Un exjefe de una desaladora desvela que el medidor de arsénico fue manipulado

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El testigo afirma a la Guardia Civil que el aparato se encontraba desconectado y que se maniobró para que siempre marcara lo mismo

Hoy traemos un tema no relacionado con la industria nuclear pero relacionado con los sistemas de control de instalaciones industriales de uso civil. Una central nuclear tiene infinidad de sensores y actuadores para controlar automáticamente muchos de sus aspectos.

La desalinizadora de Escombreras ha venido funcionando durante años con el medidor de arsénico manipulado de forma voluntaria, de manera que no se controlaba desde esas instalaciones los niveles de un elemento químico cuya ingesta puede llegar a provocar graves problemas de salud. Esta revelación acaba de ser realizada por el exjefe de la planta y exdirector de la delegación de Tedagua en Murcia, M.A.G.F., durante la declaración prestada el día 16 de este mes ante agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil adscritos a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

El testimonio de este alto responsable de la empresa que se encarga del mantenimiento de la planta desalinizadora desvela todo un cúmulo de deficiencias e irregularidades en la construcción y funcionamiento de esas instalaciones, algunas de las cuales podrían llegar a ser constitutivas de un delito contra la salud pública y/o el medio ambiente, que es lo que tratan de determinar estas diligencias.

 Una de las revelaciones más preocupantes de cuantas ha puesto de manifiesto este ex alto responsable de la planta se refiere al detector de arsénico, que supuestamente no solo estaba fuera de servicio, sino que además habría sido manipulado a voluntad para que siempre ofreciera el mismo dato. «El medidor en línea de arsénico es un equipo que normalmente está fuera de línea, por lo complicado de su funcionamiento; es decir, siempre marcaba el mismo valor. No realizaba mediciones ‘on line’, como establecía la autorización de Consumo».

Para subrayar la importancia de ese dispositivo, el jefe de planta aclaró que «la instalación de ese equipo fue condición indispensable para que sanidad diera el permiso de consumo del agua producto de la desaladora».

Cuando los agentes de la Guardia Civil le inquirieron para conocer cómo se solventaba esa circunstancia, el testigo señaló que «la única manera de hacerlo es manipular el medidor para que marque un valor determinado en el registro». Y cuando se le instó a que desvele quién pudo realizar tal manipulación, respondió que es un dato que desconoce.

Siempre según las declaraciones del antiguo máximo responsable de las instalaciones, que estuvo desempeñando tal responsabilidad desde julio de 2007 hasta que Tedagua le despidió en febrero de 2014 aduciendo la existencia de irregularidades, algo similar se habría estado haciendo para ocultar ciertos problemas de turbidez que se producían en el proceso de desalinización del agua. Así, el testigo señaló que cuando los caudales pasaban por el remineralizador, en los primeros minutos después del arranque de la línea se producía «un inevitable arrastre de carbonato cálcico disuelto». Ello generaba turbidez del agua durante unos minutos, que obligaban a lanzar el agua potable por el emisario durante dos horas, hasta que se cumplían los niveles de transparencia establecidos por la legislación.

Para evitar esa circunstancia se habría estado utilizando un método ilegal, consistente en llenar un depósito con agua clara, que era la que se hacía pasar por los medidores cuando la línea arrancaba. Esa maniobra evitaba que se detectara el aumento de la turbidez que se producía.

Grasas y aceites

Aunque M.A.G.F. aseguró que «al menos mientras yo estuve trabajando en la desalinizadora, la calidad del agua cumplió en todo momento con los límites establecidos legalmente», sus manifestaciones ante la Guardia Civil arrojan múltiples dudas sobre tal afirmación. No solo por lo que desveló sobre el medidor de arsénico y la forma en que se ocultaron los problemas de turbidez que puntualmente se producían, sino porque en apariencia existían más cuestiones irregulares de ese tipo.

De esa forma, indicó que en el proceso de potabilización del agua se debe utilizar una cámara de flotación en la que se inyecta aire comprimido al agua, cuyas burbujas ayudan a eliminar los «sólidos flotados, como aceites y grasas». Pues bien, «ese sistema de flotación está parado», manifestó. «El agua entra en el flotador desde el cajón de captación, pero ni se inyectan productos químicos -necesarios como coagulantes del proceso-, ni funciona el sistema de inyección de aire comprimido, ni hay equipos rotativos», que son los que acaban retirando las grasas y aceites mediante una especie de raquetas.

El agua tratada, aunque en este caso sería «el agua no tratada», como ironizó este exresponsable, pasa a través de unos filtros de carbón activo, donde esas grasas y aceites que todavía pudieran llegar quedarían retenidos. Pues «tal sistema de filtros siempre ha estado parado», advirtió el declarante, aunque aseguró que ello se debía que no se habían detectado esas sustancias en el agua de aporte.

La tercera etapa y, a su vez, la tercera garantía para la calidad del agua, consistiría en unos filtros de anilla, que aseguró que «actualmente, por falta de mantenimiento, tengo entendido que no se están utilizando». Solo se usan unos «filtros de cartuchos instalados recientemente, cuya eficacia es sensiblemente menor que la del sistema de filtración».

Daños al medio ambiente

Tras esas revelaciones, que se referirían de manera genérica a incidencias que podrían acabar teniendo efectos sobre la salud de los consumidores, el exjefe de planta también desveló numerosas circunstancias que podrían causar un daño al medio ambiente. Una de ellas se refiere a que «la emisión de salmuera (al mar) no cumple con lo que establece el permiso de vertido». En concreto, el modelo de difusión de la salmuera obligaba a que la salida del producto por el emisario tuviera siempre una velocidad superior a los 5 metros por segundo, con el fin de facilitar su dispersión y reducir los posibles efectos adversos en la zona.

Lejos de ello, debido a que la producción de agua es variable y cada vez sale un caudal distinto por la boca del emisario, la velocidad cambia de manera habitual. Y como la boca del emisario no puede abrirse o cerrarse de forma automática, sería necesario que «un equipo de buceadores» bajara cada cierto tiempo hasta el emisario y cambiara su configuración. «Evidentemente -dijo-, esto no ocurre, ya que el coste sería muy elevado y su operatividad muy reducida». Más todavía, ocurre que «lo normal es que las boquillas difusoras no estén instaladas».

Igualmente, aunque está totalmente prohibido verter al mar las aguas procedentes de las limpiezas químicas que se efectúan sobre membranas y filtros, «este vertido se hace regularmente, debido a que no existe la posibilidad de tratarlos antes de evacuarlos de la instalación».

Polémico cajón de captación

El exjefe de planta también ofreció datos sobre el polémico cajón de captación de las aguas que van a ser desalinizadas, que se instaló en la dársena de Escombreras pese a que no parece el lugar más apropiado por las dudas que genera sobre la salubridad de los caudales. Sobre este mecanismo explicó que «el diseño hidráulico del cajón no es correcto», de manera que «no es capaz de alimentar a la planta con el caudal de agua necesario para poner en funcionamiento las siete líneas de ósmosis inversa» que se construyeron.

Aunque aclaró que no existe demanda suficiente como para que la planta funcione al 100% de su capacidad, ello no sería posible de todas maneras por ese problema en el cajón de captación y porque, además, la séptima línea no funciona. Se instaló en ella un sistema experimental de recuperación de energía, que no dio resultado, y ahora ponerlo en funcionamiento obligaría a realizar un desembolso «bastante elevado».

Más todavía, el emisario de vertido al mar tampoco podría asumir el volumen generado por una planta funcionando al 100%, ya que cuando llega a determinado valor es incapaz de evacuarlo «y provoca que la planta se inunde».

Por si faltaba algo en todo ese cúmulo de aparentes irregularidades y chapuzas desveladas por el ex alto responsable de las instalaciones, «hubo un error a la hora de gestionar las licencias, y no se sabe quién se encargó de pedir el permiso de vertido, pero el hecho es que solo se autorizó a verter 26,5 hectómetros cúbicos, cuando debería ser para más de 28 hectómetros».

Todo eso en una planta cuya propiedad fue adquirida por completo por el Gobierno regional que presidía Ramón Luis Valcárcel -las gestiones las asumió el entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá- y por cuya explotación durante 25 años se comprometieron a pagar 600 millones de euros, al margen de que produjera o no agua.

Cuatro investigaciones

Esta declaración forma parte de una de las cuatro investigaciones que la Administración de Justicia está desarrollando en torno a la planta de Escombreras. Esta se refiere a los posibles riesgos para la salud pública o el medio ambiente que se podrían haber producido en el proceso de desalinización de los caudales de agua. Pero además hay otra abierta sobre posible malversación de caudales públicos, fraude y un largo número de otros posibles delitos en el proceso de construcción y de adquisición de la planta por la Comunidad Autónoma (Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia); una más sobre la supuesta autorización ilegal de 26 planes urbanísticos, a los que se habría dado luz verde con informes sobre disponibilidad de agua de esa planta, y una última sobre supuestos cobros ilícitos a proveedores por parte de responsable de Tedagua para que agilizaran el pago de las facturas.

Fuente: laverdad.es

Renovables: Un ajuste laboral tan brutal como silencioso

aee eolicaCastilla y León, y más concretamente Burgos genera con molinos mas del doble de lo que consume

Este miércoles Irena (Agencia Internacional de Energía Renovable) presentó  su informe anual “Energía Renovable y Trabajo”, y los datos son reveladores en cuanto a la evolución experimentada entre 2014 y 2015, y esperanzadores en sus proyecciones a 2030.

Así, mientras en el año analizado se produjo una pérdida de empleo a nivel mundial en el sector de la producción de energía, las renovables experimentaron en el mismo período un incremento del 5%, hasta alcanzar 8´1 millones de personas empleadas, a las que habría que sumar otro millón trescientas mil del subsector de la gran hidroeléctrica. En tanto que en el medio plazo se manejan cifras próximas a los veinticinco millones de empleos vinculados a la generación con renovables en 2030.

España, que había llegado a ser un país de referencia en creación de empleo vinculado a las tecnologías verdes, es ahora señalada como el garbanzo negro del club, con una senda de destrucción ininterrumpida en los últimos años que se ha llevado por delante del orden del 50% del empleo del sector.

El balance de estos años en materia de política energética en nuestro país es demoledor. Se ha desmantelado todo un tejido empresarial que ha tenido que buscar refugio en el exterior, acentuando así la pérdida de peso de la industria en el PIB; las emisiones de CO2 vinculadas a la generación eléctrica han roto su trayectoria descendente, justo en el momento en que en París parecen alumbrarse algunos compromisos climáticos tangibles; se ha triturado literalmente el principio de seguridad jurídica, último de los asideros para la inversión en tiempos de crisis, provocando la ruina de miles de pequeños inversores que se han visto obligados a recurrir al amparo de la justicia, y decenas de denuncias ante los tribunales de arbitraje internacionales; y ahora vemos que las consecuencias en el terreno laboral están siendo catastróficas.

Surge entonces mi duda. Hemos visto movilizaciones en casi todos los sectores en defensa de los puestos de trabajo; hemos sido testigos del profuso seguimiento mediático que acompañó a algunos de los conflictos laborales más señalados; muchas han sido las iniciativas institucionales y sociales a distintos niveles que han puesto voz a colectivos en el ámbito sectorial, el territorial y hasta el de centro de trabajo concreto.

¿Quién pone voz a los miles de trabajadores del sector de las renovables que han visto extinguirse sus empleos en nuestro país teniendo que resignarse casi al anonimato?

Fuente: 20minutos

El proyecto del almacén de residuos de Almaraz se parecerá al de Zorita

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Almacen “Temporal” de Zorita en superficie a la intemperie de los rayos, heladas y el sol del verano.

Está pendiente de autorización por el Gobierno, la Junta alegó en contra

El Almacén Temporal Individualizado (ATI) proyectado para la central nuclear de Almaraz (CNA) sería similar, aunque con algunas particularidades, al construido en la central nuclear “José Cabrera”, en Zorita de los Canes (Guadalajara).

El proyecto del ATI de Almaraz, que supondría un desembolso de alrededor de 24 millones de euros, aún precisa del informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente y, con posterioridad, necesitará del informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear y de la aprobación del Ministerio de Industria.

De hecho, ha recibido cerca de 330 alegaciones a su informe de impacto ambiental -ya contestadas-, la mayoría de ellas presentadas a título personal por la ciudadanía, mientras que otras han sido elevadas por distintos organismos, como es el caso de la Junta de Extremadura.

De obtener todos los permisos, las obras podrían comenzar a finales de este año con el objetivo de que el ATI esté operativo a principios de 2018.

Proyectado sobre la zona norte de los terrenos de la CNA a partir de un estudio de numerosos factores, tanto geológicos como medioambientales, así como de seguridad, el ATI puede albergar hasta 20 contenedores de almacenaje y transporte, cada uno de ellos con una capacidad de albergar 32 elementos de combustible gastado.

Con 32 compartimentos en su interior, el contenedor es de acero forjado, de blindaje biológico y presenta dos tapas, una exterior y otra interior, y un espacio presurizado con helio entre ambas.

El ATI, según el proyecto, es una plataforma o losa de almacenamiento, fabricada en hormigón a unos dos metros bajo la cota del suelo, y dispondrá de un muro perimetral de cinco metros de altura -dos en subsuelo y los tres restante sobre superficie-.

Tres vallas

Asimismo, contempla un vallado de delimitación de zona controlada, uno doble de seguridad física y un tercero exterior para acotar el terreno de la zona libre de acceso.

Similar plataforma o losa de almacenamiento, fabricada en hormigón, tiene el ATI de Zorita, si bien ésta fue ejecutada sobre la cota cero del terreno, y tiene doble vallado, además del que acota la zona de libre acceso.

Alberga 16 contenedores -solo de almacenaje- cubiertos de acero, herméticamente cerrados y recubiertos también de blindajes de hormigón y plomo de aproximadamente de un metro de espesor, y colocados en posición vertical, como también estarán los de Almaraz.

La central de Zorita comenzó a funcionar en 1968, fue la primera que se construyó en España, con un pequeño reactor de tan sólo 160 megavatios y el nombre de José Cabrera se le dio en reconocimiento al físico que dirigió sus inicios.

Fuente: eldiario.es

Visitan los trabajos de desmantelamiento de la central de Zorita

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El desmantelamiento de la central nuclear “José Cabrera” comenzó en febrero de 2010. Los trabajos alcanzan en estos momentos un 75% de avance.

El Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre, acompañado por el Presidente de Enresa, Juan José Zaballa y por directivos de la compañía, ha visitado los trabajos de desmantelamiento que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos acomete en la central nuclear “José Cabrera” (Almonacid de Zorita, Guadalajara).

Tras conocer las explicaciones del estado actual de la obra por parte de la dirección de la instalación, Latre ha recorrido el Edificio de Contención de la planta, lugar en el que se ubicaba el reactor, así como el antiguo Edificio de Turbinas, ahora reconvertido en un área de acondicionamiento de residuos radiactivos. La visita ha finalizado en el Almacén Temporal Individualizado (ATI). En este último es donde se guardan los residuos de alta actividad a la espera de que puedan ser enviados al ATC de Villar de Cañas (Cuenca), proyecto que se encuentra paralizado por la oposición del gobierno de Castilla-La Mancha, que ha interpuesto varios recursos y declaró la zona de protección de aves.

El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, calcula que si no se construye un Almacén Temporal Centralizado (ATC), los desechos se pueden guardar en los almacenes nucleares individualizados de cada planta (ATI), aunque es “extremadamente” más caro, alrededor del “triple”.

aamcen zoritaResiduos nucleares a la intemperie en Zorita

El desmantelamiento de la central nuclear “José Cabrera” comenzó en febrero de 2010. Los trabajos alcanzan en estos momentos un 75% de avance.

Fuente: diariodeguadalajara

EEUU sacrificó la salud de soldados y vecinos para silenciar Palomares, aún contaminado con plutonio

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Documentos ahora desclasificados revelan cómo se permitió que los militares trabajaran sin protección y se descartaran mediciones “alarmantemente altas” de plutonio, según revela The New York Times

Algunos veteranos reclaman que se cubran los tratamientos para el cáncer que han desarrollado pero las Fuerzas Aéreas niegan que haya relación

La zona sigue contaminada y el último acuerdo entre gobiernos para su limpieza aún espera que se firme un contrato para empezar los trabajos

EEUU sacrificó la salud de sus soldados –y de paso de la población española– para minimizar el accidente nuclear de Palomares. Una serie de documentos desclasificados y testimonios del personal implicado en la búsqueda de las cuatro bombas termonucleares que cayeron en Almería en 1966 muestran ahora cómo la preocupación del Gobierno norteamericano se centró en encontrar una de las bombas extraviadas y ocultar la dimensión del accidente lo más rápidamente posible a costa, incluso, de la salud de sus militares, la población y el medio ambiente, según ha revelado el periódico The New York Times.

La documentación muestra que la Fuerza Aérea estadounidense permitieron que sus militares transportaran toneladas de tierra contaminada con plutonio y trabajasen en las áreas radiactivas sin protección. Fueron carne de cañón en una operación de limpieza que califican como caótica.

El experto en química asignado por los militares a esta operación, Wright Langham, expuso en un informe secreto que los soldados llevaban como respiradores máscaras quirúrgicas “aunque no hacen mucho desde el punto de vista de la protección. Pero si hacían que se sintieran mejor, dejábamos que las llevaran”. Y confirmó que “raramente cumplíamos los estándares que marcaba el manual de salud para este tipo de operaciones”. A Langham, conocido como el Dr. Plutonio, no le preocupó esta falta de rigor: “El problema no es de la operación sino del manual”, expuso.

Según su testimonio, ese manual indicaba que se debía “llevar cobertores, botines, taparse el cabello, respiradores, guantes…eso dice el manual. Así que algunos intentaron que se hiciera algo que recordara a ese equipamiento”. Pero dejaron de hacerlo porque se encontraron con que “provocaba confusión en la población local porque preguntaban. ¿Cómo puede ser que vayáis así vestidos y a nosotros nos dejéis ir con la ropa de calle?”.

2.000 euros mensuales en cuidados médicos

El físico nuclear, Francisco Castejón, cuenta ahora que “lo novedoso es comprobar cómo EEUU fue capaz de sacrificar a sus soldados con tal de mantener el secreto. No ya a la población de un país como España sino a su propia gente”.

The New York Times ha rastreado al personal que trabajó allí durante el invierno de 1966. De 40 veteranos contactados, 21 habían desarrollado algún tipo de cáncer. Nueve habían fallecido por esta enfermedad. Las autoridades estadounidenses han sostenido que los análisis que se hicieron durante las labores de limpieza y rescate indicaron que los niveles de contaminación por plutonio para los soldados eran bajos excepto en 10 personas.

Negar una posible asociación entre enfermedades y la exposición del plutonio de Palomares implica liberar a las arcas militares de cubrir los gastos médicos. Uno de los veteranos que ha hablado asegura que el tratamiento de sus tumores supone unos 2.000 euros al mes.

Las nuevas evidencias incluyen los testimonios de algunos implicados en los equipos de analítica que confiesan que no se siguió el protocolo: “¿Seguimos el protocolo? Por supuesto que no. No teníamos ni el tiempo ni los equipos”. El jefe de análisis radiactivos de las FFAA –el Dr. Odland– vio que había niveles alarmantemente altos pero acabó decidiendo que provenían del exterior no de los organismos de los soldados así que descartó 1.000 análisis. Ahora se cuestiona su propia decisión. Dice que no tenían forma de saber si era “el fin del mundo o que todo estaba bien”. Luego también descubrió que el plutonio en los pulmones podía no verse reflejado en los análisis de orina. “Todo lo que puede hacerse es bajar la cabeza y decir que lo sientes”.

El paripé

En esa ceremonia, los militares alojaron a algunos efectivos en las casas de los lugareños para representar que se estaban haciendo mediciones de radiación. Un paripé, según ha contado al periódico estadounidense uno de esos supuestos técnicos que no tenía ninguna formación en esa materia. Se trataba de un cocinero de 22 años entonces quien asegura que les dijeron que apuntaran los medidores geiger a cualquier cosa que les pidiera la población pero con el interruptor apagado: “Se suponía que debíamos fingir nuestras lecturas para no causar problemas con los vecinos”.

Así que la radiación hizo, más o menos, su trabajo venenoso en los organismos que estuvieron expuestos con poco o, posiblemente, un seguimiento equivocado. El propio Ciemat español avisó a EEUU una década después de que no encontraban relación entre el plutonio en los pulmones y los análisis de orina de los que llevaban esa radiación: esas pruebas no servían para detectar la contaminación pulmonar. Con todo, las FFAA norteamericanas continuaban confiando en las pruebas de orina para descartar problemas en otro documento de 2001.

Además, EEUU se desentendió de lo que había dejado detrás. Una vez pasada la tormenta del accidente, el compromiso de EEUU con el acuerdo firmado con España para estudiar las consecuencias que el plutonio podría acarrear a la población fue bastante pobre. De hecho, un informe interno del Departamento de Energía norteamericano confesaba en 1978 que solo habían aportado el 15% de los fondos comprometidos. Cuando España informó de que dos personas, niños cuando el accidente, habían muerto por leucemia, los documentos del Ejecutivo estadounidense “no sugieren que fueran investigados o que se estableciera un programa público de vigilancia de salud pública”.

Acuerdo sin contrato para limpiar

A día de hoy, “nadie pone en duda que toda esa zona sigue contaminada de radiación”, recuerda Castejón. Palomares se contaminó con altos niveles de plutonio. El propio estudio de situación del Departamento de Energía norteamericano ahora desclasificado reflejó “dos áreas con contaminación significativa: 500 microgramos de plutonio por metro cuadrado a 5-10 pies de la zona de impacto y alrededor de 20 microgramos a media milla de distancia”. El área está vallada pero eso solo impide que las personas se paseen por allí. No que la radiación se extienda por las escasas lluvias, el constante viento o los animales que merodean.

“Cada vez se detecta más americio 241”, indica el físico nuclear. Este es un compuesto que deriva del plutonio que llevaban las bombas. El isótopo plutonio 241 emite radiación alfa, con poco alcance que no penetra por la piel. Su problema llega por la ingestión o la inhalación de polvo cargado con este isótopo. De ahí que se relacione con tumores de pulmón, hueso o hígado. Pero el americio 241 es un emisor de radiación gamma muy penetrante. “Si el americio está a diez metros de profundidad puede no salir pero si está a diez centímetros, los salva sin ningún problema”, aclara Castejón.

El pasado 19 de octubre España y EEUU firmaron un nuevo documento sobre la limpieza en Palomares. Ya venía lastrado por una cláusula que especificaba que el documento era una declaración de intenciones y que no implicaba “obligación alguna”. El actual alcalde de Cuevas de Almanzora (al que pertenece Palomares), Antonio Fernández-Liria, cuenta que no ha habido ningún trabajo en la zona.

El Ciemat, que es el encargado del seguimiento de la población, le ha informado oficialmente de que el Gobierno norteamericano “se niega a firmar ningún acuerdo con un Ejecutivo en funciones” y la limpieza sigue sin iniciarse, asegura. Así que sigue paralizado este nuevo proyecto que se escenificó con un apretón de manos entre el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. De hecho, el Ministerio de Defensa español asegura que no tiene competencias en este plan.

“La zona sigue acotada y la población sigue acudiendo a sus revisiones”, repite Fernández-Liria pero “han sido tantas veces las que se nos ha dicho que se iba a limpiar y luego nada…”, se lamenta, poniendo la esperanza en “a ver si con la próxima visita de Barack Obama hay buenas noticias para Palomares”.

Fuente: eldiario.es

Mas sobre la manipulación que ocurrió en Palomares (Almeria)

El almacén de El Cabril se encuentra al 73,2% de su capacidad.

residuoEl 98,8% de los residuos recibidos proceden de centrales nucleares

Solo 13,9 metros cúbicos proceden de industrias, hospitales y de la investigación

La decisión de ralentizar la entrada de residuos radiactivos de muy baja actividad ha provocado una fuerte disminución del volumen de entrada de material durante el 2015, que ha caído un 50,5% respecto al 2014. En esta fuerte reducción influye la menor entrada de deshechos de muy baja actividad (-86%). No obstante, desde la empresa se aclara que existe una gran variación de unos años a otros por distintos motivos. El año en el que se produjo una mayor entrada fue 1998 (3.207 metros cúbicos), seguido del 2012 (2.893) y el 2014 (2.433). Durante el 2015 la mayor parte de los residuos que se recepcionaron en El Cabril procedían de instalaciones nucleares, mientras que solo 13,95 metros cúbicos llegaron desde hospitales, centros de investigación e industrias (1,16%). Con el volumen almacenado hasta ahora, El Cabril se encuentra al 73,27% de su capacidad en residuos de baja y media actividad y al 22,43% de su capacidad respecto a la primera estructura de residuos para muy baja actividad.

La planta situada en Hornachuelos acumula desde 1986 hasta el 31 de diciembre del 2015 un total de 41.931 metros cúbicos de residuos radiactivos. Según indica Enresa, los residuos de baja y media actividad almacenados ocupan 20 de las 28 estructuras de almacenamiento disponibles para este tipo de residuos.

DOS CELDAS MÁS // Los residuos de muy baja actividad se han almacenado hasta ahora en la celda 29, a la que se unirá la 30 cuando sea autorizada. Según informa Enresa, está prevista la construcción de otras dos estructuras más. En este sentido, Eva Noguero asegura que no hay nada previsto sobre el anuncio que hizo en el 2014 el entonces presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, de que se estaba estudiando la ampliación del almacén de residuos nucleares de El Cabril hasta un máximo de 28 nuevas celdas. Precisamente, ese anuncio se produjo en un foro sobre nueva energía en enero del 2014. «Hay que ver los datos del inventario que se está elaborando y cómo afectan los procesos de reducción de residuos», afirma la directora de El Cabril, que asegura que «la competencia es muy clara para las autorizaciones, en materia de medio ambiente, y está sujeta por procesos de regulación». Precisamente, en el año 2006 el Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley que, por unanimidad del PSOE, PP, IU y PA, rechazó la ampliación del almacén. En este sentido, desde Equo se rechazó esta semana una ampliación de las instalaciones de El Cabril. Equo advirtió de la «peligrosa deriva pronuclear» del Gobierno y mostró su rechazo a la apertura de nuevas celdas en El Cabril. «La ampliación de la capacidad de almacenamiento se corresponde directamente con la ampliación del riesgo en la manipulación de los residuos y en el transporte»

Fuente: diariodecordoba.com

La energía nuclear en los programas de los partidos

cementerio_nuclear¿Qué política energética tendremos después del 26J?

En particular, ¿qué pasará con las centrales nucleares? Los sondeos de opinión con respecto a los resultados de las próximas elecciones generales no permiten, en estos momentos, hacerse una idea clara de qué podrá pasar al respecto. Los líderes de los cuatro principales partidos han manifestado públicamente que no habrá unas terceras elecciones, que es seguro que se alcanzará un acuerdo de gobierno tras los comicios, pero ¿cuál? Ahora mismo no parece que vaya a ser una tarea sencilla lograrlo. En cualquier caso, mientras tanto, lo único que podemos hacer es comparar la parte energética de los programas electorales de unos y otros y tratar de hacer cábalas sobre qué pasará al final en virtud de las diferentes combinaciones posibles para formar gobierno.

En algunos temas energéticos, como la fracturación hidráulica (fracking) o el autoconsumo eléctrico, todos los partidos relevantes, menos el Partido Popular, están prácticamente de acuerdo. A excepción del PP, todos las demás fuerzas políticas coinciden en que hay que reformar drásticamente la actual normativa sobre el autoconsumo eléctrico, que con la regulación impuesta (y aún vigente) por el ex ministro Soria queda totalmente impedida y maniatada. Así mismo, casi todos los demás coinciden en el rechazo, más o menos explícito, a la obtención de gas no convencional por la insostenible tecnología del fracking, o a las prospecciones de hidrocarburos en el mar.

Pero con la energía nuclear ya es otro cantar. Analizando los programas electorales es muy curioso comprobar cómo, a pesar de la importancia del tema y de lo candente que son asuntos como la reapertura o no de la central nuclear de Garoña (Burgos) o la continuidad del proyecto del cementerio nuclear de residuos nucleares de alta actividad (ATC), actualmente propuesto en Villar de Cañas (Cuenca), hay un número significativo de partidos que ni siquiera hacen mención de todo ello en sus programas electorales.

Es el caso de Ciudadanos: en su programa no hay ni una sola mención al tema nuclear. Es el único caso entre los cuatro partidos principales con aspiración formar parte del futuro gobierno. Si bien es verdad que, en el transcurso de la anterior campaña electoral, sus portavoces hicieron declaraciones diciendo que cerrarían las nucleares y, posteriormente, lo que es más significativo, en el “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso” alcanzado con el PSOE de cara al debate de investidura de Pedro Sánchez, Ciudadanos se comprometió a un “Cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil”.

El Partido Popular se ha mostrado siempre proclive a la energía nuclear. Durante toda su legislatura quedó muy claro que el PP es partidario de alargar la vida de las centrales nucleares hasta, por lo menos, 60 años, y poner en marcha nuevamente la central de Garoña (que lleva parada desde diciembre de 2012). También quiere construir el ATC, sea como sea, en Villar de Cañas. Si bien es verdad que en otros programas electorales anteriores, como el que presentó para los comicios del 20D, expresaba su apoyo a la nuclear con redacciones un tanto ambiguas, esta vez, en el programa del PP para las del 26J, ha quedado muy claro. Así, en el apartado “Apoyamos una energía competitiva para crecer y crear empleo” (página 36), se dice: Mantendremos las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad y culminaremos la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) para disminuir los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares”. Ninguna de las razones que da el PP para ello son ciertas, pero al menos su posición pronuclear está expresada sin ambages.

En el extenso programa del PSOE hay dos referencias al tema nuclear, en las páginas 189 y 195, respectivamente. La más importante está en la primera de las páginas citadas, que figura dentro del apartado ”Una economía al servicio de la ciudadanía”, donde se concreta: “Revisaremos la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas e implantaremos un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña, que culminará en la fecha límite del 2028, de tal manera que podrá abordarse el gran salto hacia el nuevo modelo a lo largo de la próxima década. (…)”

Por su parte, Unidos Podemos sí hace varias menciones al asunto en su programa electoral. Sorprendentemente, en la parte del documento que se parece a un catálogo de IKEA, a la que se le supone mayor atractivo y la que en teoría será más vista y leída, no aparece ninguna referencia al tema nuclear, lo que resulta incomprensible. Sin embargo, en la parte del programa llamada “queremos, sabemos, podemos. un programa para cambiar nuestro país”, ya en la página 129, hay un par de menciones. La primera en la medida 7, referida a la modificación del marco legal retributivo para acabar con los beneficios injustificados de las centrales nucleares e hidroeléctricas. Un poco más adelante, en la medida 9, se dice: “Procederemos al cierre paulatino de las centrales nucleares en funcionamiento en España” pero sin especificar una fecha límite para ello, lo cual es como no decir nada.

Y no es hasta la parte del programa denominada “Acuerdo Unidos Podemos. 50 pasos para gobernar juntos” (pág. 188) cuando se concreta del todo la propuesta de abandono de la energía nuclear: “El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión de los permisos de operación para el resto de centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024”. En esa fecha expiraría la licencia correspondiente a la instalación atómica de Trillo (Guadalajara) en 2024, la última que fue puesta en marcha en España.

Con respecto al ATC, hay una referencia en las “Propuestas de ámbito autonómico y municipal” de Castilla-La Mancha, medida 359 (pág. 176) en la que se pide: “Paralización completa del almacén temporal centralizado de Villar de Cañas” y la sustitución de la instalación proyectada “por una planta de investigación de energía limpia (biocombustibles, fotovoltaica, eólica, etcétera)”.

Con todo estos datos en mente, si finalmente hubiera pacto de gobierno, algunas de las combinaciones posibles y factibles que podrían darse entre los partidos con ese propósito, podría conducirnos, si se cumplen los programas, a un abandono progresivo de las centrales nucleares, cerrando la última entre 2024 y 2028, según los detalles de dicho pacto, y, por supuesto, la central de Garoña no volvería a entrar en funcionamiento.

Más difícil es saber en qué quedaría la cuestión del cementerio nuclear. El PSOE plantea revisar la decisión sobre su instalación en la localidad conquense de Villar de Cañas, donde Podemos Castilla-La Mancha se opone tajantemente a su construcción, pero no se conoce la postura detallada al respecto de la gestión de residuos radiactivos de ninguno de estos partidos a nivel estatal ni tampoco la de Ciudadanos.

Fuente: 20minutos.es

Marcha en Vitoria para pedir el cierre definitivo de Garoña

Unas 2.000 personas han reclamado a los partidos que “abran caminos” para hacer efectivo el cierre definitivo de esta instalación. Garoña, la central más antigua de España, lleva parada desde 2012

garo vitoriaMiembros de la plataforma “Araba sin Garoña” por las calles de Vitoria.

Alrededor de 2.000 personas han pedido este sábado en Vitoria que no se reabra la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), en una manifestación en la que se ha exigido también a los partidos políticos que “abran caminos” para hacer efectivo el cierre definitivo de esta instalación.

Tras una pancarta en la que se podía leer “No reapertura. Itxi betiko (cerrar para siempre)”, la marcha, convocada por la plataforma “Araba sin Garoña”, ha partido a las 19:00 horas de la céntrica plaza de la Virgen Blanca de Vitoria en un ambiente festivo, amenizada con música, y entre gritos en los que se reclamaba el cierre de esta central.

Alrededor de 2.000 personas, según la policía local, que han marchado por las principales calles de ciudad estaban acompañadas por representantes de los principales partidos en la provincia, como miembros del PNV y el PSE-EE, que gobiernan en coalición el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación foral, así como de Unidos Podemos y EH Bildu.

Faltaban representantes del PP vasco, formación que también se ha pronunciado en contra de la continuidad de Garoña. Fuentes de este partido han explicado que no han acudido al considerar que se trata de una “manifestación electoralista”, cuyo “único afán” es el “desgaste político”.

Garoña, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria, es la central más antigua de España y lleva parada desde diciembre de 2012 por decisión de Nuclenor (empresa participada por Iberdrola y Endesa), que alegó para ello motivos económicos relacionados con los nuevos impuestos sobre el combustible nuclear.

En 2014, cambió de opinión y solicitó la renovación de la licencia de explotación por 17 años más, petición sobre la que se tiene que pronunciar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyos informes son vinculantes.

El CSN tiene previsto remitir su informe al Ministro de Industria en el segundo semestre de este año. Si es negativo, obligaría al cierre de la planta y, si es positivo, dejaría la decisión última en manos del gobierno.

En declaraciones a los medios durante la marcha, el portavoz de la plataforma “Araba sin Garoña”, Alberto Frías, ha asegurado hoy que, dada la composición del CSN, no tiene “ninguna duda” de que el informe será favorable a la reapertura de la central.

Ha calificado de “surrealista” e “incomprensible” que en 2016 se tenga que seguir solicitando el cierre definitivo de esta planta, y ha matizado que la decisión final es “política”.

“Exigimos a los partidos políticos que no utilicen el tema de Garoña como un arma arrojadiza electoral, sino para abrir caminos que realmente posibiliten poner sobre la mesa instrumentos reales para el cierre”, ha resumido Frías.

Ha subrayado que la “voluntad mayoritaria” de la sociedad alavesa tiene que “encontrar vías” para lograr ese cierre total. “Estamos hartos de palabras vacías de contenido y de palabras que no se cumplen”, ha añadido.

Frías ha asegurado que “Araba sin Garoña” plantea cinco puntos a los partidos políticos para que pasen a los hechos y trabajen de forma activa para que la planta no vuelva a abrirse, entre ellos, que no participen de ningún gobierno que apoye la reapertura, que se comprometan a cambiar la composición del CSN y que planteen de manera conjunta el tema de Garoña en Europa.

Entre los manifestantes, estaban los cabeza de lista de varios partidos por Álava a las elecciones generales del 26J como Mikel Legarda (PNV), Javier Lasarte (PSE), Juantxo López de Uralde (Unidos Podemos) y Mikel Otero (EH Bildu), entre otros representantes de estas formaciones.

La manifestación ha contado también con el apoyo de los principales sindicatos vascos; ELA, CCOO, LAB y UGT, y de alrededor de una treintena de movimientos sociales y vecinales de Álava.

La Junta Electoral Provincial de Álava prohibió el pasado diciembre, otra manifestación convocada por esta plataforma con la misma reivindicación en la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 20D a instancias del PP, que en esta ocasión no ha elevado ninguna cuestión al órgano electoral.

Fuente:  estrelladigital

El CSN autorizará la reapertura de Garoña con fuertes inversiones

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Cumplir las condiciones técnicas costará unos 300 millones, aproximadamente su beneficio anual.

El Consejo del CSN adoptará la decisión a finales de julio con el gobierno en funciones.

Se prevé hacer un almacen en superficie que contendrá residuos de alta intensidad encima de un acuífero, que se pretende vaciar estando el rio Ebro y el pantano de Sobrón por encima del nivel del acuífero.

Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) están apurando las últimas semanas para rematar el informe sobre la viabilidad técnica con el objetivo de autorizar la ampliación de la vida de la central nuclear de Santa María de Garoña a los 60 años (hasta 2031). Fuentes próximas al organismo de seguridad aseguran que el consejo tiene previsto emitir un dictamen favorable a la petición que, a través del Ministerio de Industria, cursó su propitaria, Nuclenor, a medidados de 2014.

La autorización, que con toda probabilidad no contará con la unanimidad del consejo, está prevista para finales del mes de julio, una vez que pasen las elecciones generales. Según las mismas fuentes, el CSN dará el visto bueno con numerosas condiciones de inversión. Probablemente, según las mismas fuentes, de casi 300 millones de euros, lo que supondría más del doble de las que Endesa e Iberdrola, propietarias al 50% de Nuclenor, han destinado ya a la planta burgalesa, cifradas en unos 210 millones.

Con una plantilla de 226 personas tras la jubilación de más de más de un centenar de ellos en los últimos años, Garoña está parada por decisión de ambas eléctricas desde diciembre de 2012, medida que adoptaron para evitar el pago de los nuevos impuestos medioambientales del Gobierno que gravaban el combustible gastado desde el 1 de enero de 2013. La antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) impuso a Nuclenor una multa superior a los 18 millones de euros por esta clausura unilateral.

La última palabra, no obstante, la tendrá, primero el Ministerio de Industria, y después Endesa e Iberdrola, que deberán medir si les resulta rentable la reapertura, o si “son asumibles con proyección de futuro”. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comunicó a medidados de abril al sindicato vasco ELA su intención de cerrar Garoña. Estas declaraciones indirectas causaron gran revuelo y malestar en Nuclenor, y Endesa las consideró una deslealtad. “Nosotros no lo hubiéramos hecho”, declaró a los periodistas el presidente de Endesa, Borja Prado, tras la junta de la eléctrica el pasado 26 de abril.

Precisamente, según fuente empresariales, ese mismo día se reunió el consejo de administración de Nuclenor, en el que “no se trató sobre el cierre de Garoña”, añaden las mismas fuentes.

Para Iberdrola, la losa de los costes externos, que no hacen más que incrementarse, hacen inviable la planta más antigua del parque nuclear español. Los últimos, los derivados de la Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada Ley Mordaza), que obliga a las instalaciones a contar con un equipo de la Guardia Civil para reforzar su seguridad (la norma prohíbe las manifestaciones ante las centrales nucleares) que deben costear las propietarias.

También podría encarecerse la gestión de los residuos y el desmantelamiento de las nucleares, de los que se ocupa Enresa. También la caída de los precios del mercado mayorista han contribuido a hacer menos rentables estas centrales que, por primera vez, han parado su producción en fines de semana para paliar las pérdidas.

La Diputaciones de Bizkaia, Alava y el Gobierno Vasco se openen a la apertura de Garoña, situada a escasos 5 Km. de sus territorios. Curiosamente la empresa vasca (al 50%) Iberdrola es copropietaria de Garoña pero no se conocen presiones desde instituciones públicas vascas para favorecer el cierre que piden en público.

Denunciarán al pleno del CSN por “prevaricación y delito de coacción” con el ATC

Ecologistas en Acción prepara una denuncia por “prevaricación y delito de coacción” contra el Pleno del CSN por su actuación en las autorizaciones del basurero nuclear de Cuenca.

Tanto los ecologistas como el cuerpo técnico del CSN denuncian las coacciones infligidas a algunos funcionarios para que los informes del almacen nuclear de Cuenca fuesen favorables.    (leer más)

Permiso de obras para el almacén de residuos de la planta

El ayuntamiento del Valle de Tobalina, donde se ubica Garoña, ha concedido a esta central la licencia de obra para construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos radiactivos. Según informa el Diario de Burgos, la licencia se otorga para un presupuesto de algo más de 12 millones de euros, que incluye el coste del ATIy el de los primeros cinco contenedores, según los datos facilitados por Enresa.

Como están haciendo otras centrales, Garoña ha optado por la construcción de un ATI en sus terrenos ante la tardanza en la construcción del Almacén Temporal Centralicado (ATC) proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañar. Este proyecto se ha enredado en un proceso de autorizaciones administrativas. Además, cuenta con una traba importante: la declaración de zona protegida al área donde su ubica por parte del Gobierno de Castilla La Mancha, que preside Emiliano García Page.

El ATI de Santa María de Garoña recibió hace más de un año la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Este podría acoger hasta 32 contenedores de residuos por un tiempo inferior a 10 años. El silo se construirá dentro del recinto de la planta y prevé el almacenamiento a la intemperie y la disposición en seco del combustible gastado, así como su protección física hasta su traslado al ATC.

Estos permisos se han ido otorgando al margen de los correspondientes a la ampliación de la vida de la planta (paralizada desde diciembre de 2012), que dependen del informe de viabilidad técnica del Consejo de Seguridad Nuclear y del Ministerio de Industria.

Viendo  como funciona el CSN es normal que haya más que serias dudas sobre las presiones a que esté sometiendo a los técnicos de Garoña, tras retirar a los que habia cuando llegó Martí Scharfhausen a su Presidencia.

Fuente: cincodias