La Diputación de Álava se personará en el proceso de autorización del almacén de residuos nucleares de Garoña

La Diputación Foral de Álava se personará en el proceso de autorización del almacén de residuos nucleares de Garoña, auspiciado por el gobierno central, tras recibir un informe de los servicios jurídicos que avala su decisión.

El enfado de la Diputación Foral de Álava con el gobierno de Mariano Rajoy respecto a Garoña pasará en los próximos días de las palabras a los hechos. El pasado mes de noviembre, el diputado foral de Medio Ambiente, José Antonio Galera, denunciaba en una entrevista a este periódico el “ninguneo” por parte del ejecutivo del PP a Álava al conceder la autorización del almacén temporal de residuos de Garoña sin contar en ningún momento del proceso con las instituciones alavesas. El visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente a este almacén implica que Garoña pueda acoger en sus instalaciones 32 contenedores de residuos nucleares, y el gobierno foral entendía que Álava debía haber formado parte del expediente como territorio afectado.garoña

Galera anunciaba que el diputado general, Ramiro González, había enviado sendas cartas a los Ministerios de Industria y Medio Ambiente mostrando su enfado y reclamando una reunión con el ministro José Manuel Soria. Misivas que, como adelantó recientemente este diario, sólo recibieron una respuesta plagada de vaguedades y sin ninguna concreción.

Así las cosas, y tras constatar que el gobierno del PP se mantiene impertérrito en su postura de no contar con Álava mientras va dando pasos hacia la reapertura de Garoña, el ejecutivo de Ramiro González ha decidido finalmente personarse motu proprio en el proceso de tramitación del expediente del almacén temporal de residuos para obligar al gobierno central a escuchar su voz, por mucho que no les guste.

Y lo hará tras recibir un informe de los servicios jurídicos forales, al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, que avala la intención del gabinete PNV-PSE y considera que “existen fundamentos jurídicos suficientes para que las administraciones vascas concernidas se personen en el procedimiento de autorización de ejecución y montaje” del almacén de residuos nucleares de la planta burgalesa, ubicada a cuarenta kilómetros de Vitoria. De hecho, según confirmaron ayer fuentes forales, el ejecutivo de Ramiro González no será el único que se persone en la causa, sino que lo hará de forma coordinada con el Gobierno Vasco. Precisamente, ayer el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, aseguraba también que, en caso de que Garoña reabra sus puertas en el futuro, presentarían un recurso conjunto de la mano de la Diputación alavesa.

Por ahora, y aunque la sombra de la reapertura acecha cada vez con mayor fiereza -por mucho que la semana pasada el CSN aplazara algunas de las decisiones más importantes al respecto ante la presión social-, el primer y más cercano objetivo de ambas instituciones pasa por revertir el ninguneo de Mariano Rajoy para que escuche lo que Álava tiene que decir al respecto del almacén de residuos. Una infraestuctura en la que sus aguas subterráneas están conectadas con el gran embalse del subsuelo de la Llanada Alavesa, como recordaba el diputado foral de Medio Ambiente en la entrevista citada.

Argumentos

Como aval para que la Diputación se persone en la causa, el informe de los servicios jurídicos forales sostiene en sus conclusiones, en primer lugar, que en el contenido del plan de emergencia nuclear “se desprende con claridad la existencia de, cuando menos, intereses legítimos objetivables de las administraciones públicas vascas en las actuaciones que se lleven a cabo en la central de Garoña, lo que les otorgaría el derecho a personarse en cualquier procedimiento administrativo que pudiera concluir con una resolución que afectase a esos intereses”. En ese sentido, el documento recuerda que en diciembre de 2008 una sentencia anuló la decisión que dos años había tomado el gobierno de Madrid de “aprobar los planes de emergencia nucleares exteriores a las centrales” sin haber escuchado durante el procedimiento a la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC).

Otro de los argumentos expuestos en el informe incide en que los municipios con derecho a recibir una asignación económica con cargo al fondo para la financiación de las actividades del plan general de residuos radioactivos “son aquellos que se sitúan en un radio de hasta veinte kilómetros” a la redonda respecto a la planta nuclear, una franja de terreno que incluye a varios municipios del territorio alavés y que, según la valoración de los autores del documento, “viene a reconocer” a estos pueblos “como zona de influencia de la central”.

En definitiva, el documento censura el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente “no haya dado traslado de las actuaciones desarrolladas en el proceso de tramitación” del almacén de residuos de Garoña “a las administraciones vascas con competencias que pudieran verse afectadas” y establece el derecho de la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco “y las entidades locales territoriales” a “impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, con lo que cabría, también, impugnar la eventual resolución que ponga fin a este procedimiento autorizando la construcción” del almacén temporal de residuos.

Y es que, según apuntaron fuentes forales, en caso de que el gobierno en funciones del Partido Popular no acepte la inclusión de la Diputación y el Gobierno Vasco en el procedimiento de autorización del almacén, el siguiente paso sería impugnar la decisión y trasladar el proceso al orden de lo contencioso-administrativo. Algo que, teniendo en cuenta el ninguneo al que el gabinete de Rajoy y los ministerios de Industria y Medio Ambiente en concreto han sometido hasta ahora a las instituciones alavesas, no parece descabellado.

Mientras tanto, y tras retrasarla por primera vez la semana pasada, el Consejo de Seguridad Nuclear tampoco celebrará hoy su reunión plenaria para abordar la aprobación de un paquete de medidas dirigidas a asfaltar el camino de la reapertura de Garoña hasta 2031, con hasta siete cuestiones relacionadas con la seguridad, sus sistemas eléctricos y de aislamiento o el propio y polémico almacén de residuos nucleares.

CSN. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tampoco celebrará hoy su reunión plenaria y la pospondrá a la próxima semana. Un cambio de fecha que según este organismo entra dentro de la normalidad y sucede de vez en cuando “por problemas de agenda de los propios consejeros”. La semana pasada la presión social llevó al CSN a cancelar a última hora el pleno del Consejo en el que estaba previsto abordar asuntos relativos a la reapertura de la central nuclear de Garoña.

las claves

Podemos recuerda que Nuclenor podría recibir una compensación por el dinero que dejaría de percibir (lucro cesante)

gasteiz – Podemos advirtió ayer en Vitoria que si el Gobierno del PP en funciones permitiera la reapertura de Garoña y después un nuevo ejecutivo revocara la decisión, la empresa propietaria de la central, Nuclenor, podría reclamar una indemnización en los tribunales por “lucro cesante” o perjuicios. Aunque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está analizando diversos informes sobre la planta burgalesa de cara a la renovación de su permiso de explotación y para reabrirla es imprescindible su visto bueno, la decisión final corresponde al Gobierno.

El diputado de Podemos por Álava en el Congreso y coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, acudió a la capital alavesa para reclamar que no se adopte ninguna decisión sobre el futuro de Garoña hasta que se forme un nuevo Gobierno, pues tras las pasadas elecciones generales “la mayoría absoluta del Congreso es totalmente contraria a la reapertura” de la planta atómica ubicada a cuarenta kilómetros de Vitoria. “No entenderíamos que un Gobierno en funciones tomara una decisión contraria a esa mayoría democrática”, afirmó Uralde, para el que un ejecutivo en funciones debe ocuparse de las cuestiones ordinarias y no tomar decisiones que se prolongarían durante más de quince años.

Uralde subrayó en este sentido que si el PP decide permitir la reapertura de Garoña y un nuevo Gobierno de color diferente revierte la situación, podría abrirse la puerta a que Nuclenor reclamara en los tribunales una indemnización por lucro cesante, es decir, por el dinero que dejaría de ganar al cerrarse la central.

Hoy mismo, un grupo de diputados de Podemos entregará al presidente del CSN, Fernando Martí, una carta en la que reclaman que “detenga temporalmente” la evaluación de Garoña hasta la constitución de un nuevo Gobierno. La formación morada impulsará además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña de forma definitiva, impulsar un plan de reactivación económica para la zona y establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta.

Fuente: DEIA.COM

¿Estamos en ciernes de una nueva moratoria nuclear gracias al CSN y a Garoña?

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El CSN abona el terreno para indemnizar a Endesa e Iberdrola por el cierre de Garoña con el gobierno del PP en funciones.

Revuelo y más revuelo en torno a la central nuclear más pequeña y antigua de España, Santa María de Garoña. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con mayoría del PP, tenía previsto hoy dar un paso más y aprobar nuevos informes sobre los requisitos que exigió a la central en 2014 para una eventual reapertura. Así figuraba en el orden del día del pleno, aunque finalmente, la decisión fue aplazada.

En 2014 Marti Scharfhausen sustituyó a los técnicos del CSN que se encontraban en Garoña sin dar explicaciones; en diciembre varios técnicos del CSN han denunciado publicamente presiones políticas para “rebajar” las exigencias de seguridad con Garoña.

El CSN pretendía dar el visto bueno a Garoña, central de 45 años, con fallos estructurales en la vasija del reactor, que ha incumplido presuntamente la legislación ambiental (calienta el Ebro por encima del límte legal) y ha emitido radiación sin control cuando no habia controles de radiación.

Si el CSN da via libre y el gobierno entrante bloquea su continuidad, los españoles deberían indemnizar a sus propietarios (Iberdrola y Endesa) por una decisión que ha sido responsabilidad del presidente y los técnicos del CSN.

Si el CSN da el OK a todas las condiciones técnicas impuestas para reabrir la instalación, las empresas propietarias de Garoña –Endesa e Iberdrola a través de la sociedad conjunta Nuclenor- estarían en condiciones de solicitar la reapertura y reclamar una indemnización en el caso de que fuera denegada por un hipotético Gobierno de signo distinto al PP. La tramitación de todas las cuestiones técnicas puede estar cerrada en el plazo de un mes, según señalan fuentes del Consejo. El portavoz del organismo no hizo declaraciones al respecto.

 

El CSN hizo pública una nota en la que explicaba que el “Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aplazado a una próxima reunión el estudio y valoración de algunos requisitos impuestos a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en el marco de la evaluación de solicitud de su titular, Nuclenor, de volver a operar la planta hasta 2031, cuando cumpla 60 años de edad”. Según ha informado el CSN, en la sesión del pleno de este miércoles también ha aplazado asuntos respecto al almacén temporal centralizado (ATC), en conformidad con las reglas del funcionamiento del Pleno.

La aprobación de los informes técnicos, según fuentes del Consejo, no presupone que la instalación –desconectada de la red en 2012- sea reabierta pese a superar los 40 años de antigüedad. Pero la luz verde sí tiene una consecuencia: si el CSN da el OK a todas las condiciones técnicas impuestas para reabrir la instalación, las empresas propietarias de Garoña –Endesa e Iberdrola a través de la sociedad conjunta Nuclenor- estarían en condiciones de solicitar la reapertura y reclamar una indemnización en el caso de que fuera denegada por un hipotético Gobierno de signo distinto al PP. La tramitación de todas las cuestiones técnicas puede estar cerrada en el plazo de un mes, según señalan fuentes del Consejo. El portavoz del organismo no hizo declaraciones al respecto.

Greenpeace ha solicitado a las nuevas formaciones que conforman el Congreso de los Diputados en esta XI Legislatura que “soliciten con urgencia al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la paralización del proceso de renovación de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña” hasta la conformación del nuevo Gobierno, además de que prioricen el medio ambiente en la actividad parlamentaria.

La tramitación de las nuevas especificaciones técnicas de Garoña, han provocado más de un rifirrafe en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En noviembre pasado, la consejera y ex ministra socialista, Cristina Narbona, rechazó en solitario (4 votos contra uno) aprobar la revisión de especificaciones técnicas de la central.

Tras el rechazo de Narboba estaba – y está- la idea de que el Gobierno del PP, que no ha ocultado nunca su postura pronuclearestá tendiendo un puente de plata a las empresas eléctricas para lograr una aspiración de calado: conseguir que las centrales nuclares existentes puedan funcionar hasta los 60 años prolongando su vida útil y renovando permisos más allá de los periodos de 10 años que han sido habituales.

Una circunstancia inédita

En su voto particular, Narbona explicaba que “el Pleno del CSN sigue sin aclarar ni debatir técnica y jurídicamente las implicaciones de la solicitud cursada por Nuclenor, a pesar de que se trata de una circunstancia inédita en la historia del organismo de seguridad nuclear”. “Inédita”, añade, por dos motivos: porque pide renovar actividad por un periodo más allá de los habituales 10 años y porque esa renovación –hasta 2031- llevaría a la central a funcionar más allá de los 60 años, con lo que eso supone en la cuestión de generación de residuos.

La reacción más dura en torno al juego del CSN corrió a cargo de partido ecologista Equo y de su portavoz, Juan López de Uralde –diputado electo integrado en Podemos-.  “Es inaceptable que un Gobierno en funciones esté activando este proceso, cuando en realidad no tiene el mandado ciudadano para hacerlo. Son mayoría los partidos que quieren que se cierre la central nuclear de Garoña como demostraba el compromiso que impulsamos en el Congreso y que firmaron Compromís, PSOE, el grupo Izquierda Plural, ERC, Coalición Canaria, PNV, Amaiur, BNG y Geroa Bai”.

Un listado muy prolijo

El CSN aprobó en julio de 2014 un prolijo listado de requisitos que debía cumplir la central para seguir tramitando la solicitud de apertura que los propietarios presentaron el 27 de mayo. La solicitud de Nuclenor (propiedad de Endesa e Iberdrola) contemplaba una licencia válida para 17 años. Es un dato clave. El consejo de administración del CSN rechazó debatir sobre plazos antes de entrar en los requerimientos técnicos, según explicaron entonces  fuentes conocedoras del proceso. El hecho puede ser interpretado como una aceptación tácita de que la renovación de licencias de las nucleares será por periodos más amplios, de los 10 años habituales a 17. Con la ampliación, la central de Garoña, que comenzó a funcionar en 1971 alcanzaría una vida útil de 60 años. Todo un precedente para el resto de las instalaciones.

La polémica sobre la vida útil de las centrales nucleares está alimentada por la ausencia de una norma que fije límites. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a plantearlo en la Ley de Economía Sostenible, pero la iniciativa no prosperó. El límite de 40 años que se consideraba razonable para la mayor parte de las instalaciones se ha superado en EE UU. El argumento es que con inversiones adecuadas, las centrales pueden funcionar muchos más años (hasta 60 en los nuevos planes). En España, desde finales de los 90, las licencias de las instalaciones nucleares se han ido renovando de 10 en 10 años. Ahora, Garoña puede suponer el gran salto. Ibedrola lo llegó a solicitar por carta.

Fuente: bez.es

Movimientos de Scharfausen (presidente del CSN) con Garoña:

El presidente del CSN fulmina a sus 2 responsables en Garoña para colocar a sus peones

Técnicos del CSN han denunciado publicamente presiones politicas para “rebajar” las exigencias de seguridad con Garoña.

El CSN silencia las críticas de los expertos sobre Garoña y el ATC hasta después del 20-D

–  Oscurantismo del gobierno central en torno a la reapertura de garona y a su almacen nuclear/

El CSN impulsa la reapertura de la central nuclear de Garoña con el gobierno en funciones

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El supervisor aborda este miércoles varios permisos para que Garoña pueda operar

Una vez pasadas las elecciones generales —y aunque no hay todavía un Gobierno estable a la vista—, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha retomado el proyecto de reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), que en diciembre cumplió tres años sin producir energía. El pleno del CSN abordará este miércoles hasta cinco informes relacionados con los requerimientos que este órgano supervisor exigió en 2014 a los titulares de estas instalaciones (Iberdrola y Endesa) para volver a engancharse a la red eléctrica y operar.

Garoña está parada desde hace tres años, ya que cumplió los 40 años de funcionamiento, la vida útil para la que, en principio, estaban preparadas las centrales españolas. Pero los propietarios quieren que el Ministerio de Industria les conceda 17 años más de funcionamiento. Industria ha dado varios pasos para permitir esa ampliación. Pero el CSN debe dar su visto bueno.

En noviembre, el pleno ya aprobó una modificación sobre las curvas de presión de la vasija del reactor de Garoña, otro de los requisitos. Entre los asuntos que se llevan al pleno del CSN del miércoles —que previsiblemente serán aprobados gracias a los votos del PP, que controla el consejo— están modificaciones del sistema eléctrico de la central y del edificio de almacenamiento de material usado, además de una revisión de las especificaciones técnicas de funcionamiento.

“Se está queriendo acelerar de nuevo el proceso”, valoran fuentes del CSN. El encargado de elevar los asuntos al pleno es su presidente, Fernando Marti Scharfhausen, que hasta finales de 2012 era secretario de Energía del Ministerio de Industria.

Licencia condicionada

Para que el CSN conceda la autorización final hace falta que previamente el pleno vaya aprobando los requisitos que le impuso en el verano de 2014. El temor de los grupos ecologistas es que esas aprobaciones se estén dando de forma condicionada, es decir, que se posponen actuaciones para más adelante. Raquel Montón, de Greenpeace, sostiene que ya ocurrió así en el caso de la vasija. “Nuestro temor es que se conceda finalmente una licencia condicionada”, expone. “Luego la empresa podrá reclamar lucro cesante si no puede reabrir”, añade. “Se intenta atar las manos del Gobierno que entrará”, opina Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción.

Este proceso de reapertura tendría que concluir con una decisión política: el Ministerio de Industria debería conceder la autorización final. Pero el nuevo mapa electoral puede ser determinante en este caso. PSOE, Podemos e IU se han mostrado claramente en contra de que esta central pueda operar más allá de los 40 años de vida. Ninguna central nuclear española lo ha hecho hasta ahora. Ciudadanos es más ambiguo. “Lo más lógico sería no reabrir Garoña por criterios de seguridad, económicos y de sensibilidad social, pero no seremos dogmáticos y esperaremos al dictamen del CSN y analizaremos otros factores asociados”, sostiene David López, coordinador de Medio Ambiente y Energía.

“Es indecente que un Gobierno en funciones esté actuando así en el proceso para reabrir”, se queja Juan López de Uralde, portavoz de Equo y diputado por Podemos en el Congreso. “Todos los partidos están en contra de la reapertura, salvo el PP”, sostiene.

La punta de lanza del sector nuclear en España

La central de Santa María de Garoña es la avanzadilla. Su aportación real —con una potencia de 500 megavatios— es pequeña. De hecho, durante los tres años que ha estado sin generar electricidad no ha habido problemas, ya que en estos momentos el sistema energético español está sobredimensionado y cuenta con más potencia instalada que la energía que se consume.

En la provincia de Burgos se produce, gracias a centrales eolicas e hidroelectricas, el triple de lo que consume la provincia, siendo un exportador neto a Euskadi y otra provincias limitrofes.

Pero los expertos consideran que esta central puede hacer de punta de lanza para el resto del sector nuclear en España. Si Garoña consigue los permisos para operar más allá de los 40 años, se abre un precedente para las cinco centrales nucleares que hay en el país, que si no tendrían que empezar a cerrar a partir de la próxima década, al rebasar ese límite temporal. “Se está abriendo un precedente sin que exista un debate público”, se queja Francisco Castejón, físico nuclear y miembro de Ecologistas en Acción. PSOE, Podemos e IU apuestan por el cierre de las centrales cuando se cumplan los 40 años.

Fuente: elpais.es

Todo lo relacionado con las bombas de Almeria fue un montaje mediatico. O, no aprendemos ni a la de tres.

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Tras veinte años de investigación, iniciada cuando trabajaba como corresponsal de Efe en Washington, Rafael Moreno publica ahora “La historia secreta de las bombas de Palomares: La verdad sobre el accidente nuclear silenciada durante 50 años” (Ed. Crítica) en la que reconstruye los hechos ocultados con una minuciosa recopilación de documentos obtenidos en los archivos estadounidenses y algunos españoles.

“Tú sabes nadar, ¿no?”, le espetó el impetuoso ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, al entonces director de la agencia Efe, Carlos Mendo, apenas doce horas antes de embarcar en un DC-4 para ir a bañarse a Palomares.

Así comenzó la operación de propaganda que pretendía evitar que el siniestro nuclear ocurrido hace 50 años arruinase la campaña turística y conjurar los daños políticos y diplomáticos con Estados Unidos en plena “Guerra Fría” .

Tras la colisión del B-52 Stratofortress con la aeronave nodriza KC-135 cuando repostaba en vuelo sobre Almería (en el sureste peninsular español), siete tripulantes fallecieron y cuatro lograron salvarse, pero una de las cuatro bombas termonucleares, 65 veces más destructivas que las de Hiroshima, fue recuperada en el mar 80 días después.

Dos de las tres Mark 28F1 de 1,5 megatones de potencia que impactaron en tierra se rajaron y los isótopos radiactivos de uranio-235 y plutonio-239 liberados al contacto con el aire se oxidaron y, según los estadounidenses, entonces “la contaminación superó los 2,3 kilómetros”.

Entre los legajos norteamericanos cuya desclasificación obtuvo el investigador, Moreno se topó con el acuerdo suscrito bajo el mandato de José María Aznar en 1997 que no fue hecho público y del que la prensa española “no escribió ni una sola línea“, aunque concuerda con la política española en este asunto que caracteriza como de “transparencia nula” .

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Tampoco el mandato de Jose Luis Rodríguez Zapatero contribuyó a la normalización, pues como recuerda el profesor universitario, fue la propia ministra de Asuntos Exteriores entonces, Trinidad Jimenez, quien en una conversación le reconoció que en esa época primaba la convulsa situación en los países vecinos inmersos en las denominadas “Primaveras Árabes” .

Sin embargo, durante la gestión de Hillary Clinton como jefa de la diplomacia estadounidense, la actual aspirante a la nominación demócrata a la Casa Blanca y, pese a las advertencias desde la embajada norteamericana en Madrid, el Departamento de Energía, como subraya Moreno, puso fin a la cooperación económica de 41 años en el Proyecto Índalo, para el seguimiento del riesgo radioactivo.

Es por este motivo, que el autor sí considera importante, pese a la inconcreción de plazos y económica, que los gobiernos de España y Estados Unidos, representados “por primera vez al nivel de titulares de Asuntos Exteriores”, -José Manuel García-Margallo y John Kerry-, suscribiesen “con luz y taquígrafos” un acuerdo en Madrid el pasado 19 de octubre.

Sin fijar los plazos ni la financiación, aclara Moreno, Estados Unidos se compromete “a llevarse la basura radioactiva cuando haya una segunda limpieza de Palomares” y destaca que cuando fue suscrito el documento “ya no había ningún acuerdo legal relacionado con Palomares”.

Añade que es positivo igualmente que “por primera vez se ha pedido a Nevada (el almacén nuclear estadounidense) que tenga en previsión que le puede llegar tierra contaminada de Palomares”.

“Hay ya una previsión de donde podría ir”, puntualiza.

Esa tierra aún contaminada y que no fue trasladada con la que los estadounidenses se llevaron entonces a su país, explica el autor, fue roturada para uso agrícola, pues puntualiza, sus propietarios tenían certificados expedidos por las autoridades que aseguraban que todo estaba en orden, y claro, cuando llegó la burbuja inmobiliaria, el afán edificador alcanzó la zona.

Y el americio, recuerda Moreno, “puede ser más peligroso que el plutonio pues es más volátil y puede ser inhalado” y , subraya, “en este caso probablemente cuanto más tiempo pase puede ser incluso más peligroso dejarlo ahí”.

Y al final, aquel día Fraga no se bañó una vez, sino que se dio tres chapuzones y eso que, según el autor, fue Robin Chandler Lynn, ex relaciones públicas de la compañía Pepsi, y la cuarta esposa del embajador norteamericano, Angier Biddle Duke, quien ideó el golpe publicitario, conservado como un icono de la “Guerra Fría”.

Fuente: terra.es

Más:  Hallan en Almería dos fosas con material radiactivo de las bombas de Palomares

Científicos advierten a EEUU sobre el riesgo de enterrar residuos nucleares

almacenamiento-residuos-nuclearesAlmacenamiento de residuos nucleares en almacén geológico profundo. Fotografía: Departamento de Energía de EEUU – WIPP

Un artículo publicado hoy en la revista científica Nature advierte al Gobierno de Estados Unidos sobre los posibles riesgos a largo plazo de enterrar 34 toneladas de plutonio procedente de armamento nuclear en un depósito a más de 600 metros de profundidad en Carlsbad, Nuevo México.

El Departamento de Energía estadounidense, que está obligado a hacerse cargo de esos residuos en virtud de un acuerdo firmado con Rusia en el año 2000, evalúa confinar ese material de deshecho en su Planta Piloto de Aislamiento de Desechos (WIPP), el único Almacén Geológico Profundo (AGP) que existe en el mundo.

Cientos de miles de tambores de acero revestidos de plástico se alinean ya en el fondo de esa instalación, excavada en la roca hasta el nivel de un lecho salino de 250 millones de años de antigüedad.

El depósito ha alcanzado la mitad de su capacidad y será sellado de forma permanente en 2033, de forma que los residuos de plutonio-239 y otros materiales radiactivos, con una vida media de más de 24.000 años, quedarán encapsulados durante milenios.

El plan original de Estados Unidos era convertir esos residuos militares en combustible para reactores de fisión, pero el alto coste de la planta proyectada para ese fin en Carolina del Sur ha llevado al Departamento de Energía a valorar un plan alternativo.

Los científicos que firman el artículo en Nature, encabezados por el profesor de Seguridad Nuclear de la Universidad de Stanford Rodney Ewing, advierten de que no se han tenido en cuenta riesgos a largo plazo de almacenar el plutonio en el WIPP, como las reacciones químicas inesperadas en los materiales de desecho.

El escrito subraya que Estados Unidos tiene la responsabilidad de asegurar que la instalación es segura durante al menos 10.000 años, un extremo que fue puesto en duda tras un incidente registrado en febrero 2014.

Uno de los subproductos de los desechos nucleares reaccionó de forma inesperada con el material del bidón que lo contenía, lo que produjo una fuga de gas radiactivo a través de los canales de ventilación que se expandió alrededor de 900 metros y expuso a 21 trabajadores a niveles bajos de radiactividad.

Los científicos consideran que ese accidente, aunque de poca gravedad, ilustra la dificultad de predecir potenciales fallos de una instalación que debe funcionar durante milenios.

 

“El Departamento de Energía ha identificado perfectamente las causas (de aquel incidente) y ha implementado medidas correctivas. Sustancias químicas incompatibles ya no se mezclan en los tambores”, conceden los expertos.

“Sin embargo, una vez el repositorio esté cerrado, no se podrá monitorizar su contenido ni corregir problemas”, alertan.

El diseño del depósito confía en que el lecho salino sobre el que se asienta impediría que el material radiactivo se filtrase al exterior en el caso de que los barriles se rompieran, un escenario que según los científicos no se ha estudiado lo suficiente.

Además del peligro de que se produzca un accidente en el interior de la instalación una vez sellada, los científicos advierten de que en miles de años alguien podría perforar en esa zona en busca de gas o petróleo, y provocar una fuga radiactiva.

“No podemos estar seguros de que los futuros habitantes de esa zona sepan que el WIPP está ahí. Para poner en perspectiva la escala temporal de la que estamos hablando, la agricultura se desarrolló hace tan solo 10.000 años”, señala el escrito.

Los sedimentos salinos suelen indicar la presencia de recursos minerales y energéticos, por lo que la posibilidad de que alguien trate de perforar en ese lugar en los próximos milenios es “significativa”.

Dados esos riesgos, los científicos creen que para almacenar plutonio militar en WIPP debe evaluarse de nuevo su capacidad de mantenerse seguro durante al menos 24.000 años.

Fuente: EFEverde

El nuevo cementerio nuclear de Francia tendrá un coste de 30.000 millones

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La cifra, calculada por la Agencia Nacional de Residuos Nucleares, provoca un disgusto en EDF que había pronosticado un coste de 20.000 millone.

¿Alguien habia dicho que la energia nuclear era barata? ¿para  quien? En 2010 comentabamos que la energia nuclear no era barata y la gestión de sus residuos menos aún. No digamos ya la gestión de sus accidentes. Ahora empezamos a saber lo que le va a salir a Francia la broma de su Almacen Nuclear.

En España estamos buscándonos las cosquillas como el ratón y el gato prácticamente en todo, y más cuando se trata de políticos y encima en periodo de elecciones. Desde el pasado junio cuando se formaron los nuevos gobiernos autonómicos se acrecentó el enfrentamiento entre PSOE y PP. En materia energética, el principal foco de batalla dialéctica era en Castilla La Mancha. El nuevo ejecutivo de García-Page combatía al Gobierno por dos instalaciones como el ATC de Villar de Cañas y la central de Elcogas.

El ATC de Villar de Cañas ha servido a unos y otros para tirarse los trastos a la cabeza. Que si no cumple los requisitos, que el sobrecoste es muy alto, que es prescindible para unos e imprescindible para otros. Como el perro y el gato. Una controversia que desde el otro lado de la frontera lo deben mirar con asombro. En Francia, están a otra cosa. Allí su ATC no es tal. Tiene otras siglas. Es un AGP (almacén geológico profundo). Las diferencias son amplias. En Francia la nuclear es la reina y la cantidad de residuos nucleares que genera hacen que se necesite una instalación de este tipo que entierra los residuos más en profundidad (500 metros bajo tierra), en mayor cantidad y por mucho más tiempo que el de un ATC. Pero la gran diferencia está en el tema económico.

Francia tiene un proyecto que se denomina Cigeo. Es un AGP y la eléctrica estatal EDF será la que se haga cargo de la instalación como realiza con la energía nuclear tras adquirir Areva. La compañía calculó que el coste de Cigeo sería de unos 20.000 millones de euros a lo largo de su vida útil, que podría alcanzar los 100 años.

Pero al gigante eléctrico francés ha recibido malas noticias por parte de la Agencia Nacional de Residuos Nucleares (Andra) que asegura que la instalación costará nada más y nada menos que 30.000 millones de euros. Eso hizo que la cotización de la eléctrica cayera con fuerza. 10.000 millones de diferencia son muchos y podrían trastocar las cuentas de la compañía.

EDF confía en que el ministro de Energía cifre en el entorno de los 20.000 millones el coste definitivo y real de la instalación. De esa manera, no se verá muy afectada financieramente hablando.

Se trata del cementerio nuclear más importante del mundo, una obra faraónica, única en el mundo, que dará cabida a miles de toneladas de residuos nucleares de toda Francia. Los 58 reactores nucleares llevarán allí sus residuos.

En comparación con el ATC de Villar de Cañas, éste parece una broma. El coste del cementerio nuclear español superará los 1.000 millones de euros. Muy lejos de los 20.000 o los 30.000 millones de Cigeo.

Fuente:   elperiodicodelaenergia.com

Oscurantismo del Gobierno central en torno a la reapertura de Garoña y a su almacen nuclear

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García Tejerina responde a la carta del diputado general con vaguedades
El Gobierno español defiende el almacén temporal de Garoña

Si la Diputación alavesa esperaba una respuesta del Gobierno central con algo de contenido a sus requerimientos en torno a la reapertura de Garoña y a la instalación del almacén temporal de residuos en la planta, estaba muy equivocada. El diputado general, Ramiro González, remitió sendas cartas a los ministros de Industria y Medio Ambiente ahora en funciones a finales de octubre, cuando supo que el Ejecutivo Rajoy había abierto el procedimiento para autorizar el depósito nuclear, mostrando su malestar por no haber tenido en cuenta al Gobierno foral en este proceso como institución afectada que es. González, además de trasladar su enfado, solicitó una vez más el cierre definitivo y la clausura de la central, paralizada desde 2012 pero con una solicitud de prórroga hasta 2031 en proceso de análisis, y pidió un encuentro personal con el propio titular de Industria, José Manuel Soria, para insistir de palabra en estos posicionamientos.

La respuesta del Ejecutivo central, aunque ya en funciones, llegó dos meses después, con fecha de 22 de diciembre, dos días después de las elecciones generales. Pero lejos de recibir en la carta información relevante o alguna mano tendida, el ente foral apenas se ha encontrado con un puñado de vaguedades. La misiva, a la que ha tenido acceso DEIA, está firmada por Isabel García Tejerina, la hasta ahora titular de Medio Ambiente. Y pocas conclusiones se pueden extraer de ella, más allá de que la reapertura de Garoña sigue en el aire -pese al vuelco político que dejaron las urnas el 20D- y del apoyo del PP al almacén de residuos.

Según defiende García Tejerina en la misiva, el proyecto para instalar el cementerio nuclear “ha sido sometido a un riguroso análisis técnico”, unido a la apertura de un periodo de participación pública, “de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos”.

La ministra de Medio Ambiente en funciones remarca también en su contestación que la evaluación de impacto ambiental del proyecto que ha realizado su departamento “se refiere, exclusivamente, a la construcción de un almacén, no a la posible continuidad de la actividad” de la central de Garoña.

Además, informa de que “da traslado” de la carta a José Manuel Soria, a quien cabe recordar también escribió la Diputación alavesa, porque es el “competente” en la materia, “al objeto de que pueda ser estudiada”. Ni una respuesta sobre el “ninguneo” al que la Diputación alavesa se ha sentido sometida, ni un dato relevante sobre el futuro que le aguarda a Garoña y ni una palabra sobre el encuentro personal demandado con el titular de Industria.

El oscurantismo del Gobierno central en torno a la central burgalesa y sobre todo al depósito temporal de residuos ha soliviantado al Ejecutivo foral, como bien demostró en una entrevista con este periódico el diputado de Medio Ambiente, José Antonio Galera, en la que avanzó el envío de las cartas a los ministros de Rajoy.

“De repente, diría que casi con alevosía y a nuestras espaldas, se nos ha ninguneado completamente. Nos hemos encontrado con esta declaración favorable para el almacenamiento subterráneo de residuos nucleares y nos preocupa porque, ante una posible contaminación, este tipo de sustancias no entienden de fronteras administrativas, eso no se le escapa a nadie que tenga dos dedos de frente. Hablamos de un lugar en el que sus aguas subterráneas están conectadas con el gran embalse subterráneo que tenemos en toda la Llanada”, censuró Galera. Toca ahora esperar a la -complicada- composición del nuevo Gobierno central.