La Diputación de Álava se personará en el proceso de autorización del almacén de residuos nucleares de Garoña

La Diputación Foral de Álava se personará en el proceso de autorización del almacén de residuos nucleares de Garoña, auspiciado por el gobierno central, tras recibir un informe de los servicios jurídicos que avala su decisión.

El enfado de la Diputación Foral de Álava con el gobierno de Mariano Rajoy respecto a Garoña pasará en los próximos días de las palabras a los hechos. El pasado mes de noviembre, el diputado foral de Medio Ambiente, José Antonio Galera, denunciaba en una entrevista a este periódico el “ninguneo” por parte del ejecutivo del PP a Álava al conceder la autorización del almacén temporal de residuos de Garoña sin contar en ningún momento del proceso con las instituciones alavesas. El visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente a este almacén implica que Garoña pueda acoger en sus instalaciones 32 contenedores de residuos nucleares, y el gobierno foral entendía que Álava debía haber formado parte del expediente como territorio afectado.garoña

Galera anunciaba que el diputado general, Ramiro González, había enviado sendas cartas a los Ministerios de Industria y Medio Ambiente mostrando su enfado y reclamando una reunión con el ministro José Manuel Soria. Misivas que, como adelantó recientemente este diario, sólo recibieron una respuesta plagada de vaguedades y sin ninguna concreción.

Así las cosas, y tras constatar que el gobierno del PP se mantiene impertérrito en su postura de no contar con Álava mientras va dando pasos hacia la reapertura de Garoña, el ejecutivo de Ramiro González ha decidido finalmente personarse motu proprio en el proceso de tramitación del expediente del almacén temporal de residuos para obligar al gobierno central a escuchar su voz, por mucho que no les guste.

Y lo hará tras recibir un informe de los servicios jurídicos forales, al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, que avala la intención del gabinete PNV-PSE y considera que “existen fundamentos jurídicos suficientes para que las administraciones vascas concernidas se personen en el procedimiento de autorización de ejecución y montaje” del almacén de residuos nucleares de la planta burgalesa, ubicada a cuarenta kilómetros de Vitoria. De hecho, según confirmaron ayer fuentes forales, el ejecutivo de Ramiro González no será el único que se persone en la causa, sino que lo hará de forma coordinada con el Gobierno Vasco. Precisamente, ayer el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, aseguraba también que, en caso de que Garoña reabra sus puertas en el futuro, presentarían un recurso conjunto de la mano de la Diputación alavesa.

Por ahora, y aunque la sombra de la reapertura acecha cada vez con mayor fiereza -por mucho que la semana pasada el CSN aplazara algunas de las decisiones más importantes al respecto ante la presión social-, el primer y más cercano objetivo de ambas instituciones pasa por revertir el ninguneo de Mariano Rajoy para que escuche lo que Álava tiene que decir al respecto del almacén de residuos. Una infraestuctura en la que sus aguas subterráneas están conectadas con el gran embalse del subsuelo de la Llanada Alavesa, como recordaba el diputado foral de Medio Ambiente en la entrevista citada.

Argumentos

Como aval para que la Diputación se persone en la causa, el informe de los servicios jurídicos forales sostiene en sus conclusiones, en primer lugar, que en el contenido del plan de emergencia nuclear “se desprende con claridad la existencia de, cuando menos, intereses legítimos objetivables de las administraciones públicas vascas en las actuaciones que se lleven a cabo en la central de Garoña, lo que les otorgaría el derecho a personarse en cualquier procedimiento administrativo que pudiera concluir con una resolución que afectase a esos intereses”. En ese sentido, el documento recuerda que en diciembre de 2008 una sentencia anuló la decisión que dos años había tomado el gobierno de Madrid de “aprobar los planes de emergencia nucleares exteriores a las centrales” sin haber escuchado durante el procedimiento a la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC).

Otro de los argumentos expuestos en el informe incide en que los municipios con derecho a recibir una asignación económica con cargo al fondo para la financiación de las actividades del plan general de residuos radioactivos “son aquellos que se sitúan en un radio de hasta veinte kilómetros” a la redonda respecto a la planta nuclear, una franja de terreno que incluye a varios municipios del territorio alavés y que, según la valoración de los autores del documento, “viene a reconocer” a estos pueblos “como zona de influencia de la central”.

En definitiva, el documento censura el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente “no haya dado traslado de las actuaciones desarrolladas en el proceso de tramitación” del almacén de residuos de Garoña “a las administraciones vascas con competencias que pudieran verse afectadas” y establece el derecho de la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco “y las entidades locales territoriales” a “impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, con lo que cabría, también, impugnar la eventual resolución que ponga fin a este procedimiento autorizando la construcción” del almacén temporal de residuos.

Y es que, según apuntaron fuentes forales, en caso de que el gobierno en funciones del Partido Popular no acepte la inclusión de la Diputación y el Gobierno Vasco en el procedimiento de autorización del almacén, el siguiente paso sería impugnar la decisión y trasladar el proceso al orden de lo contencioso-administrativo. Algo que, teniendo en cuenta el ninguneo al que el gabinete de Rajoy y los ministerios de Industria y Medio Ambiente en concreto han sometido hasta ahora a las instituciones alavesas, no parece descabellado.

Mientras tanto, y tras retrasarla por primera vez la semana pasada, el Consejo de Seguridad Nuclear tampoco celebrará hoy su reunión plenaria para abordar la aprobación de un paquete de medidas dirigidas a asfaltar el camino de la reapertura de Garoña hasta 2031, con hasta siete cuestiones relacionadas con la seguridad, sus sistemas eléctricos y de aislamiento o el propio y polémico almacén de residuos nucleares.

CSN. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tampoco celebrará hoy su reunión plenaria y la pospondrá a la próxima semana. Un cambio de fecha que según este organismo entra dentro de la normalidad y sucede de vez en cuando “por problemas de agenda de los propios consejeros”. La semana pasada la presión social llevó al CSN a cancelar a última hora el pleno del Consejo en el que estaba previsto abordar asuntos relativos a la reapertura de la central nuclear de Garoña.

las claves

Podemos recuerda que Nuclenor podría recibir una compensación por el dinero que dejaría de percibir (lucro cesante)

gasteiz – Podemos advirtió ayer en Vitoria que si el Gobierno del PP en funciones permitiera la reapertura de Garoña y después un nuevo ejecutivo revocara la decisión, la empresa propietaria de la central, Nuclenor, podría reclamar una indemnización en los tribunales por “lucro cesante” o perjuicios. Aunque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está analizando diversos informes sobre la planta burgalesa de cara a la renovación de su permiso de explotación y para reabrirla es imprescindible su visto bueno, la decisión final corresponde al Gobierno.

El diputado de Podemos por Álava en el Congreso y coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, acudió a la capital alavesa para reclamar que no se adopte ninguna decisión sobre el futuro de Garoña hasta que se forme un nuevo Gobierno, pues tras las pasadas elecciones generales “la mayoría absoluta del Congreso es totalmente contraria a la reapertura” de la planta atómica ubicada a cuarenta kilómetros de Vitoria. “No entenderíamos que un Gobierno en funciones tomara una decisión contraria a esa mayoría democrática”, afirmó Uralde, para el que un ejecutivo en funciones debe ocuparse de las cuestiones ordinarias y no tomar decisiones que se prolongarían durante más de quince años.

Uralde subrayó en este sentido que si el PP decide permitir la reapertura de Garoña y un nuevo Gobierno de color diferente revierte la situación, podría abrirse la puerta a que Nuclenor reclamara en los tribunales una indemnización por lucro cesante, es decir, por el dinero que dejaría de ganar al cerrarse la central.

Hoy mismo, un grupo de diputados de Podemos entregará al presidente del CSN, Fernando Martí, una carta en la que reclaman que “detenga temporalmente” la evaluación de Garoña hasta la constitución de un nuevo Gobierno. La formación morada impulsará además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña de forma definitiva, impulsar un plan de reactivación económica para la zona y establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta.

Fuente: DEIA.COM

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