¿Estamos en ciernes de una nueva moratoria nuclear gracias al CSN y a Garoña?

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El CSN abona el terreno para indemnizar a Endesa e Iberdrola por el cierre de Garoña con el gobierno del PP en funciones.

Revuelo y más revuelo en torno a la central nuclear más pequeña y antigua de España, Santa María de Garoña. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con mayoría del PP, tenía previsto hoy dar un paso más y aprobar nuevos informes sobre los requisitos que exigió a la central en 2014 para una eventual reapertura. Así figuraba en el orden del día del pleno, aunque finalmente, la decisión fue aplazada.

En 2014 Marti Scharfhausen sustituyó a los técnicos del CSN que se encontraban en Garoña sin dar explicaciones; en diciembre varios técnicos del CSN han denunciado publicamente presiones políticas para “rebajar” las exigencias de seguridad con Garoña.

El CSN pretendía dar el visto bueno a Garoña, central de 45 años, con fallos estructurales en la vasija del reactor, que ha incumplido presuntamente la legislación ambiental (calienta el Ebro por encima del límte legal) y ha emitido radiación sin control cuando no habia controles de radiación.

Si el CSN da via libre y el gobierno entrante bloquea su continuidad, los españoles deberían indemnizar a sus propietarios (Iberdrola y Endesa) por una decisión que ha sido responsabilidad del presidente y los técnicos del CSN.

Si el CSN da el OK a todas las condiciones técnicas impuestas para reabrir la instalación, las empresas propietarias de Garoña –Endesa e Iberdrola a través de la sociedad conjunta Nuclenor- estarían en condiciones de solicitar la reapertura y reclamar una indemnización en el caso de que fuera denegada por un hipotético Gobierno de signo distinto al PP. La tramitación de todas las cuestiones técnicas puede estar cerrada en el plazo de un mes, según señalan fuentes del Consejo. El portavoz del organismo no hizo declaraciones al respecto.

 

El CSN hizo pública una nota en la que explicaba que el “Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aplazado a una próxima reunión el estudio y valoración de algunos requisitos impuestos a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en el marco de la evaluación de solicitud de su titular, Nuclenor, de volver a operar la planta hasta 2031, cuando cumpla 60 años de edad”. Según ha informado el CSN, en la sesión del pleno de este miércoles también ha aplazado asuntos respecto al almacén temporal centralizado (ATC), en conformidad con las reglas del funcionamiento del Pleno.

La aprobación de los informes técnicos, según fuentes del Consejo, no presupone que la instalación –desconectada de la red en 2012- sea reabierta pese a superar los 40 años de antigüedad. Pero la luz verde sí tiene una consecuencia: si el CSN da el OK a todas las condiciones técnicas impuestas para reabrir la instalación, las empresas propietarias de Garoña –Endesa e Iberdrola a través de la sociedad conjunta Nuclenor- estarían en condiciones de solicitar la reapertura y reclamar una indemnización en el caso de que fuera denegada por un hipotético Gobierno de signo distinto al PP. La tramitación de todas las cuestiones técnicas puede estar cerrada en el plazo de un mes, según señalan fuentes del Consejo. El portavoz del organismo no hizo declaraciones al respecto.

Greenpeace ha solicitado a las nuevas formaciones que conforman el Congreso de los Diputados en esta XI Legislatura que “soliciten con urgencia al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la paralización del proceso de renovación de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña” hasta la conformación del nuevo Gobierno, además de que prioricen el medio ambiente en la actividad parlamentaria.

La tramitación de las nuevas especificaciones técnicas de Garoña, han provocado más de un rifirrafe en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En noviembre pasado, la consejera y ex ministra socialista, Cristina Narbona, rechazó en solitario (4 votos contra uno) aprobar la revisión de especificaciones técnicas de la central.

Tras el rechazo de Narboba estaba – y está- la idea de que el Gobierno del PP, que no ha ocultado nunca su postura pronuclearestá tendiendo un puente de plata a las empresas eléctricas para lograr una aspiración de calado: conseguir que las centrales nuclares existentes puedan funcionar hasta los 60 años prolongando su vida útil y renovando permisos más allá de los periodos de 10 años que han sido habituales.

Una circunstancia inédita

En su voto particular, Narbona explicaba que “el Pleno del CSN sigue sin aclarar ni debatir técnica y jurídicamente las implicaciones de la solicitud cursada por Nuclenor, a pesar de que se trata de una circunstancia inédita en la historia del organismo de seguridad nuclear”. “Inédita”, añade, por dos motivos: porque pide renovar actividad por un periodo más allá de los habituales 10 años y porque esa renovación –hasta 2031- llevaría a la central a funcionar más allá de los 60 años, con lo que eso supone en la cuestión de generación de residuos.

La reacción más dura en torno al juego del CSN corrió a cargo de partido ecologista Equo y de su portavoz, Juan López de Uralde –diputado electo integrado en Podemos-.  “Es inaceptable que un Gobierno en funciones esté activando este proceso, cuando en realidad no tiene el mandado ciudadano para hacerlo. Son mayoría los partidos que quieren que se cierre la central nuclear de Garoña como demostraba el compromiso que impulsamos en el Congreso y que firmaron Compromís, PSOE, el grupo Izquierda Plural, ERC, Coalición Canaria, PNV, Amaiur, BNG y Geroa Bai”.

Un listado muy prolijo

El CSN aprobó en julio de 2014 un prolijo listado de requisitos que debía cumplir la central para seguir tramitando la solicitud de apertura que los propietarios presentaron el 27 de mayo. La solicitud de Nuclenor (propiedad de Endesa e Iberdrola) contemplaba una licencia válida para 17 años. Es un dato clave. El consejo de administración del CSN rechazó debatir sobre plazos antes de entrar en los requerimientos técnicos, según explicaron entonces  fuentes conocedoras del proceso. El hecho puede ser interpretado como una aceptación tácita de que la renovación de licencias de las nucleares será por periodos más amplios, de los 10 años habituales a 17. Con la ampliación, la central de Garoña, que comenzó a funcionar en 1971 alcanzaría una vida útil de 60 años. Todo un precedente para el resto de las instalaciones.

La polémica sobre la vida útil de las centrales nucleares está alimentada por la ausencia de una norma que fije límites. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a plantearlo en la Ley de Economía Sostenible, pero la iniciativa no prosperó. El límite de 40 años que se consideraba razonable para la mayor parte de las instalaciones se ha superado en EE UU. El argumento es que con inversiones adecuadas, las centrales pueden funcionar muchos más años (hasta 60 en los nuevos planes). En España, desde finales de los 90, las licencias de las instalaciones nucleares se han ido renovando de 10 en 10 años. Ahora, Garoña puede suponer el gran salto. Ibedrola lo llegó a solicitar por carta.

Fuente: bez.es

Movimientos de Scharfausen (presidente del CSN) con Garoña:

El presidente del CSN fulmina a sus 2 responsables en Garoña para colocar a sus peones

Técnicos del CSN han denunciado publicamente presiones politicas para “rebajar” las exigencias de seguridad con Garoña.

El CSN silencia las críticas de los expertos sobre Garoña y el ATC hasta después del 20-D

–  Oscurantismo del gobierno central en torno a la reapertura de garona y a su almacen nuclear/

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