Enresa vuelve a adjudicar más contratos del cementerio nuclear pese al bloqueo legal

La empresa pública encargada de la gestión de los residuos radioactivos continúa con las licitaciones ligadas a la futura autorización de construcción del almacén, pese a que Castilla-La Mancha ha prohibido construir en los terrenos de Villar de Cañas (Cuenca) y pese a que el Gobierno aún no ha aprobado la autorización de emplazamiento.

El Colegio de Geólogos ha advertido que realizar infraestructuras sobre terrenos “yesíferos solubles y arcillas expansivas” puede acabar haciendo “inviable” el proyecto mismo o, en todo caso, que estas dificultades generen “incrementos presupuestarios considerables”.soria

Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de la basura nuclear en España, continúa con el proceso de licitación de contratos ligados a la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, a pesar del bloqueo legal en que actualmente se encuentra el proyecto y pese a que aún no está formalmente aprobada la autorización de emplazamiento por parte del Ministerio de Industria.

La Junta de Castilla-La Mancha amplió una zona de protección ambiental hasta incluir dentro de sus límites la parcela donde está previsto construir la instalación en Villar de Cañas, en Cuenca. La maniobra del Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page formalmente supone bloquear todas las obras dentro de esta nueva zona protegida y, con ello, frenaría sine díe el proyecto. El Gobierno central ha intentado en los tribunales -de momento sin éxito- sortear el bloqueo. Aunque aún le queda la opción de declarar el proyecto del cementerio nuclear de interés general y, con ello, desencallarlo al tratarse de una norma de rango superior a las competencias ambientales autonómicas.

Enresa, en cualquier caso, obvia el bloqueo legal y acaba de adjudicar dos nuevos contratos vinculados al cementerio nuclear por un importe total de 79.633 euros. La compañía pública ha adjudicado el servicio de monitorización de la red topográfica de nivelación de precisión del emplazamiento del ATC a la empresa Intopcar por 41.125 euros; y el suministro de bombas de muestreo de aire para el programa de vigilancia radiológica de la instalación a la compañía Suministros Garrido por 38.508,50 euros. Enresa aprobó los nuevos contratos el 20 y el 22 de enero, respectivamente.

Con las adjudicaciones, Enresa cumple con el requerimiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de continuar con la caracterización del terreno como paso previo a la obtención de la autorización de construcción de las instalaciones. Sin embargo, se avanza en la obtención de esta licencia sin que esté aprobada formalmente por el Ministerio de Industria la necesaria autorización de emplazamiento del proyecto.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio su visto bueno el pasado julio a la autorización previa del almacén, que en la práctica suponía ratificar la idoneidad de la ubicación seleccionada. Una vez obtenido el informe favorable del CSN, el Ministerio de Medio Ambiente debe redactar la preceptiva declaración de informe ambiental del proyecto. Pero el departamento de Isabel García Tejerina sigue sin avanzar en la elaboración de esa declaración, al considerar que no está completa toda la información necesaria. Y sin la declaración de impacto ambiental, el Ministerio de Industria no puede aprobar formalmente la autorización previa o autorización de emplazamiento del almacén.

Pese a que el proyecto no cuenta con la autorización de emplazamiento, el CSN y Enresa siguen trabajando en el siguiente paso, que son los trabajos de cara a que el cementerio nuclear obtenga la autorización de construcción (en los que se enmarcan las nuevas adjudicaciones de Enresa que se aprobaron a finales de enero).

Las nuevas adjudicaciones se producen también en plena polémica por las dudas sobre la calidad de los terrenos elegidos para albergar la instalación. Y es que en el informe favorable a la autorización previa del almacén el propio CSN reconoce las dudas sobre los suelos: ve insuficientes los datos sobre hidrogeología e hidrogeoquímica (esto es, los referentes básicamente a la reacción de los terrenos por la presencia de agua subterránea., Y es que la presencia de yesos y materiales arcillosos en la parcela elegida para construir el ATC de residuos radioactivos podría derivar en que se produzcan agujeros en el terreno.

La mala calidad de los terrenos obligará a trabajos adicionales para la construcción del ATC, que básicamente se traducirán en cimentaciones más profundas y por rellenar parte del terreno con una capa de hormigón para envolver la instalación. Es la solución que propone la propia Enresa para solventar los eventuales problemas por la calidad de los terrenos de Villar de Cañas. Una solución que, previsiblemente, encarecerá el proyecto. El presupuesto actual ronda los 900 millones de euros. Expertos del sector nuclear consultados por SABEMOS apuntan que podría acabar superándose ampliamente los 1.300 millones.

El Colegio de Geólogos ha advertido que realizar infraestructuras sobre terrenos “yesíferos solubles y arcillas expansivas” puede acabar haciendo “inviable” el proyecto mismo o, en todo caso, que estas dificultades generen “incrementos presupuestarios considerables”.

Cospedal y su marido, en el punto de mira por los contratos del cementerio nuclear

Anticorrupción investiga las adjudicaciones a Iberinco, la filial de Iberdrola que fichó a Ignacio López del Hierro, en mayo de 2012, cuatro meses después de que el Gobierno adjudicara la construcción del silo en Villar de Cañas (Cuenca)

Las andanzas de la recién diputada electa por Toledo, María Dolores de Cospedal, en relación al cementerio nuclear, en el municipio conquense de Villar de Cañas, siguen trayendo cola.

El pasado viernes, dos días antes de las elecciones del 20D, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear presentaba un nuevo escrito ante la Fiscalía Anticorrupción, con documentación detallada acerca de los contratos del Almacén Temporal Centralizado (ATC) adjudicados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a Iberinco. La filial de ingeniería y construcción de Iberdrola que, en mayo de 2012, nombró consejero a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP y entonces presidenta de Castilla-La Mancha.

El escrito, complementario de otro presentado y admitido a trámite el pasado mes de mayo, pretende que la Fiscalía deslinde un presunto delito de malversación de fondos públicos por parte del anterior presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, y del actual, Juan José Zaballa, así como de otro, de tráfico de influencias, de la propia María Dolores de Cospedal en favor de su marido. Supuestas malversaciones relacionadas con gastos en la construcción de un vivero de empresas, un laboratorio y varias carreteras, que nada tienen que ver con los fines de Enresa.

 Antecedentes

Para enmarcar el asunto, cabe recordar cómo el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, en una de sus primeros acuerdos de la pasada legislatura, decidió que, siendo Cospedal presidenta de Castilla-La Mancha, fuera elegida la localidad de Villar de Cañas, en Cuenca, para albergar el ATC. Y que, entre mayo y junio de 2012, la propia Cospedal logró que su marido llegara al consejo de Iberinco y que Gil-Ortega –exalcalde de Ciudad Real y número 2 del PP en Castilla-La Mancha– fuera designado presidente de Enresa.

En este segundo escrito ante la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Economía Digital, la Plataforma –contraria al cementerio nuclear, proyecto paralizado desde que el pasado 30 de julio se iniciara el procedimiento para incluir los terrenos del ATC dentro de una zona protegida ZEPA–, pone el foco en varias obras realizadas a través de convenios con la Diputación de Cuenca, la empresa pública Gicaman y varios ayuntamientos  (seguir leyendo)

 

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