El ministro de Medio Ambiente portugués dará plantón a García Tejerina por el almacen nuclear de Cáceres

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“Hubo contaminación radioactiva en las aguas del Tajo de las que solo nos dimos cuenta porque nuestras estaciones de medición en territorio portugués indicaban niveles crecientes de radioactividad. España ocultó esa información”.

Una crisis diplomática entre países vecinos es rara en el contexto de la Unión Europea. Pero la de España y Portugal por el cementerio nuclear de Almaraz está servida y podría llegar a niveles de otra similar con el país vecino en 1986.

A pesar de que en España apenas se haya hablado sobre el tema, en Portugal están muy enfadados con la decisión unilateral española de construir el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la Central Nuclear de Almaraz (CNA), tal y como Pressdigital adelantó el pasado 30 de diciembre.

De hecho, su ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, ha asegurado que no asistirá a la reunión con su homóloga española, Isabel García Tejerina, si se confirma la decisión del Gobierno español.

“No tiene ningún sentido asistir a esa reunión; no iré para confirmar una decisión que España ha tomado incumpliendo una directiva comunitaria”, ha afirmado el ministro luso.

Para el mandatario portugués, la reunión con García Tejerina carece de sentido, puesto que “la decisión por parte de España parece ya está tomada”.

Matos Fernandes ha reconocido haber tenido “dos contactos” con su homóloga española y que quedó de confirmarle o no su asistencia a la reunión del próximo día 12 “a lo largo de esta semana”.

Una reunión que se acordó precisamente por la cuestión de Almaraz, aunque en ella se tratarían otros temas, como “la Convención de Albufeira, que trata sobre la forma en que son gestionados los ríos internacionales entre España y Portugal”.

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El ministro de Medio Ambiente de Portugal, João Pedro Matos Fernandes

DECISIÓN UNILATERAL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Como Pressdigital informó el pasado 30 de diciembre, España dio su visto bueno a la construcción de un almacén de residuos nucleares en la central de Almaraz, a 100 kilómetros de la frontera con Portugal.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 28 de diciembre, se publicaba la resolución de 14 de diciembre de 2016, en la que se “autoriza la ejecución y montaje de la modificación de diseño correspondiente al Almacén Temporal Individualizado de la Central Nuclear Almaraz, Unidades I y II”.

Una decisión que Portugal acogió con sorpresa y preocupación. El ministerio de Medio Ambiente portugués señaló que “solicitaron aclaraciones a las autoridades españolas, teniendo en cuenta la carta enviada por el ministro de Medio Ambiente a su homóloga española a principios de diciembre”.

Portugal presentará una queja formal ante la Comisión Europea, en la que alegará que España ha autorizado un proyecto de ampliación de la central nuclear sin haber hecho una evaluación previa del impacto ambiental transfronterizo, tal y como el reglamento europeo exige.

“Madrid (aseguró) no tomaría ninguna decisión sin hablar antes con Lisboa”, señalaba el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, en relación a las conversaciones previas con García Tejerina.

El incidente diplomático sorprende, puesto que se produce tras una intensa agenda de contactos entre ambos países por este almacén nuclear. Una serie de encuentros que se produjeron a raíz de nada menos que siete incidentes en dicha central.

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OBRA INNECESARIA

Tanto para la Junta de Extremadura como para Ecologistas en Acción y Foro Extremeño Antinuclear, se trata de un proyecto innecesario que solo busca para mantener otros 20 años más la central en funcionamiento, puesto que la vigencia del permiso de explotación finaliza el 8 de junio de 2020.

En este sentido, Izquierda Unida registró en el Congreso el pasado jueves una pregunta en el Congreso de los Diputados, en la que interroga al Gobierno central sobre la construcción de este almacén nuclear.

 

YA HUBO UN PROBLEMA SIMILAR CON PORTUGAL EN 1986

Esta sería la segunda vez que España decide construir un almacén de residuos nucleares en la zona transfronteriza con Portugal.

En 1986, el país vecino presentó una queja en Bruselas que terminó provocando que Madrid detuviera la construcción de un cementerio nuclear en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) por no haber consultado a Lisboa.

Aquel choque diplomático tensó la relación entre Portugal y España y sorprendió a la opinión pública española, puesto que el Gobierno de aquel entonces actuó de forma muy poco transparente no solo con sus vecinos portugueses, sino también con la población y el Gobierno autonómico de Castilla y León.

Por aquel entonces, el secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de Cavaco Silva, Carlos Pimenta, logró movilizar a la opinión pública portuguesa sobre los riesgos de la contaminación radioactiva en el Duero.

Algo que incomodó muchísimo al Gobierno de Felipe González, que se encontró con un frente de oposición al proyecto incluso dentro de España.

Las decenas de manifestaciones a ambos lados de la frontera junto a la fuerte presión diplomática de Portugal y la de Bruselas hicieron que el Gobierno español diese marcha atrás.

MOVILIZACIÓN PÚBLICA

Y esta es la estrategia que volverán a usar en Portugal, movilizar a la opinión pública. Carlos Pimenta está convencido de que la Comisión Europea tiene capacidad de obligar a España a recular.

En declaraciones al diario portugués Público, Pimenta recuerda que también en 1986, se vio forzado a suspender el suministro de agua a toda el área de Lisboa porque había sucedido un accidente en Almaraz que España intentó silenciar.

“Hubo contaminación radioactiva de las aguas del Tajo de las que solo nos dimos cuenta porque nuestras estaciones de medición en territorio portugués indicaban niveles crecientes de radioactividad. España ocultó esa información”.

 

Fuente:  pressdigital.es

Los inspectores del CSN alertan de los fallos de refrigeración en Almaraz

El Parlamento portugués condena por unanimidad el almacén nuclear de Almaraz

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La aprobación por el Consejo de Ministros español del cementerio de Almaraz (Cáceres) no ha gustado al Gobierno ni a la Asamblea de Portugal. Al conocer el acuerdo de final de año, el ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos, canceló una reunión prevista con la ministra española del mismo ramo. “El acuerdo español viola la ley europea y quiebra el principio de lealtad entre vecinos”, declaró al conocer el plan del Gobierno español.

La protesta del Ejecutivo ha continuado en el Parlamento. Este viernes la Asamblea del República ha unido en la protesta a todas las fuerzas políticas sentadas allí, desde la derecha del CDS a la izquierda más extrema, el Bloco de Esquerda y el PC, pasando por los verdes de diferente adscripción.

“La Asamblea de la República”, dice el voto de la cámara en un lenguaje muy portugués, “condena la posibilidad de decisión del Gobierno español sobre un proyecto de construcción de un almacén para residuos nucleares en Almaraz, con evidentes impactos y riesgos transfronterizos, ignorando a la población de Portugal”.

Los políticos portugueses recuerdan que la central de Almaraz está “obsoleta” y que ha registrado “varios incidentes ligados a su sistema de refrigeración”, lo que, en definitiva, afecta al uso de aguas del río Tajo, que desemboca en Lisboa.

“La proximidad y el uso de este río internacional”, continúa la protesta del Parlamento portugués, “son factores suficientes para que Portugal no sea, en ninguna circunstancia, ignorado en los proyectos relacionados con la central nuclear”.

Las autoridades lusas se han quejado de la decisión tomada por sorpresa y sin consultar al vecino. “En el plano de las relaciones bilaterales entre los dos Estados, y ante el potencial riesgo e impacto de la decisión para las poblaciones y áreas protegidas de los dos lados de la frontera, el asunto no podría dejar de envolver la comunicación previa, la articulación y el acompañamiento del tema con el Estado portugués”.

Según el parlamento portugués, la decisión de España pone de actualidad la necesidad de un “debate relevante sobre el recurso a la energía nuclear y sus consecuencias a largo plazo, que debe implicar a autoridades, instituciones científicas y sociedades civiles portuguesas y españolas, que aún no ha tenido lugar”.

Portugal se vanagloria en el acuerdo de la Asamblea de la República, de haber optado por el recurso a “energías renovables como camino de futuro y de garantía de independencia energética, demostrando la existencia clara de un camino alternativo y sostenible”.

La decisión de crear el almacén de residuos también ha provocado la protesta de las organizaciones verdes españolas y, concretamente, las extremeñas.

Fuente: elpais.es

Los inspectores del CSN alertan de los fallos de refrigeración en Almaraz

Polémica por el ATI de la nuclear de la central de Cofrentes

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Para Ecologistes en Acció el ministerio (la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MAPAMA) debe incluir la evaluación de los impactos radiológicos del almacenamiento en la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental del ATI.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente el escrito “Sugerencias al Documento de Inicio del proyecto de construcción de una ATI en la central nuclear de Cofrentes (Valencia)” explicando algunas de sus razones de oposición al Almacén Temporal Individualizado que Iberdrola quiere construir en Cofrentes para el combustible consumido de la central.

 Para Ecologistes en Acció el ministerio (la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MAPAMA) debe incluir la evaluación de los impactos radiológicos del almacenamiento en la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental del ATI.

Según Ecologistes en Acció excluir los impactos radiológicos del propuesto Almacén Temporal Individualizado para la central nuclear de Cofrentes, como pretende Iberdrola, es contrario a la legislación e impide que la ciudadanía pueda disponer de la información pública completa y correcta como resulta recomendada por el Convenio de Aarhus.

También recuerdan desde Ecologistes en Acció que la administración autonómica tiene que pronunciarse sobre el proyecto de Iberdrola, a través de la evaluación de la afección a los espacios incluidos en la Red Natura 2000, como son los terrenos de la actual central nuclear, y la ampliación de las instalaciones que significaría el ATI.

Con todo para la federación ecologista lo más sustancial es la carencia de motivación técnica que justifique las pretensiones de Iberdrola para construir el ATI en Cofrentes, por lo que denuncia que la preferencia por el ATI está relacionada con prolongar el funcionamiento de Cofrentes hasta 2031 y más, mucho más allá del año 2024 en que finaliza la vida útil para el que la central fue diseñada, porque de está manera la central se conviertiría en una fuente de super-beneficios tanto para la propia Iberdrola como para las grandes empresas del sector.

Ecologistes ya ha explicado que no es aceptable la prolongación del uso de las centrales nucleares, que ello significa en el caso de Cofrentes y de la insuficiente capacidad de su piscina, una improvisación añadida a un diseño deficiente, y que alargar la vida útil de un mecanismo peligroso es una enorme imprudencia, inadmisible en el caso de una central nuclear.

Ecologistes en Acció también argumenta muy detalladamente porqué la ampliación de las instalaciones de la nuclear en Cofrentes que significaría la construcción del ATI entraña un elevado riesgo de inundación de las mismas, como ocurrió en octubre 1982 (coincidiendo con la pantanada de Tous), riesgo cada vez más probable para la federación ecologista por los efectos del cambio climático en las precipitaciones habituales en la región valenciana y en la zona mediterránea en general, como las sufridas recientemente.

Fuente: medio ambiente

El gobierno busca declarar el ATC de Cuenca de “interés general” para evitar la ZEPA

alcade-canasNi el alcalde de este pueblo ni el gobierno Rajoy le importa que los terrenos sean geológicamente inestables.

El alcalde de Villar de Cañas asegura que “si las cosas no se hacen por las buenas, se hacen por las malas”

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca advierte aprobar la declaración de ‘interés general’ supondría “fraude de ley”

El gobierno de Mariano Rajoy está negociando con Bruselas poder declarar el ATC como un proyecto de “interés general del Estado”. El objetivo de esta declaración sería sortear la ampliación de la protección ambiental de la laguna de El Hito decretada por el gobierno de Castilla-La Mancha, que afecta al área de construcción del almacén nuclear.

El gobierno de España ha comenzado a negociar con la Unión Europea la posibilidad de declarar el almacén nuclear como un proyecto de interés general, según publica hoy el diario Cinco Días. La protección ambiental impuesta por el gobierno de Castilla-La Mancha es un programa europeo, y el objetivo del gobierno sería evitar un litigio o una multa por parte de Bruselas si impone el almacén nuclear ignorando la zona de especial protección de aves de El Hito.

Sin embargo, además de la negociación con Bruselas, la declaración de “interés general” tendría que tramitarse como una ley en un Congreso de los Diputados en el que el PP no tiene mayoría y donde prácticamente todas las fuerzas políticas se han mostrado contrarias al ATC de Villar de Cañas.

El gobierno defiende que la ampliación de la ZEPA fue iniciada por el gobierno de Emiliano García-Page con el único objetivo de paralizar el ATC. Tampoco se descarta admitir la ampliación de la protección ambiental si se deja fuera la parcela de construcción del almacén. Además, ENRESA está trabajando en un proyecto para hacer compatible el área de protección con el almacén nuclear.

En todo caso, y según recuerda el diario, en ningún caso el almacén nuclear llegaría a tiempo para acoger en 2020 los residuos de Vandellós I, que están en Francia desde finales de los años 80, y que España cumpla con los tratados de energía atómica que exigen a cada país hacerse cargo de los residuos que genere.

“Antes de que fueran los ecologistas y Page a Bruselas, hemos ido nosotros”. “Si las cosas no se hacen por las buenas, se hacen por las malas”. Así se ha pronunciado el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, después de conocerse que el Gobierno de Rajoy está negociando la posibilidad de declarar como instalación de Interés General el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, como forma de sortear la protección medioambiental que mantiene paralizado el proyecto del cementerio nuclear en Villar de Cañas, tras la aprobación del decreto del Ejecutivo regional por el que se amplía la Zona de Especial Protección para las Aves  de la Laguna de El Hito, y en el que también se solicita a la Unión Europea la declaración de la zona como Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Conseguir la declaración de Interés General para el cementerio de residuos radioactivos de alta intensidad proyectado en Villar de Cañas no será fácil, así al menos lo creen desde el Gobierno regional, que ya ha advertido que la tramitación deberá hacerse con rango de Ley en el Congreso de los Diputados, donde el PP no tiene mayoría y, además, tiene enfrente a la práctica totalidad de fuerzas políticas que no apoyan el silo nuclear de Villar de Cañas. Además de demostrar que no hay otra alternativa de emplazamiento.

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Sin embargo,  el alcalde de este municipio se muestra convencido de  que “no habrá ningún problema” para que la tramitación salga adelante en el Congreso de los Diputados.  A su parecer, “los técnicos de todos los partidos saben que hay que hacerlo”, y que la declaración de Interés General “era cuestión de tiempo”.

“Sabía que se iba a hacer”, ha manifestado el regidor, quien defiende las bonanzas de desarrollo que, señala, conllevará la construcción del silo nuclear. Asimismo, haciendo referencia a los recursos que han presentado en el TSJ desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas, la Plataforma de Afectados por la ampliación de la ZEPA y la empresa Onimer, contra la ampliación de la protección que afecta a los terrenos del ATC,  afirma que confía en la justicia puesto que el ATC “significa trabajo y futuro para el pueblo”.

Además, a pesar de la oposición que desde que se decidió el emplazamiento han mostrado todos los grupos políticos, a excepción del PP, así como los numerosos colectivos, asociaciones y ayuntamientos integrados en la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Sáiz afirma que tanto el pueblo de Villar de Cañas, como la comarca y la provincia de Cuenca “quieren el ATC”, y por ello se muestra convencido de que se podrá conseguir la declaración de Interés General y que el proyecto siga adelante.

Fraude de ley

Esta posible declaración es un asunto “recurrente” desde hace tiempo, por lo que para la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, el anuncio no les causa “ninguna inquietud”. Así lo ponía de manifiesto a Las Noticias el coportavoz, Carlos Villeta.

Y es que señala que si sale adelante esta figura  hay “dos salidas”, bien que sean “fuegos de artificio para hacer ver que el Gobierno está haciendo algo en ese tema” o que Bruselas entienda que hay que construir el ATC en Villar de Cañas y, en ese caso, “estaría incurriendo en fraude de ley”.

Según señala, la  plataforma ya “daba por hecho” la posibilidad de que se llevara a cabo este movimiento, puesto que ante el freno de las medidas de protección ambiental y de las muchas dudas que genera “la inseguridad” de los terrenos, es el único cartucho que le queda al Gobierno de Rajoy para seguir adelante con el proyecto. Si bien, pone el acento en destacar que  “hay múltiples dificultades para realizarlo”; empezando, dice, por demostrar que no hay posibilidad de hacerlo en otro sitio, “cuando había “otras siete ubicaciones” candidatas.

Que no son adecuadas es mucho decir”, ha espetado, para recordar que, en el informe de la Comisión Interministerial encargada de designar la ubicación final de la infraestructura, la localidad conquense se encontraba en cuarta posición.

A esto, además, habría que sumar  los informes que  determinan que el suelo no es apto para la instalación de este tipo de infraestructura,  Con todo, para Carlos Villeta, si el Gobierno central no ha realizado, hasta ahora, “ningún movimiento, es más difícil que puedan hacerlo en minoría”, por lo que dicha negociación no supone un “cambio sustancial” en los planteamientos del colectivo.

Fuente:   eldiario.es

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