Hacienda descarta bajar los impuestos a las nucleares

El Gobierno no se plantea tocar la fiscalidad de la energía nuclear. Así lo indica el Ministerio de Hacienda, que recuerda que España, como miembro de la UE, tiene que gravar determinadas actividades. Las compañías eléctricas —encabezadas por Iberdrola— piden que se reduzca la carga impositiva y argumentan que el sector está en pérdidas debido a esos gravámenes. Ignacio Sánchez Galán advirtió hace un mes de que los accionistas de Iberdrola no estarán dispuestos en el futuro a “operar las centrales en pérdidas”.

Este pulso llega en un momento en el que está en juego el futuro de las plantas para que operen más allá de los 40 años, para los que en principio fueron diseñadas. Las eléctricas —dueñas de las cinco centrales activas en España— tienen la vista puesta en los dos impuestos que el Gobierno creó en 2012 para gravar los residuos radiactivos, el gran problema de este tipo de tecnología al generar la electricidad.

Fuentes del departamento de Cristóbal Montoro argumentan que no es fácil “eliminar un impuesto de estas características porque existe una armonización comunitaria que lleva a gravar esos hechos imponibles”.

De hecho, España está muy por debajo de la media europea en la fiscalidad verde. La Comisión Europea presentó en febrero el análisis de las políticas medioambientales de los 28. Y Bruselas criticó que España sea el tercer país de la UE con los ingresos más bajos por fiscalidad ambiental. En concreto, estos impuestos supusieron el 1,85% del PIB en 2014, frente al 2,46% de media en la UE. Entre los pocos puntos positivos que la Comisión resaltaba estaba la implantación por parte del Gobierno de “impuestos a la producción de energía eléctrica, a la producción de combustible nuclear y al almacenamiento de residuos radiactivos”, en 2012.

“Al mundo nuclear se le ha ido metiendo impuestos de todo tipo y hemos llegado a un momento en el que se han comido todos los márgenes”, se quejaba en una entrevista en EL PAÍS hace unos días Ignacio Araluce, presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, que representa los intereses de este sector. No solo se refería a los tributos estatales, sino también a otros que implantan comunidades autónomas. Cataluña lo lleva intentando desde hace años. En 2014 la Generalitat aprobó un tributo específico sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Pero el Tribunal Constitucional lo anuló el pasado año al entender que era similar al que ya tenía el Estado, lo que suponía una doble imposición. En los presupuestos para este año la Generalitat ha vuelto a incluir un impuesto a este sector, pero sobre el “riesgo de radiactividad”. El Gobierno catalán espera recaudar cada año 60 millones de euros, que asumirán fundamentalmente las centrales de Ascó y Vandellòs, ambas en Tarragona.

Lo paradójico es que, pese a las quejas de los propietarios de las centrales, lo que pagan no es suficiente para asegurar en el futuro el tratamiento de los residuos radiactivos que generan. Así al menos lo entendía el Tribunal de Cuentas, que en 2015 remató su informe de fiscalización de Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los desechos de las nucleares. En ese análisis se apuntaba a que las tasas que pagan las centrales no bastan y que, con el actual ritmo de recaudación, de aquí a 2085 quedarían sin cubrir 1.800 millones.

Respecto al nuevo impuesto implantado por el Gobierno en 2012, el órgano fiscalizador advertía de que era una vía “contradictoria con el modelo garantista adoptado por España”, ya que, a diferencia de las tasas, no es finalista y lo recaudado se puede emplear para cualquier fin.

Por un pacto de Estado energético

Endesa e Iberdrola, más allá de sus diferencias nucleares, coinciden en la necesidad de un nuevo marco regulatorio “adecuado y sostenible”, como dijo Borja Prado el miércoles. El presidente de Endesa reclamó un pacto de Estado que incluya un plan de transición energética para que la evolución hacia un sistema descarbonizado “se haga en condiciones de seguridad energética y competitividad económica”, algo que está también en las exigencias del de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Sin embargo, Prado cree “pasar de la cultura de mayorías absolutas a la de pactos no es sencillo” y, por ello, advirtió del peligro de que necesidades políticas y fiscales a corto plazo “pongan en peligro la estabilidad del sistema”, que, a su juicio, no es aceptable. “Endesa no va a entrar en ese juego”, dijo.

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