La noticia se ha publicado apenas 24 horas después de que el director de Garoña reconociera en el Congreso que Garoña está en buenas condiciones de operar hasta 2031 “con algunos cambios”.
Cualquiera que navegue por esta página web encontrará curioso que el CSN cesara a sus 2 inspectores en Garoña cuando se estaba considerando el aumento de sus plazos de operación.
Así mismo, técnicos del CSN han denunciado oscurantismo en la forma de trabajar, presiones y que Garoña no cumple con los requisitos a que le obligó el CSN.
Fuente: El Correo
Técnicos nucleares denuncian “represalias” y maniobras “encubiertas” del CSN para reabrir Garoña
Un informe del CSN revela que Garoña no cumple parte de los requisitos para autorizar su reapertura
El CSN cesó en 2014 a sus 2 inspectores en Garoña
El Congreso, sin el PP, apoya el cierre de la central nuclear de Garoña
Las Cortes de Aragón piden el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña
Los Parlamentos de Navarra y Pais Vasco piden el cierre de Garoña
ARTÍCULO EN EL DIARIO VASCO
Nuclenor, la sociedad propietaria de la central nuclear de Garoña, considera económicamente inviable la continuidad de la planta radicada en Burgos tras analizar detalladamente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según han asegurado a este periódico fuentes cercanas a la empresa. El coste de volver a poner en funcionamiento la central se eleva a 205 millones de euros, según los cálculos de Nuclenor, sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa. Este importe incluye las inversiones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear, incluidas en el último informe emitido por el organismo, y que ascienden a unos 170 millones; así como el resto de gastos operativos y otros como los ligados al combustible.
El Gobierno ha abierto un periodo de consultas sobre la reapertura de Garoña y se ha dado un plazo de seis meses antes de tomar una decisión final. No obstante, según las fuentes consultadas, Nuclenor ya habría anticipado al Ministerio de Energía su conclusión sobre la inviabilidad económica de la planta.
La central de Garoña dejó de estar operativa el 1 de enero de 2013, aunque entró en parada el 16 de noviembre de 2012. Han pasado más de cuatro años y desde esa fecha hasta el cierre del ejercicio pasado Nuclenor ha invertido 330 millones de euros en labores de mantenimiento necesarias de cara a una posible reapertura, que nunca podría ser antes de enero de 2019. La propietaria de Garoña registró el año pasado unas pérdidas de 67 millones de euros.
Desde el propio Ministerio de Energía han reconocido que incorporar Garoña a la red puede suponer un coste importante, aunque piensan que sigue siendo un negocio rentable. Hace ahora un año, el presidente de Endesa, Borja Prado, vinculaba el futuro de Garoña a una decisión empresarial al aclarar que no existe «ningún compromiso político» con respecto al futuro de la central. En la última junta de accionistas de la eléctrica, que tuvo lugar en abril del año pasado, Prado relacionaba cualquier decisión a la viabilidad «desde el punto de vista técnico y financiero». También el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, habría insinuado a los sindicatos de la compañía, en el marco de la misma junta de accionistas, la complejidad de reabrir la central por las condiciones económicas que esa operación exigía, según apuntaron fuentes sindicales.
«Primer peldaño»
Más allá de las consideraciones estrictamente empresariales y financieras, el Ministerio de Energía quiere implicar a los partidos políticos de la oposición en la decisión que tome el Gobierno sobre la reapertura de la central o su cierre definitivo, como todo parece. El departamento que dirige Álvaro Nadal va a utilizar el plazo del que dispone para «negociar con los partidos, las comunidades autónomas y los agentes implicados», según fuentes del departamento de Energía.
El ministerio, donde niegan que se haya negociado con el PNV el cierre de Garoña a cambio de su apoyo para los Presupuestos del Estado, insiste en que el debate sobre la central es sólo «un primer peldaño» de cara a otras decisiones similares que se deberían tomar a medio plazo, como la autorización para que Almaraz (Cáceres) -cuya vida útil expira en 2020- también siga en funcionamiento. Después les llegaría el turno a Vandellós (Tarragona), también en 2020; Cofrentes (Comunidad Valenciana) en 2021; Ascó I y II (Tarragona) en ese mismo ejercicio; y Trillo (Guadalajara), en 2024. Ante esta coyuntura, «puede ser un debate central por central o grupal sobre el futuro del sector», apuntan fuentes gubernamentales, donde alegan que al estar en un Ejecutivo en minoría, es recomendable una posición negociada.
La prohibición de que se amplíe la vida útil de cualquiera de los ocho reactores que hay en España provocaría, según el departamento que dirige Álvaro Nadal, un incremento del precio de la luz que se situaría en el entorno del 25%, según las estimaciones del Ministerio de Energía. Por ello, apuestan por mantener el actual ‘mix’ de nucleares, carbón y ciclos junto a la mayor presencia de plantas renovables.
La subida del precio de la luz se debe al bloqueo al autoconsumo renovable.
Y es que el el Gobierno de Rajoy-Nadal no quiere que baje la luz, por increíble que parezca, lo ha puesto por escrito. El impacto presupuestario de una menor recaudación tributaria —mayoritariamente relativa al IVA— es razón suficiente para que el Gobierno haya vetado un proyecto de ley impulsado por el Congreso de los Diputados.
El fondo, cómo no, es del famoso autoconsumo. Ese “atentado” que algunos “desalmados” pretenden perpetrar contra el sistema eléctrico español poniéndose unos paneles en el tejado para ahorrar unos euros en su factura de la luz a la vez que —qué cosas— contribuyen a ser más sostenibles con su deteriorado entorno. Luego nos quejaremos de que nos prohíban circular en coche por las ciudades… LEER COMPLETO.
Fuente: eldiariovasco
