientes son, además de la construcción del búnker de emergencias, la instalación de recombinadores pasivos de hidrógeno y el sistema de venteo de la contención que finalizarán en 2017.

Sobre la prolongación de la vida útil de la central, Tomás Lozano recordó que la instalación se encuentra todavía dentro de los plazos de diseño y con permiso de operación vigente hasta 2021. «La central se prepara para operar a largo plazo y realiza inversiones constantemente», aseguró, anticipando el deseo de Iberdrola de prorrogar el funcionamiento de la central.

Sobre la falta de equipos o entrenamiento específico denunciada por las asociaciones de la Guardia Civil, Tomás Lozano recordó que los agentes de vigilancia no entran en zona controlada y garantizó que todo el personal que entra en la instalación, tanto de plantilla como de las contratas es sometido a controles radiológicos previos, posteriores y durante las operaciones que realizan.

Preguntado por las medidas adoptadas frente a la amenaza yihadista, Tomás Lozano aseguró que Cofrentes «combate» ese tipo de riesgo. Recordó que existe «un antes y un después» de los atentados del 11-S y que la coordinación en seguridad «física» es «cada vez mayor». Aseguró que existe una «colaboración total» y «creciente» con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como con «el «Centro Nacional de Inteligencia» aunque recordó el carácter «confidencial» de estos contactos.

Fuente: levante-emv.com