El Gobierno tendrá la última palabra sobre el ATI de Almaraz

ME02. ALMARAZ, Cáceres, 8/6/2010.- Fotografía reciente del exterior de la Central Nuclear de Almaraz (CNA). El Ministerio de Industria y Comercio ha autorizado a la CNA para que siga funcionando durante diez años más con la renovación de la licencia que finalizaba este año, según ha confirmado a Efe el responsable de Relaciones Institucionales, Aniceto González. EFE ***Sólo uso editorial***

La Junta de Extremadura ya ha registrado su oposición durante el periodo de alegaciones y ahora toca al promotor del almacén nuclear rebatir apreciaciones o modificar el proyecto

Una quinta parte de la energía que se consume en España procede de las centrales nucleares. Su desventaja es que genera una basura radiactiva que hay que neutralizar. La central de Almaraz necesita su propio almacén para sus residuos nucleares y ha realizado un anteproyecto que ubicaría esta instalación a 400 metros de los reactores. Pero su construcción es ahora mismo una incógnita. Primero porque aunque la Junta de Extremadura ya ha manifestado su oposición, es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) el que tiene la última palabra a la hora de calificar favorable o desfavorable la declaración de impacto ambiental. Y segundo porque, siendo el Gobierno el que ha de decidir si impulsa o detiene el proyecto, la realidad es que aún no se conoce ni la composición del próximo Gobierno del país ni su política energética o las condiciones que impongan en esta materia los socios parlamentarios que encuentre.

Como se sabe, España iba tener un cementerio nuclear para el combustible gastado de sus seis centrales en activo. Esta instalación prevista desde 2011 en Villar de Cañas (Cuenca) para 2018, se paralizó la primavera pasada. El efecto inmediato es que cada central está intentando construir su propio almacén de residuos, obviamente más pequeños. Se denominan almacén temporal individualizado (ATI).

Fuente: hoy.es

Los nuevos parques eólicos cobrarán el Kwh al mismo precio que las centrales de gas, carbón o nucleares

El 14 de enero de 2016 ya forma parte de la historia del sector energético en España. Tras cuatro años de barbecho impuesto por una moratoria instaurada por el Partido Popular nada más llegar al Gobierno, el país retomaba la inversión en energías renovables de la que un día fue líder mundial.

Y lo hacía mediante un mecanismo novedoso: por primera vez en España se adjudicaba una cierta capacidad de generación mediante una subasta. Quien menor precio ofertara por instalar parques eólicos o centrales de biomasa (materia orgánica) para producir electricidad,  ganaría.

 El resultado ha sido espectacular: toda la capacidad eólica ha sido adjudicada a precio cero, esto es, no cobrará prima, complemento ni subvención alguno. Los nuevos parques se limitarán a cobrar el precio del mercado mayorista de electricidad, el mismo que reciben las centrales de gas, carbón o nucleares. Eso sí, lo harán con un enorme balance de impactos sociales y medioambientales a su favor. Ni CO2, ni óxidos de nitrógeno, ni riesgo de accidente nuclear, ni basura radiactiva durante decenas de miles de años…

Es más, resulta que ninguna de las centrales convencionales cobra solo el precio del mercado: las sucesivas normas aprobadas durante los últimos 20 años las han agraciado con sutiles conceptos, ininteligibles para el común de los consumidores, tales como pagos por capacidad, restricciones técnicas, regulación secundaria, gestión de desvíosque contribuyen a incrementar sustancialmente sus ingresos por encima del precio del mercado mayorista. No será así para la nueva eólica, que cobrará exclusivamente el precio mayorista. Sin aditivos.

La biomasa sí contará con un aditivo, la retribución por operación, que la llevará a cobrar aproximadamente el doble que las nucleares; pero, atención, algo menos que las centrales de gas.

No pretendo profundizar aquí en las razones que han podido llevar a los promotores a presentarse a una subasta para obtener algo que podían haber conseguido sin la necesidad de ésta. Al fin y al cabo, jamás hubo moratoria para la instalación de parques eólicos que estuvieran dispuestos a cobrar el precio de mercado. Solo diré que tiene que ver con las expectativas de conseguir prioridad en la evacuación de energía en puntos de la red ya saturados y en la percepción —a mi juicio, errónea— de que obtendrían una cierta estabilidad de ingresos. Creo que, con independencia de las razones, lo sustancial es que ha quedado demostrado que la energía eólica ha conseguido ser competitiva con las tecnologías convencionales a pesar de los enormes impactos de éstas. La regulación debería centrarse en eliminar todos los obstáculos a su desarrollo, sean éstos referidos a redes o a configuración de mercados.

Llegados a este punto es inevitable preguntarse: ¿a qué esperamos para exigir a nuestros políticos un plan acelerado de transición energética? Si la nueva eólica ya es más barata que la vieja nuclear incluso olvidando las enormes subvenciones que ésta requirió para su construcción, ¿a qué esperamos para dejar de hipotecar a los bisnietos de nuestros bisnietos con la basura nuclear que hoy generamos?

Yo, de paso, también me pregunto, ¿por qué se ha excluido a la energía solar de la subasta si en países donde ha competido con la eólica, como en Chile, ha ofertado precios aún menores que ésta? No me digan que “cualquiera puede montar un panel solar en su casa”, que no me vale.

Fuente: eldiario.es

PSOE y Podemos quieren que el CSN explique ya en el Congreso su gestión sobre Garoña y el cementerio nuclear

Ambos partidos se disponen a exigir la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en cuanto se constituyan las comisiones de la Cámara Baja para que dé cuente de la labor del organismo en la autorización del almacén nuclear, la reapertura de la central de Garoña y por la caza de brujas contra las voces críticas del organismo.

PSOE y Podemos coincidieron en la campaña electoral en proponer el fin de de la energía nuclear en España (éstos con más prisa que aquéllos, pero el própósito era el mismo). Y ahora ambos partidos parecen compartir su intención de exigir que desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), supervisor del sector y encargado de velar de la seguridad de las instalaciones del país, se rinda cuentas por su labor por su polémica gestión entorno a la reactivación de Garoña y a la futura construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radioactivos.

Podemos ya ha dejado claro que no piensa esperar a la investidura de un nuevo Gobierno para lanzarse (y estrenar) su labor parlamentaria. La formación liderada por Pablo Iglesias ha anunciado su intención de presentar una proposición de ley de emergencia social (paralización de desahucios, eliminación de copagos, garantía de suministros energéticos…) en cuanto se constituyan las Cortes. Y Podemos tampoco pretende esperar para iniciar su labor de oposición en una materia que estuvo presente de manera permanente en su campaña electoral, en la que propugnó el cierre de todas las centrales nucleares antes de 2024 y en la que el rechazo frontal a la reapertura de la central de Garoña fue uno de los ejes de la campaña particular de Juan José Uralde, coportavoz de Equo y ahora también diputado de Podemos por Álava.

Los planes de Podemos pasan por pedir con carácter inmediato la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, en el Congreso de los Diputados para que explique las “zonas oscuras” de la gestión del organismo, según confirma el propio Uralde en declaraciones a SABEMOS. “No vamos a esperar a tener Gobierno para empezar a presentar propuestas y comparecencias. Han ocurrido muchas cosas oscuras en estos años en el CSN que es necesario aclarar”. Fuentes próximas al futuro grupo parlamentario del PSOE confirman igualmente su pretensión de hacer que Marti acuda a la Cámara para rendir cuentas.

Pablo Iglesias y Juan José Uralde en la presentación del programa de energía de Podemos en la campaña electoral.

Y esas cosas oscuras que el nuevo diputado de Podemos ve en la gestión del CSN se centran en los expedientes para la autorización del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas y para la reactivación de la central de Santa María de Garoña, y también sobre las denuncias de malas prácticas por parte de los técnicos del centro y la caza de brujas interna en que han derivado. Las Cortes se constituirán mañana mismo y las diferentes comisiones del Congreso arrancarán en un plazo de dos o tres semanas. Y tanto PSOE como Podemos quieren que el presidente del CSN acuda cuanto antes a la comisión de Industria para dar explicaciones.

Durante todo el año pasado el presidente del CSN no acudió a la Comisión de Industria del Congreso a rendir cuentas por las actuaciones del centro en el ejercicio precedente. El CSN remitió el pasado julio a las Cortes el informe de actividades correspondiente a 2014, pero Marti no llegó a comparecer para explicarlo. Diversas fuentes del sector consultadas por SABEMOS entienden que resultaría pertinente que lo primero que hiciera la nueva Comisión de Industria de la Cámara Baja una vez constituida -previsiblemente, a principios de febrero- fuera reclamar la comparecencia del presidente del regulador nuclear precisamente por no haber acudido en 2015.

Una petición de comparecencia que llegará en un momento en que los técnicos del CSN denuncian la politización del centro, su falta de independencia y su querencia por favorecer a las eléctricas, que son a las que el organismo debería controlar. La dirección del CSN –con el presidente Fernando Marti Scharfhausen al frente- ha emprendido una investigación interna para determinar el origen de las graves críticas y también ha cesado a un jefe de área que se opuso a rebajar los criterios para calibrar la gravedad de fallos en las centrales.

Todo ello en un organismo regulador responsable de una materia tan sumamente delicada como la de garantizar la seguridad nuclear en el país. Y todo ello en un momento en que el CSN tiene en su mano temas tan polémicos y tan de calado como la autorización del cementerio nuclear de Villar de Cañas o la reapertura de la central de Garoña, y sobre los que parece haber demasiadas prisas para quemar etapas.

El CSN, en paralelo, ha impuesto el secretismo en torno al almacén de residuos radioactivos de Villar de Cañas y al proceso de reapertura de Garoña. Sólo una veintena de técnicos y directivos del organismo tienen acceso a la documentación sobre el proyecto. Ni siquiera los consejeros del centro pueden disponer de los estudios libremente. Greenpeace, Ecologistas en Acción y Transparencia Internacional intentan desde hace meses conseguir información detallada sobre los expedientes, pero siempre se dan de bruces con el apagón informativo de la dirección del CSN.

Fuente:  sabemosdigital.com

Los técnicos del CSN denuncian por carta ante los partidos las “poderosas injerencias políticas” que padecen

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Los técnicos del CSN han enviado sendas cartas a Rajoy, Sánchez, Iglesias, Rivera, Garzón y Herzog para denunciar las “cada vez más poderosas injerencias políticas” y “caza de brujas” que sufren y piden, al que gobierne, los cambios normativos necesarios para contar con “un CSN verdaderamente independiente y despolitizado”.

Son seis cartas fechadas el 24 de noviembre pasado, ya en precampaña electoral, y dirigidas a los líderes de PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Unidad Popular y UPyD. Las envía la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (Astecsn), una suerte de sindicato profesional que defiende los intereses de los “funcionarios técnicos” que trabajan en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

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Son cartas de denuncia que dibujan una preocupante realidad en el seno del regulador que vela por la seguridad nuclear en España. Los técnicos han decidido “pasar a la acción constructiva y responsable” y por eso piden el amparo de los líderes de los seis partidos más representativos del arco parlamentario nacional. Incluido el PP, que en diciembre de 2012 decidió colocar al frente del organismo a Fernando Marti, ex secretario de Estado de Energía con el ministro de Industria, José Manuel Soria.

La misiva, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, arranca con fuerza: “Los principios de transparencia, independencia y rigor” que componen el ADN del supervisor nuclear “últimamente se están viendo menoscabados por injerencias políticas y ajenas, cada vez más poderosas”.

La carta-denuncia de Astecsn, que va firmada por su presidenta, Nieves Sánchez Guitián, alerta de que “el CSN, por medio de su Secretaria General, ha iniciado una caza de brujas en la que nuestra asociación se encuentra en el punto de mira” y advierte de “una serie de acontecimientos que restan credibilidad al organismo”.

Astecsn evita enumerar esos acontecimientos, pero son de dominio público: el despido fulminante de Rodolfo Isasia, Jefe del Área de Experiencia Operativa y Normativa del CSN, por negarse a obedecer la orden de rebajar los requisitos de información y comunicación sobre incidentes en las centrales, una modificación que además fue ordenada por la Secretaria General sin que pasara siquiera por el Pleno del CSN; la imposición de la confidencialidad sobre los informes en temas sensibles como la reapertura de la central de Garoña y la construcción del basurero nuclear (ATC) de Villar de Cañas; el sometimiento del Pleno del CSN a las presiones políticas del actual Gobierno y a las presiones empresariales sobre estos dos temas candentes; el espionaje informático al que se somete a todos los técnicos y otros trabajadores del organismo.

Los técnicos piden a los partidos políticos que ante la nueva legislatura se planteen hacer del CSN un organismo “verdaderamente independiente y despolitizado”, que permita garantizar la seguridad del parque nuclear español y poder “gestionar de forma adecuada los riesgos nucleares o radiológicos”. La carta de Astecsn se atreve a afirmar que “es peor tener un organismo regulador capturado que prescindir de él”, tal y como “demostró el accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima”.

Piden al/los partidos que gobiernen que, al igual que han hecho bandera en la campaña electoral de reforzar las funciones e independencia de supervisores y reguladores como el Banco de España, la CNMC o la CNMV, dediquen algunos esfuerzos a hacer del CSN un “organismo regulador fuerte, con el necesario contrapeso frente a intereses privados o políticos que puedan ser contrarios al interés general. Una mala gestión de éstos, además de costes económicos elevadísimos, puede acarrear daños ambientales con consecuencias muy graves para la población y para el territorio”.

La misiva lanza un claro guiño a los nuevos partidos que traen en sus programas propuestas regeneracionistas en los ámbitos políticos, sociales y empresariales. “Ante una nueva realidad social y política emergente, donde su partido está tomando consciencia de la necesidad de poner en marcha una segunda transición que fortalezca a los organismos reguladores, nos ofrecemos a colaborar en cualquier mejora relacionada con el CSN”, afirma una de las cartas a las que ha tenido acceso Vozpópuli.

Fuente: vozpopuli.com

Tercer aniversario de la parada de Garoña y España no se ha parado.

Los partidos mayoritarios, salvo el PP, apuestan por el cierre de esta instalación que abrió su puertas en 1971. La decisión dependerá del próximo Gobierno

El pasado 16 de diciembre se cumplieron tres años desde que la propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) desacoplara de la red eléctrica a la planta atómica más antigua del país, que inició su actividad en 1971. El motivo no era otro que la entrada en vigor, en enero de 2013, de los nuevos impuestos para gravar el almacenamiento de residuos aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.garoña2

Su cierre estaba previsto, tal y como acordó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, seis meses más tarde, pero las eléctricas dueñas de la instalación del Valle de Tobalina, Endesa e Iberdrola, expusieron la falta de rentabilidad de la planta como argumento para adelantar su parada.

Tres años sin producir electricidad, pero con dos centenares de trabajadores de Nuclenor velando por la seguridad de la planta y para que, si el Consejo de Seguridad Nuclear lo autoriza, la central de Santa María de Garoña vuelva a generar energía. Hace año y medio, la propietaria solicitó una prórroga hasta el año 2031, es decir, hasta los 60 años de vida, algo que ya sucede en algunos países, pero que, en España, no tiene precedentes, ya que la normativa exige el cierre a los 40 años.

Durante la campaña electoral, PSOE, Podemos y Ciudadanos se han mostrado en contra de la reapertura –no contemplan que las instalaciones atómicas prolonguen su vida tras cuatro décadas– e, incluso, algunos han presentado un calendario de cierre de todas las centrales nucleares de España hasta 2028, apostando por las energías renovables.

El organismo regulador, formado por cinco personas –tres a propuesta del PP y dos del PSOE–, no se ha negado a la reapertura de la central del Valle de Tobalina. Ha puesto sobre la mesa las condiciones que se tienen que dar para que sea posible, endurecidas tras el accidente de Fukushima. Entre otros requisitos, la instalación de un Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE) o un sistema de venteo filtrado o la instalación de nuevos equipos recombinadores de hidrógeno en el edificio.

En septiembre de 2014, Nuclenor presentó un calendario de cumplimiento de todas las exigencias para su revisión por parte del organismo regulador. Aún no hay respuesta.

Será el próximo Gobierno de la nación el que decida qué sucede con la central, tras la resolución del CSN. Solo el PP está a favor de una reapertura, siempre vinculada a un informe positivo sobre la seguridad del organismo regulador. El resto reclama un plan alternativo para la zona, ya que, en el momento de su cierre, la planta daba trabajo a alrededor de mil personas, entre empleos directos e indirectos.

Nuclenor, además, se ha tenido que enfrentar en los últimos meses a dos hechos que condicionan la rentabilidad de la planta atómica. Uno de ellos es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a la dueña por apagar la central seis meses antes del cierre previsto, sin razones de seguridad ni técnicas que lo justificaran. La multa se fija en 18,4 millones de euros.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) rechazó un recurso de Nuclenor y dio la razón a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por lo que, según la sentencia, la planta no puede devolver al Ebro el agua que utiliza en su refrigeración a más de 30 grados, por lo que tendrá que construir una torre de refrigeración. Recurrido el fallo ante el Supremo, el coste de esa instalación rondaría los 20 millones de euros.

En medio de todo esto, los ecologistas han aprovechado el tercer aniversario de la entrada en parada cumplido hace unos días para recordar que la planta de producción de energía eléctrica es «absolutamente prescindible», como se puede observar en la curva de demanda de Red Eléctrica de España.

Llegados a este punto, será el próximo Gobierno de la nación el que decida qué pasa con la central más antigua del país. Si se le permite ampliar su vida útil hasta los 60 años o, por el contrario, se cierra definitivamente la planta del Valle de Tobalina.

Anticorrupción recibe los negocios que el marido de Cospedal hizo con el cementerio nuclear

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La Plataforma Contra el Cementerio Nuclear ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción el inicio de una investigación en torno a las licitaciones que obtuvo la empresa donde López del Hierro es consejero, puesto que consideran que Cospedal y el expresidente de Enresa “podrían haber incurrido en malversación de fondos públicos y tráfico de influencias”.

Desde la entrada del marido de Cospedal, López del Hierro, en la empresa Iberinco, hasta la actualidad, esta mercantil ha recibido, directamente o a través de empresas participadas, adjudicaciones por valor de 37 millones de euros de los 54,71 millones que Enresa -Empresa Nacional de Residuos Radiactivos- ha concedido en relación a la construcción del cementerio nuclear. Es decir, más de dos tercios de las adjudicaciones han ido para UTE -Unión de Empresas Temporales-, en las que participa Iberinco, o bien otras sociedades como GHESA y “Empresarios Agrupados, en las que Iberinco tiene una importante participación adicional.

Por esta razón, la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha registrado un escrito en el que solicita a la Fiscalía Anticorrupción que inicie una investigación sobre la adjudicación de estos contratos, puesto que consideran que la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y el expresidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, “podrían haber incurrido en varios delitos penales como malversación de fondos públicos y tráfico de influencias”.

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Así lo ha denunciado el portavoz de este colectivo, Carlos Villeta, en declaraciones a los medios, donde ha puesto de manifiesto la sincronización entre el nombramiento de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa y la entrada de Ignacio López del Hierro en Iberinco. Ambos en mayo de 2012. Además, en este entramado que califican como un “claro tráfico de influencias” por parte de Cospedal, la plataforma ha mostrado sus sospechas sobre la estrecha relación entre la lideresa conservadora y Gil-Ortega.

“No es casualidad que justo en el momento en que López del Hierro deja las empresas inmobiliarias y entra en una empresa muy vinculada a cuestiones nucleares se produzca el nombramiento de Gil Ortega al frente de Enresa, una persona muy cercana a María Dolores de Cospedal”, ha advertido Villeta.

Sobre Gil-Ortega han recordado también que tuvo que dimitir en febrero de 2015 cuando estaba a punto de adjudicar la Obra Civil Principal del basurero nuclear, una licitación con valor de 217 millones de euros que a día de hoy se encuentra pendiente de adjudicación. Además, cabe destacar que en aquel momento, incluso el ministerio de Industria desautorizó a Gil-Ortega por las prisas que mostró en licitar esta obra principal sin tener ninguno de los permisos preceptivos, en especial el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear. En este sentido, Villeta ha dicho que “según todos los indicios, Cospedal forzó a que se nombrara Gil Ortega como presidente de Enresa, ya que estaba muy interesada en estuviera al frente”.

Para concluir, el colectivo ha denunciado que lejos de parar las licitaciones del cementerio nuclear, el pasado 5 de noviembre se adjudicó un nuevo contrato a la UTE Proyecto ATC (Gas Natural- Iberdrola) por valor de 2,76 millones de euros. Se trata del “Servicio de ingeniería de apoyo al licenciamiento para el almacén de espera de contenedores y el módulo de residuos especiales del ATC”.

Esta última licitación, además de realizarse mediante una negociación “sin ninguna otra oferta”, se ha producido después de que el proyecto del basurero nuclear lleve paralizado desde el pasado 30 de julio.

Fuente: periodicoclm.com

La subida del nivel de los rios es un riesgo para las centrales nucleares

reuters

Sobre el riesgo de la subida de las aguas y las centrales nucleares. Puede resultar ser otro “mucho antes de lo que previamente se pensaba”.

” 6 operadores de centrales eléctricas nucleares están monitoreando los pronósticos de las crecientes aguas del Río Mississippi, y se prepara para cerrar plantas más tarde en el mes si la inundación amenaza el acceso a los sitios o el funcionamiento de sistemas de seguridad de la planta, dijo un regulador el viernes.

No se espera que la alta agua interrumpa las operaciones en plantas nuclear ubicadas a lo largo de los ríos en el medio oeste, pero empleados de Entergy Corp (ETR.N) están preparando para la crecida del agua en tres centrales lo largo del río Mississippi desde cerca de Vicksburg, Mississippi, a Nueva Orleans, dijo un portavoz de la compañía.

La estación nuclear de Entergy Grand Gulf en Claiborne County, Mississippi, de 1.268 megavatiospuede ser la más vulnerable, funcionarios dijeron que, en base a las previsiones del Gobierno para el río puedellegar a un máximo de 57,5 pies (17,5 metros) el 20 de mayo, unos 14 pies encima del nivel de  inundación.

“No esperamos que la planta se apague si la inundación no llega por encima de las proyecciones actuales “, dijo Víctor Dricks, portavozpara la oficina regional de los EE.UU. Comisión Reguladora Nuclear cerca de Dallas.

Sin embargo, el agua alta podría cortar el acceso en la carretera principal a la planta, obligando a los vehículos de emergencia a tomar una ruta más larga , dijo.

Si se pronostica que las condiciones del río empeoraren, los reactores se cerrarán antes de tiempo, dijo Dricks.

Los operadores están haciendo planes para cerrar las plantas, si generadores diesel necesarios, y la preparación de copia de seguridad y baterías utilizan para mantener los sistemas de refrigeración de emergencia se ejecuta en el caso de una pérdida de energía fuera de las instalaciones.

Se prevé que el río Mississippi haga cresta cerca de Entergy 978-MW River Bend planta nuclear en West Feliciana Parish, Louisiana, el 23 de mayo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

1.176 MW planta nuclear de Entergy Waterford en St. Charles Parish, Louisiana, se espera que sea parada durante un mes para completar recarga en la próxima semana o así, antes de Mississippi Río inundaciones pico el 24 de mayo de Waterford se encuentra detrás de un Dique de 29 pies.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene previsto abrir el lunes el aliviadero de Bonnet Carre no lejos del sitio de Waterford para permita que el agua del río Mississippi fluya hacia el lago Pontchartrain.

Dricks dijo que la NRC también estaba monitoreando los niveles del agua enMissouri y Arkansas ríos, pero no vieron inundaciones en Entergy de1.838 MW Arkansas Nuclear Una estación en el condado de Pope, Arkansas; Estación del Distrito de Nebraska Public Power 770-MW Cooper en Nemaha, Nebraska; o de la central nuclear de 478 MW en Fort Calhoun Condado de Washington, Nebraska.

Fuente: reuters.com