Tercer aniversario de la parada de Garoña y España no se ha parado.

Los partidos mayoritarios, salvo el PP, apuestan por el cierre de esta instalación que abrió su puertas en 1971. La decisión dependerá del próximo Gobierno

El pasado 16 de diciembre se cumplieron tres años desde que la propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) desacoplara de la red eléctrica a la planta atómica más antigua del país, que inició su actividad en 1971. El motivo no era otro que la entrada en vigor, en enero de 2013, de los nuevos impuestos para gravar el almacenamiento de residuos aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.garoña2

Su cierre estaba previsto, tal y como acordó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, seis meses más tarde, pero las eléctricas dueñas de la instalación del Valle de Tobalina, Endesa e Iberdrola, expusieron la falta de rentabilidad de la planta como argumento para adelantar su parada.

Tres años sin producir electricidad, pero con dos centenares de trabajadores de Nuclenor velando por la seguridad de la planta y para que, si el Consejo de Seguridad Nuclear lo autoriza, la central de Santa María de Garoña vuelva a generar energía. Hace año y medio, la propietaria solicitó una prórroga hasta el año 2031, es decir, hasta los 60 años de vida, algo que ya sucede en algunos países, pero que, en España, no tiene precedentes, ya que la normativa exige el cierre a los 40 años.

Durante la campaña electoral, PSOE, Podemos y Ciudadanos se han mostrado en contra de la reapertura –no contemplan que las instalaciones atómicas prolonguen su vida tras cuatro décadas– e, incluso, algunos han presentado un calendario de cierre de todas las centrales nucleares de España hasta 2028, apostando por las energías renovables.

El organismo regulador, formado por cinco personas –tres a propuesta del PP y dos del PSOE–, no se ha negado a la reapertura de la central del Valle de Tobalina. Ha puesto sobre la mesa las condiciones que se tienen que dar para que sea posible, endurecidas tras el accidente de Fukushima. Entre otros requisitos, la instalación de un Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE) o un sistema de venteo filtrado o la instalación de nuevos equipos recombinadores de hidrógeno en el edificio.

En septiembre de 2014, Nuclenor presentó un calendario de cumplimiento de todas las exigencias para su revisión por parte del organismo regulador. Aún no hay respuesta.

Será el próximo Gobierno de la nación el que decida qué sucede con la central, tras la resolución del CSN. Solo el PP está a favor de una reapertura, siempre vinculada a un informe positivo sobre la seguridad del organismo regulador. El resto reclama un plan alternativo para la zona, ya que, en el momento de su cierre, la planta daba trabajo a alrededor de mil personas, entre empleos directos e indirectos.

Nuclenor, además, se ha tenido que enfrentar en los últimos meses a dos hechos que condicionan la rentabilidad de la planta atómica. Uno de ellos es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a la dueña por apagar la central seis meses antes del cierre previsto, sin razones de seguridad ni técnicas que lo justificaran. La multa se fija en 18,4 millones de euros.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) rechazó un recurso de Nuclenor y dio la razón a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por lo que, según la sentencia, la planta no puede devolver al Ebro el agua que utiliza en su refrigeración a más de 30 grados, por lo que tendrá que construir una torre de refrigeración. Recurrido el fallo ante el Supremo, el coste de esa instalación rondaría los 20 millones de euros.

En medio de todo esto, los ecologistas han aprovechado el tercer aniversario de la entrada en parada cumplido hace unos días para recordar que la planta de producción de energía eléctrica es «absolutamente prescindible», como se puede observar en la curva de demanda de Red Eléctrica de España.

Llegados a este punto, será el próximo Gobierno de la nación el que decida qué pasa con la central más antigua del país. Si se le permite ampliar su vida útil hasta los 60 años o, por el contrario, se cierra definitivamente la planta del Valle de Tobalina.

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