Los terrenos del almacen nuclear de España en Cuenca no son estables y sus técnicos lo saben.

23/11/2016 03:40

La construcción del almacén nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) no está siendo un camino de rosas. Un informe realizado por geólogos de la consultora Ingeniería Geológica (Geotecnia y Medio Ambiente) y encargado por la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear y Ecologistas en Acción ha confirmado no sólo que el terreno elegido para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) no era el idóneo para una instalación de estas características, sino que además el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) conocía el riesgo geológico que existía cuando emitió su voto favorable en julio de 2015.

El análisis firmado por el geólogo Manuel Bello estudia tres de los documentos oficiales que manejó la institución encargada de velar por la seguridad radiológica a la hora de emitir su visto bueno y que se hicieron públicos después de que el Consejo de Transparencia obligase al CSN a publicarlos tras la petición expresa de la organización Transparencia Internacional.

Los informes internos ya ponían en entredicho el voto favorable del pleno del CSN al emplazamiento en la localidad conquense. Dos de ellos, los realizados por el Área de Ciencias de la Tierra (CITI) y por el Servicio de Ingeniería (SIN) del CSN, ya califican como «no aceptable» 15 de los aspectos evaluados en el emplazamiento de Villar de Cañas. «La evaluación realizada acerca de la idoneidad del emplazamiento propuesto por Enresa para el ATC concluye que no se puede afirmar que resulte idóneo», afirma el informe elaborado por CITI.

Ahora, el estudio realizado por Bello -llamado Análisis de Riesgos Geológicos del Emplazamiento Proyectado para la Construcción del ATC- evalúa las conclusiones de dichos informes y pone de manifiesto «los enormes riesgos geológicos» de ubicar el ATC en la parcela elegida de Villar de Cañas. Los más relevantes son un elevado riesgo de expansión del suelo, de aparición de cavidades por la disolución del terreno y un elevado riesgo de contaminación de los acuíferos en caso de accidente.

El geólogo que firma el informe, en sus conclusiones, afirma que «en definitiva, una vez analizados en profundidad los documentos del CSN, tanto los elaborados directamente como el encargado a la empresa URS, se puede concluir, que hay evidencias suficientes para afirmar, que si se construye el ATC en los terrenos designados, se estarían poniendo en un riesgo inaceptable a las personas y a la biosfera». De hecho, el Colegio de Geólogos ya mostró en 2015 su disconformidad con el emplazamiento debido a que, en su opinión, la decisión había sido tomada por criterios políticos y no técnicos y esto podía repercutir en un sobrecoste final del proyecto que ronde los 900 millones de euros.

«Este estudio nos lleva a demostrar que el pleno del CSN conocía que los terrenos propuestos para la instalación del almacén no eran aptos», aseguró ayer Carlos Villeta, responsable de comunicación de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear, tras hacer público el informe. El Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forman parte tanto Ecologistas en Acción como la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, se sumó ayer a la denuncia. La organización aseguró ayer que «lo más grave es que el Pleno del CSN conocía la situación gracias a la información de sus propios técnicos» y aún así «dio el visto bueno -excepto una de sus consejeras- a sabiendas de que con su decisión ponían en enorme peligro a toda una comarca».

Sin embargo, no es la primera contrariedad que sufre el proyecto. Sólo un día después de que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiese su voto favorable para el emplazamiento del futuro ATC, el Gobierno regional de Emiliano García-Page protegía el área natural en el que se encuentra la parcela ampliando el espacio reconocido como Red Natura de la Laguna del Hito -que pasó de 1.000 a 25.000 hectáreas protegidas- y declarándola Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en un intento por bloquear la instalación del cementerio de residuos nucleares de alta actividad puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Además, ese mismo día la ex ministra de Medio Ambiente y uno de los cinco miembros del pleno del CSN, Cristina Narbona, hacía público su voto particular respecto a la autorización para el emplazamiento en la localidad conquense con un texto muy duro contra el procedimiento llevado a cabo por el organismo de seguridad nuclear. La consejera argumentaba entonces -en julio de 2015- que las directrices de la empresa pública Enresa eran que se debía hacer el análisis conjunto del emplazamiento y de la construcción y que el propio pleno había decidido unilateralmente hacerlo de forma separada.

Esto, que puede parecer una formalidad, tiene una importancia capital, ya que las debilidades del terreno deben ser solucionadas en la fase constructiva mediante medidas de ingeniería. De hecho, el propio CSN, aunque aseguraba que la «evaluación técnica realizada constata que el emplazamiento propuesto no presenta fenómenos excluyentes», dio su visto bueno con cuatro votos a favor y uno en contra «con límites y condiciones».

Según fuentes del CSN, esas condiciones tienen que ver con el tipo de paredes o la base del ATC que se deben construir para mantener la seguridad radiológica de la instalación. Estos trámites y evaluaciones técnicas se están llevando a cabo en la actualidad y no se prevé que se tengan resultados evaluables por el CSN hasta la primavera del año próximo.

No obstante, este no es el único escollo que está retrasando los trámites para la construcción del almacén que debe servir para albergar los residuos radiactivos de alta actividad que ya llenan las piscinas de las centrales nucleares españolas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aún tiene que hacer una Declaración de Impacto Ambiental que haga sortee la declaración del terreno como ZEPA. Sin ella, Industria no puede emitir la autorización definitiva para la instalación del almacén en Villar de Cañas.

Enresa ha adjudicado ya con cargo al ATC más de 70 millones de euros y sacado a licitación proyectos, obras y servicios por casi 417 millones de euros, como vías de acceso y adecuación de terrenos cercanos, a pesar de que aún no está siquiera autorizada la construcción. Para los ecologistas, esto no es más que un derroche de dinero público «para comprar voluntades o para pagar favores, ya que en algunos casos se han hecho obras que no tienen que ver con los residuos o con el ATC», explicó ayer Villeta.

El último ejemplo ha sido una licitación reciente por valor de 220.000 euros para realizar un estudio que intente compatibilizar el almacén nuclear y la zona de protección para las aves. Según la Plataforma anti ATC, algunas de estas adjudicaciones «podrían ser ilegales», por lo que en su momento fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

Los ecologistas centran la responsabilidad de la mala gestión del proyecto en el actual presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, quien en su comparecencia ante la Comisión de Industria Energía y Turismo del Congreso el 19 de octubre, no hizo ninguna referencia a los problemas de los terrenos. «Estamos estudiando tomar acciones legales», asegura Villeta.

Fuente: elmundo.es

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