La oposición se une en el Congreso para pedir el cese del presidente del CSN

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MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) –

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, van a pedir en la última sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de esta legislatura el cese del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, quien no ha comparecido en la Cámara antes de la previsible disolución de las Cortes la próxima semana, pese a la petición de los parlamentarios de la semana pasada.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias y antes de que tenga lugar el inicio de la citada comisión, donde tienen pensado debatir un escrito introducido a última hora en el orden del día, en el que instan al Gobierno a cesar a Fernando Martí por no comparecer en el Parlamento.

En concreto, los grupos le solicitaron la semana pasada que adelantara su comparecencia prevista para el día 5 de mayo, ante la previsible disolución de las Cortes el día 3 de mayo. Fue el propio Martí el que solicitó comparecer a petición propia ese 5 de mayo, y no antes, por “motivos de trabajo”.

 EL CONTROL DEL PARLAMENTO

Según argumentan los diputados, la Ley de creación del CSN establece que el órgano regulador mantendrá “puntualmente informado al Gobierno” y al Congreso de los Diputados y al Senado de cualquier circunstancia o suceso que afecte a su competencia.

Además, indica que la ponencia de relaciones con el CSN o la Comisión parlamentaria de Industria podrá solicitar “cuantas comparecencias de responsables del CSN crea oportunas” y es por ello por lo que reclamaron su comparecencia para este miércoles o jueves.

“El presidente del CSN, aunque la ley le obliga a mantener puntualmente informado al Congreso de los Diputados y al Senado, no comparece ante las Cortes Generales desde el 3 de diciembre de 2014, habiendo sido solicitada su comparecencia en varias ocasiones por parte de la Comisión, y sin haber presentado aún el informe anual del Consejo correspondiente a 2014, a pesar de los numerosos temas que afectan a su gestión”, lamentan, apuntando entre otros a la reapertura de Garoña o el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC).

Asimismo, destacan que la Ley de creación del CSN establece que el Congreso de los Diputados, a través de la comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros (que ya cumplen si se suman todos los grupos parlamentarios menos el PP), podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese del presidente y consejeros. Es por ello por lo que van a solicitar este jueves el cese de Martí.

EL CSN PIDIÓ COMPARECER EN FEBRERO

Desde el CSN recuerdan a Europa Press que fue el propio órgano regulador el que ya el pasado 11 de febrero pidió comparecer a petición propia ante la Comisión de Industria del Congreso.

En todo caso, especifican que no recibió respuesta por parte del Parlamento hasta el 18 de abril, cinco días después de que se constituyera dicha ponencia, momento en el que fijó como “primera fecha disponible” para acudir a la Cámara el próximo 5 de mayo.

Fuente: europapress

La Audiencia Nacional da 20 días a Industria para explicar la autorización de la mina de Retortillo (Salamanca)

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La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción y Foro de Izquierdas Los Verdes en contra de la autorización del Gobierno a la mina de uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca) y otorga al Ministerio de Industria, Energía y Turismo un plazo de 20 días para que remita la información que se le solicita.

En la providencia de admisión del recurso contencioso administrativo en contra de la autorización de la instalación radiactiva de uranio a la que ha tenido acceso Europa Press, señala a Industria que el plazo es improrrogable y que debe emitir toda la información al respecto para que la parte contraria pueda interponer en los siguientes días una demanda.

Según ha explicado el abogado de Equo en Salamanca, Manuel Serrano, además de la oposición de los ecologistas al proyecto, la licencia no está bien planteada porque se otorgó al proyecto de mina pero no a la planta de reprocesamiento y al almacén de residuos radiactivos de uranio que conlleva.

En concreto, ha indicado que no se ha realizado una solicitud de impacto ambiental de estas instalaciones radiactivas ya que la Junta de Castilla y León elaboró una evaluación de impacto ambiental sobre la actividad minera, no sobre tales instalaciones.

El letrado defiende que la empresa propietaria, Berkeley, denomina “planta de beneficio” a la planta de reprocesamiento y “ripios” de planta a los residuos radiactivos de uranio. “Esto es una instalación radiactiva de plena categoría y su impacto ambiental no está evaluado”, ha afirmado.

Por otro lado, ha informado de que otro de los objetivos de la futura demanda será que la empresa no podrá demandar por lucro cesante al Estado, en el caso de que un futuro gobierno deniegue la licencia a la mina,pues con este recurso, la autorización no es firme. “Podría darse la posibilidad de que el nuevo gobierno diga al abogado del Estado que nos de la razón”, ha comentado.

En este contexto, ha anunciado que el próximo 5 de mayo distintos colectivos del entorno de Retortillo y organizaciones sociales y ambientales se concentrarán frente a la Escuela de Minas en Madrid, donde la empresa minera australiana tiene previsto exponer su proyecto a los estudiantes.

Fuente: Tele5

El presidente de Endesa, sobre Garoña: «El objetivo es que vuelva a funcionar»

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El presidente de Endesa, Borja Prado, aseguró ayer que no existe «ningún compromiso político» con respecto al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), por lo que la decisión final sobre su futuro, si obtiene el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), será «sólo empresarial», informa Ical.

Así respondió Prado al ser preguntado por varios accionistas de la compañía sobre el futuro de la central burgalesa, en el marco de la Junta General celebrada este martes en Madrid. A este respecto, apuntó que si el CSN aprueba la reapertura de la central, dependerá de «un tema puramente financiero y técnico que sigamos adelante». «El objetivo es que vuelva a funcionar», aseguró Prado, quien pidió que «sea lo antes posible» cuando se conozca la resolución definitiva del CSN.

Por otra parte, el presidente de Endesa descartó comprar la participación de Iberdrola en Nuclenor si finalmente ésta decide dejar de operar en plantas nucleares en España. «No es algo que contemplamos en este momento», dijo en declaraciones a la prensa. Prado no quiso calificar de desleal la actitud de Iberdrola, que comunicó a los sindicatos su intención de cerrar Garoña por causas económicas antes de plantearlo en Nuclenor, aunque subrayó que «cada uno es como es». «Yo no lo haría», añadió. El presidente de Endesa se refirió así a la polémica de hace unas semanas cuando el presidente de Iberdrola -propietaria junto con Endesa de la central- anunció a los sindicatos su apuesta por clausurar Garoña al «no ser viable económicamente» en las actuales circunstancias debido a los impuestos a los que debe hacer frente como a las inversiones que estaría obligada a acometer. Galán trasladó, además, a los representantes sindicales que para Iberdrola «Garoña ahora no es rentable» y, por lo tanto, «habría que cerrarla». Tras estas polémicas declaraciones, el Comité de Empresa de la central nuclear se reunió de urgencia con la dirección de Nuclenor, quien matizó que no se ha tomado ninguna decisión en este sentido ni han cambiado las circunstancias como para alcanzar una posición definitiva sobre el futuro de la nuclear.

Centrales y carbón

Por otro lado, Borja Prado defendió, ante las críticas de varios accionistas, que «las centrales de carbón son un activo que sostiene la garantía y la calidad del suministro eléctrico en España». En consecuencia, a la espera de conocer el contenido definitivo del plan del carbón que actualmente analiza la Comisión Europea, defendió que «nuestra obligación es analizar la viabilidad técnica y financiera antes de tomar cualquier decisión».

Fuente: abc

El TC declara inconstitucional el impuesto sobre las nucleares aprobado por el Parlament catalán.

El Gobierno español recurrió la normativa catalana argumentando que su creación vulnera la Ley de financiación autonómica

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos varios artículos de la Ley 12 \ / 2014 del Parlament de Catalunya que establecen la creación del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear y el destino de los recursos recaudados en programas de protección y reactivación económica. Los magistrados dan la razón al Ejecutivo español, que había recurrido el impuesto argumentando que su creación vulnera la Ley de financiación autonómica (LOFCA) para que recae sobre un hecho imponible gravado por el Estado.

En concreto, el TC declara inconstitucionales y nulos los artículos 1.1 c) y del 21 al 30 de la Ley 12 \ / 2014 del Parlament. El primero es el que crea el tributo sobre la energía eléctrica de origen nuclear, y los que van del 21 al 30 son los que establecen la cantidad que deben pagar las centrales y el destino de estos fondos a actuaciones de protección civil para la disminución, el control y la reducción de los riesgos derivados de la actividad de las centrales.

También la creación de un fondo para fomentar la reactivación económica de las zonas afectadas por las centrales nucleares. Según el ejecutivo español, el impuesto vulnera la Ley de financiación autonómica (LOFCA) porque grava elementos “coincidentes” con la ley española 15 \ / 2012 que establece el impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos activos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.

En concreto, según el Estado, las dos normas coinciden grabar “la producción de combustible nuclear gastado resultantes de cada reactor nuclear” .Los magistrados concluyen que “existe equivalencia entre los dos tributos”, que “no sólo graban la misma actividad” sino que lo hacen “desde la misma perspectiva”.

Por tanto, según el TC, el impuesto vulnera los artículos 133.2 y 157.3 de la Constitución española y LOFCA, lo que permite “declarar la inconstitucionalidad y nulidad” de los artículos recurridos. La sentencia no se ha acordado por unanimidad. El magistrado Juan Antonio Xiol Ríos ha presentado un voto particular discrepante donde defiende la potestad de la Generalitat de establecer el impuesto teniendo en cuenta que el 37,5% de los reactores nucleares del Estado se encuentran en Cataluña.

Fuente: lavanguardia.com

Los residuos nucleares tirados en frente de España están sin controlar.

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Reportaje publicado en esmateria.com en 2013

Los 223.000 bidones con residuos nucleares lanzados en alta mar hasta 1982 no se controlan desde hace dos décadas, pese a las evidencias de fugas. ¿Hacia donde los llevarán las mareas?

A pocos kilómetros de la costa francesa y a sólo 124 metros de profundidad, un submarino dirigido por control remoto enviado por periodistas alemanes encontraron dos bidones con residuos radiactivos lanzados al Canal de la Mancha en la década de 1950. Los contenedores, de origen belga o británico, confirman que bajo el Atlántico hay una bomba de relojería.

Hubo un tiempo en el que a las autoridades de los países con instalaciones nucleares les pareció una excelente idea deshacerse de sus residuos radiactivos arrojándolos en alta mar. Entre 1949 y 1982, ocho países europeos tiraron por la borda unos 223.000 bidones con 115.000 toneladas de basura nuclear en el Atlántico Nordeste, en ocasiones a sólo 200 kilómetros de las costas españolas. Eran desechos radiactivos de baja actividad procedentes de reactores atómicos, de instalaciones médicas y de la industria. Tres décadas después, los países responsables se desentienden de aquella barbaridad medioambiental. Los bidones siguen bajo el océano, sin prácticamente ningún control.

“Aunque el vertido de residuos al mar ha cesado, el material todavía puede fugarse de sus contenedores”, alertaba un grupo de científicos en 2010. La vida media de los bidones de hierro que encierran los residuos radiactivos oscila entre los 15 y los 150 años, aunque los que disponían también de una cubierta de hormigón podrían durar hasta un milenio. “La estrategia de eliminación de los residuos de baja actividad fue más de dispersión y dilución que de contención”, resumían lacónicamente los expertos, dirigidos por Tim Le Bas, del Centro Nacional de Oceanografía de Southampton (Reino Unido).

Peces y crustáceos contaminados

En otras palabras, los gobiernos de algunos países nucleares —Reino Unido, Bélgica, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia— pensaban que unas pocas decenas de miles de toneladas de basura radiactiva no se notarían en los 1.386.000.000 billones de litros de agua que hay en los océanos. La expedición de los periodistas alemanes, sin embargo, muestra que la basura sigue debajo de la alfombra.

No es la primera vez. A finales de la década de 1990, científicos franceses de la Universidad de Aix-Marsella viajaron a uno de los últimos lugares del Atlántico Nordeste empleados como cementerio nuclear. Allí tomaron ejemplares de Coryphaenoides armatus, un pez de aguas profundas de hasta un metro de longitud, y de Eurythenes gryllus, un pequeño crustáceo que se alimenta de animales muertos. Los investigadores se toparon con restos de plutonio-239 y plutonio-240, generados en los reactores nucleares a partir del uranio. Sus análisis “sugieren una influencia de los residuos vertidos y subrayan el posible papel desempeñado por estos organismos necrófagos en la dispersión de elementos radiactivos procedentes de los residuos vertidos en el Atlántico Nordeste”, según publicó en 1998 la oceanógrafa Sabine Charmasson.

Dos años después, los expertos del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste (Ospar), que agrupa a los países de la UE, identificaron como una “prioridad” la investigación de “la importancia de posibles fugas en los antiguos vertederos y, si es necesario, el desarrollo y la implementación de una política adecuada para prevenir la contaminación”.

Sin embargo, esos estudios no se han llevado a cabo. En 1995, la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE finalizó su programa de vigilancia de los residuos radiactivos lanzados al agua en el Atlántico Nordeste. “Los análisis mostraron aumentos de la actividad radiológica en los puntos de vertido, sugiriendo fugas medibles pero con un impacto radiológico despreciable”, concluía su informe final. Desde entonces, nada.

Bidones débiles

“Actualmente no hay planes dentro de la Agencia de la Energía Nuclear para llevar a cabo más seguimiento de los residuos vertidos en el Atlántico. Y, hasta donde yo sé, no hay ningún seguimiento [de otros organismos] actual ni planificado para vigilar estos vertederos” del Atlántico Nordeste, reconoce el ingeniero nuclear Ted Lazo, el principal especialista en la materia dentro de la agencia. Rusia sí que ha anunciado este año una campaña para buscar posibles fugas radiactivas en el mar de Kara, una masa de agua al norte de Siberia que fue usada durante décadas como cubo de basura para el programa nuclear ruso. Allí descansan submarinos nucleares soviéticos e incluso 14 reactores atómicos completos.

En 1992, los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) navegaron por última vez sobre los cementerios nucleares submarinos para medir la radiactividad. “Los análisis mostraron elevadas concentraciones de plutonio-238 en muestras de agua recogidas en los puntos de vertido, indicando fugas de los contenedores”, según los expertos de la Convención Ospar. “Hay que destacar que el diseño de los contenedores para el vertido de residuos no estaba destinado a confinar los elementos radiactivos durante décadas, sino más bien para asegurarse de que los residuos llegaran intactos al fondo marino”, subrayaban en un documento oficial en 2010.

Un portavoz del OIEA, Peter Rickwood, explica que “en todos los casos en los que el OIEA estuvo implicado” los estudios radiométricos indicaron que “los niveles de elementos radiactivos observados eran bajos”. La mayor cantidad de radionucleidos en el Atlántico no procedía de los vertidos desde barcos, sino de los ensayos con bombas nucleares en la atmósfera o directamente en el mar, destaca Rickwood. “En general, los estudios no detectaron ninguna radiactividad pero, en algunos casos, se registraron pequeños aumentos de la actividad [radiológica] muy cerca de los bidones”, añade.

El PP, en contra de las inspecciones

Sin embargo, aquello fue en 1992. Más de dos décadas después, con los bidones bajo cientos de metros de agua salada, la situación puede ser muy distinta. No obstante, el OIEA no tiene autoridad para volver a realizar mediciones. Sólo ofrece asistencia técnica a petición de sus países miembros. “Generalmente los programas de vigilancia se inician porque se plantea la necesidad por algún país, y según nuestra información no ha sido el caso en la OIEA”, apunta la española Luisa Rodríguez Lucas, subsecretaria del Convenio Ospar.

En 2011, el Bloque Nacionalista Galego solicitó en el Congreso de los Diputados español una inspección de los residuos radiactivos lanzados al Atlántico Nordeste. El Partido Popular rechazó la propuesta. “No hay ni un solo elemento que nos lleve a desconfiar de la seguridad de los residuos radiactivos en la Fosa Atlántica”, aseguró entonces el diputado Guillermo Collarte.

Los especialistas del Convenio Ospar no lo tienen tan claro. El OIEA está actualizando sus inventarios de basura nuclear en el Atlántico elaborados en la década de 1990. No han llevado a cabo nuevas expediciones, pero han recopilado datos desconocidos salidos a la luz en los últimos años. Su informe estará listo a finales de 2013. “Sobre la base de la información proporcionada principalmente por el OIEA en su inventario actualizado de 2013, el Comité de Sustancias Radiactivas del Convenio Ospar discutirá el año que viene los siguientes pasos a dar, incluyendo el desarrollo de una propuesta para un programa de vigilancia rentable, si es necesario”, explica Rodríguez Lucas.

Fuente: esmateria.com

José Manuel Soria comparte paraísos con las grandes empresas energéticas

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Algunas de las mentiras que ha intentado colarnos son dignas de un sesudo análisis filosófico

Sáb, 16 Abr 2016

 

José Manuel Soria, ya ex ministro, ha sido el protagonista, en competencia con el alcalde de Granada, del escándalo pepero de la semana. Al paso que va el PP, para su próximo congreso no va a necesitar alquilar un espacio muy grande, probablemente les sobre con el salón de Casa Manolo, donde podrán votar a mano alzada de croqueta, a quien quiera que parezca más o menos limpio como presidente nacional.

Siendo tremendamente grave la sarta de mentiras que nos ha soltado el ex ministro en los tres días que antecedieron a su silencio final, lo peor de Soria ha sido, con mucho, la nefasta gestión que ha realizado al frente de Industria, Energía y Turismo. Algunas de las mentiras que ha intentado colarnos, son dignas de un sesudo análisis filosófico.

Por ejemplo, la de que la empresa UK Lines Limited fue de su padre sólo: “con anterioridad o hasta su muerte”. Seguramente el padre del señor Soria, que en gloria esté, debía tener un carácter fuerte, pero de ahí a conservar la propiedad de la empresa tras su muerte, se me antoja excesivo.

Pero insisto, siendo lo de sus empresas en paraísos fiscales y sus torpes mentiras de extrema gravedad, no son más que los puntos sobre las íes de una gestión que tras este descubrimiento se entiende mucho mejor.

Con lo que sabemos ya a ciencia cierta del señor Soria: que ha evadido el pago de impuestos y ha continuado con actividad comercial cuando ya ocupaba cargos públicos, podemos comprender mejor algunas de sus principales actuaciones al frente del ministerio.

Actuaciones siempre a favor de las grandes empresas y en contra de los intereses generales de los españoles, de esos que hemos estado pagando con nuestros impuestos su sueldo desde 1995.

 Cuando Soria llegó al ministerio de la mano de su íntimo amigo Mariano Rajoy, España era líder mundial en la producción e investigación en energías renovables. Una de sus primeras decisiones como ministro fue, precisamente, decretar su parón, suspendiendo las primas para la eólica y la fotovoltaica.

Desde ese día, en España, un país que necesita importar casi el cien por cien de los combustibles fósiles que consume, no se ha instalado prácticamente nueva potencia renovable. El país del Sol es el único que tiene un impuesto que grava el autoconsumo que se produce desde los paneles solares. Paralelamente a esas medidas, Soria ha concedido permisos a Repsol para la búsqueda de hidrocarburos en las Islas Canarias (ahora sabemos que sus preferencias personales son por otros paraísos insulares), prospecciones que se han hecho frente a las playas que son la principal fuente de ingresos del archipiélago.

Al tiempo que quitaba incentivos a las energías renovables, yendo en dirección contraria a lo que están haciendo los países más desarrollados del mundo, se los concedía al fracking,  una técnica de extracción de gas y petróleo que está más que cuestionada en la mayor parte del mundo. Aunque no sea exactamente lo mismo, sirve como ejemplo de lo que el fracking puede provocar, el caso del almacén de gas Castor, frente a las costas de Castellón, que provocó más de 500 terremotos y tuvo que ser clausurado. Eso sí, previa indemnización a la empresa del señor Florentino Pérez de 1.350 millones de euros que le fueron abonados de forma casi inmediata  y que salieron, ¿adivinan?, efectivamente: de nuestros impuestos.

Y, para acabar, aunque podríamos seguir muchos párrafos más, está su oposición al cierre de las centrales nucleares, al contrario de países como Alemania, que ya tienen establecido un calendario de clausura de todas sus instalaciones. Añádanle el intento de construcción del almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), en una zona sobre la que los científicos tienen serias dudas . Aunque ya saben, si resulta ser otro Castor, se paga a la empresa encargada del almacén unos cuantos miles de millones de euros, exacto, de nuestros impuestos y asunto arreglado.

¿Creen ustedes que tiene alguna relación que el ya ex ministro, nombrado y protegido hasta el último aliento por Mariano Rajoy, tenga negocios en los mismos paraísos fiscales donde operan las grandes empresas energéticas a las que él ha procurado tan pingües beneficios en España? Seguro que es una casualidad.

José Antonio Pareja es periodista
Fuente: elplural.es

Jose Manuel Soria un Ministro de Industria, Energia y Turismo para no olvidar

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El peor ministro de la historia de España para los ciudadanos y ciudadanas de a pie por fin ha dimitido.

No lo ha hecho por sus horrendas y miserables politicas energeticas, ni tan siquiera por evadir presuntamente impuestos con empresas en varios paraisos fiscales, lo ha hecho por mentir de forma reiterada y en público cuando todos los periodistas de España le estaban enfocando con sus cámaras y microfonos.

Un breve  resumen de titulares junto a una simple suma del importe de los mismos puede dar una idea de lo que ha supuesto para todos los españoles la gestión del gobierno de Rajoy en materia de energia, y cómo los asuntos personales de Soria y familia han podido pesar en la decisiones de su ministerio.

Dejando al margen sus muchos “negocios” familiares, nos centraremos en unas pocas noticias para retratar la pésima gestión de Soria y sus equipo de colaboradores (Nadal, Scharfhausen y varios del mismo nivel).

Nuestro agradecimiento sincero a eldiario.es y a sus “periodistas de verdad”, que no han ocultado ni manipulado la realidad de la espantosa gestión económica del gobierno de Rajoy y sus ministros.

Soria justificó el freno a las renovables en base a unos informes que no existían.

Debiera de haber sido motivo de dimisión, ya que no había datos objetivos para los recortes a las renovables. Los informes que encargó el ministro para justificar sus medidas, no llegaron hasta meses después de la aprobación del Real Decreto. Probablemente fueron hechos “a medida”.

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Frenazo a las renovables cuando España era pionera y ejemplo internacional.

José Manuel Soria impuso una moratoria que suspendió las primas a las energías renovables. El decreto de 2012 fue anunciado como una medida para paliar el déficit público, pero fue tachado de “gravísimo error” por parte del sector.

La moratoria evitó la instalación de 500 megavatios (MW) de energías renovables que se encontraban a la espera de entrar en el registro, con un limitado ahorro estimado en 160 millones de euros al año.

60.000 familias estafadas, por las políticas de Soria, y los bancos ejecutando los préstamos de las instalaciones solares, para luego casi regalarlas en subastas a las grandes Eléctricas.

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Las empresas Eléctricas debían pagar un dinero del que ni Zapatero ni Rajoy les exigieron el pago.

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El gobierno indemniza a las Eléctricas pero no audita sus costes para comprobar si los datos que facilitan son correctos.

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Las subidas del precio de la electricidad. Sucesión de datos incorrectos y excusas ridiculas.

Según Industria uno de los causantes del Deficit de Tarifa Eléctrico eran las primas a las renovables y un dia Soria justificó la subida del precio de la luz en base a que no habia hecho viento. ¿Encarecen o abaratan?, ¿en que quedamos?

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la luz ha subido por viento

minsitro soria subida liz4_precio_domesticosEspaña es uno de los paises con la electricidad más cara de Europa

5_precio_industrialesLa competitividad de las empresas grandes consumidoras se resiente.

Apoyo al fracking desde la ignorancia y la manipulación.

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Soria el “ocurrente”:

…el fracking sirve para extraer el gas que está enquistado en las rocas, por eso se llama gas esquisto…”.    Sin comentarios. (leer)

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Cambio de legislación para reabrir Garoña.

2014. El portavoz del PNV en las Juntas Generales de Araba, Ramiro González, acusó  al PP de “cambiar la legislación para permitir la reapertura de Garoña por motivos económicos” a pesar de que se trata de una central “obsoleta”.

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Ocultación de datos geológicos de los terrenos del almacen nuclear de Cuenca.

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La indemnización a ACS por la plataforma Castor.

En el terreno industrial, el Castor ha sido una de sus mayores crisis. Era una herencia de mala gestión de los funcionarios de con el Gobierno anterior de ZP. La ‘hibernación’ del almacén de gas, después de registrarse en un mes de 2013 cientos de seísmos en la costa de Castellón, conllevó una elevada indemnización a la empresa promotora, Escal UGS, controlada por la constructora ACS: 1.350 millones de euros.

Los funcionarios que evaluaron el Proyecto Castor no pidieron estudios sísmicos, pero la empresa tampoco los hizo, por lo que la responsabilidad económica debiera de haber sido compartida.

Los 1.350 millones de euros los pagarán los consumidores,con su factura del gas a lo largo de 30 años. El Ministerio llegó a justificar que era más barato pagar esos 1.350 millones que el coste que hubiese supuesto poner en marcha el proyecto.

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11soria castor mas 295No ha actuado contra la pobreza energética

Disponiendo de rigurosos estudios que llevan alertando desde 2012 sobre el avance de la pobreza energética en nuestro país, sabiendo que  millones de familias son incapaces de afrontar los gastos de los suministros energéticos, sabiendo que la vida se detiene cuando te cortan la luz o el gas, y que miles de personas mueren al año por la pobreza energética, Soria no ha aprobado en los 4 años de legislatura ninguna medida para ayudar a estas familias.

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La pobreza energética ha seguido creciendo: según el estudio publicado en abril de 2016 por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), el 11,1% de hogares españoles (5,1 millones de ciudadanos) se declara “incapaz” de mantener su vivienda a una temperatura adecuada y un 22% de la población (2´6 millones de ciudadanos) dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas.

Prospecciones en Canarias con toda la población en contra.

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Apoyo a ciertas empresas sin actividad.

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La mujer del Cesar. Mari Carmen Benítez ha representado a la italiana Endesa.

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Sin embargo, el ministro Soria no se inhibió en ninguna decisión sobre la italiana ENDESA, como obliga la Ley de altos cargos de 2015 y su predecesora, la Ley de conflicto de intereses.

Esta última norma, promulgada en 2006 y vigente en el momento en que Soria llegó al ministerio, establecía en su artículo 7.1 la obligación de los altos cargos de apartarse de aquellos asuntos en los que pudiera producirse colusión de intereses.

“Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”.

Empresas como Volkswagen mandan sobre un Ministerio

Volkswagen vulneró las normativas españolas y por si fuera poco amenazó con no invertir lo que habia previsto. El engaño a miles de españoles les ha salido a coste cero.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, cruzó correspondencia con el vicepresidente mundial de Volkswagen, Francisco García Sanz, tras saltar el escándalo del “dieselgate”, que destapó que la compañía había manipulado motores para ocultar emisiones contaminantes. En esas cartas, a las que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el directivo de la compañía exigió al ministro retirar la medida cautelar contra los coches afectados

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La ininterrumpibilidad. Los españoles pagamos por algo que no necesitamos y sirve para cuadrar balances a empresas como subvención encubierta.

El Ministro de Industria Jose Manuel Soria, reconoce en Televisión Española que el Gobierno ha recibido extorsión por parte de la gran Industria. Estas presiones han conllevado un perjuicio en el sistema eléctrico y en consecuencia el encarecimiento del recibo de la Luz. Dentro de los innumerables conceptos que se encuentran en la partida de Gastos del sistema Eléctrico, existe uno en concreto denominado ‘Servicio de Interrumpibilidad’.Red Eléctrica de España (REE) monopolio natural que gestiona el Transporte de la Electricidad por el País, define en su página web al Servicio de interrumpibilidad como ‘una herramienta de gestión ante situaciones de desequilibrio entre la electricidad que se genera y la que se consume’.Sin embargo la realidad es completamente distinta a lo que nos cuentan. 

Esta hipotética interrupción del sistema eléctrico, que ha supuesto para el bolsillo de los Consumidores la escandalosa cifra de 2.289 millones de euros durante el Gobierno del PP, no es más que otro cajón de sastre de la patética política energética que hemos vivido en estos últimos años.

En España no se ha necesitado cortar la continuidad de electricidad a ninguna Industria desde diciembre de 2009, concretamente en Andalucía y fue a consecuencia de circunstancias Climatológicas y de forma muy localizada. Por lo tanto, este invento político que solo conlleva más perjuicios a nuestro lamentable recibo de la Luz, no es más que una forma de inyectar a un grupo de 50 empresas ingentes cantidades de dinero de forma innecesaria por un concepto inexistente.

Las principales empresas del IBEX-35 son las más beneficiadas, a pesar de tener millonarios resultados en sus balances no escatiman a la hora de presionar al Gobierno hasta el extremo de llegar a chantajear con el cierre de plantas con miles de empleados. Así es como lo ha definido el mismísimo Ministro de Industria en el vídeo que presentamos a continuación.
Y para disfrazar este montaje, pues no tiene otro nombre, celebran una ‘subasta’ al más puro estilo mercado de ganado americano, donde pujan por la adquisición de nuestros dineros que pagamos mensualmente los ciudadanos en el recibo de la Luz. En el vídeo de REE nos lo detallan perfectamente.
La máxima potencia eléctrica demandada  en este año fue el día 4 de febrero a las 19:56h, con una punta de 40.725 MW, mientras podemos observar en el cuadro siguiente que la potencia total instalada en España asciende a la friolera cifra de 107.427 MW.

¿ y esto por qué sucede ? Pues fácil y sencillo; los Gobiernos se han dedicado a darle dinero a las eléctricas a través del BOE, para que derrocharan en instalaciones que con el tiempo se ha comprobado que ha sido un lamentable error.

Este es el caso, por ejemplo, de las Plantas de Ciclo Combinado que con una potencia de 27.000 MW, están funcionando a menos de un 10% de su capacidad (para no pagar el Lucro Cesante). El coste de inversión estatal superó los 10.000 millones de euros, los cuales estamos pagando en los recibos de la luz.

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Respeto por el Medio Ambiente.

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Empleo de múltiples paraisos fiscales y uso de ingenieria financiera

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En DIARIO.ES tienen su propia investigación del ministro Soria

Desmontando a Soria: ocho mentiras del ministro sobre su reforma eléctrica y el recibo de la luz

La última: la potencia contratada de una familia media es de 3,3 kW, cuando hace un mes su propio número dos la cifró en 4,4 kW

Ha utilizado los datos del INE a su conveniencia y ahora los descarta cuando el organismo oficial le contradice

Asegura que los inversores extranjeros confían en España, que acumula denuncias ante el CIADI por los recortes a las renovables

Asegura que los inversores extranjeros confían en España, que acumula denuncias ante el CIADI por los recortes a las renovables

El ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria, lleva tiempo lanzando mensajes que se dan de bruces con la realidad en su intento por defender la eficacia de su reforma eléctrica. Estas son sólo algunas de ellas:

1.- La luz bajó un 4,5% en 2014. El ministro de Industria insistió este miércoles en el Congreso en que la luz se abarató el año pasado. En concreto, dijo que “bajó un 4,5% durante 2014 y un 3% en 2013 para una familia media de dos hijos con una potencia contratada de 3,3 kW”.

No está claro que la potencia contratada más habitual en España (que en cualquier caso sería de 3,45 kW, ya que el tramo de 3,3 se eliminó hace años) sean esos 3,3 kW que ahora menciona Soria. Además, Industria, que hasta ahora mantenía que la potencia media era de 4,4 kW (eso dijo hace menos de un mes el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, número dos de Soria), no especifica qué consumo anual toma como referencia para sus cálculos, y ahí está el truco.

Tomando como referencia la memoria económica de la orden de peajes de 2015, esa media (resultante de dividir los 25 millones de clientes domésticos por la potencia contratada total) estaría en poco más de 4 kW, pero todo depende del equipamiento con el que cuente la vivienda; basta utilizar cualquier calculadora de potencia (por ejemplo, la de Iberdrola) para comprobarlo.

En una casa de tamaño medio (unos 80 metros cuadrados, según los datos del INE) que cuente, por ejemplo, con un equipo de aire acondicionado, la potencia necesariamente debe ser de al menos 5,75 kW. Y, como Soria ha disparado el coste del término de potencia durante su mandato, a medida que esta sube, el recibo se encarece.

Según estimaciones del sector, para un usuario con 4,6 kW de potencia y 3.500 kWh de consumo anual (la media en España, según el IDAE), la luz habría bajado un 3% en 2013 y un 2,6% en 2014; pero si tuviera 5,75 kW contratados y ese mismo consumo, la bajada en 2013 se habría quedado en el 2% y en 2014 habría subido un 0,1%.

2.- Apoyarse en el INE sólo cuando conviene. El 26 de noviembre, en una comparecencia en el Congreso, Soria se aferró a los datos del INE para defender que la luz había bajado en 2013. “Por primera vez en diez años –fuente: Instituto Nacional de Estadística– los precios de la electricidad han bajado en España un 3,7% y este año bajarán por encima de ese porcentaje”, dijo en sede parlamentaria.

Ahora que el INE ha cifrado en el 4,4% la subida de la luz de 2014, los cálculos del organismo oficial ya no le sirven.

3.- La luz bajó en enero y también lo hará en 2015. El pasado día 1, en una entrevista en RNE, Soria pronosticó que “la evolución de los precios a lo largo de 2015 también irá bien al igual que ha ido en 2014 y 2013, fundamentalmente como consecuencia del resultado favorable de la reforma” energética. De momento, en enero, y pese a que Soria había pronosticado una bajada del recibo para ese mes, la luz subió un 17% interanual, según Facua. Este miércoles, en un acto en la escuela de negocios IESE, admitió que “es verdad que la luz ha subido en enero” cuando hace 20 días decía todo lo contrario: “Desmiento que la luz vaya a subir en enero”. En su entrevista en RNE, argumentó que los precios hay que verlos “desde el conjunto y en el contexto de un año completo”. Lo que nos lleva a su siguiente mentira.

4.- La luz se paga cada dos meses. Al defender que los precios hay que analizarlos “en el contexto de un año completo”, Soria argumentó que “la factura, sabe usted que se paga, en fin, cada dos meses”. Y es cierto que en enero de 2013 su ministerio impuso la factura bimestral con lectura real (no estimada, como hasta entonces), pero también lo es que cualquier cliente que lo desee puede pedir que su recibo sea mensual, aunque basado en estimaciones del precio medio durante ese periodo.

Al final, el sistema de precios ciegos que Industria ha implantado (una media de la cotización que marca el mercado mayorista cada hora) con la clara intención política de quitarse de encima la incómoda revisión trimestral de precios vigente hasta hace un año, se le ha vuelto en contra, porque el actual modelo se presta a continuas comparaciones.

5.- El déficit de tarifa de 2014 será cero. Como explicó el propio Soria en el Congreso en noviembre (cuando los datos provisionales de la CNMC cifraban el déficit de 2014 en 3.000 millones), hasta noviembre de este año no se conocerá la liquidación definitiva de la CNMC para el pasado ejercicio. Y, dejando de lado el hecho de que es posible que para entonces él ni siquiera sea ya ministro, que el déficit eléctrico sea cero (lo más probable y algo con lo que cuentan las empresas) no depende de Soria, sino de Cristóbal Montoro, en cuyas manos está liberar la recaudación de los tributos establecidos en el año 2012 a través del llamado ‘impuestazo’ energético.

Pese a las promesas de Soria, las empresas no parecen tenerlas todas consigo. El mes pasado, siete patronales (tanto las eléctricas tradicionales como las de renovables) remitieron una carta al secretario de Estado de Hacienda reclamándole que ingrese al sistema eléctrico los más de 3.600 millones recaudados por este concepto.

6.- La “rentabilidad razonable” de las renovables: el nuevo sistema de retribución de las energías renovables prometía una “rentabilidad razonable” para las tecnologías del antiguo régimen especial que, a juicio de algunas patronales, no se está cumpliendo. Según la sección eólica de APPA, la desviación del precio del ‘pool’ fijado por Industria para calcular esa rentabilidad en 2014 va a costar al sector 300 millones de euros, de los que la mayor parte, 200 millones, corresponde a la eólica. Si bien el nuevo sistema establece una compensación a futuro a través del denominado complemento a la operación, este no se abona hasta dentro de cuatro años. “¿Pero van a llegar las empresas?”, se pregunta un experto del sector.

7.- España cumplirá el objetivo de renovables de la UE. La Comisión Europea ya ha señalado, en un informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente en diciembre pasado, que considera “muy improbable que España consiga su objetivo”, fijado en 2007, de cubrir un 20% del consumo de energía con fuentes limpias. Los recortes aplicados por Soria a estas tecnologías han desincentivado por completo las inversiones, cuando la planificación energética que prepara Industria contempla instalar 1.700 megavatios sólo en energía fotovoltaica de aquí a esa fecha. Aun así, Soria insiste en que ese objetivo se va a cumplir.

8.- Los inversores extranjeros confían en el sector. En su comparecencia de noviembre en el Congreso, Soria se congratuló por que su reforma haya propiciado “una estabilidad regulatoria que ha permitido que los inversores extranjeros vuelvan a mirar al sector energético en España como un sector de enorme interés, de estabilidad y de confianza”. Se refería a la alemana E.ON, que por esas fechas vendía sus activos en España y Portugal al fondo australiano Macquarie y al kuwaití KIA por 2.500 millones de euros. Lo cierto es que, desde entonces, España ha recibido otras tres denuncias ante el CIADI, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, por los recortes a las renovables. Las tres son de inversores alemanes.

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Cabe recordar que hace un año Soria, el mismo ministro que, el 9 de junio de 2012, negaba la evidencia del rescate horas antes de que su homólogo de Economía, Luis de Guindos, confirmase que España pediría a la UE hasta 100.000 millones de euros para sanear su sistema financiero, aseguraba, en una entrevista en Cinco Días, que otros países estaban “mirando” el modelo de retribución implantado en España “para intentar resolver el problema que también tienen con las renovables”. “¿Qué países?”, le preguntaron. “No lo sé aún”, contestó.

7 sorio mienteFuente: eldiario.es

12Humor7solProhibimos o ignoramos

Resumen en vídeo de la última semana de Soria

Las mentiras de Soria y el derecho a la energía

Los informes “secretos” sobre el cementerio nuclear de Cuenca alertaban de las dudas sobre los terrenos

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El CSN entrega los documentos confidenciales sobre el almacén nuclear de Villar de Cañas a la ONG Transparencia Internacional y al Consejo de Trasparencia.

Los dos informes externos (de la consultora URS y de la Universidad de Cantabria) y la documentación de los técnicos del CSN también facilitada por el organismo confirman que la información entregada por Enresa sobre el suelo en que se ubicará el silo era insuficiente y que existían dudas sobre la idoneidad de los terrenos por su composición.

A pesar de contar con estos informes, el pleno del CSN aprobó el pasado julio el informe favorable a la concesión de la autorización de emplazamiento del cementerio nuclear.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha visto obligado a difundir documentación técnica hasta ahora considerada confidencial y que se utilizó para dar el visto bueno al emplazamiento elegido para construir el almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca). Una documentación en la que se alertaba –antes de informar favorablemente sobre la autorización de emplazamiento- de que no se disponía de información suficiente para descartar riesgos vinculados a los terrenos seleccionados y que existían dudas razonables sobre la idoneidad de los mismos [ver aquí todos los informes]

Obligado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el supervisor del sector nuclear ha tenido que entregar a la ONG Transparencia Internacional-España dos informes externos encargados a la consultora norteamericana URS y a la Universidad de Cantabria para ayudar en la evaluación de la documentación entregada por Enresa –la empresa pública titular del proyecto del almacén nuclear-. Y el CSN también ha incluido otros cuatro documentos no solicitados, que son informes de los propios técnicos del supervisor, subrayando que sirven para completar la información que contienen los dos documentos encargados a otras entidades.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el 27 de julio el informe en que se mostraba favorable a la autorización de emplazamiento del almacén nuclear de Villar de Cañas, lo que en la práctica supone ratificar la idoneidad de la ubicación elegida para albergar la instalación. Sin embargo, en el propio informe aprobado entonces por el organismo se recogen las dudas de su cuerpo técnico sobre la calidad de los suelos y se emplazaba a Enresa a hacer nuevos estudios en las próximas fases del proceso.

Sobre esas dudas y sobre esa necesidad de información adicional ya se alertaba con insistencia en los documentos hechos públicos ahora, especialmente el elaborado por la consultora URS para evaluar los estudios realizados por Enresa y en los propios informes de los técnicos del CSN previos a la autorización. El estudio de la Universidad de Cantabria, que se centra específicamente en las propuestas de Enresa sobre cómo levantar los cimientos de los edificios del almacén nuclear, sí avala con carácter general las soluciones que pretenden darse a los problemas derivados de la composición de los suelos de Villar de Cañas.

Las dudas de las que alertan los informes

El CSN contrató a la consultora URS para ayudar en la evaluación de toda la documentación entregada por Enresa para la caracterización de los terrenos en que se ubicará el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos. En el informe, fechado el 9 de julio de 2015 (tres semanas antes de la aprobación del informe favorable por parte del CSN), los expertos de la consultora alertan de “incertidumbres” sobre la geología del suelo por los estudios insuficientes de Enresa y de que no puede descartarse por completo el riesgo de movimientos sísmicos en la zona (poniendo como ejemplos los producidos en años anteriores en Ciudad Real y Albacete).

Los informes de los propios técnicos del CSN (que no habían sido solicitados, pero el organismo ha incluido) también son previos al visto bueno de la autorización de emplazamiento. El cuerpo técnico la mayoría de las dudas de URS (en unos), las advertencias sobre falta de información suficiente (en otros) y se recoge la lista de estudios adicionales que se exigirán a Enresa para continuar en el proceso (aún en otros).

En estos informes, que el CSN ha remitido al Consejo de Transparencia y del Buen Gobierno y a la ONG Transparencia Internacional, se concluye con carácter general que los terrenos son aptos para albergar el futuro silo de residuos atómicos español, pese a que se plantean algunas dudas existentes en materia de la composición profunda de los terrenos o la posible existencia de fallas tectónicas desconocidas.

Así, el informe emitido por el grupo de Geotecnia del departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales de la Universidad de Cantabria el 18 de junio de 2015, que evalúa las soluciones de cimentación del ATC, estima que el terreno elegido en Villar de Cañas “es idóneo para construir una instalación como la del ATC” puesto que la capacidad portante del terreno es elevada y su deformabilidad ante la aplicación de cargas es reducida.

Además, señala que el nivel freático de la parcela está suficientemente definido, “pero a falta de más datos, debe suponerse que su profundidad en la loma situada al norte es similar a la de la zona de la instalación“.

Asimismo, concluye que los ensayos realizados sobre el potencial expansivo del terreno son correctos y adecuados y que los ensayos de inundación bajo carga son “especialmente representativos del proceso”. Los expertos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos valoran como una aspecto “muy positivo” la no presencia de anhidrita.

En cambio, reconoce que los terrenos plantean “problemas derivados de la expansividad o de la disolución de yesos”, aunque propone como la solución “más eficaz” la elección de soluciones estructurales, geotécnicas y constructivas para reducir el riesgo de modificación de los regímenes existentes de tensiones y de flujo de agua. “Las soluciones de cimentación superficial mediante losas rígidas son muy adecuadas”, aconseja.

En ese sentido, también insta a no hacer sondeos excesivamente profundos si no son indispensables, cementar los sondeos en cuanto sea posible, no recurrir a voladuras para la excavación y cuidar el control de flujos de agua. En todo caso, los ingenieros no han detectado huecos de disolución de yesos y valoran ese hecho como “factor positivo”, por lo que ve la solución de diseño envolvente como una precaución adicional.

Por su parte, el informe de URS, que evalúa y revisa la seguridad de los estudios de caracterización del emplazamiento del ATC, critica la falta de algunos datos y comprobaciones más exhaustivos en materias como geología o hidroquímica.

En el ámbito geológico, el documento de 150 páginas, advierte de que la información aportada por ENRESA plantea “incertidumbres” en aspectos relevantes que sirven de base a otras áreas de conocimiento, como geoquímica, sismicidad, hidrogeología y geotecnia relativas a la identificación de zonas endorreicas en el emplazamiento y su entorno y en el ámbito de identificación y análisis de lineamientos del tramo del río Záncara, cercano al ATC.

También advierte de que ENRESA no ha integrado datos petrológicos y mineralógicos, algo que es “la clave” para conseguir una mayor precisión en la localización de depósitos con posibles y previsibles problemas constructivos. Para los consultores, es “fundamental entender la ordenación espacial de las distintas fase minerales que pueden operar tanto en superficie como en profundidad.

Igualmente, considera que la información que presenta la empresa estatal de residuos no ha resuelto de forma suficiente algunos aspectos de relevancia en materia de tomografía, es decir si hay fracturas en el subsuelo y apunta que esto puede influir en tres aspectos “importantes” en el análisis de idoneidad del lugar escogido.

También apunta al desconocimiento “importante” sobre estructura y geometría del techo del basamento por debajo del emplazamiento y en un entorno próximo. Se trata, según el informe, un aspecto “fundamental” para definir la presencia de fallas capaces a la hora de estimar la peligrosidad sísmica en el emplazamiento.

En todo caso, el documento de URS valora que hay ausencia de tectónica reciente tanto en el emplazamiento como en el entorno, pero subraya que no se puede afirmar que no hay fallas activas en el entorno inmediato.

Este informe de evaluación estima que solo son esperables riesgos derivados de algunos desprendimientos de bloques, posibles y pequeños deslizamientos y coincide con ENRESA en que “solamente hay riesgos de inundaciones inherentes a procesos de inundación-sedimentación en la llanura del Záncara y en algunas vaguadas afluentes a la misma, pero no en la zona donde se prevé la instalación nuclear.

En materia de sismología, discrepa de ENRESA en que no hay fallas activas ni actividad asociada a fallas profundas en el entorno del emplazamiento porque hay deformaciones a unos 10 o 12 kilómetros del emplazamiento que han sido interpretadas “de forma discutible” como no formadas por actividad tectónica. Precisamente, advierte de que estas fallas “sin expresión superficial” son la principal fuente de peligrosidad sísmica.

La consultora estadounidense coincide con el informe de ENRESA en que las fuentes sísmicas más importantes para la peligrosidad del emplazamiento y las características de la sismicidad asociada, tamaños y cantidad de los terremotos que se pueden producir, fueron tenidas en cuenta para definir el espectro de respuesta al terremoto base de diseño y que es “suficientemente conservador como para garantizar la estabilidad del emplazamiento respecto a movimientos vibratorios“, incluido un seísmo de magnitud 6 a 11,4 kilómetros de Villar de Cañas.

En cuanto a la inundabilidad, este informe de evaluación no plantea problemas relevantes y coincide en que los cálculos de Enresa son adecuados y “suficientes para asegurar la idoneidad del emplazamiento frente al riesgo de inundación“. “La conclusión es que el emplazamiento puede considerarse adecuado desde el punto de vista de la inundabilidad”, destaca y cree que los terrenos seleccionados podrían se “claramente considerados a salvo de inundaciones”.

Respecto al estudio hidrogeológico presentado por Enresa en 2012 estima que “carece del nivel de detalle necesario para dar respuesta a un esquema conceptual de funcionamiento hidrogeológico lo suficientemente sólido que permita elaborar un modelo matemático que simule adecuadamente flujo subterráneo en el medio y pueda emplearse como herramienta predictiva”.

Por último, en materia de hidroquímica, la evaluación de URS advierte de que aunque las aguas saturadas en yeso no tienen en principio capacidad de disolución de este mineral, es probable que en el subsuelo se produzcan, de acuerdo con las simulaciones presentadas, la disolución de otros minerales y la precipitación inducida de otros, lo que supone variaciones de masa y volumen en el sistema con “potenciales efectos sobre las características geotécnicas“.

Los extensos informes difundidos han formado parte del proceso de decisión en la evaluación del CSN sobre el emplazamiento elegido por el Gobierno el 30 de diciembre de 2011 para albergar el ATC en España.

A pesar de las dudas, el CSN dio su visto bueno al emplazamiento. Y ahora trabaja en el siguiente paso para impulsar el proyecto: las labores para aprobar a mediados de este año el informe favorable a la autorización de construcción de las instalaciones. Y ello a pesar de que el Gobierno aún no ha aprobado formalmente la autorización previa de emplazamiento y a pesar de que la Junta de Castilla-La Mancha ha bloqueado legalmente el proyecto ampliando una zona de protección ambiental hasta las parcelas en que se ubicará el ATC.

Fuente:   sabemos.es

diariocritico.com

¿Que pretendía el presidente del CSN ocultando informes geológicos del almacen nuclear?

CSN1
Según podemos ver en la página 38 de este documento hecho público, los terrenos que se habian asignado en Villar de Cañas para el almacén nuclear,  no eran aceptables para su construcción.
¿Que pretendia el  presidente del CSN Martí Scharfhausen decretando que los informes debian ser secretos?   ¿Dilatar el proceso de construcción del almacen hasta el final de las elecciones y llegada del nuevo gobierno? ¿Instalar un almacen en unos terrenos que no eran aptos? ¿Dejar las bases para una futura contaminación nuclear de acuíferos en Cuenca?

Martí Scharfhausen debe dar explicaciones y si no son satisfactorias presentar su inmediata dimisión.

marti2Martí Scharfhausen con el Ministro de Industria Soria que le nombró tras ser Secretario de Energia y su paso por REPSOL.

LA WEB DEL CSN PUBLICA LOS INFORMES QUE LE SOLICITÓ TRANSPARECIAL INTERNACIONAL

El portal web institucional del Consejo de Seguridad Nuclear (en adelante CSN),  cumpliendo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, contiene la información incluida en el  apartado de publicidad activa, que comprende información institucional y organizativa, de normativa y económica.Resolución de reclamación sobre solicitud de información presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Ref: R/0432/2015.

 

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La carísima factura nuclear

almacennuclear

Un informe de la Unión Europea ha reconocido que los países miembros todavía tienen camino que recorrer hasta solucionar el problema abierto que supone la gestión de los residuos nucleares. En él, se estima que la UE genera al año 122.000 metros cúbicos de residuos, la mayoría de baja actividad y para los cuales los países tienen estrategias de gestión bien implementadas.

Pero en cuanto a almacenes geológicos profundos, la historia es otra. “En Europa, Finlandia, Suecia y Francia tienen los programas más avanzados, pero la mayoría de los estados miembros no tienen planes para empezar su construcción a largo plazo. Mientras tanto, se están construyendo instalaciones para el largo plazo más baratas, pero que no sirven como sustitutas de las instalaciones geológicas”.

Se están construyendo instalaciones para el largo plazo más baratas, pero que no sirven como sustitutas de las instalaciones geológicas

En ese informe, la UE pone cifras a la factura nuclear: 253.000 millones de euros costará gestionar según un informe elaborado por la Comisión Europea. La suma engloba 123.000 millones para desmantelar las plantas y 130.000 para procesar el combustible gastado, los residuos radiactivos y los almacenes subterráneos. Se trata de una cifra que supera en 120.000 millones el dinero presupuestado para esa tarea.

FRANCIA

El Tribunal de Cuentas de Francia ha hecho las cuentas, y ha dejado al Gobierno francés y a EDF helados. Según un informe que se ha conocido esta semana, alargar la vida de los 58 reactores cuesta ¡100.000 millones de euros! Ni más, ni menos.

Una cifra que no se esperaban. Mucho más de lo previsto por la eléctrica estatal francesa que había vaticinado unos costes de 50.000 millones de euros. Que tampoco está mal. Pero claro, ahora el coste se ha disparado al doble y deja en el aire la decisión de alargar la vida de la nuclear en Francia. Por muy nuclear y francesa que sea, que es mucho decir.

ESPAÑA

En el caso concreto de España, el desajuste que señala la Comisión es más que evidente. El informa calcula que serían necesarios unos 14.500 millones de euros para las tareas de desmantelamiento y gestión, mientras que los fondos previstos para esas tareas se quedan en 4.300 millones, un 29% de lo necesario.

a-pag-5Imagen de un almacen nuclear “temporal” en superficie

Fuente: elconfidencial.es

¿Es barata la energia nuclear?