Garoña pierde 5 millones de euros cada mes

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La ‘sangría’ millonaria de Garoña enfrenta a las grandes eléctricas

23/04/2016

La central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, ha abierto una grieta en las relaciones que mantienen dos de las tres grandes eléctricas del país:Iberdrola y Endesa. La postura hasta ahora unánime de ambos grupos para reanudar la actividad de la central -que permanece parada desde diciembre de 2012- se ha roto en los últimos meses tras el giro dado en su discurso por Iberdrola.

La compañía eléctrica que dirige Ignacio Galán ya descuenta que la instalación no se va a reabrir, tal y como el propio ejecutivo salmantino trasladó hace unos días a los sindicatos con motivo de la junta de accionistas celebrada en Bilbao. El argumento esgrimido por la dirección de la eléctrica es puramente económico. Mantener la central en stand by durante tres años y medio ha pasado una factura superior a los 200 millones de euros a sus propietarias, socias en este caso en la compañía Nuclenor. Y la sangría no para, con un coste mensual de cinco millones de euros entre personal, mantenimiento, seguridad…

La reapertura de la central se lleva discutiendo entre ambas compañías desde hace meses de forma confidencial. No obstante, la filtración de la conversación de Galán con los sindicatos ha desatado la caja de los truenos. En Endesa conciben el cambio de postura como una traición de Galán, justo en un momento muy sensible para Garoña y para el conjunto del parque nuclear.

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) ultima el informe en el que se pronunciará sobre el futuro de la central burgalesa, que puede pasar por su cierre definitivo o la concesión del permiso de renovación hasta 2031 vinculado a inversiones que refuercen su seguridad. Además, la marcha atrás de Iberdrola se produce en un momento de incertidumbre total en el sector derivado de la actual coyuntura política, con partidos como PSOE y Podemos que abogan por el cierre de todo el parque en el año 2024.

Nuclenor, la compañía que opera la instalación, permanece en medio del pulso eléctrico entre Iberdrola y Endesa. Fuentes próximas a esta sociedad explican, «sorprendidas», que la retirada de la petición de renovación solicitada en mayo de 2014 no se ha tratado aún en el consejo de administración, compuesto por tres representantes de cada eléctrica y el presidente, José RamónTorralbo. La empresa emplea todavía a 252 trabajadores de forma directa, cuyo futuro está más en el aire que nunca.

El devenir de Garoña no puede considerarse un caso aislado, ya que la práctica totalidad del parque nuclear se enfrenta a la renovación de sus autorizaciones de explotación entre los años 2020 y 2021. Y en este sentido el nuevo discurso de Galán sobre la «inviabilidad económica» de las centrales nucleares a nivel mundial también ha levantado ampollas. «No hay que mirar sólo la rentabilidad. Las nucleares somos necesarias», explican en el sector.

Además, el impacto de un cierre generalizado no golpearía por igual a las compañías que operan en el sector. Endesa, cuyo negocio está concentrado ahora en España y Portugal, es socio principal de las centrales de Ascó I, Ascó II y Vandellós II. Además tiene una participación del 36% en Almaraz Iy Almaraz II. Iberdrola, por su parte, es el primer accionista de los grupos de Almaraz, Cofrentes y Trillo. No obstante, esta compañía presenta un balance más diversificado con mayor presencia internacional y de renovables.

Fuente:    elmundo.es

El precio real de la energia nuclear: No hay dinero para cerrar las nucleares

Juan José Zaballa

Ahora el motivo para ampliar la vida de las centrales nucleares es el económico.

Llevamos desde 1970 oyendo que la energia nuclear era la forma más barata y limpia de producir energia electrica, ¡ incluso que se recomendaba porque no producia CO2 !

Por supuesto la construcción de una central nuclear y su almacen de residuos, mantenimiento, desmantelamiento, extracción de uranio, vigilancia, transporte del uranio y residuos nucleares no producen CO2. Y el plutonio que genera se conserva durante milenios sin necesidad de vigilancia y construcción de infraestructuras.

Nadie se plantea el coste para un estado o la imposibilidad de gestión de los residuos cuando ya no exista petróleo y el Colapso de España lleve ya 20 años.

El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, apuntó ayer a posibles problemas financieros para desmantelar las centrales nucleares del Estado español en el caso de no prorrogarse su actual vida útil prevista de 40 años. El desmantelamiento de los reactores nucleares acarrea elevados costes que incluyen la eliminación de los residuos nucleares y el almacenamiento a largo plazo.

El fondo –Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos– del que dispone hoy la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para las operaciones de desmantelamiento de todos los reactores asciende a aproximadamente 4.600 millones de euros.

En 2028, fecha en la que la última de las centrales acaba su vida útil prevista de 40 años (la de Trillo, en Guadalajara), el fondo sumaría 6.500 millones gracias a la generación de electricidad y recursos de estas instalaciones, una cifra que “habrá que preguntarse si es suficiente” o, por contra, si por motivos financieros es aconsejable incrementar ese periodo.

La ampliación a 60 años es una de las peticiones de la patronal de las empresas eléctricas (UNESA).

“Un informe del Tribunal de Cuentas dice que no (es suficiente)”, detalló Zaballa, que preside esta semana una conferencia internacional de la Agencia de la Energía Atómica (OIEA) sobre clausura de instalaciones nucleares retiradas del servicio y restauración ambiental de emplazamientos con contaminación radiactiva.

Acompañado por el subdirector general de la OIEA, Juan Carlos Lentijo, y el director de la División del Ciclo del Combustible Nuclear de este organismo, Christophe Xerri, el presidente de Enresa recordó que si el cierre de la última nuclear se produce en 2028, las labores de desmantelamiento no empezarán antes del 2031. Será un “esfuerzo muy importante de financiación” y de disponibilidad de localizaciones para los residuos nucleares, agregó Zaballa.

Por otro lado, explicó que “siempre hay estrategias” para sortear posibles dificultades derivadas del futuro Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta actividad (ATC, previsto en el municipio conquense de Villar de Cañas). Enresa está “a la espera” del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que debe pronunciarse sobre un recurso en contra de la decisión del Gobierno regional socialista de declarar la zona del ATC de especial protección medioambiental.

En el caso de que no haya un ATC, afirmó el presidente de Enresa, los desechos se pueden guardar en los almacenes nucleares individualizados de cada planta (ATIs), lo que es “extremadamente” más caro, alrededor del “triple” en comparación con el centralizado.

Prolongar o desmantelar Por su parte, Lentijo explicó que de las 440 centrales nucleares en operación en el mundo, alrededor de la mitad está llegando a final de su vida útil, un centenar está entrando en su fase final (en el plazo de cuatro o cinco años) y el resto espera ampliar su funcionamiento. En conjunto 160 reactores “ya están en parada definitiva” y 17 están totalmente desmantelados, entre ellos dos españoles (Vandellós I y Zorita).

El portavoz de la OIEA recordó que hay, fundamentalmente, dos tipos de políticas en los países: unos están analizando cómo extender la vida de los reactores (de 40 a los 60 años), otros que están optando por agotar las cuatro décadas y otros que han apostado por el abandono de la energía nuclear, sobre todo del centro de Europa. “Parece claro que vamos a tener que acometer muchos más proyectos de desmantelamiento en el futuro”, dijo ayer Lentijo, en cuya opinión “lo ideal” es iniciar esta fase lo antes posible, en cuanto lo permiten las condiciones una vez adoptada la decisión.

Unos 500 expertos y funcionarios superiores de todo el mundo se reúnen desde ayer y hasta el próximo viernes en el Palacio de Congresos de Madrid para estudiar las formas de avanzar en la clausura de instalaciones nucleares y la restauración ambiental de emplazamientos contaminados. La Comisión Europea copatrocina esta reunión, que cuenta además con el apoyo de Enresa, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA).

Según algunos expertos, el coste de clausura y tratamiento de residuos de cada reactor nuclear en activo podría elevarse hasta los 1.300 millones de euros.- Efe

Fuente:  noticiasdealava.com