El esperpento de Garoña

garoña 10 añosNo se puede tomar una decisión tan trascendente, ampliar la vida de las centrales nucleares españolas hasta los 60 años, sin transparencia, sin debates, sin diálogo

Son muchas las perspectivas y los ángulos desde los que abordar el tema de la energía nuclear. Pero hay uno fundamental: la seguridad nuclear y radiológica.

Los accidentes de las plantas de Three Mile Island (en Estados Unidos, en marzo de 1979), el de Chernóbil (en Ucrania, en abril de 1986) y el de Fukushima (en Japón, en marzo de 2011) han puesto de relieve que existen riesgos altos. Muy altos. Riesgos que no pueden ser eliminados por completo, pero que, mientras esta tecnología exista, tienen que ser controlados al máximo, con una sólida y rigurosa regulación, con fuertes inversiones económicas y con equipos humanos extremadamente preparados, donde la cultura de seguridad esté por encima de los intereses monetarios.

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Como dice un amigo, lo “bueno” de las centrales nucleares es que “casi nunca pasa nada”. La energía nuclear no es ninguna panacea: son instalaciones que requieren miles de millones de euros para su construcción, hay un proceso emisor de radiaciones ionizantes de difícil control, se generan residuos radiactivos de alta actividad (de carísima y compleja gestión, como estamos viendo con el caso del Almacén Temporal Centralizado –ATC– en Castilla-La Mancha, y que hipotecan a las generaciones futuras), desconocemos con precisión la cuantía de las reservas de uranio y existe el riesgo de la proliferación de armamento nuclear.

Además, como quedó demostrado en Japón, nunca se podrá eliminar por completo el riesgo de accidentes (un tipo de accidente, el nuclear, que conlleva unas tremendas implicaciones sociales, económicas, sanitarias y medioambientales de muy largo plazo). Y tampoco podremos evitar que las plantas atómicas sean objetivos de atentados terroristas. Sin embargo, tendremos que convivir con esta tecnología algunas décadas más.

Se puede, legítimamente, estar a favor o en contra de cualquier tipo de energía. Pero lo inaceptable sería adoptar posiciones sin rigor, sin hacer las cuentas completas, sin anticiparse a los problemas que puedan surgir. Mucho menos, se puede adoptar una posición desde la óptica de la cuenta de resultados de grandes multinacionales de la energía.

Si esto es así, si vamos a tener que seguir utilizando la tecnología nuclear para la producción de electricidad durante algunos años más, un hecho también será cierto: dado que tenemos un parque nuclear muy envejecido, ya al borde o por encima de los 40 años de operación, habrá que destinar muchos más recursos, tanto económicos como humanos, a la seguridad nuclear y radiológica. Y, muy especialmente, tras el desastre de Fukushima.

En otras palabras: la seguridad deberá ser la prioridad de las prioridades.

Países como Alemania, Bélgica o Suiza han anunciado el abandono definitivo de sus programas nucleares (Austria ya lo hizo hace 30 años) o la reducción de su dependencia de la energía nuclear (como Japón, Reino Unido o Francia). Otros, como, por ejemplo, China, Rusia, India o Estados Unidos, han confirmado la continuidad de los mismos.

El hecho es que en el próximo cuarto de siglo es probable que se mantenga el portectaje actual de producción mundial de energía eléctrica con origen nuclear.

Como en el caso de otras tecnologías, los países deben sopesar los costes y los beneficios de contar con centrales nucleares.

Todos los países tienen derecho a utilizar la energía nuclear. Pero todos los que opten por esta vía deben estar obligados a hacerlo correctamente y con las máximas garantías, capacitando a un gran número necesario de ingenieros, físicos, químicos y de expertos nucleares, construyendo una sólida infraestructura técnica, ateniéndonos a las normas, a las buenas prácticas y a las directrices internacionales de seguridad y contando con organismos reguladores eficaces, eficientes, creíbles, transparentes, que cuiden una buena comunicación con la opinión pública y, sobre todo, independientes.

Así, en el debate sobre el futuro de la energía nuclear los organismos reguladores cobrarán más protagonismo, debiendo mantener su neutralidad y extremo rigor en la aplicación de las normativas y de las buenas prácticas, ya que esa es la misión que les encarga la sociedad. Algo que, por supuesto, incluye a España, a través del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El Consejo de Seguridad Nuclear lleva desde 1980 trabajando con un cuerpo técnico de primer nivel. Por eso, el Consejo ha sido reconocido por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) como una institución de referencia a nivel internacional a la hora de prestar un servicio público esencial: proporcionar previsibilidad, estabilidad y confianza en la regulación de la seguridad nuclear.

Nuestro país es el cuarto mayor productor de energía nuclear de los 28 países de la Unión Europea. Y el octavo de los 31 países que configuran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estamos, por  lo tanto, entre los países del pelotón de cabeza en materia de utilización de energía nuclear, que representa en la actualidad en torno al 19% de nuestra generación eléctrica.

A día de hoy, disponemos de seis centrales en operación, que contabilizan un total de ocho reactores, siendo la edad media de funcionamiento de nuestro parque nuclear de 36 años (las más jóvenes son Trillo y Vandellós II, puestas en marcha en 1987). Garoña, situada en la Comarca burgalesa de Las Merindades, es la más antigua, con sus 46 años a cuestas, y en diciembre de 2012 paró, unilateralmente, su actividad comercial.

En julio de 2013 Garoña recibió una orden ministerial que le obligó a un cese definitivo de explotación, tras haber operado durante más de 42 años. Sin embargo, varios cambios legislativos realizados ad hoc a favor de Nuclenor (la empresa titular de Garoña, participada al 50% por Iberdrola y por Endesa), anunciados en rueda de prensa por la vicepresidenta primera del Gobierno de Rajoy (incluyendo una reforma exprés del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas) permitieron a Nuclenor solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear la renovación de su autorización de explotación por 17 años más, hasta 2031.

Es decir: Gobierno y empresas quieren llevar al reactor burgalés hasta los 60 años de operación comercial (una petición desconocida en la historia de la seguridad nuclear en España, a la que parece haberse plegado la mayoría del pleno del CSN, dado el valleinclanesco proceso de licenciamiento de Garoña que hemos conocido hasta ahora).

El hecho es que tras diversas modificaciones legales realizadas ad hoc (sin contar nunca con la unanimidad del pleno del CSN) para propiciar la ampliación de la vida útil del reactor nuclear Santa María de Garoña; tras haber dejado expirar voluntariamente varios plazos legales en 2012 y en 2013 para operar a potencia (debido a negociaciones económicas entre el propietario de Garoña y el Gobierno de España); tras ser multada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con más de 18 millones de euros (por parar unilateralmente, sin permiso, en diciembre de 2012), la compañía explotadora de Garoña, Nuclenor, presentó en 2014 al Gobierno de España y al CSN una nueva solicitud de renovación de su autorización de explotación, con el objetivo de seguir operando dicha central nuclear hasta 2031, a pesar de estos lamentables antecedentes reguladores.

Y, por si esto no fuera suficiente, en 2015, unas semanas antes de las elecciones, el Gobierno de Rajoy, sin contar con el respaldo del Parlamento, impuso por Real Decreto un tercer consejero del Partido Popular en el CSN, Javier Diez, para que la mayoría política en el seno del pleno del Consejo (3 de 5) estuviera garantizada (haciendo un daño tremendo a la credibilidad y a la independencia del organismo regulador). Al PP le oímos luego apelar a no se qué consensos, pero en cuanto tienen la oportunidad, imponen su criterio unilateralmente. No es la forma de hacer política que reclaman los tiempos y los ciudadanos.

Así ha llegado Garoña a 2017. El pasado miércoles 25 de enero, el pleno del CSN recibió, por fin, la documentación técnica que autoriza a Garoña para ser explotada comercialmente hasta 2031… o más allá, ya que el CSN, haciéndole el juego al Gobierno de Rajoy, ni siquiera le pone fecha límite a Garoña. Un chollo para Endesa e Iberdrola.

No sabemos qué decidirá dentro de unas semanas la mayoría del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero lo que sí sabemos es que Nuclenor apenas ha hecho las inversiones económicas exigidas en materia de seguridad nuclear. Así que aunque consiga la autorización es posible que ni siquiera pueda cargar combustible para operar a potencia, para producir energía que es para lo que sirve una central nuclear.

Y, aun así, sabiendo que Garoña no ha hecho mejoras en seguridad nuclear y que no puede producir electricidad, el pasado miércoles llegó a la mesa del Consejo su informe, inédito por dos motivos: primero, porque nunca una empresa propietaria de una central nuclear había presentado al CSN una solicitud de renovación de una autorización de explotación por un período de tiempo superior a los 10 años (Nuclenor pide 17 años más de operación para Garoña). Y, segundo, porque nunca un titular había solicitado al CSN operar un reactor nuclear hasta los 60 años de explotación comercial. Y, por supuesto, nunca se había disociado en España una Revisión Periódica de Seguridad (RPS), que obligatoriamente se realiza cada 10 años, de una autorización de renovación de explotación de un reactor nuclear (una práctica reguladora bien asentada desde 1999, así reconocida por el OIEA en una misión de evaluación que envió a nuestro país en 2008).

En el Congreso de los Diputados y en el Senado esperamos el informe del CSN con urgencia. Un informe que, de ser positivo, servirá de precedente para el resto de reactores españoles, deseosos de llegar también a los 60 años de explotación comercial. Hay mucho dinero en juego. Buena prueba de ello es que el CSN lleva tres años cambiando instrucciones, guías, procedimientos y manuales de seguridad para adaptar la normativa a la operación a largo plazo de nuestras centrales nucleares. Incluso, a propuesta del consejero del Partido Popular, Fernando Castelló, el CSN retiró en el pleno del 8 de octubre de 2014 la norma que impedía a la central nuclear de Trillo solicitar renovaciones por más de 10 años. Además, Almaraz, antes de agosto de este año, tendrá que solicitar su renovación de autorización de explotación, y, probablemente, querrá lo mismo que Nuclenor: llegar a los 60 años de explotación comercial. ¿Qué apostamos?

El objetivo político-empresarial es muy claro.  Incluso sin operar a potencia, sin que Garoña volviera a producir ni la energía que consume una bombilla, la jugada es rentable: las eléctricas podrán chantajear a futuros gobiernos exigiendo lucro cesante si algún presidente o ministro se atreve a cerrar alguna central nuclear en España por motivos políticos o económicos. Otra vez el interés particular y económico de las grandes empresas por encima de la política y el interés general. ¿Les suena? Son exactamente las bases del camino que nos trajo hasta una de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos. Algunos parece que no han aprendido nada e insisten en esta fórmula.

Un vodevil que llama la atención (más aún) ante el hecho de que España tiene un exceso de potencia eléctrica, pudiendo prescindir sin problemas de un reactor nuclear tan obsoleto, tan envejecido y tan peligroso como Garoña, que lleva más de cuatro años sin producir ni un solo kilowatio de electricidad.

Desde el PSOE hemos dicho que así no pueden hacerse las cosas. Porque no se puede tomar una decisión tan trascendente, ampliar la vida de las centrales nucleares españolas hasta los 60 años, sin transparencia, sin debates, sin diálogo, sin que el Congreso de los Diputados ni el Senado conozcan en profundidad las implicaciones técnicas que en materia de seguridad conlleva tal disposición.

Se trata de un proceder nada democrático, inaceptable en un país desarrollado, que contrasta con el profundo debate público que se está siguiendo, por ejemplo, en países altamente nuclearizados como Francia, donde desde 2009 se está analizando tanto técnica, como política, económica y medioambientalmente las implicaciones derivadas de permitir que sus centrales nucleares lleguen a los 60 años de vida útil.

Así, la Agencia de Seguridad Nuclear (ASN), el homólogo francés del CSN, ha anunciado que emitirá un informe al respecto en 2019 (tras más de 10 años de intensos análisis científicos, debates públicos y de consultas técnicas). Además, en Francia no juegan con fuego: el pasado 23 de enero François Hollande anunció el cierre de Fassenheim, la central nuclear más vieja del país galo, incorporada a la red en 1977 (Garoña obtuvo su autorización de construcción en 1963, se comenzó a construir en 1966 y se conectó a la red en 1971).

Una cosa está clara en el ámbito de la seguridad nuclear, y muy especialmente tras las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima: la actuación del organismo regulador es clave. No es casual que la Comisión Parlamentaria Independiente de Investigación del accidente de Fukushima concluyera, en su informe remitido al Gobierno de Japón en julio de 2012, que el accidente nuclear de Fukushima fue un “desastre causado por errores humanos”. El informe subraya, taxativamente, que la catástrofe fue consecuencia de la complicidad entre el gobierno, las agencias de regulación y el operador TEPCO, reconociendo que los fallos regulatorios y de supervisión fueron de tal gravedad, que el accidente de Fukushima hubiera podido producirse incluso en ausencia de cualquier desastre natural. ¿Les suena la fórmula?

La mayoría de tres quintos de la Comisión de Industria del Parlamento ya instó al Gobierno de España, en mayo de 2015, el cese del presidente del CSN, Fernando Marti, exsecretario de Estado de Energía, quien, incomprensiblemente, sigue al frente de esta institución, ya que el Consejo de Ministros hizo caso omiso al Parlamento. Ese mismo año incluso fue obligado por el Consejo de Transparencia a publicar la documentación técnica que había ocultado sobre el emplazamiento del cementerio nuclear en Villar de Cañas, porque se negó a hacerla pública, en un alarde de opacidad impropio de un organismo regulador de riesgos como es el CSN. Finalmente fue forzado a comparecer ante la Comisión de Industria el pasado 19 de octubre de 2016, tras escabullirse durante dos años seguidos, evitando rendir cuentas ante el Parlamento, alegando, textualmente, que “viajaba mucho”. Y vaya si lo hace, aunque de eso hablaremos otro día.

Las anomalías han sido constantes desde su toma de posesión en diciembre de 2012. Y prosiguen, incluyendo cazas de brujas contra aquellos técnicos, como Rodolfo Isasia, que se negaron a plegarse a sus arbitrarias instrucciones (se cuentan por decenas los comunicados emitidos por ASTECSN, la asociación de técnicos que no se ha arrugado ante el martillo de Fernando Marti).

Sus constantes y carísimos viajes internacionales sin justificar ya son un escándalo públicamente conocido y aireado por la prensa y que han motivado varias preguntas parlamentarias de este senador que escribe y que aún no han sido respondidas por el Gobierno de Rajoy.

Adicionalmente, en 2016 todos los grupos parlamentarios solicitaron por escrito, tanto al CSN como al ministro de Energía, el Sr. Nadal, que se congele el informe sobre la autorización de la renovación de explotación de Garoña hasta no haber abierto un debate sobre las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales y en materia de seguridad derivadas de llevar las centrales nucleares hasta los 60 años de operación comercial. Sin embargo, nada parece alterar el proyecto urdido por el Partido Popular para propiciar la ampliación de vida de las centrales nucleares españolas hasta las seis décadas de vida útil. El informe de Garoña ya está sobre la mesa del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear.

Si la energía nuclear va a seguir siendo parte del mix energético de nuestras sociedades, creo indispensable renovar el compromiso de instituciones como el CSN con la ciudadanía. No podemos hurtar al Congreso y al Senado, y a la opinión pública, un debate esencial sobre la operación o vida a largo plazo (60 años) de los reactores nucleares, como debería hacerse en un país serio. Por eso, considerando que no es concebible el uso de la tecnología nuclear sin un refuerzo de la seguridad y que, en esta materia, siempre habrá margen para mejorar, un organismo regulador como el CSN debería ganar legitimidad, neutralidad, transparencia, credibilidad e independencia ante todos los grupos parlamentarios, ante las empresas y los ciudadanos, ante los medios de comunicación y las ONGs, ante los partidos políticos y los sindicatos, ante las universidades y las instituciones internacionales. Ante todos.

El pleno del CSN no debería olvidar nunca que la defensa del bien público ha de ser el leit motiv del quehacer diario de ese organismo regulador. Porque no hay duda de que el siglo XXI ha traído consigo la necesidad de reforzar el papel de los organismos reguladores, como garantes de la protección social y la defensa del bien público. Basta con mirar los desmanes propiciados por el sector financiero al no haber contado con una eficaz y sólida regulación en el momento de tomar decisiones cruciales. Todos conocemos las consecuencias, pero el PP vuelve a insistir en esta nefasta fómula que nos trajo a la mayoría hasta aquí. ¿No aprendieron nada?

En un contexto de vertiginosos cambios y de inusitadas turbulencias económicas, políticas y medioambientales en todo el mundo, es preciso apostar por lo que el profesor inglés Christopher Hood ha denominado “el gobierno del riesgo”. Es decir, por diseñar mejores e innovadores sistemas de regulación, de control y de prevención de aquellas actividades que conllevan serios peligros inherentes (como es la energía nuclear). Y, en ese “gobierno del riesgo”, los organismos reguladores no sólo tienen mucho que decir: también tienen mucho que hacer. Ojalá no nos fallen. Confianza es la palabra clave. Y deseo confiar en que el CSN finalmente esté a la altura de lo que se espera de él, evitando más esperpentos.

Fuente: eldiario.es

Nos venden Garoña y el fracking. La cara más oscura de la luz

CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑANo se habla de otra cosa en estos días. Los máximos históricos del precio de la electricidad harán que las facturas suban, de media, 100 euros por línea contratada. ¿Qué podemos hacer para defendernos?

ríos de tinta impresa, horas de debate televisado, decenas de programas de radio y multitud de comparecencias políticas tratan de arrojar luz sobre lo que ocurre con las facturas eléctricas, a cuyas cifras las compañías del ramo parecen arrojar levadura. Los precios crecen sin control y los informativos no hacen más que alertar de nuevos repuntes históricos. Ni los expertos en desencriptación avanzada parecen dar con las claves para desentrañar una factura de la luz y la población se echa las manos a la cabeza cada vez que piensa en el próximo recibo. Mientras, los responsables del Gobierno tratan de aclarar la situación explicando que como ni llueve ni hace viento, los aerogeneradores y las presas no producen y hay que echar mano del gas para echar a andar las más que deficitarias centrales térmicas. Demasiadas ideas para tratar de comprender, de forma sencilla, a qué nos enfrentamos y qué podemos hacer para ahorrar en la factura. Koldo Navascués, presidente de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, EKA/ACUV, ilumina el camino y aporta cordura a la controversia.

En las últimas semanas, “centenares” de consumidores están contactando con la asociación. No para presentar reclamaciones, ya que como aclara Navascués “no hay ninguna reclamación que hacer, se nos impone un precio y punto”, sino para solicitar información. ¿Qué hacer para ahorrar? Lo primero para lograr el objetivo consiste en aclarar los conceptos básicos y centrarse en lo importante.

Existen dos tipos de tarifas: la regulada y la libre. En la primera, las eléctricas se ven obligadas a aplicar el precio que se les impone y en la segunda, habitualmente sazonada con numerosas ofertas y llamativos descuentos, las cinco compañías que componen el oligopolio de la luz fijan el precio que quieren. Es fácil deducir que las empresas hacen todo lo posible para atraer a los clientes hacia el lado oscuro del mercado libre.

“Las eléctricas se han preocupado de comunicar rápidamente que a sus clientes no les afectan estas subidas de 6 o de 15 días al año. Claro. No les afecta esa subida, pero lo que no dicen es que están pagando por encima del precio de venta del pequeño consumidor -tarifa regulada- durante los 350 días restantes”, arranca el presidente de EKA/ACUV.

Actualmente, el 52% de los clientes “domésticos” se encuentra en el mercado libre. Es decir, que paga más de lo que, según advierten los expertos, debería. En julio de 2013 se modificó la regulación del mercado y todos los clientes de las compañías pasaron a formar parte del grupo de tarifa de último recurso, es decir del mercado regulado. “Evidentemente, esto no les gustó a las eléctricas y durante estos últimos años se han encargado de ir sacando de ahí a la gente. A veces con muy malas prácticas comerciales, incluso engañosas”, repasa el portavoz.

Los últimos análisis comparativos sostienen que las tarifas reguladas siguen siendo más económicas que las libres, si bien es cierto que al principio, habitualmente durante el primer año del contrato, los descuentos aplicados consiguen reducir un poco las distancias. “Una vez que ha pasado el año -avanza Navascués-, te dicen que te van a cobrar el kilovatio hora a 0,15 euros y como tampoco tienes referencias, te parece bien, cuando la realidad es que el precio regulado puede ser de 0,11 en ese momento. Eso sí, no sabemos cuánto durará la tarifa regulada”. Por todo ello, lo que recomienda EKA/ACUV a los usuarios es que soliciten cuanto antes a sus compañías un cambio a tarifa regulada, “algo que están obligados a hacer si se les pide y que es totalmente gratuito siempre y cuando no se cambie la potencia instalada”.

El problema no son sólo los precios, también lo es la opacidad. ¿Sabe alguien a cómo se compra el metro cúbico de gas de Argelia? Debe de ser un secreto de Estado, porque a partir de ahí cualquiera podría hacer el cálculo sobre los márgenes que tienen, los costos y demás. Si no disponemos de esos datos no podemos saber si se está manipulando o no el sector”, ilumina.

En nombre de la asociación que preside, Navascués no aconseja a los usuarios sumarse a las hoy tan promocionadas compras colectivas de energía. “Lo hemos estudiado y al final no resultan, sin más”, precisa. Lo que sí recomiendan es unirse a las cooperativas de energías renovables, una alternativa más verde, cívica y que, según el experto, sale a cuenta a la hora de abonar los recibos.

En el caso particular de EKA/ACUV, animan a sus asociados a entrar a formar parte de Goiener, una cooperativa que cuenta ya con más de 5.000 participantes. Al margen de ofrecer siempre el mejor precio posible, garantiza que toda la energía que comercializan es verde.

Además de sumarse a este tipo de iniciativas, Navascués recomienda revisar la potencia que tenemos instalada en nuestro hogar, ya que si es excesiva y podemos reducirla, lo notaremos en la factura. “Si tenemos contratados 4.400 y los bajamos a 3.300 -apunta- ya obtendremos un ahorro de unos 6 euros al mes. El cambio a menos sale por unos 11 euros IVA incluido, pero hay que tener cuidado porque subirlo cuesta 50 euros”.

Ante los repetidos anuncios de picos en los precios, el presidente aclara que “sube ese día y en una franja horaria determinada, no es que suba todo el mes”. También aporta otro pequeño detalle sobre otra de las novedades impuestas recientemente por el mercado energético. “En teoría, existe un agravio comparativo entre los usuarios que tienen contador digital y los que permanecen con el analógico. Se supone que a los que tienen el digital se les ajustan los consumos a los costos horarios, aunque luego hacen una media diaria y mensual, exactamente igual que con los usuarios de contadores analógicos. En realidad, no tenemos ni idea de cómo nos están cobrando porque la factura no detalla los cálculos hora a hora”, concede.

En cuanto a la labor de descifrado de las facturas, Navascués explica que contiene términos tan genéricos que no se sabe muy bien a qué corresponden. Sin ir más lejos, la “potencia facturada” es un coste fijo que marca el Gobierno para todo el año y que incluye lo que se denominan “peajes”. “Estos peajes tienen siete u ocho apéndices: el déficit tarifario, el precio del carbón, la moratoria nuclear, Ceuta y Melilla… Al final, las normas las dictan las eléctricas y el Gobierno las firma”, manifiesta.

Las claves

Los argumentos dados para justificar la subida de la tarifa sirven para apoyar la reapertura de la central

vitoria – El Gobierno argumenta que el precio del kilowatio se ha disparado porque, como no llueve ni hace viento, hay que quemar gas, carbón y otros combustibles para generar electricidad. Una estrategia que, en opinión de Koldo Navascués, presidente de EKA/ACUV, sirve a las eléctricas para vender a la ciudadanía las bondades de la energía nuclear y, de paso, apoyar la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña.

La misma idea sirve para fomentar la apertura de pozos de fracking en Álava para la extracción de gas mediante una metodología que se caracteriza por su inseguridad. El repunte de los precios del petróleo ha conseguido, tal y como advierte Navascués, que se reabran pozos ya abandonados de fracking en Estados Unidos. “Si yo fuera el propietario de Garoña estaría más que encantado de ponerla de nuevo en marcha. Hablamos de una central súper amortizada, que cada kilowatio que produce puede salirle por dos céntimos y cuyos dueños lo cobran a seis. A ver qué negocio tiene un beneficio del 300%. Nos están vendiendo la idea de que el clima influye en la producción, y claro que influye, pero no tanto. No es determinante a la hora de fijar los precios, las subastas sí lo son”, garantiza. – A.B.

Los datos

Tarifa regulada. Para ahorrar, lo primero que recomiendan los expertos es comprobar si estamos en el mercado libre o en el regulado. En el primer caso, que incluye a más de la mitad de los usuarios, recomiendan pasarse a las tarifas reguladas, que no incluyen ofertas pero que facturan el kilowatio hora más barato. El cambio es gratuito y sale a cuenta.

Cooperativas. EKA/ACUV aconsejan unirse a cooperativas de energías renovables, que ofrecen buenos precios y garantizan que toda la energía que comercializan entre sus usuarios es verde.

la frase

El presidente de EKA/ACUV explica que la potencia facturada que figura en nuestros recibos de la luz es un concepto que fija el Gobierno y que incluye los denominados “peajes”. Al final, el consumidor paga por la moratoria nuclear, el déficit tarifario, el mantenimiento del precio del carbón…

La cifra:   6 EUROS 6

euros al mes podemos ahorrar si decidimos rebajar la potencia contratada. Hay que ser cuidadosos, ya que si la bajamos en exceso, la luz saltará en cuanto encendamos varios electrodomésticos. Hay que realizar un cálculo del consumo y obrar en consecuencia. Reducir la potencia cuesta unos 11 euros, IVA incluido, pero volver a subirla cuesta 50 euros.

Fuente: noticiasdealava.com

Red Eléctrica tiene nuevo político giratorio del PP: el exdirector de la Guardia Civil, Fernández de Mesa

fernandez-de-mesaNueva puerta giratoria de un político a Red Eléctrica de España (REE) Arsenio Fernández de Mesa, que fue director general de la Guardia Civil hasta el pasado mes de noviembre ha sido “nombrado” nuevo consejero independiente de la sociedad.

Según El Pais no es hermano de Íñigo Fernández de Mesa, alto cargo del Ministerio de Economia de Guindos, aunque desconocemos si serán familia de otro tipo

La colocación del político del Partido Popular, que dejó su impronta en la benemérita con un suntuoso retrato y el absoluto rechazo a las reivindicaciones salariales, es la enésima rueda giratoria que realiza el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que esta empresa está controlada al 20% por el Estado, a través de sus acciones en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

A través de un comunicado, Red Eléctrica ha dado a conocer este nombramiento, al considerar a Fernández de Mesa el “idóneo” para el cargo por su experiencia en materia de seguridad integral. Su currículum no es para menos. En 1979 fue nombrado Oficial de segunda de la Junta del Puerto de El Ferrol del “Caudillo”, posteriormente fue nombrado cesado como Delegado del Gobierno en Galicia (2000-2004) y finalmente,en diciembre del 2011, llegó su nombramiento como Director General de la Guardia Civil. También se pudo encontrar su nombre en las sucesivas papeletas electorales de AP/PP (municipales y generales) que se ha presentado entre 1979 y 2011 publicadas por las diferentes Juntas Electorales.

En cuanto a su trayectoria dentro del Partido Popular, señalar que se afilió a Reforma Democrática (Alianza Popular) en Diciembre de 1976, tras lo que fue primer Presidente de NN.GG. de Alianza Popular en Ferrol y su comarca, presidente del Partido Popular en Ferrol, secretario General Adjunto del Partido Popular en la Provincia de La Coruña, miembro de los Comités Ejecutivos Provincial y Regional de Galicia del PP, miembro de la Junta Directiva Nacional de Partido Popular, coordinador Territorial Nacional desde el Congreso de Refundación de Sevilla y secretario de la Comisión Organizadora de los XII, XIII, XV y XVI Congresos Nacionales PP.

Polémicas y vínculos con la Gürtel

Ferández de Mesa ha estado presente en algunas de las mayores chapuzas políticas del Partido Popular, empezando por la catastrofe medioambiental del Prestige en noviembre del 2002, cuando él era Delegado del Gobierno en Galicia, hasta las muertes de 15 inmigrantes que intentaban cruzar la frontera en Ceuta y a los que la Guardia Civil, con Fernández de Mesa como director genral, atacó con pelotas de goma mientras nadaban hacia la orilla española. El nuevo consejero de Red Eléctrica aseguró que esto no había ocurrido calificando la posibilidad de su uso como “inhumano”, aunque poco después del ministro del Interior lo reconocío en el Congreso.

El nombre del exdirector general de la Guardia Civil, también apareció en el largo listado de altos cargos del PP que recibieron presuntamente regalos de la trama Gürtelcomo ya es sabido. En concreto, se trató de una estancia de cinco noches en el Hotel Meliá Gran Fénix, de cinco estrellas, entre el 10 y el 15 de febrero de 2004, por un coste de 1.497 euros a 300 euros por noche.

Fuente:  elplural.es

El Gobierno se resiste a dejar de controlar la mitad del recibo de luz como exige Bruselas

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La normativa europea trata de evitar que los gobiernos hagan política con la manipulación del precio de la luz

La Comisión Europea ha amenazado con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Gobierno no deja de ejercer el control directo que mantiene sobre parte del recibo de la luz. Bruselas exige al Ministerio de Energía que ceda la fijación de los peajes de acceso del sistema eléctrico al supervisor del sector -en el caso español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- como marca la normativa europea.

El Gobierno español se resiste a atender por completo el requerimiento de la Comisión y defiende que el manejo final de esa parte de la factura eléctrica siga en manos del Ministerio alegando cuestiones de “soberanía nacional”, aunque ha dado ya los primeros pasos para intentar aplacar a Bruselas y conseguir cerrar el expediente.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, remitió el pasado noviembre una carta a Bruselas comprometiéndose a conceder más independencia a la CNMC en este campo. Pero el Ejecutivo propone un sistema de “doble lectura” en el que la CNMC propondría los peajes, el Gobierno sería el encargado de fijarlos realmente y el supervisor daría posteriormente el visto bueno, aunque no se explica cómo se resolverían las discrepancias, según adelantan El País y El Mundo. Sin embargo, el propio ministro llegó a mostrarse la semana pasada abiertamente en contra de ceder las competencias por completo.

Los peajes de acceso que determina el Ministerio de Energía -hasta hace unos meses lo hacía el Ministerio de Industria- sirven para cubrir los costes regulados del sistema (transporte, distribución, primas a renovables, ayudas al carbón…) y representan cerca de un 45% de la factura eléctrica total que acaban pagando los clientes. El resto del recibo lo constituyen el precio de la propia electricidad (35%), que se establece con la cotización del mercado eléctrico mayorista, y los impuestos (20%).

Soberanía nacional

“El Gobierno y las Cortes tienen mucho que decir sobre la parte fija del recibo eléctrico. Hay una parte que debe reservarse para la soberanía nacional”, sentenció la pasada semana el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Congreso de los Diputados. “Si ustedes creen que debe ser sólo la CNMC quien fije los peajes”, dijo el ministro a los partidos de la oposición, “yo no lo comparto”.

Y es que desde el Ejecutivo se insiste en que la reglamentación comunitaria no exige ceder todo el control a la CNMC. “La normativa europea dice que el supervisor se encargará de fijar la metodología o de fijar los precios de los peajes, no que deba fijar la metodología y los precios, como sostienen algunos elementos… algunas personas de dentro de la CNMC”, explicó Nadal. Pero Bruselas parece tener otra interpretación del contencioso.

El Gobierno estaría intentando cumplir con Bruselas dando una mayor participación en el proceso de fijación de los peajes energéticos al supervisor, pero teniendo el Ministerio la última palabra sobre cómo repartir el pago de los costes fijos del sistema, al considerar que se trata de una de las bases de la política energética del Ejecutivo.

La CNMC ha llegado a aprovechar la publicación de informes preceptivos sobre el sector para quejarse abiertamente contra la dilación del Gobierno en adoptar estas medidas.

Más de tres años de investigación

La Comisión Europea abrió en 2013 un expediente de oficio a España por la incorrecta aplicación de las directivas europeas del mercado interior de la energía. Una legislación que establece que debe ser el supervisor, la CNMC, el encargado de fijar la cuantía de los peajes eléctricos o, en efecto, al menos su metodología de cálculo. Pero en España el regulador sólo asigna formalmente esos peajes, mientras que es directamente el Gobierno el que los fija previamente.

El año pasado la Comisión finalizó su larga investigación después de tres años y comunicó a Madrid la apertura de un procedimiento de infracción de manera definitiva, en el que el Gobierno tenía derecho a presentar sus alegaciones.

Las aclaraciones aportadas por el Gobierno español no cambiaron el parecer de Bruselas, que se ha decidido por avanzar hacia el procedimiento con una opinión razonada afeando que el Gobierno haya usurpado competencias propias del regulador (y que antes de la reforma del anterior Gobierno del PP en España tenía la extinta Comisión Nacional de la Energía, integrada en la actual CNMC).

Sin embargo, el largo periodo en que el Gobierno estuvo en funciones por la convocatoria de unas segundas elecciones el pasado año ha venido retrasando el proceso abierto por Bruselas. Pero ahora la amenaza de que España acabe denunciada ante el Tribunal de la UE si el Gobierno vuelve a estar sobre la mesa. Y es que la Comisión Europea publicará el próximo 17 de febrero una nueva lista de infracciones cometidas por los estados miembro, y ahí se verá si Bruselas se decide a denunciar a España o acepta la propuesta del Gobierno a la espera de que se concrete con más detalle, informa Europa Press.

La normativa europea trata de evitar que los gobiernos hagan política con la manipulación del precio de la luz. Que en España la cuantía y el reparto de los peajes dependa exclusivamente del Gobierno ha hecho posible, por ejemplo, que el Ejecutivo utilizara el superávit del sistema eléctrico de los últimos años para aplicar rebajas de los peajes en año electoral. De hecho, el propio ministro Nadal presumió la pasada semana en el Congreso de haber destinado ese superávit a recortar los peajes en 2016 y subrayó su compromiso de mantenerlos congelados durante toda la actual legislatura.

Fuente:  elindependiente.com