El Gobierno y el CSN ocultan los graves problemas del cementerio nuclear en el informe enviado a la OIEA

almacen reporEl Gobierno, el CSN y la patronal Unesa han elaborado un informe sobre la seguridad nuclear en España, que ha sido enviado al supervisor mundial de la materia, la OIEA, en el que se ocultan de forma deliberada los graves problemas de los terrenos en los que se ubicará el cementerio nuclear de residuos y su polémica autorización. El ATC aparece mencionado sólo una vez en el documento, de 202 páginas.

Hoy comienza en Viena la 60 Conferencia General del Organismo Internacional de la Energía Atomica (OIEA), el supervisor mundial que vela por la seguridad y el buen uso de este tipo de energía. Como no podía ser de otra forma, a ella acudirán representantes del Gobierno español y de las principales instituciones involucradas, dado que España cuenta con seis centrales que albergan ocho reactores, además de otras instalaciones como el almacén de residuos de baja intensidad.

Como carta de presentación previa a la conferencia, el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la patronal eléctrica Unesa han elaborado un informe conjunto de 202 páginas fechado en agosto, que ha sido enviado a la OIEA, en el marco de la Convención de Seguridad Nuclear. Y lo sorprendente del Séptimo Informe Nacional, tal y como figura en su encabezamiento, es que sólo menciona una vez el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que el Ejecutivo del PP ha proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas.

La instalación nuclear más polémica de España, cuya puesta en marcha y autorización han provocado el enfrentamiento político entre PP y PSOE (el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page se ha opuesto frontalmente al proyecto bendecido por su antecesora, María Dolores de Cospedal), la oposición de la mayoría del resto de partidos políticos y organizaciones ecologistas, así como la elaboración de duros informes sobre su seguridad, sólo aparece reflejado, de pasada, en la página 22 del documento.

El documento sólo habla de la seguridad exterior del basurero nuclear y otras instalaciones, pero no menciona lo “inadecuado” de los terrenos ni los informes desfavorables ni la oposición de la mayoría de los partidos

El ATC es una instalación nuclear, según el Reglamento de Instalaciones (RINR), y por tanto ha de quedar reflejado como tal en un informe que “comprende todo lo sucedido desde enero de 2013 hasta diciembre de 2015 en el ámbito de la seguridad nuclear de las instalaciones españoles”, señalan las fuentes consultadas al tanto de la elaboración del documento.

Sin embargo, Gobierno, CSN y Unesa han ocultado de forma deliberada tanto el polémico proceso de puesta en marcha del proyecto y sus primeras autorizaciones, así como los informes técnicos que desaconsejan su construcción en el emplazamiento elegido en Villar de Cañas por los problemas de seguridad de los terrenos. No hay nada de información al respecto sobre el basurero nuclear en el informe enviado a la OIEA. Sus firmantes sólo han decidido incluir en él un párrafo en el que se habla, de forma genérica, de la seguridad externa de las instalaciones nucleares, entre las que se incluye el futuro ATC: “Una de las novedades más destacadas, a fin de cumplir con los criterios definidos en el Real Decreto 1308/2011, sobre ‘Amenaza base de diseño’, está en implementar un nuevo entorno de protección de las centrales nucleares y para la instalación del futuro Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC), mediante el establecimiento de un sistema permanente de respuesta adecuado para neutralizar o mitigar los posibles daños que supondría la materialización de esta amenaza. En correspondencia con lo dispuesto en los artículos 11.1 , párrafos a), c) y e), y 12.1, letra B), párrafo d) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dicho sistema estará compuesto por miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que constituirán unidades permanentes de respuesta. Al respecto, el Real Decreto estipula un plazo de cuatro años, desde su entrada en vigor para que el Ministerio del Interior organice el despliegue y la implantación de las Unidades de Respuesta, de acuerdo con la adecuación de la estructura orgánica, la dotación necesaria en las plantillas de personal y los medios, en la Dirección General de la Guardia Civil”, señala el documento.

La OIEA podría exigir a España más información sobre el cementerio nuclear y el proceso de autorizaciones, que ha sido duramente criticado por Transparencia Internacional

No hay referencia alguna al informe de la consultora estadounidense URS, que fue encargado por el propio CSN, que determinó que “el emplazamiento previsto es inadecuado” y alertó sobre la inestabilidad de la cimentación de los edificios que albergarán los residuos de muy alta radiactividad por las filtraciones de agua, tal y como informó Vozpópuli.

Las fuentes consultadas critican que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya ocultado información tan sensible para la seguridad nuclear mundial al organismo mundial más importante en la materia, pese a que el cementerio nuclear de Villar de Cañas es la “instalación nuclear más importante que se está desarrollando en todo el sur de Europa” y alertan de que los funcionarios del OIEA podrían “sacar los colores” a los representantes españoles.

Que un proyecto vital para la seguridad nuclear en el sur de Europa se esté desarrollando sobre unos terrenos inadecuados, con un polémico informe favorable del CSN y una autorización previa bajo sospecha, con buena parte de la opinión pública en contra, puede pasar factura ante la OIEA, que podría exigir información más completa sobre el proceso de autorización y construcción.

Además, hay serias dudas sobre la transparencia con la que el CSN ha sacado adelante el proyecto, tal y como ha denunciado la organización Transparencia Internacional y también los técnicos internos del supervisor. Durante toda esta semana, la OIEA repasará en Viena todos los proyectos nucleares en marcha en el planeta y cómo éstos pueden afectar a la seguridad mundial.

Fuente: vozpopuli.com

Almaraz y Ascó, dos nucleares españolas que operan con piezas francesas defectuosas

asco 2Central de Ascó

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de España ha confirmado las sospechas de Greenpeace al reconocer las irregularidades de los generadores de vapor de las centrales nucleares de Ascó y Almaraz, unos componentes fabricados con piezas procedentes de la empresa Le Creusot Forja (filial de Areva) que informó a finales de abril sobre 400 irregularidades.

En el verano del 2012 saltó la primera alarma. La Agencia Federal de Control Nuclear de Bélgica (Fanc), el organismo regulador, detectó 8.000 fisuras en el reactor de Doel 3 y 2.000 en el de Tihange 2, construidas por el mismo fabricante que las españolas de Santa María de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia).

Los belgas dieron una alerta a nivel internacional pero en Garoña se encontraron hace muchos ños cientos de microfisuras en la tapa de la vasija del reactor, y la solución fué hacerle unas soldaduras.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de España ha confirmado las sospechas de Greenpeace al reconocer las irregularidades de los generadores de vapor de las centrales nucleares de Ascó y Almaraz, unos componentes fabricados con piezas procedentes de la empresa Le Creusot Forja (filial de Areva) que informó a finales de abril sobre 400 irregularidades en otros tantos componentes producidos desde el año 1965.

Greenpeace preguntó en mayo al CSN sobre este asunto al conocer el escándalo de Areva y la posible llegada a Ascó y Almaraz de piezas afectadas, aunque no obtuvo respuesta hasta hoy. Además de estas irregularidades, también se han encontrado problemas en la brida de la tapa de la vasija de la unidad 2 de Almaraz, cuyo suministrador es Westinghouse.

Según el CSN, la empresa Equipos Nucleares SA (ENSA), que compró estas piezas a Areva sin detectar las irregularidades, ha sido la encargada de documentar y valorar el estado de los componentes afectados y ha concluido que “son aceptables para seguir funcionando sin restricciones”, juicio que hace suyo el CSN.

Greenpeace lamenta que el CSN no detectara las irregularidades antes, lo que hace que “la confianza en los estándares de calidad de los componentes nucleares esté quebrada, al igual que lo está la empresa que falsificó estos controles”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

El CSN no da ningún tipo de información acerca de otros componentes instalados en otras plantas de esta empresa, ni tampoco aclara si el descubrimiento de los problemas en las piezas de Westinghouse tienen el mismo origen que las proporcionadas por Areva.

“La seguridad nuclear se mejora cuando los reguladores vigilan antes de que las cosas ocurran, no cuando se limitan a certificar los fallos. Tras este escándalo otro principio básico de la seguridad nuclear está dañado y es la confianza de que las piezas en el circuito primario jamás pueden tener una avería”, ha concluido Montón.

Fuente: kaosenlared.net

Bélgica informa que sus dos centrales nucleares tienen miles de grietas. El fabricante es el mismo que Garoña y Cofrentes.

La Agencia Federal Nuclear belga pide cerrar 20 reactores, incluidos Cofrentes y Garoña

Catorce detenidos por vender marisco con radiación de Fukushima

fuku

Los arrestados comercializaron 5.000 toneladas de gambas y cangrejos en Pekín, Shanghái o Cantón

La central gemela de Garoña sigue dando malas noticias.

La policía del puerto chino de Qingdao detuvo a finales del mes de agosto a un grupo de catorce personas sospechosas de introducir ilegalmente en el país marisco con altos niveles de radiación procedentes de aguas próximas a Fukushima, la prefectura japonesa afectada por el accidente nuclear en el 2011.

La banda introdujo de contrabando, en los dos últimos años, 5.000 toneladas de marisco, como cangrejos o gambas, valorados en 230 millones de yuanes (30,5 millones de euros). Parte de ese marisco procedía de Fukushima, una de las 12 prefecturas niponas vetadas para exportar productos marinos a China desde el terremoto que el 11 de marzo del 2011 originó un tsunami y el accidente nuclear.

Los contrabandistas llevaban estos cargamentos desde la isla septentrional japonesa de Hokkaido hasta Vietnam, donde cambiaban las etiquetas para evadir impuestos y controles sanitarios, dijeron fuentes de la policía de Qingdao a la CCTV. La mayoría de los productos se vendían en grandes ciudades chinas como Pekín, Shanghái y Cantón.

Expertos chinos han declarado que los alimentos con altos niveles de radiación pueden causar daños irreversibles a las células del organismo humano o incluso al ADN. La vida marina sigue afectada cinco años después.

Fuente: elperiodicodearagon.com

La central de Garoña acumularía 106 millones para su predesmantelamiento

garoña

La empresa Nuclenor explica en el Registro Mercantil que la actual decisión es reversible si cambian las circunstancias

  El juego de dimes y diretes que acompaña desde hace años a la actividad de la central nuclear de Garoña dio ayer un nuevo giro. De hecho, tras meses de silencio, el complejo atómico se aupó ayer a la actualidad mediática para dar a conocer las cantidades que la empresa titular del recinto, Nuclenor, habría reservado para hacer frente a los primeros estadios del desmantelamiento de las instalaciones ubicadas en el burgalés Valle de Tobalina, municipio que linda con el territorio histórico de Álava y que dista apenas 40 kilómetros de Gasteiz. En ese sentido, la citada compañía, participada al 50% por las multinacionales eléctricas Endesa e Iberdrola, acumularía 106 millones de euros para el predesmantelamiento de sus instalaciones y la parte que le corresponde por su 2% en el también complejo atómico de Trillo.

Pese a que la información daría a entender un estadio en el que sería imposible dar vuelta atrás al final de la actividad de la central, lo cierto es que “la situación se volvería reversible” si se produce un cambio en las circunstancias que condujese a la empresa a cambiar de postura y reiniciar la actividad, explica Nuclenor en sus cuentas anuales de 2015, entregadas al Registro Mercantil, según refleja Infoempresa.com. Sea como fuere, de llegar a su fin, la fase de predesmantelamiento concluiría con la extracción del combustible de la piscina, momento en el que la sociedad estatal Enresa “se haría cargo de la titularidad de la instalación y de la totalidad de los costes del desmantelamiento propiamente dicho”.

La provisión de Nuclenor para estas labores se realizó en buena parte en el ejercicio 2014, en el que la sociedad acabó registrando unas pérdidas de 112 millones de euros, muy superiores a los números rojos de 45 millones contabilizados en 2015. Según la misma fuente, la empresa también tiene provisionados otros 14,8 millones de euros para atender a las prestaciones de sus 260 trabajadores. En ese sentido, su fuerza laboral se redujo en 14 empleados en el último año.

Garoña se encuentra en la actualidad en condición de cese y con todo el combustible almacenado en sus piscinas, como viene sucediendo desde que en diciembre de 2012 la empresa decidiese suspender la actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012. Cabe recordar que la central, conocida en ámbitos ecologistas como la de las mil grietas por los problemas que ha protagonizado a lo largo de su vida útil, se encuentra sin producir electricidad desde el 16 de diciembre de 2012 y con todo el combustible extraído del reactor desde el 22 de diciembre de ese mismo año. Aparte, desde el 6 de julio de 2013, el recinto se encuentra en situación administrativa de cese, debido “a razones económicas y no técnicas ni de seguridad”, según explica Nuclenor.

Facturación. Las cuentas de la empresa Nuclenor entregadas al Registro Mercantil explican que su cifra de negocios del año pasado apenas ascendió a ocho millones de euros, frente a 6,4 millones de euros en 2014, y provino de los réditos obtenidos por la participación del 2% en la central nuclear de Trillo. Aparte, la empresa se encuentra en la actualidad en una situación de desequilibrio patrimonial en la que el patrimonio neto se ha situado por debajo de la mitad del capital social.

Fuente: Noticias de Alava