Iberdrola y Endesa no alcanzan un acuerdo en Nuclenor sobre el futuro de Garoña

El consejo de administración de Nuclenor, celebrado el pasado miércoles, volvió a vivir un nuevo episodio de bloqueo respecto a la posibilidad de adoptar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña ante la falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa, los propietarios al 50% de la sociedad dueña de la planta.

El órgano gestor de Nuclenor había convocado una nueva reunión con el objetivo de consensuar una posición que presentar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, dentro del periodo de alegaciones abierto por el Gobierno español que expira la próxima semana, pero, una vez más, fue imposible el acuerdo entre sus dos accionistas.

En concreto, Iberdrola, en el primer punto del orden del día del consejo, propuso la presentación inmediata del desestimiento de la autorización de reapeartura de Garoña, al considerar que «no cabe ninguna otra alternativa a la viabilidad económica de Nuclenor que el desestimiento», según fuentes empresariales citadas por Europa Press.

Esta propuesta de presentar el desestimiento inmediato al Ministerio de Energía surge de un escrito consensuado entre ambas compañías basado en esta «inviabilidad económica» de Nuclenor, indican las mismas fuentes.

Sin embargo, Endesa planteó, en un segundo punto del orden del día, la presentación de alegaciones, dentro del proceso abierto por el Ministerio de Energía, una propuesta que Iberdrola consideró que no resultaba «jurídicamente viable», ya que puede abocar a que el Ejecutivo conceda la renovación de la central nuclear.

De todas maneras, Nuclenor tendrá siempre el veredicto final sobre el futuro de Garoña sea cual sea la decisión de Madrid. En todo caso, no podrá desviarse del informe aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 8 de febrero, que permitía la continuidad de la central nuclear con una serie de condiciones, que supondría unas inversiones calculadas en unos 200 millones, según informó este viernes el diario ‘Cinco Días’.

Diferencias en Nuclenor

Este no es el primer distanciamiento en el seno de Nuclenor entre ambas compañías. Ya el pasado mes de abril, la sociedad celebró un consejo y una junta general en la que Iberdrola planteó desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, sin que se llegara a un acuerdo.

El distanciamiento entre Iberdrola y Endesa ha quedado más que manifiesto en los últimos tiempos en las figuras de sus respectivos presidentes, Ignacio Sánchez Galán y Borja Prado.

Así, en la pasada junta general de accionistas de Iberdrola, Galán ya denunció que en las actuales condiciones el negocio nuclear no era viable.

Por su parte, Prado también ha dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno tras el periodo de consultas abierto antes de tomar una decisión definitiva sobre la central nuclear.

Alegaciones del Parlamento

Por su parte, el Parlamento de Gasteiz ha presentado sus alegaciones a la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central, según ha informado EH Bildu en un comunicado.

La coalición ha recordado que el pleno de la Cámara aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de Ley sobre la necesidad de interponer recurso ante la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central nuclear de Garoña y los acuerdos y órdenes del Ministerio que puedan derivarse en este sentido.

Según ha detallado, el segundo punto de este acuerdo recogía el compromiso del Parlamento de «emplear todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña».

En este sentido, acordó interponer recurso a la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear de 8 de febrero de 2017 que posibilita la reapertura de Garoña.

«Con ese fin los servicios jurídicos de la Cámara presentarán tal recurso en el órgano correspondiente, para anular la citada resolución», señalaba el texto aprobado.

EH Bildu ha anunciado que este viernes 21 de julio, al finalizar el plazo, el Parlamento ha presentado sus alegaciones a la resolución del CSN.

Castilla y León

Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha pedido en sus alegaciones al Ministerio la continuidad de Garoña y que sea hasta el 2031, para que se puedan amortizar las inversiones que exige el CSN para su puesta en marcha.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha detallado en declaraciones a los periodistas que con la premisa de la seguridad avalada en el informe del CSN, su apuesta es la continuidad de una central que hoy por hoy «no tiene alternativa» en la zona y que además de cerrarse permanentemente supondría «un lastre grande» en la economía regional y estatal.

Del Olmo ha recordado que la central genera seiscientos empleos directos y en momentos puntuales, en recargas de combustible y revisiones llega hasta el millar, y no tiene «un plan alternativo» en la zona del valle burgalés de Tobalina.

También ha esgrimido la Junta en sus alegaciones razones de competitividad tanto estatal como regional, ya que la energía nuclear es más barata que la de ciclo combinado de gas, y dejar de disponer de ese recurso puede hacer que «suba el precio del mercado de la electricidad».

La consejera de Economía y Hacienda ha sostenido que la división dentro de los dos propietarios de Nuclenor sobre la continuidad o no de la actividad de la central es algo «ajeno» a la Junta, ya que es el Ministerio el que debe decidir sobre el asunto.

Fuente:  naiz.eus

La Audiencia Nacional actúa ante la contaminación de Palomares

Zona acotada con el suelo contaminado por radiaciòn.

Investiga el rechazo del CSN a la solución provisional propuesta para los suelos radiactivos

La Audiencia Nacional ha requerido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que le remita el expediente administrativo por el que rechazó la clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares, en Cuevas del Almanzora, así como el almacenamiento “provisional de la tierra contaminada” solicitado por Ecologistas en Acción en enero. El requerimiento se enmarca en el procedimiento contencioso-administrativo que se sigue en este órgano después de que se haya admitido a trámite el recurso que el colectivo conservacionista interpuso contra la resolución de 17 de febrero, según el decreto al que ha tenido acceso Europa Press.

La Audiencia Nacional debe dirimir hora si la decisión del CSN sobre el Reglamento de Protección Sanitaria es conforme a derecho o si, por el contrario, la propuesta de Ecologistas en Acción es viable frente a la opción que mantiene el regulador atómico de esperar a que ejecute el acuerdo entre España y EEUU para dar una “solución definitiva al problema” generado en 1966 tras la caída accidental de cuatro bombas temornucleares en la zona.

El CSN respondió al colectivo que “no ha lugar para la solución provisional” que plantean ya que esta “no se correspondería con los principios” del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, “ni con los preceptos y actuaciones que se establecen” en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radioactivas. Aludía el órgano a que el de Palomares se trataría de un caso de “exposición perdurable”, por lo que sería de aplicación el artículo 58 del primer reglamento.

Intervención
Este dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.

El CSN remarcaba, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada “son adecuados y eficientes” de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE y que la “solución definitiva al problema” pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.

“La ayuda de EEUU a España para gestionar los residuos radioactivos generados por las medidas de restauración de los terrenos contaminados se consideran primordiales para aportar una solución definitiva a este problema ya que España no tiene instalaciones para almacenar de forma definitiva estos materiales contaminados por Plutonio”, apuntaba citando el mencionado informe.

El órgano supeditaba, por tanto, la ejecución del Plan de Rehabilitación de zonas afectadas que elaboró el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) al auxilio de EEUU.

Fraga mintiendo a los españoles en Palomares

Fuente:   lavozdealmeria.es

Más información sobre la contaminación en Palomares (Almeria)

La Junta de Castilla y León y ENDESA las únicas que quieren Garoña

La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones en defensa de la continuidad de la central Nuclear de Santa María de Garoña hasta 2031 porque, como ha manifestado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha garantizado su seguridad y hasta esa fecha que amortizarían las inversiones exigidas por este organismo.

Estos argumentos centran las alegaciones que la Junta ha remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, quien abrió el pasado 11 de julio el plazo para que once administraciones pudieran remitir sus argumentos para decidir el futuro de la central. Dichas entidades son el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno de La Rioja, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Del Olmo ha aclarado que la Junta ha remitido sus alegaciones ayer mismo con su “posición favorable” a la continuidad de la explotación de la central, ya que, como ha defendido en declaraciones recogidas por Europa Press, de no ser así “la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles”.

La seguridad de Garoña siempre ha sido cuestionada

De este modo, la consejera ha detallado que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque todo su área de influencia, a lo que se suma las conclusiones extraídas del informe del Consejo de Seguridad Nuclear que garantiza la seguridad del centro siempre que se haga una serie de inversiones adicionales que, según los cálculos de la Consejería, estarían amortizadas en 2031.

Del Olmo ha asegurado que en el documento remitido por la Junta al Ministerio se detalla también la importancia de este tipo de energía para la economía nacional y ha recordado que su cierre supondría además daños a otras fuentes energéticas autóctonas como el uranio que sirve de combustible para la central.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta ha aprovechado sus alegaciones para defender también la energía producida a través del carbón autóctono, alternativa energética “más barata” junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un “lastre grande a la economía nacional”. “Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas”, ha concluido Del Olmo, quien ha insistido en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento.

GAROÑA PROVOCA PARO

Lo que Del Olmo no explica es que Garoña es el principal lastre de la comarca. El colegio de Economistas de Burgos ya señaló que la comarca afectada por Garoña tenía la mayor tasa de paro de todo Burgos.

Fuente:   20minutos.es

Los vertidos de garoña y las grietas cuestionan sus pretendida seguridad.

Técnicos del CSN denuncian el oscurantismo para reabrir Garoña

Garoña auyenta el resto de inversiones

 

Enresa estudiará el acuífero sito en los terrenos donde pretende ubicar el ATC

Deberá analizar si habría capacidad de reacción ante una posible fuga de material radioactivo y evitar que llegue a El Záncara.

Enresa sigue estudiando los terrenos del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas. Se prevé que en breve analice el comportamiento del acuífero que se situaría debajo de la construcción del silo nuclear conquense. Se trata de una información adicional que el CSN solicitó a la empresa, y una de las cuestiones más sensibles del proyecto.

Enresa está pendiente de adjudicar el contrato por el que, durante dos años, se comprobarán los valores pizométricos en los terrenos donde se pretende construir en ATC y sus alrededores. Con esto, se controlará al detalle cuál es el movimiento de las aguas subterráneas.

Informes anteriores hablan de un “movimiento moderado” de las aguas del acuífero, asegurando que hay “riesgo potencial” de contaminación del cauce más cercano, El Záncara y, por tanto, podría afectar al agua de riego y agua de uso de boca en la zona e, incluso, podría expandirse hacia las Tablas de Daimiel.

Ahora quieren que los estudios sean más precisos. Así las cosas, la captura de los datos que de ahí se obtengan serán determinantes para determinar cómo actuar y dónde en caso de fuga, según explica a la SER Carlos Villeta, responsable de comunicación de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca.

Mientras, la Plataforma ha vuelto a acudir al Consejo de Transparencia tras haber solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear el Informe de Construcción y haber recibido información parcial del documento, como ya ocurriera con el Informe de Ubicación. Pasados tres meses, el colectivo se plantea acudir a instancias superiores. Temen que el CSN vuelva a seguir adelante con el proyecto a pesar de que los estudios determinen que los riesgos superan los umbrales permitidos.

Desde la Plataforma calculan que en seis meses el CSN podría dar el visto bueno al segundo de los tres permisos necesarios para construir del ATC.

Fuente: cadenaser.com

Europa busca soluciones viables para eliminar los residuos nucleares que no quiere nadie

En medio kilómetro subterráneo de túneles iluminados, un laboratorio del gobierno francés está probando la seguridad de un sitio destinado a almacenar 80.000 metros cúbicos de desechos radiactivos mortales.

Las tripulaciones perforan aberturas del tamaño de un barril a los lados de los pozos, excavadas profundamente en la tierra no lejos de la pequeña ciudad de Bure, en el noreste de Francia. Los envases tendrán que ser recuperables durante un siglo, en caso de que se desarrollen mejores tecnologías para tratar con materiales radiactivos. Salvo este descubrimiento, la idea es que los residuos pasen los próximos 100.000 años bajo tierra.

Los obstáculos técnicos serán bastantes, pero mucho más difícil para la agencia francesa de gestión de residuos radiactivos, Andra, será superar la oposición política a la construcción del sitio destinado a servir como el lugar de descanso final para toneladas y toneladas de residuos radiactivos.

Seis décadas después de la construcción de la primera oleada de centrales nucleares, ningún país ha abierto un sitio de almacenamiento permanente. El combustible nuclear gastado y otros materiales contaminados, que son subproductos mortales de la generación de electricidad, siguen siendo almacenados en lugares temporales alrededor de Europa y el mundo, a veces incluso junto a los reactores donde fueron utilizados.

El problema es cada vez más urgente, cuando las plantas de energía en todo el mundo están cerca del final de sus vidas útiles, y Europa occidental sufre recortes en la generación de electricidad nuclear. Sólo en la Unión Europea, más de 50 de los 129 reactores actualmente en funcionamiento podrían cerrar antes de 2025, dijo recientemente el Comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete. “Estos reactores tendrán que ser desmantelados, y los desechos radiactivos generados en este proceso tendrán que ser manejados con seguridad”.

Las apuestas son menos técnicas que políticas. La disputa va al corazón de un debate en curso sobre la sostenibilidad de la energía nuclear. Si no es resuelto, la industria quedará vulnerable a sus críticos, quienes sostienen que la tecnología es tan intrínsecamente riesgosa, y sucia, que no se puede confiar en ella para generar electricidad, ni siquiera para combatir el cambio climático.

La Comisión Europea está empeñada en apresurar a los países en ese sentido. El 13 de julio, se intensificó un procedimiento de infracción contra Austria, Croacia, la República Checa, Italia y Portugal, obligándolos a cumplir plenamente con las normas sobre residuos radiactivos del bloque, y a informar a Bruselas de sus programas nacionales de gestión de residuos nucleares. Por ahora sólo Finlandia, que abrirá el primer depósito final del mundo a principios de la próxima década, tiene un plan que en verdad puede implementar.

Fuente:  mundiario.com

El Gobierno da 10 días a once interesados en alegar sobre el futuro de la central nuclear de Garoña

Las once entidades interesadas en presentar alegaciones y documentos al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tendrán diez días hábiles a partir de su notificación, una vez que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha anunciado la apertura de plazo.

Según ha informado el Ministerio todas las instituciones, asociaciones y empresas personadas han podido estudiar durante casi cinco meses el informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró sobre Garoña y de cuya recepción fueron informados por el propio Ministerio de Energía a principios de marzo.

En ese informe, preceptivo pero no vinculante, el regulador dio el visto bueno a la continuidad del reactor, cuyo titular, Nuclenor, solicitó volver a operar hasta 2031, cuando la planta cumpla 60 años de edad.

El Gobierno tomará una decisión sobre el futuro de la central nuclear una vez termine el procedimiento de audiencia y después de estudiar las alegaciones que se presenten al informe que el CSN emitió el 8 de febrero. A partir de esa fecha se abrió el plazo de seis meses para pronunciarse sobre la solicitud sobre la renovación o no de la autorización de explotación planteada por Nuclenor.

Las once entidades que se han personado y que podrán presentar alegaciones son el Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Junta de Castilla y León, Gobierno de Navarra, Diputación de Álava, Gobierno de La Rioja, Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Asociación Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Fuente: elperiodico.com

Iberdrola prepara la prolongación de la vida de la central de Cofrentes más allá de 2021

Según. eldiario.es La central nuclear de Cofrentes se aproxima al final de su vida útil. Este centro genera un tercio de la electricidad consumida en la Comunidad Valenciana y la posibilidad de la prolongación de su vida útil genera conflicto, enmarcado además en el debate sobre la energía nuclear. Un debate que pone en riesgo intereses económicos y de las grandes empresas que operan en el sector.

La planta valenciana es la única que Iberdrola posee y gestiona en su totalidad, al menos hasta 2021, fecha en la que finaliza su permiso de explotación. La hidroeléctrica no quiere adelantar si pedirá la prórroga del permiso, pero sus acciones hacen sospechar a partidos y asociaciones ecologistas.
Desde el año pasado ha comenzado la construcción de un almacén de residuos temporales, “una solución transistoria para almacenar el combustible gastado”, ha explicado el director de la central, Tomás Lozano. El directivo ha comparecido en las Corts valencianas a petición del PSPV-PSOE y Compromís -apoyada por Podemos- para dar cuenta de esta construcción, sospechosa a su criterio.

El director, que ha acudido acompañado de varios responsables de Iberdrola, ha insistido en que la construcción del almacén es necesaria e independiente del proceso de continuidad. Lozano se excusa en que que en España la estrategia de gestión de residuos radiactivos es definida por el Estado, a través de Enresa, y se concreta en el sexto Plan General de Residuos Radiactivos que prevé la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para la gestión del combustible nuclear gastado, e incluye de forma expresa la posibilidad de construir almacenes temporales en los emplazamientos de las centrales nucleares.

Respecto a la posibilidad de alargar la vida útil del centro, el director señala que es un debate político en el que ni la central ni Iberdrola van a entrar. El modelo energético “tendrán que decidirlo los parlamentarios y el Gobierno”, aunque su posición es que la energía nuclear es “necesaria” para “la transición del modelo energético”. Hasta que no quede claro, no se solicitará, asegura.

El Ministerio de Energía comunicó hace apenas dos semanas la orden por la que concede más tiempo a la central de Cofrentes -también a la de Trillo y Ascó- para renovar sus permisos. De no haberse producido la modificación, Iberdrola tendría que haber solicitado la renovación en 2018. Ahora se podrá retrasar hasta 2020, con el Plan Energético Nacional previsiblemente ya aprobado, por lo que el PSOE y Compromís sospechan que el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear están dando facilidades a la empresa para garantizarse otra década de explotación de la central. “El único motivo para construir el almacén temporal -que operará en 2021- es el funcionamiento más allá de 2021″, comenta un diputado. “Blanco y en botella”.

El entorno de Montoro devuelve el golpe a Soria: “Estará acorralado por algún tema raro”

Allegados al ministro de Hacienda señalan que la acusación del exministro ‘panameño’ puede responder a una maniobra “por algo que le pueda estallar”

El cruce de acusaciones entre el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria y el titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, parece que ha alcanzado el punto de no retorno. Este lunes el diario El Mundo publicaba que Soria tiene preparadas sus memorias -que aún no ha decidido si publicará- y que en ellas señala a Montoro como el culpable de su dimisión. A su juicio, el ministro de Hacienda provocó su salida del Gobierno chivando a Mariano Rajoy la existencia de una cuenta de su madre en Suiza, y Soria no quería tener que dar explicaciones sobre ese asunto en el Parlamento. Montoro eludió el cuerpo a cuerpo, pero según publica este martes El Independiente, el entorno del ministro ha disparado contra Soria: “Estará acorralado por algún tema raro”.

El artículo, firmado por la periodista Cristina de la Hoz, asegura que personas cercanas a Montoro justifican la acusación del exministro como una maniobra por “algo que le pueda estallar”. Además, añaden que la información que ahora aporta Soria es “lo que dice un señor que ha mentido más veces”, y aventuran que puede deberse también a una “puesta en marcha” del denominado G-8, el núcleo duro de críticos con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “Ahora la versión es otra, toda llena de incoherencias, como que todo se debió a un supuesto chivatazo de una cuenta corriente de la madre en el extranjero”, mantuvieron allegados a Montoro según el artículo.

La lucha por el poder

Montoro se defendió destacando que “yo no puedo dar ninguna información sobre ningún contribuyente”, desdiciendo así la versión de Soria.

Así es Soria

El Independiente señala también que el entorno de Soria le describe como una persona con “ambición, ganas y capacidad para crecer en política” y que cosechó “importantes adversarios en lo mediático”. La carrera de Soria se vio frustrada por los Papeles de Panamá, sus negocios familiares offshore y sus mentiras, lo que puede explicar fiasco y la rebeldía del exministro. Sin embargo, cercanos a Soria aseguran que no haría nada que pudiera perjudicar a Rajoy.

Fuente: elplural.es

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

Soria no quiere pasar por el responsable único del recorte a las Renovables españolas

El exministro de Industria tira de los ‘papeles de Tafira’ y revela un correo electrónico de 2012 que compromete a Cristóbal Montoro durante los preparativos del recorte a las Renovables

El titular de Hacienda habría reenviado a José Manuel Soria las exigencias de Abengoa, cliente del despacho de influencias Equipo Económico que coloca a Montoro de nuevo en la picota

Según ‘El Mundo’, ni Soria ni ningún miembro de su equipo denunció entonces aquella maniobra, ¿por qué ahora?

Apenas han pasado quince meses de su forzada dimisión y José Manuel Soria ya ha perdido la paciencia. El poder y el dinero lo mantuvieron más de veinte años en la cresta de la ola y no soporta lo segundo sin lo primero. ¿Para qué el dinero sin poder? Durante más de dos décadas combinó a su modo las tareas públicas con los negocios privados y logró situarse siempre en el epicentro de los intereses de las empresas que tenían que ver con los destinos políticos que desempeñaba. Perder el poder no formaba parte en absoluto de sus planes en abril de 2016 y mucho menos perderlo del modo cruel en que lo perdió. Por eso pidió al Gobierno que lo recolocara, que no lo dejara tirado en la cuneta tras tantos servicios prestados a la causa. Falló lo del Banco Mundial y los nuevos tiempos del Partido Popular hacen imposible recolocarlo.

En febrero de 2017 renunció a su paga de exministro y montó su propia empresa, Sorben Partners, con la que hacer valer sus viejas influencias y cobrarse de alguna manera los favores concedidos durante sus cinco años de ejercicio ministerial. Se le ha visto ir y venir constantemente a Madrid, viajar al extranjero, reunirse con empresarios en reservados de lujosos restaurantes… Pero sin poder, nada es lo mismo.

Hace ya más de dos meses que la Secretaría de Estado de Seguridad ordenó retirarle el último vínculo con el poder que le quedaba, el último signo público de grandeza: la escolta y la protección policial de la que disfrutó un año de modo más que discutible. Soria tiró de inmediato de amistades y convenció al subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, para que se la mantuviera alegando no se sabe muy bien qué riesgos sobre su integridad personal y la de su familia. La excusa ha sido el robo que sufrió la Nochebuena de 2016, un asalto a su casa de Tafira Alta cuyo expediente sigue durmiendo en algún cajón de la décima planta de la Jefatura Superior de Policía de Canarias por desconocerse quién o quiénes pudieron haber sido los autores de la acción. O quizás por todo lo contrario, por conocerse de sobra y ser inconveniente su revelación.

En aquella caja fuerte desvalijada en el dormitorio del matrimonio Soria Benítez (los apellidos que componen el logo Sorben Partners) podría haber documentos trascendentales de la larga trayectoria política del ex presidente del PP de Canarias. Y entre ellos es muy probable que se encuentre un correo electrónico que comprometería gravemente al todavía ministro de Hacienda, un correo que demostraría que Cristóbal Montoro trató de influir sobre José Manuel Soria en beneficio de la empresa Abengoa, por entonces cliente del despacho de influencias Equipo Económico, fundado por el recientemente reprobado ministro.

Lo ha contado este domingo el periodista de El Mundo Carlos Segovia, uno de los que mejor conoció las entrañas del ministerio de Soria: “Desde el Gabinete del ministro de Hacienda llegó una propuesta con el membrete de Abengoa, que era un gran cliente de Equipo Económico. Planteaba, por supuesto, una reforma que ya sabíamos que era la que le interesaba a esta empresa”, afirman asistentes a aquella reunión en el despacho del ministro de Industria”, dice la pieza firmada por Segovia.

Y añade que Soria “no llegó a exhibir el correo en la Comisión Delegada [de Asuntos Económicos] ni en el Consejo de Ministros, pero informó de su contenido a un amplio número de ministros”.

¿Por qué motivo no denunció tales prácticas el ministro Soria? Según la versión que recoge El Mundo, “por lo que habría supuesto para el Gobierno en aquella época en que España estaba al borde del rescate”, dice el periodista citando “fuentes de Industria de aquella época”.

Las “fuentes de Industria de aquella época” no pueden ser otras que el propio Soria porque en toda la pieza solo se cita a otro alto cargo, el por entonces secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, presunto receptor de aquel correo, que en la actualidad ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que no iba el hombre a meterse ahora en berenjenales tales como comprometer al ministro de Hacienda en defensa del defenestrado ex de Industria.

La información de Carlos Segovia deja algunas otras pistas de la autoría de la filtración. Hay una expresión inequívocamente soriana: cuando el periodista da cuenta de que en el Ministerio de Hacienda niegan que ni Montoro ni su entonces jefe de gabinete enviaran documentos de Abengoa a Industria, la respuesta de la fuente es que el correo llegó, “vaya si llegó”. Una fórmula marca de la casa, similar a la que José Manuel Soria empleó en la comisión de investigación formada en el Parlamento de Canarias para investigar el concurso eólico en la época en la que él era presidente del Cabildo de Gran Canaria y su hermano Luis consejero de Industria del Gobierno de Canarias. “Vaya si lo sabré yo”, espetó altanero cuando fue requerido para que contestara si estaba o no presente en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el que se decidió abrir el camino a la concesión de un suelo público al empresario Javier Esquivel para la instalación de un campo de vientos en el muelle de Arinaga. Aquel empresario fue el que, por las mismas fechas, le prestó al menos durante diecinueve meses un chalet de su propiedad para que residiera la familia Soria sin pagar renta de ningún tipo mientras le construían la mansión de Tafira Alta donde en diciembre le abrieron la caja fuerte y donde desde febrero tiene sede su empresa familiar de asesoramiento internacional.

La filtración de esta información a El Mundo, el periódico que tradicionalmente ha utilizado Soria para sus vendettas personales y políticas, es algo más que un simple aviso del exministro de Industria al Gobierno y a su partido. A finales de la misma semana en la que Mariano Rajoy ha mostrado su apoyo absoluto a Cristóbal Montoro en pleno fulgor del caso Equipo Económico, es un ataque frontal al presidente del Gobierno, una muestra inequívoca de que a Soria se le ha agotado la paciencia y amenaza con sacar más papeles. En su entorno siempre han sostenido que acostumbraba a grabar todas las conversaciones en su despacho y que ha guardado minuciosamente horas y horas de confidencias y una ingente cantidad de documentación. Por eso una de las teorías más alentadas por él mismo sobre el robo en su caja fuerte apuntaron desde el primer momento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría para que los servicios de inteligencia se hicieran con esa documentación.

Soria pretende que le hagan caso, que no se olviden de él, que no lo obliguen a regresar a su plaza de funcionario… Para ello ha tirado de los papeles de Tafira y de paso ha pasado factura al ministro que el mismo día de su dolorosa dimisión dijo aquello de que no puede estar en el Gobierno alguien que haya operado en paraísos fiscales.

Fuente: eldiario.es

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

Soraya, Montoro y las eléctricas echaron al ministro Soria de la política

En este “confidencial” de 2016 escriben que es Montoro el que se cabrea con Soria por el recorte a las Renovables. Actualmente es Soria el que achaca a Montoro el recorte a las Renovables.

Hoy día varias sentencias han condenado a España por el recorte de Soria-Montoro a las energias Renovables.

La vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Montoro, en alianza con las poderosas compañías eléctricas, han logrado echar de la política a José Manuel Soria.

No obstante no olvidaremos las mentiras y lo que hizo Soria con el precio de la electricidad en España, aparte de sus chanchullos en Panama y la empresa petrolera de su hermano (leer).

El ministro de Industria y presidente del PP de Canarias se había distinguido por acabar con el negocio de las subvenciones a las energías renovables, oponerse a las fusiones de las cadenas de televisión y seguir bajando el recibo de la luz. La filtración de que administró una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey ha permitido a Soraya deshacerse de un competidor por la Presidencia y a las eléctricas pasar “factura” al ministro que no se plegó a sus dictados.

No ha sido un único motivo el que ha determinado la liquidación fulminante de José Manuel Soria de la política, sino el pacto de poderosos enemigos para deshacerse de un ministro que desde el propio centro derecha había plantado cara a las elites económicas españolas. La filtración de que Soria fue administrador de la empresa Mechanical Trading Limited, una sociedad registrada en la isla de Jersey (paraíso fiscal en el Canal), ha sido la carga de profundidad para liquidarle. El diario “El Mundo” publicó el 14 de abril el documento que precipitó la dimisión de todos los cargos: ministro, presidente del PP canario y diputado.

Soria se enfrentó a la Vicepresidenta por la fusión de Antena3 y La Sexta, y el reparto de licencias de TDT

Dedicarse a la política de forma honesta y transparente es incompatible con actividades en paraísos fiscales, y el ministro Soria ocultó ante la opinión pública sus negocios por lo que la única solución que le quedaba era dimitir de todos sus cargos. Pero también hay que preguntarse quienes han salido beneficiados de la filtración que ha acabado con su carrera.

La respuesta habría que buscarla en cuatro escenarios:

Soria, un ministro incómodo para Soraya

Nadie duda a estas alturas de que la Vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría -en el PP la apodan “S3”, como los nombres en clave que reciben los agentes de los servicios secretos por aquello de ser la responsable política del CNI-, aspira a sustituir a Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno, si como todo apunta se repiten las elecciones el 26 de junio. Desde mediados de legislatura han ido cayendo, uno a uno, los “candidatos” que se postulaban para ocupar el puesto del amortizado registrador de la propiedad gallego. Primero fue Alberto Ruiz-Gallardón, quien en septiembre de 2014 se retiró de la política con la excusa de la fallida reforma de la ley del aborto que apadrinaba, y del que enigmáticamente no se ha vuelto a saber nada.

Después vino la dimisión de Esperanza Aguirre el pasado febrero, acosada por la corrupción en el PP de Madrid. Y hace pocas semanas Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, decidió atrincherarse en su feudo y no postularse como sustituto de Rajoy para evitar el rayo exterminador de S3. Ahora el siguiente objetivo en la lista de “candidatos” es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que el aparato del PP la ve como un valor en alza ante el páramo de líderes populares.

José Manuel Soria pasaba como un gestor eficaz y discreto, que estaba en el “banquillo” junto al ministro García-Margallo, como posible sustituto de Rajoy. Fuentes bien informadas de Moncloa explican a mil21 que la publicación por parte de “El Mundo” de la vinculación Soria-Jersey recibió la luz verde de S3. Las ayudas del Gobierno del PP a la Prensa escrita mediante publicidad institucional, son fundamentales para la supervivencia de los medios impresos ante el retroceso de la publicidad convencional y, sobre todo, el desplome de las ventas debido al auge de internet.

Intentó frenar las componendas televisivas de S3

No solo era un obstáculo como posible candidato a La Moncloa, Soria se había enfrentado repetidamente con S3 a causa de los medios de comunicación. El ministro quería aplicar criterios transparentes en beneficio del mercado y de los usuarios, y la vicepresidenta métodos que le permitan contar con el apoyo de buena parte de la prensa en su carrera por la presidencia del Gobierno. El primer enfrentamiento se produjo por el apoyo de S3 a la creación del grupo Atresmedia, propietario de Antena3 y La Sexta.

El ministro estaba en contra de la concentración de cadenas de televisión amparándose en las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia, condiciones que Soraya le obligó a cambiar para hacer posible la fusión. El último desencuentro tuvo lugar en el reparto de licencias de TDT de Alta Definición (HD), cuando Soria se manifestó partidario de excluir a Atresmedia que tras la fusión mantenía una posición de dominio del mercado. La vicepresidenta salió en defensa del grupo que obtuvo una licencia de HD.

Montoro se la tenía jurada a Soria

Eran compañeros de partido y ministros de gabinete, pero Montoro profesaba un “odio africano” a Soria desde que el ministro de Industria eliminó en 2012 las subvenciones a las energías renovables con objeto de reducir al déficit tarifario que en aquellas fechas ascendía a 24.000 millones de euros. El titular de Hacienda defendió a las empresas del sector con las mismas palabras que las utilizadas en un informe elaborado por la empresa de renovables Abengoa. Daba la casualidad que la empresa había fichado a Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda y exsocio y amigo de Cristóbal Montoro en el despacho de influencias “Equipo Económico”, nombre con el que al llegar al Gobierno rebautizó el despacho “Montoro y Asociados” fundado en 2006. Aquel incidente sembró las dudas sobre Montoro.

La retirada de las subvenciones a las renovables decidida por Soria afectó a la empresa Abengoa, para la que trabajan exsocios de Montoro

El recorte a las renovables, avalado por el Tribunal Constitucional después de que el Supremo lo declarase inconstitucional, provocó el enfado de las eléctricas que con la boca pequeña criticaban a las renovables, pero bajo cuerda recibían primas a las plantas de generación si se utilizaban o no en función de la demanda energética.

Objetivo de las eléctricas: acabar con Soria

A José Manuel Soria se la tenían jurada las compañías eléctricas. Días antes de las elecciones del 20D, el ministro anunció que en 2016 volvería a bajar el recibo de la luz que consumimos los españoles. Antes había aprobado un cambio en la tarifa eléctrica, que pasó a denominarse precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), para vincularla directamente al mercado mayorista con objeto de evitar los costes asociados a los intermediarios financieros.

Esto suponía que el componente energético del recibo de la luz, que constituye algo más de un tercio del total, dependa directamente del precio de cotización de la electricidad en el mercado mayorista en cada momento. La medida, según los expertos, fue un jarro de agua fría para eléctricas y bancos. La aplicación de este sistema permite al consumidor que disponga de un contador inteligente distribuir su consumo de electricidad en los tramos horarios que es más barata.

Epílogo

La desaparición de José Manuel Soria de la escena política permite a S3 reforzar su imagen ante las compañías eléctricas y la Banca vinculada al sector de la energía, lo que en medios políticos se interpreta como “poderosos aliados” en la carrera de la vicepresidenta por sustituir a Mariano Rajoy como cartel electoral del PP en las elecciones del 26 de junio. Asimismo, Sáenz de Santamaría cuenta con el apoyo del influyente grupo televisivo Atresmedia a la hora de defender su candidatura ante la opinión pública.

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar