Portugal entrega a la Comisión Europea su queja por el cementerio nuclear de Almaraz

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La decisión de Portugal se ha dilatado, desde que Pressdigital adelantara que el país vecino se quejaría a Bruselas por el visto bueno del Gobierno de España para la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz, en Cáceres.

Pero el país vecino ha entregado por fin este lunes una queja formal ante la Comisión Europea por este asunto, tras el fracaso de la reunión entre la titular de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina y su homólogo portugués, João Matos Fernandes, el pasado jueves.

De esta manera, Portugal cumple con su amenaza y recurre a instacias europeas para que dirima sobre una decisión española que han calificado de unilateral y sin que se haya hecho una evaluación previa del impacto ambiental transfronterizo, tal y como el reglamento europeo exige.

Una decisión que recibió el pasado 6 de enero la condena unánime del Parlamento portugués.

Para la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Portugal, Margarida Marques, “en un determinado momento del proceso, España debía haber informado a Portugal del proceso de construcción en la central”.

Aunque dicho proyecto estuvo en consulta pública, “no hubo una información formal del Gobierno español al Gobierno portugués”.

Ha sido esta falta de comunicación lo que los portugueses consideran que es un incumplimiento del artículo número siete de la directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre de 2011.

LA OBRA SIGUE ADELANTE

A pesar de esto, la construcción del almacén nuclear seguirá su curso, y se iniciará “en los próximos días”, según el secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo, que se ha reunido esta mañana con su homóloga portuguesa, Margarida Marques, en Lisboa.

“La obra civil, que durará casi un año, comenzará en los próximos días, pero es una obra civil. Todavía no se ha iniciado el procedimiento de autorización de la operación, del funcionamiento del almacén, que tendrá, como es natural, todas las garantías, y necesitará de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear español para que tenga absolutamente todas las garantías”, ha afirmado Toledo.

LA COMISIÓN PEDIRÁ INFORMACIÓN A ESPAÑA

Por su parte, la Comisión Europea ya adelantó la pasada semana, cuando aún no había recibido la queja, que Bruselas la analizará “cuiudadosamente” y que, en caso de presentarse, pediría información a España para aclarar la situación.

“La Comisión está al tanto de las preocupaciones de las autoridades portuguesas. Hemos visto las informaciones en los medios y las declaraciones del ministro (portugués) sobre el encuentro bilateral que, aparentemente, no fue concluyente. Esperamos que el diálogo constructivo pueda continuar en esta materia”, señalaba en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario para Medio Ambiente, Enrico Brivio.

Preguntado por sobre quién recae responsabilidad de elaborar un análisis de impacto, Brivio explicó que los análisis transfronterizos sólo son obligatorios si existe un “impacto significativo” sobre el medio ambiente o si está previsto que el almacén esté presente durante al menos 10 años y esté construido en un lugar diferente al de la central.

Fuente: pressdigital.es

Ecologistas exige al CSN el acopio “provisional” de la tierra contaminada en Palomares desde hace 51 años

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Ecologistas en Acción ha pedido este lunes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la “clausura inmediata” de la instalación nuclear existente en la pedanía cuevana de Palomares, en Almería, al considerar que se trata de un “cementerio nuclear ilegal”, de forma que ha interesado que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) proceda al “almacenamiento provisional” de las tierras contaminadas desde hace ya 51 años a raíz de la caída de cuatro bombas termonucleares en la zona tras un accidente de avión del ejército estadounidense.

La organización ecologista ha advertido que en caso de que el CSN no proceda a la clausura de este espacio, se solicitará la Juzgado de lo Contencioso-administrativo que “obligue” a cumplir el plan de rehabilitación de Palomares (PRP), aprobado por el propio organismo en mayo de 2010 “con informe favorable de la Comisión Europea” y que indica que el volumen de tierra a limpiar es de unos 50.000 metros cúbicos.

En una nota, la entidad conservacionista ha explicado que tras el tratamiento de la tierra contaminada, el volumen de residuos se podría reducir “a 8.000 metros cúbicos” para los que “habría que encontrar un almacén provisional a la espera de su transporte definitivo a Estados Unidos”, con el que el Gobierno español rubricó en 2015 un protocolo de intenciones para la descontaminación de la zona y la salida del país de la tierra afectada por la radiación que aún no se ha materializado en actos concretos.

Según mantienen los ecologistas, el PRP y el informe favorable de la Comisión europea realizado al amparo de dicho artículo recogen que, en el caso de Palomares, las labores de limpieza y transporte “tienen un coste de 30 millones de euros” y no “de 600 millones”; una cifra con la que opinan que “se pretende justificar la inactividad de la Administración”.

Los ecologistas, que han criticado que Palomares “ni siquiera figura” en el registro de áreas contaminadas”, ha señalado que tanto la Junta de Energía Nuclear como el Ciemat, el CSN y los sucesivos gobiernos “sabían perfectamente que los americanos hicieron una limpieza cosmética en Palomares” ya que “de los nueve kilos de plutonio que liberaron las dos bombas MK-28, sólo se llevaron a Savannah River, en Carolina del Sur, 270 gramos dejando esparcidos por el terreno unos ocho kilos”.

“El Ciemat y los responsables políticos, durante décadas, han engañado a la opinión pública haciéndoles creer que Palomares estaba limpio de plutonio y han permitido que los agricultores y obreros de la construcción hayan trabajado en nubes de polvo radiactivo”, han afirmado desde la organización ecologista, donde aseveran que la situación de Palomares “no se puede prolongar más en el tiempo”.

En esta línea, han incidido en que los trabajos para la retirada de la tierra contaminada deben darse “con independencia de las negociaciones que se lleven a cabo con la administración de Estados Unidos”, máxime cuando “en 2015 la Administración americana ha exigido que se limpien sólo 28.000 metros cúbicos y el CSN se ha doblegado a esta pretensión que no solucionaría el problema”, según la entidad.

Ecologistas en Acción han recordado que en base al artículo 35 del Euratom, “cada Estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo” mientras que “la Comisión tendrá derecho de acceso a estas instalaciones de control; podrá verificar su funcionamiento y eficacia”.

PLUTONIO “ENTERRADO” Y “NO TRATADO”

En su escrito con fecha de este lunes dirigido a CSN, los ecologistas distinguen entre dos tipos de contaminación en la pedanía de Cuevas del Almanzora después de que la administración americana, en la primera intervención que tuvo lugar en la zona, actuara en la zona.

Así, los restos habrían sido enterrados “ilegalmente” según la legislación española “a unos 30 centímetros de profundidad mediante un arado profundo” y la construcción de “dos grandes fosas de 1.000 metros cúbicos y 3.000 metros cúbicos” cada una, mientras que en otros lugares como Sierra Almagrera –zona seis– “el plutonio no fue tratado, por lo que continúa en su estado original”

“La instalación nuclear es ilegal desde su construcción pues ya en 1966 estaba vigente la Ley 25/64 sobre energía nuclear. Posteriormente este cementerio nuclear al aire libre ha seguido incumpliendo toda la legislación que se ha ido publicando en materia nuclear”, han ahondado los ecologistas, quienes han acusado a los sucesivos gobiernos de “ocultar” la realidad para “no perjudicar los intereses agrícolas y turísticos”.

Con ello, la organización ha recordado que ha habido agricultores afectados por la radiación al igual que el ganado caprino, que “también estuvo contaminado en su totalidad durante 40 años, así como los productos derivados, leche y queso”. “En fechas recientes, el Ciemat ordenó el sacrificio de dicho ganado, con 40 años de retraso”, han apostillado.

Ecologistas también acusa al Ciemat y al CSN de haber permitido a agricultores de la zona construir balsas de riego pese a los índices de radioactividad así como que estas “entraran en funcionamiento” y “se regaran terrenos que ellos sabían que contenían altísimas dosis de radiactividad”. “Fue la clasificación como urbanizables de los terrenos contaminados en el planeamiento municipal de Cuevas del Almanzora y Vera lo que motivó que el CSN y el Ciemat pusieran en marcha el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica aprobado en el artículo 130 de la Ley 62/03”.

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Fuente:  lavanguardia.com