El presidente del CSN informará sobre la central de Garoña el día 19 en el Congreso

soria garoñaAcusaciones de técnicos del Consejo ponen en entredicho las evaluaciones del organismo sobre la seguridad nuclear

Bilbao – Todos los grupos parlamentarios que ayer acordaron por unanimidad la comparecencia en el Congreso del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) esperan que Fernando Martí despeje las dudas sobre la reapertura de la central de Garoña, la denuncia de “informes secretos” respecto a su viabilidad y seguridad y el polémico almacén nuclear proyectado en esa instalación burgalesa. Según fuentes del regulador atómico, Martí comparecerá ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo el próximo día 19, después de casi dos años sin informar ni rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados.

Ayer todos los grupos parlamentarios acordaron exigir la comparecencia del presidente del CSN en la Comisión de Industria para que presente los informes de actividad del organismo en 2014 y 2015 y explique diversas cuestiones relativas a seguridad nuclear, como la conclusión del informe que podría dar luz verde a la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña y la ampliación de su vida útil a los sesenta años, hasta 2031.

Fernando Martí, que previsiblemente comparecerá dentro de dos semanas, no se ha presentado en el Congreso de los Diputados desde diciembre de 2014, a pesar de que por ley debe hacerlo anualmente y de que su presencia había sido requerida en varias ocasiones.

La información que Fernando Martí deberá proporcionar el día 19 es especialmente relevante para Euskadi, ya que los ciudadanos vascos están pendientes de los informes preceptivos y de los pasos que puede dar el Gobierno español en funciones para autorizar la prolongación de la vida de Garoña hasta el año 2031. Esta autorización -que algunos medios dan como prácticamente segura- y las condiciones e inversiones exigidas por el CSN para prolongar la actividad de la central, determinarán la decisión de Nuclenor de retomar o no la actividad en la planta, que no opera desde el 16 de diciembre de 2012.

La relevancia de la información que pueda proporcionar el presidente del CSN queda, sin embargo, empañada por las acusaciones de algunos trabajadores del Consejo de falta de transparencia, presiones a los inspectores, ocultación de incidentes de seguridad y “grave deterioro” de la función de control del organismo. Estas acusaciones hacen que los informes técnicos que Fernando Martí pueda aportar para sustentar las decisiones del CSN en torno a la viabilidad de Garoña o la seguridad del almacén de residuos nucleares que se ha autorizado construir en la central carezcan de credibilidad y estén teñidos por la sospecha de ocultación de datos negativos.

Denuncias según se supo ayer, la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear remitieron una carta al presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, Ricardo Sixto Iglesias, para denunciar el “grave deterioro” de la función reguladora del CSN debido a las “actuaciones de sus actuales gestores”.

Los técnicos solicitan a los miembros de la comisión parlamentaria ante la que rinde cuentas el CSN, que tomen cartas en el asunto y promuevan un cambio urgente en el regulador, ante las “inquietudes” de la asociación por el “deterioro progresivo” en el funcionamiento del CSN desde la renovación de su cúpula directiva en 2013. La carta expone las deficiencias que se están produciendo en materia de supervisión de centrales nucleares, relata la sobrecarga de trabajo y los enfrentamientos internos entre los técnicos y sus superiores. Respecto a la información al público sobre los incidentes en las centrales nucleares lamentan la reducción de los sucesos que se publican y que “no resultan del agrado de los titulares de las centrales nucleares”, cuestionando así la falta de independencia del regulador frente a las eléctricas.

El diputado de Equo, adscrito al grupo de Unidos Podemos, Juan Antonio López de Uralde, se refirió ayer a estas denuncias al exigir la comparecencia del presidente del CSN y señaló que existen informaciones “relevantes y alarmantes” por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, aludió a la carta emitida por técnicos del CSN en la que denuncian “hechos graves” en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de “dosieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña” o problemas de seguridad en la de Almaraz. “Es necesario que estas cosas se clarifiquen”, señaló López de Uralde.

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que “ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere”. Para la ONG es “muy grave” que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. Greenpeace, que cuestiona la independencia del presidente del CSN, recordó que Fernando Martí fue instado por varios grupos parlamentarios a paralizar el proceso de evaluación de la “reapertura” de la central nuclear de Santa María de Garoña a lo que “se ha negado” porque es un mandato del Gobierno.

Fuente: DEIA.COM

Castilla-La Mancha decide dar la máxima protección ambiental a 21.000 hectáreas cerca del almacen nuclear

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El almacén de residuos radiactivos que el Ejecutivo de Rajoy pretende construir en Villar de Cañas deberá contar, tras la ampliación de una zona protegida, con la autorización del Gobierno de García-Page, contrario a esta instalación.

TOLEDO.- Nuevo e importante paso ejecutado desde Castilla-La Mancha para detener la construcción del basurero nuclear. Ayer, el Consejo de Gobierno de Emiliano García-Page aprobó la ampliación de la zona de especial de protección –ZEPA Y ZEC–  en la Laguna de El Hito, situada en la provincia de Cuenca, algo que conlleva que cualquier infraestructura relacionada con el ATC proyectado en Villar de Cañas necesite la aprobación ambiental previa del Ejecutivo regional.

Sobre este asunto, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ha recordado que el Gobierno de Rajoy recurrió hace un año el inicio del procedimiento que ahora culmina, pero los tribunales lo desestimaron, y ha señalado que, en su opinión, no hay “ninguna posibilidad” de que ahora prospere un nuevo recurso contra la decisión de Castilla-La Mancha.

Martínez Arroyo ha explicado que la nueva zona protegida, en la que se pretende construir el cementerio nuclear, es un espacio total de 23.188 hectáreas, es “excepcional” desde el punto de vista de la biodiversidad y tiene hábitats “únicos”. Además, es un espacio excelente por las condiciones de su suelo, salino y con yesares que permiten el desarrollo de “especies casi únicas en el mundo”, ha manifestado Martínez.

De la misma manera, ha subrayado el consejero que la actividad agraria se podrá desarrollar como hasta el momento, “sin ninguna limitación” e incluso añadiendo el cultivo de algunos leñosos en explotación extensiva, lo que hasta ahora no había.

Cabe destacar que esta declaración ambiental, que puede poner fin a la edificación del almacén de residuos radiactivos en Villar de Cañas, entrará en vigor cuando el decreto aprobado por los socialistas se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

La plataforma anti ATC celebra el decreto

Por su parte, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear ha recibido este anuncio con “enorme satisfacción”, ya que la medida “libera a La Mancha de la radiactividad”.

Al respecto, la portavoz este colectivo, María Andrés, ha explicado que llevaban “meses esperando que llegara este momento”, porque el decreto aprobado “se convierte en un importante obstáculo para el proyecto del cementerio nuclear y al tiempo es un balón de oxígeno para el desarrollo sostenible de la comarca”.

Andrés ha aseverado que “el fantasma del cementerio nuclear y todo el dinero que iba a generar, no es más que un fantasma que poco a poco se esfuma. Después de más de seis años, aquí vivimos igual que antes, no han mejorado nuestros recursos“.

Del mismo modo, la portavoz ha sostenido que la medida “tiene un amplio consenso”, al contrario de lo que ocurre con el proyecto del ATC para el que “no hay consenso social ni lo ha habido nunca”. “Técnicamente los terrenos no son válidos y políticamente solo fue apoyado por el gobierno del PP, puesto que el resto de la ciudadanía de Cuenca, articulada social y políticamente, está dentro de esta Plataforma”, ha recalcado.

Pataleta del alcalde de Villar de Cañas

Tras esta noticia, el alcalde de Villar de Cañas, el ‘popular’ José María Sáiz, ha anunciado que presentará un contencioso contra el decreto.

En rueda de prensa, Sáiz ha defendido que después de un año de Gobierno de Emiliano García-Page “hemos comprobado que la razón y el diálogo con este Ejecutivo no van a ningún sitio”, así que se ha mostrado dispuesto a seguir por la vía judicial, “y seguiremos ganando los recursos como ha sucedido hasta ahora”, ha vaticinado.

En tono desafiante, el regidor del Partido Popular ha concluido diciendo que el ATC se va a construir en Villar de Cañas “haya ZEPA o no haya ZEPA, y eso lo sabe el señor García-Page y su Gobierno”.

Fuente: periodicocylm.es

Responsables de instalaciones radiactivas de toda España analizan en Córdoba la gestión de sus residuos

Enresa mantiene contrato con 915 de estas instalaciones, presentes en la vida cotidiana y que generan una media de 17 metros cúbicos de residuos

Más de medio centenar de personas, unas responsables directas de la gestión de residuos radiactivos generados en el ámbito hospitalario, industrial y de investigación, y otras relacionadas con esa gestión en grados distintos, se reúnen durante este miércoles y este jueves en Córdoba, en el marco de las XVIII Jornadas de Instalaciones Radiactivas.

Según ha explicado en rueda de prensa el jefe de Logística de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Carlos Enríquez, el objetivo de este cónclave, que organiza Enresa, es “intercambiar experiencias y optimizar los procesos de gestión de los residuos radiactivos que se generan” como resultado de procesos diversos en instalaciones industriales, hospitalarias y de investigación que, “aunque son poco conocidos, tienen una gran importancia en la vida cotidiana”.

Por este motivo, Enríquez y el responsable de la instalación radiactiva del Parque Científico de Barcelona, Agustí Munté, que han estado acompañados por el jefe de la Unidad de Gestión de Residuos de Instalaciones Radiactivas, Víctor Álvarez, han explicado como se desarrolla la gestión de este tipo de materiales desde una perspectiva integral, por parte del gestor, como es el caso de Enresa, y ofreciendo también la visión de la gestión más concreta desde la realidad de un pequeño productor en el ámbito de la investigación.

En la actualidad, Enresa mantiene contrato con 915 instalaciones radiactivas de las 1.300 aproximadamente que hay censadas en España, no teniéndolo con la totalidad ya que cerca de 400 “no generan residuos radiactivos” con su actividad habitual o solo lo hacen en el momento de su desmantelamiento, según ha precisado Enríquez.

Cada año estas instalaciones generan una media (de los últimos diez años) de unos 17 metros cúbicos de residuos radiactivos, “de los que se responsabilizan profesionales cualificados para que éstos materiales sean gestionados acorde a sus características radiológicas”.

Se trata, según ha señalado Enríquez, de “residuos heterogéneos que incluyen, entre otras, fuentes de radioterapia y otros materiales residuales de los usos de radioisótopos en medicina nuclear y en todo tipo de investigaciones médicas o docentes; fuentes de control de procesos y medidas industriales, o equipos en cuya composición o para cuyo funcionamiento precisan de componentes radiactivos”.

En el caso concreto de la instalación radiactiva del Parque Científico de Barcelona, según ha indicado Munté, “se emplean diversos isótopos radiactivos”, para “marcar y detectar moléculas” de ADN o genes en proyectos de investigación en los que, de una forma u otra, están implicados de forma directa un centenar de investigadores, aunque la cifra sube hasta 2.000, si se suman los investigadores, técnicos y personal de gestión del fue el primer parque científico creado en España, en 1997.

Los residuos radiactivos que genera esta actividad investigadora son de “vida corta (entre días y meses)” en muchos casos, de forma que son aislados durante un año en el Almacén Temporal Centralizado que posee el propio Parque Científico vinculado a la Universidad de Barcelona, gestionándolos luego como residuos convencionales, una vez que no hay rastro de radioactividad y son residuos inertes, mientras que los residuos que se generan al emplear isótopos radiactivos de “vida larga (miles de años)”, como el Carbono 14, son gestionados por Enresa.

Estos son todos residuos de baja y media actividad, que siguen un proceso reglamentado hasta que finalmente son gestionados en la Instalación de Almacenamiento de Residuos Radiactivos Sólidos de El Cabril, ubicada en el termino municipal de Hornachuelos (Córdoba).

De las que 915 instalaciones radiactivas que tienen contrato con Enresa, algo más del 30 por ciento son de uso médico, el 50 por ciento pertenece a diferentes ámbitos industriales y entorno al 20 por ciento corresponden al campo de la investigación y la docencia

Anualmente, todas estas instalaciones generan una media de 17 metros cúbicos de residuos radiactivos que se almacenan en El Cabril y, según los datos de los residuos recogidos en los dos últimos años, Andalucía genera algo más del cuatro por ciento de los residuos retirados en toda España. Por procedencias, los residuos retirados de Andalucía vienen en más de un 40 por ciento de actividades de investigación y docencia, un 40 por ciento de instalaciones industriales y un 20 por ciento de instalaciones médicas.

Fuente: lainformacion.com