El Gobierno da 10 días a once interesados en alegar sobre el futuro de la central nuclear de Garoña

Las once entidades interesadas en presentar alegaciones y documentos al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tendrán diez días hábiles a partir de su notificación, una vez que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha anunciado la apertura de plazo.

Según ha informado el Ministerio todas las instituciones, asociaciones y empresas personadas han podido estudiar durante casi cinco meses el informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró sobre Garoña y de cuya recepción fueron informados por el propio Ministerio de Energía a principios de marzo.

En ese informe, preceptivo pero no vinculante, el regulador dio el visto bueno a la continuidad del reactor, cuyo titular, Nuclenor, solicitó volver a operar hasta 2031, cuando la planta cumpla 60 años de edad.

El Gobierno tomará una decisión sobre el futuro de la central nuclear una vez termine el procedimiento de audiencia y después de estudiar las alegaciones que se presenten al informe que el CSN emitió el 8 de febrero. A partir de esa fecha se abrió el plazo de seis meses para pronunciarse sobre la solicitud sobre la renovación o no de la autorización de explotación planteada por Nuclenor.

Las once entidades que se han personado y que podrán presentar alegaciones son el Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Junta de Castilla y León, Gobierno de Navarra, Diputación de Álava, Gobierno de La Rioja, Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Asociación Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Fuente: elperiodico.com

Iberdrola prepara la prolongación de la vida de la central de Cofrentes más allá de 2021

Según. eldiario.es La central nuclear de Cofrentes se aproxima al final de su vida útil. Este centro genera un tercio de la electricidad consumida en la Comunidad Valenciana y la posibilidad de la prolongación de su vida útil genera conflicto, enmarcado además en el debate sobre la energía nuclear. Un debate que pone en riesgo intereses económicos y de las grandes empresas que operan en el sector.

La planta valenciana es la única que Iberdrola posee y gestiona en su totalidad, al menos hasta 2021, fecha en la que finaliza su permiso de explotación. La hidroeléctrica no quiere adelantar si pedirá la prórroga del permiso, pero sus acciones hacen sospechar a partidos y asociaciones ecologistas.
Desde el año pasado ha comenzado la construcción de un almacén de residuos temporales, “una solución transistoria para almacenar el combustible gastado”, ha explicado el director de la central, Tomás Lozano. El directivo ha comparecido en las Corts valencianas a petición del PSPV-PSOE y Compromís -apoyada por Podemos- para dar cuenta de esta construcción, sospechosa a su criterio.

El director, que ha acudido acompañado de varios responsables de Iberdrola, ha insistido en que la construcción del almacén es necesaria e independiente del proceso de continuidad. Lozano se excusa en que que en España la estrategia de gestión de residuos radiactivos es definida por el Estado, a través de Enresa, y se concreta en el sexto Plan General de Residuos Radiactivos que prevé la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para la gestión del combustible nuclear gastado, e incluye de forma expresa la posibilidad de construir almacenes temporales en los emplazamientos de las centrales nucleares.

Respecto a la posibilidad de alargar la vida útil del centro, el director señala que es un debate político en el que ni la central ni Iberdrola van a entrar. El modelo energético “tendrán que decidirlo los parlamentarios y el Gobierno”, aunque su posición es que la energía nuclear es “necesaria” para “la transición del modelo energético”. Hasta que no quede claro, no se solicitará, asegura.

El Ministerio de Energía comunicó hace apenas dos semanas la orden por la que concede más tiempo a la central de Cofrentes -también a la de Trillo y Ascó- para renovar sus permisos. De no haberse producido la modificación, Iberdrola tendría que haber solicitado la renovación en 2018. Ahora se podrá retrasar hasta 2020, con el Plan Energético Nacional previsiblemente ya aprobado, por lo que el PSOE y Compromís sospechan que el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear están dando facilidades a la empresa para garantizarse otra década de explotación de la central. “El único motivo para construir el almacén temporal -que operará en 2021- es el funcionamiento más allá de 2021″, comenta un diputado. “Blanco y en botella”.