Un exjefe de una desaladora desvela que el medidor de arsénico fue manipulado

desal

El testigo afirma a la Guardia Civil que el aparato se encontraba desconectado y que se maniobró para que siempre marcara lo mismo

Hoy traemos un tema no relacionado con la industria nuclear pero relacionado con los sistemas de control de instalaciones industriales de uso civil. Una central nuclear tiene infinidad de sensores y actuadores para controlar automáticamente muchos de sus aspectos.

La desalinizadora de Escombreras ha venido funcionando durante años con el medidor de arsénico manipulado de forma voluntaria, de manera que no se controlaba desde esas instalaciones los niveles de un elemento químico cuya ingesta puede llegar a provocar graves problemas de salud. Esta revelación acaba de ser realizada por el exjefe de la planta y exdirector de la delegación de Tedagua en Murcia, M.A.G.F., durante la declaración prestada el día 16 de este mes ante agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil adscritos a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

El testimonio de este alto responsable de la empresa que se encarga del mantenimiento de la planta desalinizadora desvela todo un cúmulo de deficiencias e irregularidades en la construcción y funcionamiento de esas instalaciones, algunas de las cuales podrían llegar a ser constitutivas de un delito contra la salud pública y/o el medio ambiente, que es lo que tratan de determinar estas diligencias.

 Una de las revelaciones más preocupantes de cuantas ha puesto de manifiesto este ex alto responsable de la planta se refiere al detector de arsénico, que supuestamente no solo estaba fuera de servicio, sino que además habría sido manipulado a voluntad para que siempre ofreciera el mismo dato. «El medidor en línea de arsénico es un equipo que normalmente está fuera de línea, por lo complicado de su funcionamiento; es decir, siempre marcaba el mismo valor. No realizaba mediciones ‘on line’, como establecía la autorización de Consumo».

Para subrayar la importancia de ese dispositivo, el jefe de planta aclaró que «la instalación de ese equipo fue condición indispensable para que sanidad diera el permiso de consumo del agua producto de la desaladora».

Cuando los agentes de la Guardia Civil le inquirieron para conocer cómo se solventaba esa circunstancia, el testigo señaló que «la única manera de hacerlo es manipular el medidor para que marque un valor determinado en el registro». Y cuando se le instó a que desvele quién pudo realizar tal manipulación, respondió que es un dato que desconoce.

Siempre según las declaraciones del antiguo máximo responsable de las instalaciones, que estuvo desempeñando tal responsabilidad desde julio de 2007 hasta que Tedagua le despidió en febrero de 2014 aduciendo la existencia de irregularidades, algo similar se habría estado haciendo para ocultar ciertos problemas de turbidez que se producían en el proceso de desalinización del agua. Así, el testigo señaló que cuando los caudales pasaban por el remineralizador, en los primeros minutos después del arranque de la línea se producía «un inevitable arrastre de carbonato cálcico disuelto». Ello generaba turbidez del agua durante unos minutos, que obligaban a lanzar el agua potable por el emisario durante dos horas, hasta que se cumplían los niveles de transparencia establecidos por la legislación.

Para evitar esa circunstancia se habría estado utilizando un método ilegal, consistente en llenar un depósito con agua clara, que era la que se hacía pasar por los medidores cuando la línea arrancaba. Esa maniobra evitaba que se detectara el aumento de la turbidez que se producía.

Grasas y aceites

Aunque M.A.G.F. aseguró que «al menos mientras yo estuve trabajando en la desalinizadora, la calidad del agua cumplió en todo momento con los límites establecidos legalmente», sus manifestaciones ante la Guardia Civil arrojan múltiples dudas sobre tal afirmación. No solo por lo que desveló sobre el medidor de arsénico y la forma en que se ocultaron los problemas de turbidez que puntualmente se producían, sino porque en apariencia existían más cuestiones irregulares de ese tipo.

De esa forma, indicó que en el proceso de potabilización del agua se debe utilizar una cámara de flotación en la que se inyecta aire comprimido al agua, cuyas burbujas ayudan a eliminar los «sólidos flotados, como aceites y grasas». Pues bien, «ese sistema de flotación está parado», manifestó. «El agua entra en el flotador desde el cajón de captación, pero ni se inyectan productos químicos -necesarios como coagulantes del proceso-, ni funciona el sistema de inyección de aire comprimido, ni hay equipos rotativos», que son los que acaban retirando las grasas y aceites mediante una especie de raquetas.

El agua tratada, aunque en este caso sería «el agua no tratada», como ironizó este exresponsable, pasa a través de unos filtros de carbón activo, donde esas grasas y aceites que todavía pudieran llegar quedarían retenidos. Pues «tal sistema de filtros siempre ha estado parado», advirtió el declarante, aunque aseguró que ello se debía que no se habían detectado esas sustancias en el agua de aporte.

La tercera etapa y, a su vez, la tercera garantía para la calidad del agua, consistiría en unos filtros de anilla, que aseguró que «actualmente, por falta de mantenimiento, tengo entendido que no se están utilizando». Solo se usan unos «filtros de cartuchos instalados recientemente, cuya eficacia es sensiblemente menor que la del sistema de filtración».

Daños al medio ambiente

Tras esas revelaciones, que se referirían de manera genérica a incidencias que podrían acabar teniendo efectos sobre la salud de los consumidores, el exjefe de planta también desveló numerosas circunstancias que podrían causar un daño al medio ambiente. Una de ellas se refiere a que «la emisión de salmuera (al mar) no cumple con lo que establece el permiso de vertido». En concreto, el modelo de difusión de la salmuera obligaba a que la salida del producto por el emisario tuviera siempre una velocidad superior a los 5 metros por segundo, con el fin de facilitar su dispersión y reducir los posibles efectos adversos en la zona.

Lejos de ello, debido a que la producción de agua es variable y cada vez sale un caudal distinto por la boca del emisario, la velocidad cambia de manera habitual. Y como la boca del emisario no puede abrirse o cerrarse de forma automática, sería necesario que «un equipo de buceadores» bajara cada cierto tiempo hasta el emisario y cambiara su configuración. «Evidentemente -dijo-, esto no ocurre, ya que el coste sería muy elevado y su operatividad muy reducida». Más todavía, ocurre que «lo normal es que las boquillas difusoras no estén instaladas».

Igualmente, aunque está totalmente prohibido verter al mar las aguas procedentes de las limpiezas químicas que se efectúan sobre membranas y filtros, «este vertido se hace regularmente, debido a que no existe la posibilidad de tratarlos antes de evacuarlos de la instalación».

Polémico cajón de captación

El exjefe de planta también ofreció datos sobre el polémico cajón de captación de las aguas que van a ser desalinizadas, que se instaló en la dársena de Escombreras pese a que no parece el lugar más apropiado por las dudas que genera sobre la salubridad de los caudales. Sobre este mecanismo explicó que «el diseño hidráulico del cajón no es correcto», de manera que «no es capaz de alimentar a la planta con el caudal de agua necesario para poner en funcionamiento las siete líneas de ósmosis inversa» que se construyeron.

Aunque aclaró que no existe demanda suficiente como para que la planta funcione al 100% de su capacidad, ello no sería posible de todas maneras por ese problema en el cajón de captación y porque, además, la séptima línea no funciona. Se instaló en ella un sistema experimental de recuperación de energía, que no dio resultado, y ahora ponerlo en funcionamiento obligaría a realizar un desembolso «bastante elevado».

Más todavía, el emisario de vertido al mar tampoco podría asumir el volumen generado por una planta funcionando al 100%, ya que cuando llega a determinado valor es incapaz de evacuarlo «y provoca que la planta se inunde».

Por si faltaba algo en todo ese cúmulo de aparentes irregularidades y chapuzas desveladas por el ex alto responsable de las instalaciones, «hubo un error a la hora de gestionar las licencias, y no se sabe quién se encargó de pedir el permiso de vertido, pero el hecho es que solo se autorizó a verter 26,5 hectómetros cúbicos, cuando debería ser para más de 28 hectómetros».

Todo eso en una planta cuya propiedad fue adquirida por completo por el Gobierno regional que presidía Ramón Luis Valcárcel -las gestiones las asumió el entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá- y por cuya explotación durante 25 años se comprometieron a pagar 600 millones de euros, al margen de que produjera o no agua.

Cuatro investigaciones

Esta declaración forma parte de una de las cuatro investigaciones que la Administración de Justicia está desarrollando en torno a la planta de Escombreras. Esta se refiere a los posibles riesgos para la salud pública o el medio ambiente que se podrían haber producido en el proceso de desalinización de los caudales de agua. Pero además hay otra abierta sobre posible malversación de caudales públicos, fraude y un largo número de otros posibles delitos en el proceso de construcción y de adquisición de la planta por la Comunidad Autónoma (Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia); una más sobre la supuesta autorización ilegal de 26 planes urbanísticos, a los que se habría dado luz verde con informes sobre disponibilidad de agua de esa planta, y una última sobre supuestos cobros ilícitos a proveedores por parte de responsable de Tedagua para que agilizaran el pago de las facturas.

Fuente: laverdad.es

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