La Junta de Castilla y León y ENDESA las únicas que quieren Garoña

La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones en defensa de la continuidad de la central Nuclear de Santa María de Garoña hasta 2031 porque, como ha manifestado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha garantizado su seguridad y hasta esa fecha que amortizarían las inversiones exigidas por este organismo.

Estos argumentos centran las alegaciones que la Junta ha remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, quien abrió el pasado 11 de julio el plazo para que once administraciones pudieran remitir sus argumentos para decidir el futuro de la central. Dichas entidades son el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno de La Rioja, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Del Olmo ha aclarado que la Junta ha remitido sus alegaciones ayer mismo con su “posición favorable” a la continuidad de la explotación de la central, ya que, como ha defendido en declaraciones recogidas por Europa Press, de no ser así “la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles”.

La seguridad de Garoña siempre ha sido cuestionada

De este modo, la consejera ha detallado que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque todo su área de influencia, a lo que se suma las conclusiones extraídas del informe del Consejo de Seguridad Nuclear que garantiza la seguridad del centro siempre que se haga una serie de inversiones adicionales que, según los cálculos de la Consejería, estarían amortizadas en 2031.

Del Olmo ha asegurado que en el documento remitido por la Junta al Ministerio se detalla también la importancia de este tipo de energía para la economía nacional y ha recordado que su cierre supondría además daños a otras fuentes energéticas autóctonas como el uranio que sirve de combustible para la central.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta ha aprovechado sus alegaciones para defender también la energía producida a través del carbón autóctono, alternativa energética “más barata” junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un “lastre grande a la economía nacional”. “Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas”, ha concluido Del Olmo, quien ha insistido en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento.

GAROÑA PROVOCA PARO

Lo que Del Olmo no explica es que Garoña es el principal lastre de la comarca. El colegio de Economistas de Burgos ya señaló que la comarca afectada por Garoña tenía la mayor tasa de paro de todo Burgos.

Fuente:   20minutos.es

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