El esperpento de Garoña

garoña 10 añosNo se puede tomar una decisión tan trascendente, ampliar la vida de las centrales nucleares españolas hasta los 60 años, sin transparencia, sin debates, sin diálogo

Son muchas las perspectivas y los ángulos desde los que abordar el tema de la energía nuclear. Pero hay uno fundamental: la seguridad nuclear y radiológica.

Los accidentes de las plantas de Three Mile Island (en Estados Unidos, en marzo de 1979), el de Chernóbil (en Ucrania, en abril de 1986) y el de Fukushima (en Japón, en marzo de 2011) han puesto de relieve que existen riesgos altos. Muy altos. Riesgos que no pueden ser eliminados por completo, pero que, mientras esta tecnología exista, tienen que ser controlados al máximo, con una sólida y rigurosa regulación, con fuertes inversiones económicas y con equipos humanos extremadamente preparados, donde la cultura de seguridad esté por encima de los intereses monetarios.

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Como dice un amigo, lo “bueno” de las centrales nucleares es que “casi nunca pasa nada”. La energía nuclear no es ninguna panacea: son instalaciones que requieren miles de millones de euros para su construcción, hay un proceso emisor de radiaciones ionizantes de difícil control, se generan residuos radiactivos de alta actividad (de carísima y compleja gestión, como estamos viendo con el caso del Almacén Temporal Centralizado –ATC– en Castilla-La Mancha, y que hipotecan a las generaciones futuras), desconocemos con precisión la cuantía de las reservas de uranio y existe el riesgo de la proliferación de armamento nuclear.

Además, como quedó demostrado en Japón, nunca se podrá eliminar por completo el riesgo de accidentes (un tipo de accidente, el nuclear, que conlleva unas tremendas implicaciones sociales, económicas, sanitarias y medioambientales de muy largo plazo). Y tampoco podremos evitar que las plantas atómicas sean objetivos de atentados terroristas. Sin embargo, tendremos que convivir con esta tecnología algunas décadas más.

Se puede, legítimamente, estar a favor o en contra de cualquier tipo de energía. Pero lo inaceptable sería adoptar posiciones sin rigor, sin hacer las cuentas completas, sin anticiparse a los problemas que puedan surgir. Mucho menos, se puede adoptar una posición desde la óptica de la cuenta de resultados de grandes multinacionales de la energía.

Si esto es así, si vamos a tener que seguir utilizando la tecnología nuclear para la producción de electricidad durante algunos años más, un hecho también será cierto: dado que tenemos un parque nuclear muy envejecido, ya al borde o por encima de los 40 años de operación, habrá que destinar muchos más recursos, tanto económicos como humanos, a la seguridad nuclear y radiológica. Y, muy especialmente, tras el desastre de Fukushima.

En otras palabras: la seguridad deberá ser la prioridad de las prioridades.

Países como Alemania, Bélgica o Suiza han anunciado el abandono definitivo de sus programas nucleares (Austria ya lo hizo hace 30 años) o la reducción de su dependencia de la energía nuclear (como Japón, Reino Unido o Francia). Otros, como, por ejemplo, China, Rusia, India o Estados Unidos, han confirmado la continuidad de los mismos.

El hecho es que en el próximo cuarto de siglo es probable que se mantenga el portectaje actual de producción mundial de energía eléctrica con origen nuclear.

Como en el caso de otras tecnologías, los países deben sopesar los costes y los beneficios de contar con centrales nucleares.

Todos los países tienen derecho a utilizar la energía nuclear. Pero todos los que opten por esta vía deben estar obligados a hacerlo correctamente y con las máximas garantías, capacitando a un gran número necesario de ingenieros, físicos, químicos y de expertos nucleares, construyendo una sólida infraestructura técnica, ateniéndonos a las normas, a las buenas prácticas y a las directrices internacionales de seguridad y contando con organismos reguladores eficaces, eficientes, creíbles, transparentes, que cuiden una buena comunicación con la opinión pública y, sobre todo, independientes.

Así, en el debate sobre el futuro de la energía nuclear los organismos reguladores cobrarán más protagonismo, debiendo mantener su neutralidad y extremo rigor en la aplicación de las normativas y de las buenas prácticas, ya que esa es la misión que les encarga la sociedad. Algo que, por supuesto, incluye a España, a través del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El Consejo de Seguridad Nuclear lleva desde 1980 trabajando con un cuerpo técnico de primer nivel. Por eso, el Consejo ha sido reconocido por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) como una institución de referencia a nivel internacional a la hora de prestar un servicio público esencial: proporcionar previsibilidad, estabilidad y confianza en la regulación de la seguridad nuclear.

Nuestro país es el cuarto mayor productor de energía nuclear de los 28 países de la Unión Europea. Y el octavo de los 31 países que configuran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estamos, por  lo tanto, entre los países del pelotón de cabeza en materia de utilización de energía nuclear, que representa en la actualidad en torno al 19% de nuestra generación eléctrica.

A día de hoy, disponemos de seis centrales en operación, que contabilizan un total de ocho reactores, siendo la edad media de funcionamiento de nuestro parque nuclear de 36 años (las más jóvenes son Trillo y Vandellós II, puestas en marcha en 1987). Garoña, situada en la Comarca burgalesa de Las Merindades, es la más antigua, con sus 46 años a cuestas, y en diciembre de 2012 paró, unilateralmente, su actividad comercial.

En julio de 2013 Garoña recibió una orden ministerial que le obligó a un cese definitivo de explotación, tras haber operado durante más de 42 años. Sin embargo, varios cambios legislativos realizados ad hoc a favor de Nuclenor (la empresa titular de Garoña, participada al 50% por Iberdrola y por Endesa), anunciados en rueda de prensa por la vicepresidenta primera del Gobierno de Rajoy (incluyendo una reforma exprés del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas) permitieron a Nuclenor solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear la renovación de su autorización de explotación por 17 años más, hasta 2031.

Es decir: Gobierno y empresas quieren llevar al reactor burgalés hasta los 60 años de operación comercial (una petición desconocida en la historia de la seguridad nuclear en España, a la que parece haberse plegado la mayoría del pleno del CSN, dado el valleinclanesco proceso de licenciamiento de Garoña que hemos conocido hasta ahora).

El hecho es que tras diversas modificaciones legales realizadas ad hoc (sin contar nunca con la unanimidad del pleno del CSN) para propiciar la ampliación de la vida útil del reactor nuclear Santa María de Garoña; tras haber dejado expirar voluntariamente varios plazos legales en 2012 y en 2013 para operar a potencia (debido a negociaciones económicas entre el propietario de Garoña y el Gobierno de España); tras ser multada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con más de 18 millones de euros (por parar unilateralmente, sin permiso, en diciembre de 2012), la compañía explotadora de Garoña, Nuclenor, presentó en 2014 al Gobierno de España y al CSN una nueva solicitud de renovación de su autorización de explotación, con el objetivo de seguir operando dicha central nuclear hasta 2031, a pesar de estos lamentables antecedentes reguladores.

Y, por si esto no fuera suficiente, en 2015, unas semanas antes de las elecciones, el Gobierno de Rajoy, sin contar con el respaldo del Parlamento, impuso por Real Decreto un tercer consejero del Partido Popular en el CSN, Javier Diez, para que la mayoría política en el seno del pleno del Consejo (3 de 5) estuviera garantizada (haciendo un daño tremendo a la credibilidad y a la independencia del organismo regulador). Al PP le oímos luego apelar a no se qué consensos, pero en cuanto tienen la oportunidad, imponen su criterio unilateralmente. No es la forma de hacer política que reclaman los tiempos y los ciudadanos.

Así ha llegado Garoña a 2017. El pasado miércoles 25 de enero, el pleno del CSN recibió, por fin, la documentación técnica que autoriza a Garoña para ser explotada comercialmente hasta 2031… o más allá, ya que el CSN, haciéndole el juego al Gobierno de Rajoy, ni siquiera le pone fecha límite a Garoña. Un chollo para Endesa e Iberdrola.

No sabemos qué decidirá dentro de unas semanas la mayoría del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero lo que sí sabemos es que Nuclenor apenas ha hecho las inversiones económicas exigidas en materia de seguridad nuclear. Así que aunque consiga la autorización es posible que ni siquiera pueda cargar combustible para operar a potencia, para producir energía que es para lo que sirve una central nuclear.

Y, aun así, sabiendo que Garoña no ha hecho mejoras en seguridad nuclear y que no puede producir electricidad, el pasado miércoles llegó a la mesa del Consejo su informe, inédito por dos motivos: primero, porque nunca una empresa propietaria de una central nuclear había presentado al CSN una solicitud de renovación de una autorización de explotación por un período de tiempo superior a los 10 años (Nuclenor pide 17 años más de operación para Garoña). Y, segundo, porque nunca un titular había solicitado al CSN operar un reactor nuclear hasta los 60 años de explotación comercial. Y, por supuesto, nunca se había disociado en España una Revisión Periódica de Seguridad (RPS), que obligatoriamente se realiza cada 10 años, de una autorización de renovación de explotación de un reactor nuclear (una práctica reguladora bien asentada desde 1999, así reconocida por el OIEA en una misión de evaluación que envió a nuestro país en 2008).

En el Congreso de los Diputados y en el Senado esperamos el informe del CSN con urgencia. Un informe que, de ser positivo, servirá de precedente para el resto de reactores españoles, deseosos de llegar también a los 60 años de explotación comercial. Hay mucho dinero en juego. Buena prueba de ello es que el CSN lleva tres años cambiando instrucciones, guías, procedimientos y manuales de seguridad para adaptar la normativa a la operación a largo plazo de nuestras centrales nucleares. Incluso, a propuesta del consejero del Partido Popular, Fernando Castelló, el CSN retiró en el pleno del 8 de octubre de 2014 la norma que impedía a la central nuclear de Trillo solicitar renovaciones por más de 10 años. Además, Almaraz, antes de agosto de este año, tendrá que solicitar su renovación de autorización de explotación, y, probablemente, querrá lo mismo que Nuclenor: llegar a los 60 años de explotación comercial. ¿Qué apostamos?

El objetivo político-empresarial es muy claro.  Incluso sin operar a potencia, sin que Garoña volviera a producir ni la energía que consume una bombilla, la jugada es rentable: las eléctricas podrán chantajear a futuros gobiernos exigiendo lucro cesante si algún presidente o ministro se atreve a cerrar alguna central nuclear en España por motivos políticos o económicos. Otra vez el interés particular y económico de las grandes empresas por encima de la política y el interés general. ¿Les suena? Son exactamente las bases del camino que nos trajo hasta una de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos. Algunos parece que no han aprendido nada e insisten en esta fórmula.

Un vodevil que llama la atención (más aún) ante el hecho de que España tiene un exceso de potencia eléctrica, pudiendo prescindir sin problemas de un reactor nuclear tan obsoleto, tan envejecido y tan peligroso como Garoña, que lleva más de cuatro años sin producir ni un solo kilowatio de electricidad.

Desde el PSOE hemos dicho que así no pueden hacerse las cosas. Porque no se puede tomar una decisión tan trascendente, ampliar la vida de las centrales nucleares españolas hasta los 60 años, sin transparencia, sin debates, sin diálogo, sin que el Congreso de los Diputados ni el Senado conozcan en profundidad las implicaciones técnicas que en materia de seguridad conlleva tal disposición.

Se trata de un proceder nada democrático, inaceptable en un país desarrollado, que contrasta con el profundo debate público que se está siguiendo, por ejemplo, en países altamente nuclearizados como Francia, donde desde 2009 se está analizando tanto técnica, como política, económica y medioambientalmente las implicaciones derivadas de permitir que sus centrales nucleares lleguen a los 60 años de vida útil.

Así, la Agencia de Seguridad Nuclear (ASN), el homólogo francés del CSN, ha anunciado que emitirá un informe al respecto en 2019 (tras más de 10 años de intensos análisis científicos, debates públicos y de consultas técnicas). Además, en Francia no juegan con fuego: el pasado 23 de enero François Hollande anunció el cierre de Fassenheim, la central nuclear más vieja del país galo, incorporada a la red en 1977 (Garoña obtuvo su autorización de construcción en 1963, se comenzó a construir en 1966 y se conectó a la red en 1971).

Una cosa está clara en el ámbito de la seguridad nuclear, y muy especialmente tras las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima: la actuación del organismo regulador es clave. No es casual que la Comisión Parlamentaria Independiente de Investigación del accidente de Fukushima concluyera, en su informe remitido al Gobierno de Japón en julio de 2012, que el accidente nuclear de Fukushima fue un “desastre causado por errores humanos”. El informe subraya, taxativamente, que la catástrofe fue consecuencia de la complicidad entre el gobierno, las agencias de regulación y el operador TEPCO, reconociendo que los fallos regulatorios y de supervisión fueron de tal gravedad, que el accidente de Fukushima hubiera podido producirse incluso en ausencia de cualquier desastre natural. ¿Les suena la fórmula?

La mayoría de tres quintos de la Comisión de Industria del Parlamento ya instó al Gobierno de España, en mayo de 2015, el cese del presidente del CSN, Fernando Marti, exsecretario de Estado de Energía, quien, incomprensiblemente, sigue al frente de esta institución, ya que el Consejo de Ministros hizo caso omiso al Parlamento. Ese mismo año incluso fue obligado por el Consejo de Transparencia a publicar la documentación técnica que había ocultado sobre el emplazamiento del cementerio nuclear en Villar de Cañas, porque se negó a hacerla pública, en un alarde de opacidad impropio de un organismo regulador de riesgos como es el CSN. Finalmente fue forzado a comparecer ante la Comisión de Industria el pasado 19 de octubre de 2016, tras escabullirse durante dos años seguidos, evitando rendir cuentas ante el Parlamento, alegando, textualmente, que “viajaba mucho”. Y vaya si lo hace, aunque de eso hablaremos otro día.

Las anomalías han sido constantes desde su toma de posesión en diciembre de 2012. Y prosiguen, incluyendo cazas de brujas contra aquellos técnicos, como Rodolfo Isasia, que se negaron a plegarse a sus arbitrarias instrucciones (se cuentan por decenas los comunicados emitidos por ASTECSN, la asociación de técnicos que no se ha arrugado ante el martillo de Fernando Marti).

Sus constantes y carísimos viajes internacionales sin justificar ya son un escándalo públicamente conocido y aireado por la prensa y que han motivado varias preguntas parlamentarias de este senador que escribe y que aún no han sido respondidas por el Gobierno de Rajoy.

Adicionalmente, en 2016 todos los grupos parlamentarios solicitaron por escrito, tanto al CSN como al ministro de Energía, el Sr. Nadal, que se congele el informe sobre la autorización de la renovación de explotación de Garoña hasta no haber abierto un debate sobre las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales y en materia de seguridad derivadas de llevar las centrales nucleares hasta los 60 años de operación comercial. Sin embargo, nada parece alterar el proyecto urdido por el Partido Popular para propiciar la ampliación de vida de las centrales nucleares españolas hasta las seis décadas de vida útil. El informe de Garoña ya está sobre la mesa del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear.

Si la energía nuclear va a seguir siendo parte del mix energético de nuestras sociedades, creo indispensable renovar el compromiso de instituciones como el CSN con la ciudadanía. No podemos hurtar al Congreso y al Senado, y a la opinión pública, un debate esencial sobre la operación o vida a largo plazo (60 años) de los reactores nucleares, como debería hacerse en un país serio. Por eso, considerando que no es concebible el uso de la tecnología nuclear sin un refuerzo de la seguridad y que, en esta materia, siempre habrá margen para mejorar, un organismo regulador como el CSN debería ganar legitimidad, neutralidad, transparencia, credibilidad e independencia ante todos los grupos parlamentarios, ante las empresas y los ciudadanos, ante los medios de comunicación y las ONGs, ante los partidos políticos y los sindicatos, ante las universidades y las instituciones internacionales. Ante todos.

El pleno del CSN no debería olvidar nunca que la defensa del bien público ha de ser el leit motiv del quehacer diario de ese organismo regulador. Porque no hay duda de que el siglo XXI ha traído consigo la necesidad de reforzar el papel de los organismos reguladores, como garantes de la protección social y la defensa del bien público. Basta con mirar los desmanes propiciados por el sector financiero al no haber contado con una eficaz y sólida regulación en el momento de tomar decisiones cruciales. Todos conocemos las consecuencias, pero el PP vuelve a insistir en esta nefasta fómula que nos trajo a la mayoría hasta aquí. ¿No aprendieron nada?

En un contexto de vertiginosos cambios y de inusitadas turbulencias económicas, políticas y medioambientales en todo el mundo, es preciso apostar por lo que el profesor inglés Christopher Hood ha denominado “el gobierno del riesgo”. Es decir, por diseñar mejores e innovadores sistemas de regulación, de control y de prevención de aquellas actividades que conllevan serios peligros inherentes (como es la energía nuclear). Y, en ese “gobierno del riesgo”, los organismos reguladores no sólo tienen mucho que decir: también tienen mucho que hacer. Ojalá no nos fallen. Confianza es la palabra clave. Y deseo confiar en que el CSN finalmente esté a la altura de lo que se espera de él, evitando más esperpentos.

Fuente: eldiario.es

Nos venden Garoña y el fracking. La cara más oscura de la luz

CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑANo se habla de otra cosa en estos días. Los máximos históricos del precio de la electricidad harán que las facturas suban, de media, 100 euros por línea contratada. ¿Qué podemos hacer para defendernos?

ríos de tinta impresa, horas de debate televisado, decenas de programas de radio y multitud de comparecencias políticas tratan de arrojar luz sobre lo que ocurre con las facturas eléctricas, a cuyas cifras las compañías del ramo parecen arrojar levadura. Los precios crecen sin control y los informativos no hacen más que alertar de nuevos repuntes históricos. Ni los expertos en desencriptación avanzada parecen dar con las claves para desentrañar una factura de la luz y la población se echa las manos a la cabeza cada vez que piensa en el próximo recibo. Mientras, los responsables del Gobierno tratan de aclarar la situación explicando que como ni llueve ni hace viento, los aerogeneradores y las presas no producen y hay que echar mano del gas para echar a andar las más que deficitarias centrales térmicas. Demasiadas ideas para tratar de comprender, de forma sencilla, a qué nos enfrentamos y qué podemos hacer para ahorrar en la factura. Koldo Navascués, presidente de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, EKA/ACUV, ilumina el camino y aporta cordura a la controversia.

En las últimas semanas, “centenares” de consumidores están contactando con la asociación. No para presentar reclamaciones, ya que como aclara Navascués “no hay ninguna reclamación que hacer, se nos impone un precio y punto”, sino para solicitar información. ¿Qué hacer para ahorrar? Lo primero para lograr el objetivo consiste en aclarar los conceptos básicos y centrarse en lo importante.

Existen dos tipos de tarifas: la regulada y la libre. En la primera, las eléctricas se ven obligadas a aplicar el precio que se les impone y en la segunda, habitualmente sazonada con numerosas ofertas y llamativos descuentos, las cinco compañías que componen el oligopolio de la luz fijan el precio que quieren. Es fácil deducir que las empresas hacen todo lo posible para atraer a los clientes hacia el lado oscuro del mercado libre.

“Las eléctricas se han preocupado de comunicar rápidamente que a sus clientes no les afectan estas subidas de 6 o de 15 días al año. Claro. No les afecta esa subida, pero lo que no dicen es que están pagando por encima del precio de venta del pequeño consumidor -tarifa regulada- durante los 350 días restantes”, arranca el presidente de EKA/ACUV.

Actualmente, el 52% de los clientes “domésticos” se encuentra en el mercado libre. Es decir, que paga más de lo que, según advierten los expertos, debería. En julio de 2013 se modificó la regulación del mercado y todos los clientes de las compañías pasaron a formar parte del grupo de tarifa de último recurso, es decir del mercado regulado. “Evidentemente, esto no les gustó a las eléctricas y durante estos últimos años se han encargado de ir sacando de ahí a la gente. A veces con muy malas prácticas comerciales, incluso engañosas”, repasa el portavoz.

Los últimos análisis comparativos sostienen que las tarifas reguladas siguen siendo más económicas que las libres, si bien es cierto que al principio, habitualmente durante el primer año del contrato, los descuentos aplicados consiguen reducir un poco las distancias. “Una vez que ha pasado el año -avanza Navascués-, te dicen que te van a cobrar el kilovatio hora a 0,15 euros y como tampoco tienes referencias, te parece bien, cuando la realidad es que el precio regulado puede ser de 0,11 en ese momento. Eso sí, no sabemos cuánto durará la tarifa regulada”. Por todo ello, lo que recomienda EKA/ACUV a los usuarios es que soliciten cuanto antes a sus compañías un cambio a tarifa regulada, “algo que están obligados a hacer si se les pide y que es totalmente gratuito siempre y cuando no se cambie la potencia instalada”.

El problema no son sólo los precios, también lo es la opacidad. ¿Sabe alguien a cómo se compra el metro cúbico de gas de Argelia? Debe de ser un secreto de Estado, porque a partir de ahí cualquiera podría hacer el cálculo sobre los márgenes que tienen, los costos y demás. Si no disponemos de esos datos no podemos saber si se está manipulando o no el sector”, ilumina.

En nombre de la asociación que preside, Navascués no aconseja a los usuarios sumarse a las hoy tan promocionadas compras colectivas de energía. “Lo hemos estudiado y al final no resultan, sin más”, precisa. Lo que sí recomiendan es unirse a las cooperativas de energías renovables, una alternativa más verde, cívica y que, según el experto, sale a cuenta a la hora de abonar los recibos.

En el caso particular de EKA/ACUV, animan a sus asociados a entrar a formar parte de Goiener, una cooperativa que cuenta ya con más de 5.000 participantes. Al margen de ofrecer siempre el mejor precio posible, garantiza que toda la energía que comercializan es verde.

Además de sumarse a este tipo de iniciativas, Navascués recomienda revisar la potencia que tenemos instalada en nuestro hogar, ya que si es excesiva y podemos reducirla, lo notaremos en la factura. “Si tenemos contratados 4.400 y los bajamos a 3.300 -apunta- ya obtendremos un ahorro de unos 6 euros al mes. El cambio a menos sale por unos 11 euros IVA incluido, pero hay que tener cuidado porque subirlo cuesta 50 euros”.

Ante los repetidos anuncios de picos en los precios, el presidente aclara que “sube ese día y en una franja horaria determinada, no es que suba todo el mes”. También aporta otro pequeño detalle sobre otra de las novedades impuestas recientemente por el mercado energético. “En teoría, existe un agravio comparativo entre los usuarios que tienen contador digital y los que permanecen con el analógico. Se supone que a los que tienen el digital se les ajustan los consumos a los costos horarios, aunque luego hacen una media diaria y mensual, exactamente igual que con los usuarios de contadores analógicos. En realidad, no tenemos ni idea de cómo nos están cobrando porque la factura no detalla los cálculos hora a hora”, concede.

En cuanto a la labor de descifrado de las facturas, Navascués explica que contiene términos tan genéricos que no se sabe muy bien a qué corresponden. Sin ir más lejos, la “potencia facturada” es un coste fijo que marca el Gobierno para todo el año y que incluye lo que se denominan “peajes”. “Estos peajes tienen siete u ocho apéndices: el déficit tarifario, el precio del carbón, la moratoria nuclear, Ceuta y Melilla… Al final, las normas las dictan las eléctricas y el Gobierno las firma”, manifiesta.

Las claves

Los argumentos dados para justificar la subida de la tarifa sirven para apoyar la reapertura de la central

vitoria – El Gobierno argumenta que el precio del kilowatio se ha disparado porque, como no llueve ni hace viento, hay que quemar gas, carbón y otros combustibles para generar electricidad. Una estrategia que, en opinión de Koldo Navascués, presidente de EKA/ACUV, sirve a las eléctricas para vender a la ciudadanía las bondades de la energía nuclear y, de paso, apoyar la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña.

La misma idea sirve para fomentar la apertura de pozos de fracking en Álava para la extracción de gas mediante una metodología que se caracteriza por su inseguridad. El repunte de los precios del petróleo ha conseguido, tal y como advierte Navascués, que se reabran pozos ya abandonados de fracking en Estados Unidos. “Si yo fuera el propietario de Garoña estaría más que encantado de ponerla de nuevo en marcha. Hablamos de una central súper amortizada, que cada kilowatio que produce puede salirle por dos céntimos y cuyos dueños lo cobran a seis. A ver qué negocio tiene un beneficio del 300%. Nos están vendiendo la idea de que el clima influye en la producción, y claro que influye, pero no tanto. No es determinante a la hora de fijar los precios, las subastas sí lo son”, garantiza. – A.B.

Los datos

Tarifa regulada. Para ahorrar, lo primero que recomiendan los expertos es comprobar si estamos en el mercado libre o en el regulado. En el primer caso, que incluye a más de la mitad de los usuarios, recomiendan pasarse a las tarifas reguladas, que no incluyen ofertas pero que facturan el kilowatio hora más barato. El cambio es gratuito y sale a cuenta.

Cooperativas. EKA/ACUV aconsejan unirse a cooperativas de energías renovables, que ofrecen buenos precios y garantizan que toda la energía que comercializan entre sus usuarios es verde.

la frase

El presidente de EKA/ACUV explica que la potencia facturada que figura en nuestros recibos de la luz es un concepto que fija el Gobierno y que incluye los denominados “peajes”. Al final, el consumidor paga por la moratoria nuclear, el déficit tarifario, el mantenimiento del precio del carbón…

La cifra:   6 EUROS 6

euros al mes podemos ahorrar si decidimos rebajar la potencia contratada. Hay que ser cuidadosos, ya que si la bajamos en exceso, la luz saltará en cuanto encendamos varios electrodomésticos. Hay que realizar un cálculo del consumo y obrar en consecuencia. Reducir la potencia cuesta unos 11 euros, IVA incluido, pero volver a subirla cuesta 50 euros.

Fuente: noticiasdealava.com

Red Eléctrica tiene nuevo político giratorio del PP: el exdirector de la Guardia Civil, Fernández de Mesa

fernandez-de-mesaNueva puerta giratoria de un político a Red Eléctrica de España (REE) Arsenio Fernández de Mesa, que fue director general de la Guardia Civil hasta el pasado mes de noviembre ha sido “nombrado” nuevo consejero independiente de la sociedad.

Según El Pais no es hermano de Íñigo Fernández de Mesa, alto cargo del Ministerio de Economia de Guindos, aunque desconocemos si serán familia de otro tipo

La colocación del político del Partido Popular, que dejó su impronta en la benemérita con un suntuoso retrato y el absoluto rechazo a las reivindicaciones salariales, es la enésima rueda giratoria que realiza el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que esta empresa está controlada al 20% por el Estado, a través de sus acciones en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

A través de un comunicado, Red Eléctrica ha dado a conocer este nombramiento, al considerar a Fernández de Mesa el “idóneo” para el cargo por su experiencia en materia de seguridad integral. Su currículum no es para menos. En 1979 fue nombrado Oficial de segunda de la Junta del Puerto de El Ferrol del “Caudillo”, posteriormente fue nombrado cesado como Delegado del Gobierno en Galicia (2000-2004) y finalmente,en diciembre del 2011, llegó su nombramiento como Director General de la Guardia Civil. También se pudo encontrar su nombre en las sucesivas papeletas electorales de AP/PP (municipales y generales) que se ha presentado entre 1979 y 2011 publicadas por las diferentes Juntas Electorales.

En cuanto a su trayectoria dentro del Partido Popular, señalar que se afilió a Reforma Democrática (Alianza Popular) en Diciembre de 1976, tras lo que fue primer Presidente de NN.GG. de Alianza Popular en Ferrol y su comarca, presidente del Partido Popular en Ferrol, secretario General Adjunto del Partido Popular en la Provincia de La Coruña, miembro de los Comités Ejecutivos Provincial y Regional de Galicia del PP, miembro de la Junta Directiva Nacional de Partido Popular, coordinador Territorial Nacional desde el Congreso de Refundación de Sevilla y secretario de la Comisión Organizadora de los XII, XIII, XV y XVI Congresos Nacionales PP.

Polémicas y vínculos con la Gürtel

Ferández de Mesa ha estado presente en algunas de las mayores chapuzas políticas del Partido Popular, empezando por la catastrofe medioambiental del Prestige en noviembre del 2002, cuando él era Delegado del Gobierno en Galicia, hasta las muertes de 15 inmigrantes que intentaban cruzar la frontera en Ceuta y a los que la Guardia Civil, con Fernández de Mesa como director genral, atacó con pelotas de goma mientras nadaban hacia la orilla española. El nuevo consejero de Red Eléctrica aseguró que esto no había ocurrido calificando la posibilidad de su uso como “inhumano”, aunque poco después del ministro del Interior lo reconocío en el Congreso.

El nombre del exdirector general de la Guardia Civil, también apareció en el largo listado de altos cargos del PP que recibieron presuntamente regalos de la trama Gürtelcomo ya es sabido. En concreto, se trató de una estancia de cinco noches en el Hotel Meliá Gran Fénix, de cinco estrellas, entre el 10 y el 15 de febrero de 2004, por un coste de 1.497 euros a 300 euros por noche.

Fuente:  elplural.es

El Gobierno se resiste a dejar de controlar la mitad del recibo de luz como exige Bruselas

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La normativa europea trata de evitar que los gobiernos hagan política con la manipulación del precio de la luz

La Comisión Europea ha amenazado con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Gobierno no deja de ejercer el control directo que mantiene sobre parte del recibo de la luz. Bruselas exige al Ministerio de Energía que ceda la fijación de los peajes de acceso del sistema eléctrico al supervisor del sector -en el caso español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- como marca la normativa europea.

El Gobierno español se resiste a atender por completo el requerimiento de la Comisión y defiende que el manejo final de esa parte de la factura eléctrica siga en manos del Ministerio alegando cuestiones de “soberanía nacional”, aunque ha dado ya los primeros pasos para intentar aplacar a Bruselas y conseguir cerrar el expediente.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, remitió el pasado noviembre una carta a Bruselas comprometiéndose a conceder más independencia a la CNMC en este campo. Pero el Ejecutivo propone un sistema de “doble lectura” en el que la CNMC propondría los peajes, el Gobierno sería el encargado de fijarlos realmente y el supervisor daría posteriormente el visto bueno, aunque no se explica cómo se resolverían las discrepancias, según adelantan El País y El Mundo. Sin embargo, el propio ministro llegó a mostrarse la semana pasada abiertamente en contra de ceder las competencias por completo.

Los peajes de acceso que determina el Ministerio de Energía -hasta hace unos meses lo hacía el Ministerio de Industria- sirven para cubrir los costes regulados del sistema (transporte, distribución, primas a renovables, ayudas al carbón…) y representan cerca de un 45% de la factura eléctrica total que acaban pagando los clientes. El resto del recibo lo constituyen el precio de la propia electricidad (35%), que se establece con la cotización del mercado eléctrico mayorista, y los impuestos (20%).

Soberanía nacional

“El Gobierno y las Cortes tienen mucho que decir sobre la parte fija del recibo eléctrico. Hay una parte que debe reservarse para la soberanía nacional”, sentenció la pasada semana el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Congreso de los Diputados. “Si ustedes creen que debe ser sólo la CNMC quien fije los peajes”, dijo el ministro a los partidos de la oposición, “yo no lo comparto”.

Y es que desde el Ejecutivo se insiste en que la reglamentación comunitaria no exige ceder todo el control a la CNMC. “La normativa europea dice que el supervisor se encargará de fijar la metodología o de fijar los precios de los peajes, no que deba fijar la metodología y los precios, como sostienen algunos elementos… algunas personas de dentro de la CNMC”, explicó Nadal. Pero Bruselas parece tener otra interpretación del contencioso.

El Gobierno estaría intentando cumplir con Bruselas dando una mayor participación en el proceso de fijación de los peajes energéticos al supervisor, pero teniendo el Ministerio la última palabra sobre cómo repartir el pago de los costes fijos del sistema, al considerar que se trata de una de las bases de la política energética del Ejecutivo.

La CNMC ha llegado a aprovechar la publicación de informes preceptivos sobre el sector para quejarse abiertamente contra la dilación del Gobierno en adoptar estas medidas.

Más de tres años de investigación

La Comisión Europea abrió en 2013 un expediente de oficio a España por la incorrecta aplicación de las directivas europeas del mercado interior de la energía. Una legislación que establece que debe ser el supervisor, la CNMC, el encargado de fijar la cuantía de los peajes eléctricos o, en efecto, al menos su metodología de cálculo. Pero en España el regulador sólo asigna formalmente esos peajes, mientras que es directamente el Gobierno el que los fija previamente.

El año pasado la Comisión finalizó su larga investigación después de tres años y comunicó a Madrid la apertura de un procedimiento de infracción de manera definitiva, en el que el Gobierno tenía derecho a presentar sus alegaciones.

Las aclaraciones aportadas por el Gobierno español no cambiaron el parecer de Bruselas, que se ha decidido por avanzar hacia el procedimiento con una opinión razonada afeando que el Gobierno haya usurpado competencias propias del regulador (y que antes de la reforma del anterior Gobierno del PP en España tenía la extinta Comisión Nacional de la Energía, integrada en la actual CNMC).

Sin embargo, el largo periodo en que el Gobierno estuvo en funciones por la convocatoria de unas segundas elecciones el pasado año ha venido retrasando el proceso abierto por Bruselas. Pero ahora la amenaza de que España acabe denunciada ante el Tribunal de la UE si el Gobierno vuelve a estar sobre la mesa. Y es que la Comisión Europea publicará el próximo 17 de febrero una nueva lista de infracciones cometidas por los estados miembro, y ahí se verá si Bruselas se decide a denunciar a España o acepta la propuesta del Gobierno a la espera de que se concrete con más detalle, informa Europa Press.

La normativa europea trata de evitar que los gobiernos hagan política con la manipulación del precio de la luz. Que en España la cuantía y el reparto de los peajes dependa exclusivamente del Gobierno ha hecho posible, por ejemplo, que el Ejecutivo utilizara el superávit del sistema eléctrico de los últimos años para aplicar rebajas de los peajes en año electoral. De hecho, el propio ministro Nadal presumió la pasada semana en el Congreso de haber destinado ese superávit a recortar los peajes en 2016 y subrayó su compromiso de mantenerlos congelados durante toda la actual legislatura.

Fuente:  elindependiente.com

ABC se hace altavoz de las penosas declaraciones del Ministro de Energia de España

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El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reconocido esta tarde en el Congreso la «fortísima volatilidad» de los precios de la luz en las últimas semanas, lo que ha ocasionado una «elevada preocupación social» y «compromete la competitividad de las empresas». No obstante, ha subrayado que España tiene precios inferiores que Francia, Bélgica, Italia, Suiza y, puntualmente, también que Alemania y Holanda.

Nadal, que comparece en la comisión de Energía para explicar el incremento de los precios de la electricidad, ha afirmado que esta subida «ni es la primera vez que sucede», «ni se han alcanzado precios históricos».

El ministro ha enumerado durante cuarenta minutos las causas «que están afectando a todos los países», como el encarecimiento del petróleo (80%), el gas (172%) y el carbón (124%) en los mercados internacionales, la ola de frío y el parón nuclear en Francia (10% menos) que han ocasionado un fuerte aumento de la demanda, la menor llegada de gas de Argelia -más barato- o la depreciación del euro (8%).

Además, en el caso español, han perjudicado también la caída de las reservas hidráulicas y la ausencia de viento.

Nadal ha desvelado que nuestro país evitó hace unos días que en Francia se vieran obligados a realizar cortes de luz por falta de suministro, «gracias a que mantuvimos al 100% las interconexiones con el país vecino por solidaridad y responsabilidad, algo que no hicieron otros estados».

Por último, ha recordado que gracias a que el Gobierno decidió congelar la parte del recibo que está regulada o peajes (60% del mismo), el incremento de los precios ha sido menor.

En el turno de intervenciones, la portavoz socialista ha dicho que «estamos pagando sardinas a precios de besugo», en alusión a que el gas, que es más caro, es el que está marcando el precio de toda la generación eléctrica, entre las que se encuentran la hidráulica y la nuclear, que son mucho más baratas.

Como curiosidad se puede apuntar que había una gran expectación en la comparecencia del ministro. De hecho, en la sala se han reunido más periodistas que diputados.

LA VISIÓN DE LA OPOSICIÓN

La mayoría de las intervenciones de los grupos de la oposición se refirieron a las recientes declaraciones del ministro sobre que la factura eléctrica subirá 100 euros este año si se mantienen los precios actuales y a las palabras de esta mañana del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la lluvia y su repercusión en el descenso de los precios.

El portavoz de CUP-EC-EM, Josep Vendrell, ha dicho que «dejen de invocar a la lluvia» y Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, invitó a todos los diputados a «salir a la calle y bailar la danza de la lluvia», además de pedir una auditoría de costes del sistema eléctrico y un pacto de Estado sobre energía.

Joan Capdevilla, de ER, calificó la comparecencia del ministro como de «llegar y besar el santo», ya que «qué casualidad que ayer empezó a bajar el precio de la luz». Dijo de Nadal que «se crece con el castigo», lo que provocó las risas de la sala. Capdevilla tuvo que matizar que «le estoy alabando».

EL BLOQUEO AL AUTOCONSUMO LO SUFRIMOS TODOS LOS ESPAÑOLES

El Gobierno de Mariano Rajoy antepone los ingresos del Estado a que baje el precio de la luz. Es por ello que vetará cualquier medida que haga bajar el precio de la electricidad o fomente el ahorro de energía eléctrica.

Según el informe de la Secretaría de Estado de Energía (firmado por Alberto Nadal, ahora secretario de Presupuestos, el pasado 13 de octubre) sobre la Proposición de Ley 122-17 CPL 2360 sobre medidas urgentes de fomento del autoconsumo eléctrico del grupo parlamentario de Ciudadanos al que ha tenido acceso El Periódico de la Energía, el Gobierno vetará cualquier medida que haga bajar el precio de la luz o fomente el ahorro de energía eléctrica porque “tendría un impacto presupuestario por una menor recaudación tributaria (menor recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuesto especial de electricidad e impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica)”.

Dicho informe asegura que el autoconsumo eléctrico tendría un impacto negativo en las cuentas del Estado. Según la SSE, habría un “impacto asociado por menor demanda y por tanto menor precio en el pool eléctrico”, entre otros.

“Es increíble, nunca he visto nada igual procedente de un Gobierno”, afirma Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables. “Penaliza tanto el ahorro directo como el inducido”, afirma Morales. “Lo que nos está diciendo el Gobierno es que no va a aprobar ninguna medida que haga bajar el precio de la luz porque recaudaría menos. Es una salvajada”.

Según las cuentas del Gobierno, “se estima que el 2% del consumo eléctrico se produce con autoconsumo (cifra tomada de las apreciaciones del sector)”, dice. Una cifra que estima, que el Gobierno es incapaz de sacarla de un informe económico, y encima la achaca a terceros, en este caso al sector.

EMPRESAS AMENAZAN CON CERRAR SI LA LUZ SIGUE A ESTOS PRECIOS

Los altos precios que está registrando estos días el mercado mayorista de electricidad han hecho saltar las alarmas en la gran industria nacional. Las fábricas son las principales consumidoras energéticas del país y, en muchos casos, la luz es el principal coste de su cuenta de resultados, por encima de otros gastos logísticos, fiscales e incluso los derivados de la propia materia prima. Por este motivo, el actual escenario de precios -con registros máximos desconocidos desde el año 2013- está cayendo como una losa en la competitividad de estos grupos.

La situación es tal que Oficemen, la patronal que reúne a las principales cementeras que operan en España, advirtió ayer de que la fuerte escalada de precios eléctricos registrada en los últimos días puede provocar el cierre de algunas de las 35 fábricas del sector en el país. Esto tendría un notable impacto sobre el paro en un sector que emplea a 15.000 personas.

EL RECIBO MEDIO DE LA LUZ SUPERARÁ EN ENERO LOS 90 EUROS.. SERÁ EL PRECIO MÁS CARO DE LA HISTORIA, SEGÚN FACUA

Será unos 10 euros más caro que el de diciembre y superará los récord de julio de 2015 y marzo de 2012, según la asociación de consumidores

En los 26 primeros días de enero la factura para un consumidor medio asciende a 88,48 euros, de acuerdo con sus estimaciones  leer mas

Fuente:

elmundo.es/economia/2017/01/26/588911e3468aeb10498b4611.html

eldiario.es/economia/recibo-superara-mayor-historia-Facua_0_605789661.html

Todos los partidos salvo PP y Foro Asturias piden derogar el ‘impuesto al sol’

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La oposición al completo ha firmado hoy una proposición de ley que se ha registrado en el Congreso para favorecer el autoconsumo energético y eliminar así el conocido como ‘impuesto al sol’

Todos los partidos políticos de la oposición al Gobierno se han unido esta mañana para presentar una iniciativa parlamentaria con un objetivo clave: la creación de una nueva ley que fomente el autoconsumo eléctrico sin ningún tipo de cargo. Es decir, eliminar el denominado ‘impuesto al sol’.

La oposición (casi) al completo (a excepción de Foro Asturias) ha firmado hoy una proposición de ley que se ha registrado en el Congreso para favorecer el consumo energético compartido y colectivo, modificar el actual régimen sancionador. Los representantes del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT y Compromís han presentado esta iniciativa en nombre de todos los grupos parlamentarios de la oposición al Gobierno y han confiado en que “pronto” exista una nueva norma legal.

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El diputado de ERC Joan Capdevila (i), el diputado de PDeCAT Ferran Bel (3i), el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell (4i), el director general de la Unión Española Foltovoltaica (UNEF), José Donoso (c), el vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra (4d); la diputada de Ciudadanos Melissa Rodríguez (2d) y el diputado socialista Miguel Ángel Heredia (d), entre otros, durante la presentación hoy de una iniciativa parlamentaria que suponga la creación de una nueva ley que fomente el autoconsumo eléctrico sin ningún tipo de cargo. (EFE)

Los grupos políticos han exigido que el Gobierno no vete esta proposición de ley y han advertido de que esta mayoría podría levantar dicho veto. La petición de la nueva norma legal ha sido apoyada por organizaciones sociales, y el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha puntualizado que el autoconsumo eléctrico no supondría un coste presupuestario, ya que al favorecerse las inversiones y eliminarse las barreras, se generaría un IVA que sería superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz.

Además, ha explicado que el escenario máximo de autoconsumo podría llegar a los 400 megavatios, lo que supondría una alteración de tan solo 12 millones de euros, que en realidad sería “neutral” al bajarse el precio de la electricidad en el mercado mayorista (‘pool’).

Ahorrar en la factura de la luz

En el mismo sentido, el vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, ha afirmado que el autoconsumo eléctrico supone “ahorrar en la factura de la luz y hacerlo sin ningún tipo de subvención”, y ha incidido en que habría menos exposición a las variaciones de los precios de los combustibles. Morales ha señalado que esta nueva norma contempla una simplificación de la energía sobrante que posteriormente se inyecta a la red.

La energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes, y los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficits de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores.

Podrían desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias no superiores a 100 kW. En cuanto al régimen sancionador, pide que la infracción por autoconsumo sea como máximo el 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica.

La portavoz de Energía del grupo parlamentario socialista, Pilar Lucio, ha valorado que la mayoría parlamentaria pueda aprobar una nueva normativa que elimine el impuesto al sol, que es “injusto”, mientras que el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell ha criticado que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, señale que implica costes y una menor recaudación por IVA.

Es absolutamente impresentable este argumento“, ha dicho, al tiempo que la diputada de Ciudadanos Melissa Rodríguez también ha criticado que al Ejecutivo no le preocupe bajar el precio de la luz sino estos ingresos impositivos. “Apostamos por un modelo con autoconsumo como otros modelos europeos y el Gobierno quiere ponerse una venda ante una realidad que llegará a regularse en España”, ha insistido.

Rodríguez ha reiterado que existe una capacidad para generar infraestructura suficiente para asumir el autoconsumo colectivo descentralizado y ha pedido al Ejecutivo “no poner vallas al campo”. El diputado de PDeCAT Ferran Bel ha recordado que en Cataluña las instalaciones de autoconsumo se han paralizado, no solo por los costes asociados sino por el mensaje que se transmitía a los usuarios, y ha reafirmado la voluntad parlamentaria de promocionarlo.

También, el diputado de ERC Joan Capdevila ha señalado que hoy se inicia el camino para hacer justicia a las pequeñas empresas y a las familias que apostaron por la energía fotovoltaica, y desde Compromís se ha mandado un mensaje a los “miles de arruinados por la estafa” de este tipo de energía, ya que “recuperarán sus derechos”.

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Fuente: elconfidencial.com

Scharfhausen consigue el informe favorable del CSN a Garoña

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La dirección técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avala la reapertura de la central burgalesa de Garoña, cerrada en 2012 y cuyos propietarios tramitan los permisos para volver a engancharse a la red desde 2014. La dirección del supervisor considera viable que vuelva a operar, aunque condicionado a una larga lista de inversiones que se tendrían que realizar antes. El peno del CSN, controlado por el PP (favorable a la reapertura), tendrá que aprobar este dictamen ahora.

El dictamen —que parte de un complejo análisis en el que se han emitido más de 160 informes— concluye que es posible reabrir esta central, que comenzó a operar en 1970. Pero la dirección técnica del CSN establece una larga serie de condiciones previas, que los propietarios de la central —Endesa e Iberdrola— tendrían que acometer antes de poder volver a enganchar a la red esta central. Los dueños, cuando presentaron su solicitud para reabrir, pidieron que se permita operar hasta 2031. En el sector se considera a Garoña —una pequeña central en comparación con las cinco que están operativas en España— como la punta de lanza para lograr que el resto de nucleares del país puedan operar hasta los 60 años.

El análisis de la documentación en el pleno hasta que se vote la propuesta de dictamen por parte de los cinco consejeros durará semanas, señala un portavoz del CSN. El PP, que contrala el pleno, ha ido allanando en los últimos años el camino para que las centrales puedan sobrepasar los 40 años de vida. Tras el visto bueno del CSN sería el Ministerio de Industria el que debería conceder la autorización final para la reapertura. Este departamento —en la anterior legislatura— dio por hecho que la central volvería a engancharse a la red hasta 2031. Así se recogía en el Informe de sostenibilidad ambiental de la planificación del sector eléctrico 2015-2020, de Industria.

El CSN da el visto favorable sin concluir las inversiones

El CSN, durante los dos años en los que ha estado analizando la reapertura, ha solicitado una serie de mejoras e inversiones a los propietarios. Aunque faltan varias de esas obras por acometer —como el nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva o cambios en el sistema eléctrico—, la propuesta de la dirección técnica del CSN es favorable. La autorización también estaría condicionada a esas inversiones.

Pero entre los dos propietarios de la central hay división de opiniones. Iberdrola, en el caso de Garoña —no así en el resto de centrales—, ha mostrado sus dudas sobre la viabilidad de la reapertura debido a las inversiones que habría que acometer.

En noviembre, la mayoría de partidos del Congreso pidió al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que detenga el proceso de reapertura. Los firmantes —entre ellos PSOE, Podemos y Ciudadanos— reclamaron “un debate” de fondo sobre “la prolongación de vida de las centrales” antes de conceder la autorización a Garoña.

Paradas e incidentes constantes

En 2010 tres incidentes diferentes en una semana en algo tan delicado como la refrigeración del reactor pararon la central de Garoña,  una supuesta plaga de mejillón cebra estaría afectando a las tuberías por donde entra el agua del Ebro que alimenta el circuito primario, y la sequía no permitia una refrigeración correcta del reactor.

Calentamiento del rio EBRO por encima de la normativa exigible

La central de Garoña calienta 25 metros cúbicos de agua por segundo del rio Ebro.

La central nuclear burgalesa de Garoña coge 25.000 litros por segundo del río Ebro para enfriar su reactor y  los devuelve a la corriente.

Según las mediciones hechas por una empresa contratada por Greenpeace la temperatura del Ebro llegaba a subir hasta 15 grados por encima de lo permitido, y en pleno invierno (seguir leyendo)

Se daba la esperpéntica situación de que la propia empresa explotadora (Nuclenor) enviaba a la CHE  las mediciones de temperatura del Ebro, mediciones que por supuesto siempre estaban dentro del margen legal (leer)

Las anteriores denuncias fueron archivadas por la CHE y la fiscalia de Zaragoza pero sirvieron para que el Ministerio de Medio Ambiente pidiera un circuito de refrigeración para el caso de que Garoña fuera reabierta.

El Ministerio de Medio Ambiente vió  “riesgo” en ese sistema de Garoña, pero no por la posibilidad de que una ola gigante arrase el valle de Tobalina, sino por lo contrario: por la falta de agua. Lo cierto es que en 2015 varias inundaciones del rio Ebro  podrían haber puesto en entredicho la seguridad de la central.

El presidente del CSN fulminó a sus 2 responsables en Garoña para colocar a sus peones

¿Que ocurrió en 2014 en la central de Garoña?

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear del 26 de febrero de 2014, a propuesta del presidente Fernando Martí Scharfhausen , decidió fulminar por sorpresa a Inmaculada Córdoba, jefa de servicio de Garoña durante 20 años, y a Alfredo Mozas, inspector residente del CSN en Garoña.

Martí Scharfausen trabajó anteriormente en Repsol y ocupó la secretaría de Estado de Energía en la que fue el encargado de revocar la orden ministerial de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (leer)

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El miembro del Opus Dei,  Fernando Martí Scharfhausen junto al anterior ministro de Industria y Energia

 El relevo se produjo  en un momento muy delicado, con la central parada pero preparándose para reabrir en línea con los deseos del Gobierno. La maniobra de Marti Scharfausen colocó en la planta a dos personas de confianza para que no entorpezcan el proceso.

Rajoy no es creible. El ejemplo de Fukushima, la gemela de Garoña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajó a la ciudad de Fukushima para subrayar que el temor sobre la zona era “infundado” y  confió en que su visita “contribuyera a disipar” esos miedos. La visita de hecho no sirvió para lo que pretendía Rajoy puesto que ese mismo dia Tepco detectó una nueva fuga de agua radiactiva desde uno de los tanques de almacenamiento y que parte del líquido contaminado llegó  al mar.

Rajoy fue el primer mandatario occidental en visitar la ciudad, situada a unos 65 kilómetros de la central nuclear siniestrada tras el terremoto del 11 de marzo de 2011. “Queremos mostrarles que nos les olvidamos y confirmarles que nos tienen y nos tendrán a su disposición en el futuro en todo aquello que podamos ayudar para recuperar la plena normalidad”, dijo allí el presidente del Gobierno.

Las palabras de Rajoy llegaron justo cuando Tepco, la empresa que opera en Fukushima, anunció una nueva fuga.  Según la empresa, se habian vertido (hasta entonces) unos 430 litros de agua y que el líquido contenia una concentración de sustancias radiactivas de 200.000 becquereles por litro, lo que superaba ampliamente el límite legal permitido de 30 becquereles por litro.

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Momento de la rueda de prensa en la que los subtitulos de noticias contradicen lo que el presidente de España estaba diciendo (ver video)

Fuente: elpais.com

Algunos sucesos notificados por la central de Garoña

La obsoleta central de Garoña obligada a parar por una fuga de liquido en el circuito de refrigeración.

La central de Garoña calienta 25 metros cúbicos de agua por segundo del rio Ebro.

Zorita y Garoña violaron todos los límites de emisiones radioactivas en su primeros años de funcionamiento

La CHE archiva el expediente a Garoña por calentar el agua del Ebro

 

El regulador atómico recorta la autonomía de los inspectores de las centrales nucleares

marti2El miembro del Opus Dei y presidente del CSN ,  Fernando Martí Scharfhausen junto al anterior ministro de Industria y Energia

A partir de ahora, no podrán hablar directamente con los especialistas del CSN para resolver dudas sobre indicios de hallazgos en las plantas

Deberán remitir cualquier duda al Coordinador del Área de Inspectores Residentes, que será el que controle actas, hallazgos e interlocución de los inspectores

Los técnicos creen que la medida, criticada por la socialista Cristina Narbona, “va en contra de la cultura de la seguridad que tiene que fundamentarse en el debate” entre los expertos del organismo

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhaussen (miembro del Opus Dei), ha aprobado una nueva versión del manual que regula los procedimientos de gestión de los inspectores residentes en las centrales nucleares que, en la práctica, recorta la autonomía y el poder de estos funcionarios y reduce la presión sobre las propietarias de las plantas, las empresas eléctricas.

A partir de ahora, los inspectores no podrán hablar directamente con los especialistas del CSN en diversas áreas para resolver dudas sobre indicios de hallazgos en las plantas; deberán remitir cualquier duda al Coordinador del Área de Inspectores Residentes, César Gervás, que será el que controle las actas de inspección a las plantas, los hallazgos (anomalías) y la interlocución de estos funcionarios. 

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Hasta ahora, según fuentes internas del organismo, era habitual la interlocución entre los inspectores y los expertos de las múltiples áreas de especialización del organismo ante dudas de gran complejidad técnica. Entre estas áreas están las de protección contra incendios, envejecimiento de las centrales, riesgos geológicos, termodinámica o cálculo de las dosis de irradiación al medio ambiente. Esas consultas informales eran la tónica en el organismo. Hasta ahora.

La “Modificación del Procedimiento PG.IV.10.‐ Inspección residente en centrales nucleares en explotación” fue presentada al pleno por Marti en la reunión del pasado 21 de diciembre, cuya acta ha colgado en su web este lunes el CSN. El documento refleja la “preocupación” de la consejera Cristina Narbona, “especialmente con los cambios producidos en las secciones 5.2.3 (“Coordinación de la inspección residente con la sede del CSN”) y 5.4 (“Actividades de inspección”)”.

Una preocupación que comparte la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), que considera que “el planteamiento de apelar a la jerarquía va en contra de la cultura de la seguridad” nuclear “que tiene que fundamentarse en el debate, apertura, transparencia y comunicación continua entre todos los expertos” del organismo.

Según la exministra de Medio Ambiente, una de las dos representantes del PSOE en el pleno y la única voz crítica en el máximo órgano del organismo que vela por la seguridad nuclear, “la aplicación del nuevo texto podría reducir la capacidad de interlocución de los inspectores residentes” con las áreas especializadas del CSN, “al canalizarse a partir de ahora toda la comunicación” de estos funcionarios con los especialistas a través del Área de Coordinación y Apoyo de la Inspección Residente, “a cuyo coordinador corresponde la tarea de ordenar y distribuir las correspondientes solicitudes”.

Según la exministra, con este manual, las notas semanales de los inspectores residentes “dejarán de transmitirse a los Jefes de Área”, como hasta ahora, “y ello podría reducir la capacidad de analizar los contenidos de dichas notas, en el caso de que estos partes no resulten accesibles a los especialistas”.

Narbona pidió sin éxito “que siga siendo posible el cauce informal de consulta directa” del inspector residente a los especialistas, de forma que el nuevo manual “permita que, en el caso de que, por razones de urgencia y operatividad, con eventual incidencia en la valoración de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones, el IR considere imprescindible realizar directamente consultas puntuales a los especialistas” y que “dichas consultas puedan llevarse a cabo manteniendo siempre informada a su línea jerárquica”.

Todos en contra

La propuesta se topó con el rechazo del resto de consejeros, según el acta, que revela un nuevo encontrazo entre Narbona y la otra consejera socialista y vicepresidenta del organismo, Rosario Velasco. En su opinión, la propuesta de Narbona “puede distorsionar el esquema organizativo del organismo, que se basa en un sistema matricial y jerárquico y del que la inspección residente no puede estar al margen”. Respecto de la consulta directa de los inspectores a los especialistas en casos de urgencia, Velasco se opuso por entender que “puede distorsionar de manera sensible la planificación de trabajos de las áreas especialistas”.

El consejero Fernando Castelló (nombrado por el PP) criticó a Narbona por manifestar su opinión en un momento en el que “puede crear una percepción negativa en la sociedad de merma de seguridad o de garantías que en absoluto se corresponde con la realidad”. En la misma línea, Javier Dies (también del PP) le recriminó que “la propuesta hecha en este momento puede generar una alarma social que no está justificada objetivamente” ya que el procedimiento “clarifica de manera muy relevante cómo tiene que actuar la inspección residente, lo que ayuda a mantener la credibilidad del CSN”.

Fuente:  eldiario.es

Portugal entrega a la Comisión Europea su queja por el cementerio nuclear de Almaraz

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La decisión de Portugal se ha dilatado, desde que Pressdigital adelantara que el país vecino se quejaría a Bruselas por el visto bueno del Gobierno de España para la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz, en Cáceres.

Pero el país vecino ha entregado por fin este lunes una queja formal ante la Comisión Europea por este asunto, tras el fracaso de la reunión entre la titular de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina y su homólogo portugués, João Matos Fernandes, el pasado jueves.

De esta manera, Portugal cumple con su amenaza y recurre a instacias europeas para que dirima sobre una decisión española que han calificado de unilateral y sin que se haya hecho una evaluación previa del impacto ambiental transfronterizo, tal y como el reglamento europeo exige.

Una decisión que recibió el pasado 6 de enero la condena unánime del Parlamento portugués.

Para la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Portugal, Margarida Marques, “en un determinado momento del proceso, España debía haber informado a Portugal del proceso de construcción en la central”.

Aunque dicho proyecto estuvo en consulta pública, “no hubo una información formal del Gobierno español al Gobierno portugués”.

Ha sido esta falta de comunicación lo que los portugueses consideran que es un incumplimiento del artículo número siete de la directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre de 2011.

LA OBRA SIGUE ADELANTE

A pesar de esto, la construcción del almacén nuclear seguirá su curso, y se iniciará “en los próximos días”, según el secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo, que se ha reunido esta mañana con su homóloga portuguesa, Margarida Marques, en Lisboa.

“La obra civil, que durará casi un año, comenzará en los próximos días, pero es una obra civil. Todavía no se ha iniciado el procedimiento de autorización de la operación, del funcionamiento del almacén, que tendrá, como es natural, todas las garantías, y necesitará de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear español para que tenga absolutamente todas las garantías”, ha afirmado Toledo.

LA COMISIÓN PEDIRÁ INFORMACIÓN A ESPAÑA

Por su parte, la Comisión Europea ya adelantó la pasada semana, cuando aún no había recibido la queja, que Bruselas la analizará “cuiudadosamente” y que, en caso de presentarse, pediría información a España para aclarar la situación.

“La Comisión está al tanto de las preocupaciones de las autoridades portuguesas. Hemos visto las informaciones en los medios y las declaraciones del ministro (portugués) sobre el encuentro bilateral que, aparentemente, no fue concluyente. Esperamos que el diálogo constructivo pueda continuar en esta materia”, señalaba en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario para Medio Ambiente, Enrico Brivio.

Preguntado por sobre quién recae responsabilidad de elaborar un análisis de impacto, Brivio explicó que los análisis transfronterizos sólo son obligatorios si existe un “impacto significativo” sobre el medio ambiente o si está previsto que el almacén esté presente durante al menos 10 años y esté construido en un lugar diferente al de la central.

Fuente: pressdigital.es

Ecologistas exige al CSN el acopio “provisional” de la tierra contaminada en Palomares desde hace 51 años

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Ecologistas en Acción ha pedido este lunes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la “clausura inmediata” de la instalación nuclear existente en la pedanía cuevana de Palomares, en Almería, al considerar que se trata de un “cementerio nuclear ilegal”, de forma que ha interesado que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) proceda al “almacenamiento provisional” de las tierras contaminadas desde hace ya 51 años a raíz de la caída de cuatro bombas termonucleares en la zona tras un accidente de avión del ejército estadounidense.

La organización ecologista ha advertido que en caso de que el CSN no proceda a la clausura de este espacio, se solicitará la Juzgado de lo Contencioso-administrativo que “obligue” a cumplir el plan de rehabilitación de Palomares (PRP), aprobado por el propio organismo en mayo de 2010 “con informe favorable de la Comisión Europea” y que indica que el volumen de tierra a limpiar es de unos 50.000 metros cúbicos.

En una nota, la entidad conservacionista ha explicado que tras el tratamiento de la tierra contaminada, el volumen de residuos se podría reducir “a 8.000 metros cúbicos” para los que “habría que encontrar un almacén provisional a la espera de su transporte definitivo a Estados Unidos”, con el que el Gobierno español rubricó en 2015 un protocolo de intenciones para la descontaminación de la zona y la salida del país de la tierra afectada por la radiación que aún no se ha materializado en actos concretos.

Según mantienen los ecologistas, el PRP y el informe favorable de la Comisión europea realizado al amparo de dicho artículo recogen que, en el caso de Palomares, las labores de limpieza y transporte “tienen un coste de 30 millones de euros” y no “de 600 millones”; una cifra con la que opinan que “se pretende justificar la inactividad de la Administración”.

Los ecologistas, que han criticado que Palomares “ni siquiera figura” en el registro de áreas contaminadas”, ha señalado que tanto la Junta de Energía Nuclear como el Ciemat, el CSN y los sucesivos gobiernos “sabían perfectamente que los americanos hicieron una limpieza cosmética en Palomares” ya que “de los nueve kilos de plutonio que liberaron las dos bombas MK-28, sólo se llevaron a Savannah River, en Carolina del Sur, 270 gramos dejando esparcidos por el terreno unos ocho kilos”.

“El Ciemat y los responsables políticos, durante décadas, han engañado a la opinión pública haciéndoles creer que Palomares estaba limpio de plutonio y han permitido que los agricultores y obreros de la construcción hayan trabajado en nubes de polvo radiactivo”, han afirmado desde la organización ecologista, donde aseveran que la situación de Palomares “no se puede prolongar más en el tiempo”.

En esta línea, han incidido en que los trabajos para la retirada de la tierra contaminada deben darse “con independencia de las negociaciones que se lleven a cabo con la administración de Estados Unidos”, máxime cuando “en 2015 la Administración americana ha exigido que se limpien sólo 28.000 metros cúbicos y el CSN se ha doblegado a esta pretensión que no solucionaría el problema”, según la entidad.

Ecologistas en Acción han recordado que en base al artículo 35 del Euratom, “cada Estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo” mientras que “la Comisión tendrá derecho de acceso a estas instalaciones de control; podrá verificar su funcionamiento y eficacia”.

PLUTONIO “ENTERRADO” Y “NO TRATADO”

En su escrito con fecha de este lunes dirigido a CSN, los ecologistas distinguen entre dos tipos de contaminación en la pedanía de Cuevas del Almanzora después de que la administración americana, en la primera intervención que tuvo lugar en la zona, actuara en la zona.

Así, los restos habrían sido enterrados “ilegalmente” según la legislación española “a unos 30 centímetros de profundidad mediante un arado profundo” y la construcción de “dos grandes fosas de 1.000 metros cúbicos y 3.000 metros cúbicos” cada una, mientras que en otros lugares como Sierra Almagrera –zona seis– “el plutonio no fue tratado, por lo que continúa en su estado original”

“La instalación nuclear es ilegal desde su construcción pues ya en 1966 estaba vigente la Ley 25/64 sobre energía nuclear. Posteriormente este cementerio nuclear al aire libre ha seguido incumpliendo toda la legislación que se ha ido publicando en materia nuclear”, han ahondado los ecologistas, quienes han acusado a los sucesivos gobiernos de “ocultar” la realidad para “no perjudicar los intereses agrícolas y turísticos”.

Con ello, la organización ha recordado que ha habido agricultores afectados por la radiación al igual que el ganado caprino, que “también estuvo contaminado en su totalidad durante 40 años, así como los productos derivados, leche y queso”. “En fechas recientes, el Ciemat ordenó el sacrificio de dicho ganado, con 40 años de retraso”, han apostillado.

Ecologistas también acusa al Ciemat y al CSN de haber permitido a agricultores de la zona construir balsas de riego pese a los índices de radioactividad así como que estas “entraran en funcionamiento” y “se regaran terrenos que ellos sabían que contenían altísimas dosis de radiactividad”. “Fue la clasificación como urbanizables de los terrenos contaminados en el planeamiento municipal de Cuevas del Almanzora y Vera lo que motivó que el CSN y el Ciemat pusieran en marcha el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica aprobado en el artículo 130 de la Ley 62/03”.

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Fuente:  lavanguardia.com