Hacienda descarta bajar los impuestos a las nucleares

El Gobierno no se plantea tocar la fiscalidad de la energía nuclear. Así lo indica el Ministerio de Hacienda, que recuerda que España, como miembro de la UE, tiene que gravar determinadas actividades. Las compañías eléctricas —encabezadas por Iberdrola— piden que se reduzca la carga impositiva y argumentan que el sector está en pérdidas debido a esos gravámenes. Ignacio Sánchez Galán advirtió hace un mes de que los accionistas de Iberdrola no estarán dispuestos en el futuro a “operar las centrales en pérdidas”.

Este pulso llega en un momento en el que está en juego el futuro de las plantas para que operen más allá de los 40 años, para los que en principio fueron diseñadas. Las eléctricas —dueñas de las cinco centrales activas en España— tienen la vista puesta en los dos impuestos que el Gobierno creó en 2012 para gravar los residuos radiactivos, el gran problema de este tipo de tecnología al generar la electricidad.

Fuentes del departamento de Cristóbal Montoro argumentan que no es fácil “eliminar un impuesto de estas características porque existe una armonización comunitaria que lleva a gravar esos hechos imponibles”.

De hecho, España está muy por debajo de la media europea en la fiscalidad verde. La Comisión Europea presentó en febrero el análisis de las políticas medioambientales de los 28. Y Bruselas criticó que España sea el tercer país de la UE con los ingresos más bajos por fiscalidad ambiental. En concreto, estos impuestos supusieron el 1,85% del PIB en 2014, frente al 2,46% de media en la UE. Entre los pocos puntos positivos que la Comisión resaltaba estaba la implantación por parte del Gobierno de “impuestos a la producción de energía eléctrica, a la producción de combustible nuclear y al almacenamiento de residuos radiactivos”, en 2012.

“Al mundo nuclear se le ha ido metiendo impuestos de todo tipo y hemos llegado a un momento en el que se han comido todos los márgenes”, se quejaba en una entrevista en EL PAÍS hace unos días Ignacio Araluce, presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, que representa los intereses de este sector. No solo se refería a los tributos estatales, sino también a otros que implantan comunidades autónomas. Cataluña lo lleva intentando desde hace años. En 2014 la Generalitat aprobó un tributo específico sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Pero el Tribunal Constitucional lo anuló el pasado año al entender que era similar al que ya tenía el Estado, lo que suponía una doble imposición. En los presupuestos para este año la Generalitat ha vuelto a incluir un impuesto a este sector, pero sobre el “riesgo de radiactividad”. El Gobierno catalán espera recaudar cada año 60 millones de euros, que asumirán fundamentalmente las centrales de Ascó y Vandellòs, ambas en Tarragona.

Lo paradójico es que, pese a las quejas de los propietarios de las centrales, lo que pagan no es suficiente para asegurar en el futuro el tratamiento de los residuos radiactivos que generan. Así al menos lo entendía el Tribunal de Cuentas, que en 2015 remató su informe de fiscalización de Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los desechos de las nucleares. En ese análisis se apuntaba a que las tasas que pagan las centrales no bastan y que, con el actual ritmo de recaudación, de aquí a 2085 quedarían sin cubrir 1.800 millones.

Respecto al nuevo impuesto implantado por el Gobierno en 2012, el órgano fiscalizador advertía de que era una vía “contradictoria con el modelo garantista adoptado por España”, ya que, a diferencia de las tasas, no es finalista y lo recaudado se puede emplear para cualquier fin.

Por un pacto de Estado energético

Endesa e Iberdrola, más allá de sus diferencias nucleares, coinciden en la necesidad de un nuevo marco regulatorio “adecuado y sostenible”, como dijo Borja Prado el miércoles. El presidente de Endesa reclamó un pacto de Estado que incluya un plan de transición energética para que la evolución hacia un sistema descarbonizado “se haga en condiciones de seguridad energética y competitividad económica”, algo que está también en las exigencias del de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Sin embargo, Prado cree “pasar de la cultura de mayorías absolutas a la de pactos no es sencillo” y, por ello, advirtió del peligro de que necesidades políticas y fiscales a corto plazo “pongan en peligro la estabilidad del sistema”, que, a su juicio, no es aceptable. “Endesa no va a entrar en ese juego”, dijo.

Plataforma contra el ATC de Cuenca presenta una queja por la falta de información del CSN

 

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha presentado una queja al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ante la negativa de la dirección del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a facilitar la información solicitada sobre la tramitación de la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

La Plataforma ha recordado a través de una nota de prensa que el CSN vuelve a negarse a ofrecer información a pesar del “varapalo” que recibió del Consejo de Transparencia que le obligaba a publicar varios informes a instancia de ‘Transparencia Internacional’, negados hasta ese momento.

En la queja que ha presentado la Plataforma a través de Ecologistas en Acción, se incide en que “el análisis de los errores humanos en el accidente nuclear de Fukushima puso de manifiesto que la transparencia es un aspecto crítico en la seguridad nuclear”.

A ello ha añadido también que “la información solicitada se dará a conocer a la población en general y especialmente a la local que vive en las cercanías de los terrenos del proyecto de almacén nuclear”.

Por otro lado, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca se encuentra ultimando los detalles de la que será la 8ª Marcha a Villar de Cañas, convocada para el domingo 7 de mayo.

Los responsables de la organización han confirmado la asistencia de tres autobuses, que partirán a las 8:30 horas de la Plaza de España, de Madrid; a las 10:00 horas, de Tarancón (Cuenca), y a las 9:30 horas de la estación de autobuses de Cuenca capital.

Los autobuses y otros vehículos que asistan a la marcha confluirán en la urbanización Casalonga, para iniciar a las 11:00 horas una marcha a pie hasta Villar de Cañas donde se leerá un manifiesto tras el recorrido que se ha acortado unos 500 metros con respecto a años anteriores.

Fuente:  clm24.es

El PSOE de Extremadura reafirma su rechazo al Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha reafirmado el rechazo de su grupo al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

García ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras llegar los Gobiernos de España y Portugal a un acuerdo sobre este almacén con la mediación de la Comisión Europea.

Así, en declaraciones a los medios momentos antes de asistir en Mérida a la manifestación del 1 de Mayo, Valentín García ha indicado que, aunque no conocen los “detalles del acuerdo”, su grupo sigue pensando que “ese almacén temporal no debió autorizarse, que se hizo demasiado rápido la Declaración de Impacto Ambiental”.

“Nuestra posición no ha cambiado, seguimos estando en contra de ese almacén temporal en la central nuclear de Almaraz”, ha recalcado.

 Fuente:   elcorreoextremadura.com

España y Portugal firman la paz sobre el cementerio nuclear de Almaraz

Lisboa retira las objeciones a la construcción del almacén temporal de residuos

Madrid se compromete a mantener informadas a las autoridades portuguesas

l presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro portugués, António Costa, han resuelto hoy en Bruselas el conflicto sobre la construcción de un almacén temporal de residuos radioactivos en el recinto de la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres.

El acuerdo, auspiciado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, despeja las objeciones portuguesas a la construcción de Almacén temporal individual (ATI) de Almaraz. Lisboa temía el posible impacto del proyecto, situado a poco más de 100 kilómetros de la frontera hispano-portuguesa y acusaba a España de no haberlo sometido a consulta con el país vecino.

El gobierno portugués llegó a invocar el artículo 259 del Tratado de la UE, una vía excepcional y escasamente utilizada que permite a un socio de la Unión denunciar a otro ante el Tribunal de Justicia europeo.

La mediación de la CE ha evitado que el conflicto llegue ante los jueces. España, según el acuerdo anunciado hoy durante el Consejo Europeo celebrado en Bruselas sobre el brexit, se compromete a que el Consejo de Seguridad Nuclear tome en cuenta las recomendaciones planteadas por las autoridades portuguesas y las traslades al operador del ATI. España también se compromete a compartir con Lisboa cualquier información relevante que surja en relación con el proyecto.

El acuerdo de hoy remata las negociaciones iniciadas el pasado 3 de febrero entre Rajoy, Costa y Juncker, que se materializaron en un primer compromiso sellado el 21 de febrero. Tras ese primer pacto, representantes del Gobierno portugués y de la Comisión Europea visitaron el recinto de Almaraz. El gobierno español, además, facilitó “una importante cantidad de información sobre los aspectos medioambientales y de seguridad del proyecto”.

Lisboa ha estudiado esa información y la ha sometido a consulta pública. Como resultado de ese proceso, Lisboa ha cursado una serie de recomendaciones y conclusiones que el Consejo de Seguridad Nuclear español se ha comprometido a asumir.

Fuente:  cincodias.elpais.com