La cerrazón del Gobierno con las renovables encarece el recibo de la luz

 

Los Nadal serán recordados por su “servicio” a los Oligopolios

 El pool roza este martes los 70 euros, el nivel más alto desde el pasado 31 de enero, en vísperas de la llegada de una masa de aire frío para el miércoles

La producción hidroeléctrica se ha hundido un 50% mientras se dispara la producción con centrales de gas, las más caras

“2017 ha sido un año especialmente malo en cuanto a las condiciones meteorológicas y al comportamiento de los precios del petróleo”, dice el ministro de Energía

Viene el frío, sigue sin llover, la luz sube. El precio mayorista de la electricidad va a marcar este martes el precio más alto de los últimos diez meses al situarse en una media de 69,57 euros por megavatio hora (MWh), según los datos publicados el lunes por el operador del mercado ibérico, Omie.

Con una demanda prevista para el sistema peninsular de unos 753 gigavatios hora (GWh), un 3,1% superior, el precio del conocido como ‘pool’ para este martes es un 4,9% superior al del lunes. Es el más alto desde los 73,27 euros del pasado 31 de enero, en los últimos estertores de una escalada de precios que obligó al ministro de Energía, Álvaro Nadal, a salir a escena y anunciar una intervención del mercado del gas que no se ha hecho efectiva hasta hace unas semanas. En ese pico de precios, en plena ola de frío invernal, el pool llegó a marcar (el 25 de enero) un máximo diario de 91,88 euros.

La subida de este martes se produce tras un mes de noviembre inusualmente cálido en el que la grave sequía y la ausencia de lluvias en España han propiciado un desplome del 48,7% en la generación eléctrica, la más barata, hasta suponer apenas el 7,5% del total. Mientras, las tecnologías más caras, el carbón y, especialmente, el ciclo combinado, han aumentado en lo que va de año su aportación un 28% y un 37,5%, respectivamente, y la eólica ha retrocedido casi un 7%, según Red Eléctrica.

Todo ello, en un contexto de incremento de las exportaciones de electricidad a Francia por la parada y revisión de varios de sus reactores nucleares en ese país.

La subida de este martes llega en vísperas de la primera ola de frío de este otoño inusualmente cálido. Este miércoles llegará a España una masa de aire ártico que permanecerá sobre la Península Ibérica hasta el domingo y conllevará una bajada importante de las temperaturas que puede estimular la demanda de electricidad.

Año “especialmente malo”

El lunes, en una entrevista concedida a  El País para proclamar su defensa de las centrales de carbón ante la pretensión de Iberdrola de cerrar sus dos últimas plantas con esta tecnología, cuyas ayudas públicas acaba de poner en solfa la Comisión Europea, el ministro de Energía señalaba que “2017 ha sido un año especialmente malo en cuanto a las condiciones meteorológicas y al comportamiento de los precios del petróleo”, que incide en la cotización del gas natural.

A falta de un mes para que acabe el año, y teniendo en cuenta la factura media como la que utiliza Energía en sus estimaciones (4,4 kilovatios de potencia y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, equivalente a una familia con dos hijos), un hogar tipo habría pagado por la luz en lo que va de año y hasta el pasado viernes (último dato disponible) unos 738 euros. Suponen unos 78 euros más que en el mismo periodo de 2016, según un cálculo basado en el simulador de facturas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El precio mayorista de la electricidad que ahora está en máximos de diez meses tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final. Alrededor del 40% corresponde a los peajes o costes regulados con los que se retribuyen partidas como las redes, los incentivos a las renovables y la deuda acumulada por las eléctricas y que el Gobierno ha confirmado que va a congelar por cuarto año consecutivo. Cerca del 25% restante del precio final que pagan los usuarios en su recibo corresponde al IVA y al Impuesto de Electricidad.

Los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía. El ‘pool’ funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última que participa, la más cara (suele ser el gas), marca el precio para el conjunto.

El precio del pool se repercute directamente en la tarifa regulada conocida como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (el PVPC), la opción más barata según el ministro de Energía y la propia CNMC, pese a que está en retroceso, hasta el punto de que las eléctricas han conseguido que el 56% de los usuarios domésticos estén en el mercado libre, con márgenes superiores para las empresas.

El PVPC (el precio final) tocó el pasado 23 de octubre el precio más alto del año, pero entonces ese pico puntual estuvo relacionado con los servicios de ajuste y no con el pool, que en ese momento era un 12,6% inferior al de este martes.

Fuente: eldiario.es

Anuncios

La central de Cofrentes (Valencia) y Hommer Simpson

El CSN cuestiona la “inadecuada actitud” en las revisiones. El componente de la válvula, sostienen las fuentes al tanto de los trabajos de puesta en marcha, ha sido localizado y se va a extraer en los próximos días. No es un trabajo fácil.

En la hipótesis más probable, la pieza se extraerá del lugar en el que se encuentra -el difusor- cortando y soldando bajo metros de agua que actúa como aislante de elementos muy contaminantes.

Los técnicos de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), la más potente de las existentes en España (1.092 MW), se enfrentan a un problema peliagudo: como extraer del corazón de la planta una pieza suelta que podría afectar al núcleo. Palabras mayores. La central, propiedad de Iberdrola al 100%, está parada desde septiembre. Entonces cerró para una recarga rutinaria de combustible. El proceso iba a durar 15 días pero va camino de tres meses porque al arrancar se reprodujo un fallo en el sistema de válvulas que ya había sido detectado en agosto.

En plena pugna de Iberdrola -y de su presidente Ignacio Sánchez Galán- con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) vigila muy de cerca los trabajos de puesta en marcha de la central. Iberdrola quiere arrancarla el 10 de diciembre de diciembre. Pero todo está en el aire.

El CSN está ojo avizor. En un lenguaje poco habitual en el organismo que dirige Fernando Martí, el Consejo daba cuenta en octubre de que Iberdrola había comunicado una “parada no programada” debido “a defectos en una válvula que han dado lugar al desprendimiento de fragmentos de dicha válvula en el sistema de agua de alimentación, que no han podido ser recuperados”.

Fuentes al tanto de la investigación de la avería han traducido el incidente: el pasador de una de las válvulas que regula el sistema de refrigeración del núcleo de la central había desaparecido y había viajado por el sistema. A saber dónde. Lo grave es que, según las mismas fuentes, la central ya había detectado un problema en el caudal del sistema de refrigeración -disminución del 16%- en el mes de agosto.

Reproches del CSN

Pese a ello, la central inició la operación de recarga en septiembre y en octubre puso en funcionamiento de nuevo la instalación… que tuvo que apagar al persistir el problema. El CSN censuró la acción. En su particular lenguaje, exigió a Iberdrola “un análisis de causa raíz de todas las circunstancias asociadas con este suceso” y una evaluación detallada “de los componentes transversales de cultura de seguridad potencialmente afectados, particularmente (sic), la inadecuada actitud cuestionadora que llevó a no realizar una revisión y el mantenimiento de la válvula durante la última parada de recarga“.

El componente de la válvula, sostienen las fuentes al tanto de los trabajos de puesta en marcha, ha sido localizado y se va a extraer en los próximos días. No es un trabajo fácil. En la hipótesis más probable, la pieza se extraerá del lugar en el que se encuentra -el difusor- cortando y soldando bajo metros de agua que actúa como aislante de elementos muy contaminantes.

Pese a todo, Iberdrola mantiene el calendario de puesta en marcha para la primera quincena de diciembre. “No tenemos constancia de que el CSN haya puesto inconvenientes a la nueva fecha”, señalan en la empresa. Por su parte, el CSN remite a su comunicado de octubre sobre Cofrentes, en el que daba tres meses a la empresa para informar sobre las causas del incidente.

Le eléctrica precisa que el CSN categorizó el suceso de nivel cero (sin significación para la seguridad) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). Cofrentes acumula ocho incidentes con al misma calificación este año.

Siete niveles de sucesos

En la escala INES, los sucesos se clasifican en siete niveles. Los sucesos de los niveles de 1 a 3 se denominan “incidentes”, mientras que en el caso de los niveles 4 a 7 se habla de “accidentes”. Cada ascenso de nivel en la escala indica que la gravedad de los sucesos es, aproximadamente, diez veces superior. Cuando los sucesos no revisten importancia desde el punto de vista de la seguridad se los denomina “desviaciones” y se clasifican “bebajo de la escala / Nivel 0”.

La clasificación no basta para tranquilizar a todos. El Movimiento Ibérico Antinuclear ha pedido el cierre de la central. Lo más conveniente, en su opinión, es que la central de Cofrentes no vuelva a ponerse en marcha ya que en 2019 está previsto que se saturan sus piscinas de residuos de combustible gastado.

Fuentes internas del CSN han confirmado que, efectivamente, se han puesto en marcha contactos para la futura construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) en Cofrentes.

La central, conectada a la red en 1984, tiene que solicitar renovación de la concesión a partir de marzo de 2018. La actual autorización para operar expira en el año 2021. La central -300 hectáreas- está situada a dos kilómetros del pueblo de Cofrentes, en la provincia de Valencia, en la margen derecha del río Júcar. Está equipada con un reactor de agua en ebullición del tipo BWR, diseñado por General Electric.

Fuente: lainformacion.com

Las grandes eléctricas ganan 4.300 millones en nueve meses mientras el recibo de la luz sube casi un 13%

  • Iberdrola registró el mayor beneficio, 2.416,6 millones de euros, con un incremento del 18,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior
  • Endesa y Gas Natura Fenosa recortaron sus ganancias en un 17 y un 17,4% respectivamente
  • El desplome de la producción hidroeléctrica por la sequía y el aumento del peso del carbón, el gas y el fuel en la generación disparan la factura en 2017
  • El Gobierno sólo ha aprobado una de las medidas que anunció en enero para evitar los picos de precios

Las tres mayores compañías eléctricas con operaciones en España, que son Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, ganaron 4.294,6 millones de euros en los nueve primeros meses del año, apenas un 0,41% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El periodo estuvo marcado por el escaso recurso hidroeléctrico en España y por las difíciles condiciones del mercado liberalizado, que ha afectado a los resultados de las tres energéticas, informa Europa Press.

  De las tres, Iberdrola registró el mayor beneficio, con un total de 2.416,6 millones de euros, con un incremento del 18,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, gracias al negocio internacional y extraordinarios que compensaron unas ganancias menores en España.

Por su parte, Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.085 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un descenso del 17% respecto a los 1.305 millones del mismo periodo del año anterior.

En el caso de Gas Natural Fenosa, recortó un 14,7% sus ganancias en los nueve primeros meses de este año, hasta 793 millones de euros.

A cierre del septiembre, la cifra de ingresos de las tres grandes eléctricas ascendió a 22.284,7 millones de euros, un 5,4% más que en el mismo periodo de 2016. Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de las tres compañías se situó en 11.128 millones de euros, con una caída del 8,6% con respecto a los nueve primeros meses del año pasado.

Fuente:   www.infolibre.es

Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC


Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC de Villar de Cañas. Se ha producido este jueves, en una de las reuniones anuales que se celebran para asesorar al Consejo de Seguridad Nuclear en materia de transparencia y recabar información sobre la actividad del organismo. El proceso de licenciamiento del Almacén Temporal Centralizado ha sido uno de los asuntos a tratar.

En la batería de preguntas que uno de los miembros del Comité Asesor ha realizado, se ha cuestionado el acta de inspección de un técnico del CSN del pasado mes de junio, donde denunciaba imprecisiones y contradicciones de los datos que le suministraba ENRESA, la empresa encargada de la construcción del silo nuclear conquense. Francisco Castejón ha solicitado conocer qué acciones se piensan tomar ante el contenido de esta queja, que según subraya es de un inspector del propio CSN.

Otro de los momentos tensos se producía cuando se ha proyectado un video elaborado por ENRESA y que el presidente del CSN ha defendido “a pesar de ser una proyección que no refleja la realidad de lo que sería el futuro ATC”, según explica Castejón.

marti

En concreto “no plasma la manipulación de los residuos que habría de los trabajadores, ni qué puede ocurrir en caso de accidente”. Así las cosas, señala que “su amparo muestra la estrecha e inusual relación que existe entre el organismo regulador y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos”.

Castejón ha insistido en la no idoneidad de los terrenos de la localidad conquense para albergar el Cementerio Nuclear.

Fuente:  cadenaser.com

Denuncian “cientos de kilos” de residuos de alta intensidad en El Cabril

Organizadores del primer Encuentro contra el Cementerio Nuclear de El Cabril, hoy en la Corredera. – MIGUEL ÁNGEL SALAS

Colectivos y partidos retomarán la movilización contra el centro de residuos en Hornachuelos en un encuentro el sábado en Peñarroya-Pueblonuevo

El centro de residuos radiactivos de baja y media intensidad de Sierra Albarrana de Enresa, las conocidas instalaciones de El Cabril, alberga “cientos de kilos” de residuos radiactivosde alta intensidad, concretamente “dióxido de uranio 235”, proveniente de centrales nucleares en desmontaje, ha denunciado esta mañana el exconcejal  del Ayuntamiento de Córdoba y actual presidente de la Fundación Equo, José Larios, y al menos 111 kilos “según reconoció el Consejo de Seguridad Nacional en el 2015”, explica Guillermo Contreras, de Ecologistas en Acción.

Tanto Larios como Contreras participaron esta mañana en Córdoba en la presentación del primer Encuentro contra el Cementerio Nuclear de El Cabril, a celebrar el sábado en el mercado de abastos Sebastián Sánchez, de Peñarroya-Pueblonuevo a partir de las 11.00 horas, y en el que se relanzará la movilización contra estas instalaciones (las únicas de sus características en España como centro de almacenamiento de residuos de baja y media actividad) y los planes para que también alberguen un material de alkta intensidad radiactiva que tardará cientos de miles de años de dejar de ser peligroso, según los convocantes, una decena de colectivos y partidos políticos de Andalucía y Extremadura.

En concreto, el encuentro en Peñarroya-Pueblonuevo quiere fijar “una hoja de ruta” para retomar las movilizaciones de unas instalaciones en Andalucía que reflejan el actual el actual modelo de “extraer recursos y traernos la basura” que se emplea con la comunidad autónoma, según explicó Jorge Hidalgo, coordinador en Córdoba de Podemos Andalucía. Junto a él, el portavoz de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Blázquez, y la secretaria provincial del PCA, concejala en el mismo consistorio y exparlamentaria, Alba Doblas, dieron cuenta de los motivos que llevan a retomar las movilizaciones contra las instalaciones de Enresa y, en general, contra la energía nuclear.

Al respecto, a lo largo de la presentación del encuentro se recordó que hay dos centrales nucleares que se están desmontando (Valdellós 2 y Garoña) y que quedan 8 en funcionamiento en España, complejos que, conforme cumplan su vida útil y comiencen sus desmonjes irán multiplicando los residuos de alta intensidad, con el riesgo que ello conlleva de que más basura radiactiva de alta intensidad terminen en el cementerio nuclear de El Cabril, independientemente de la polémica sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) propuesto para Cuenca donde se ubicarían los residuos radiactivos de alta intensidad.

 

Fuente: diariocordoba.com

Podemos pide a la Junta garantías sobre la seguridad del entorno de El Cabril

Panorámica de El Cabril, en Hornachuelos

El Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta dirigida al Pleno de la Cámara en la que se interesa por las actuaciones que va a desarrollar la Junta, en el ámbito de sus competencias, para exigir al Gobierno central y a la empresa responsable del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) que garanticen la seguridad de la población cordobesa y eviten la acumulación de residuos de alta y prolongada actividad en un lugar que, en principio, no estaba diseñado para ello.

Según señala en la cuestión, consultada por Europa Press, la diputada Carmen Molina, en la memoria presentada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para las instalaciones de El Cabril se recogía que la instalación estaba concebida para almacenar bultos de residuos de media y baja actividad y vida corta, es decir, con necesidad de aislarlos de las personas y del medio ambiente unos trescientos años.

“En consecuencia, si las barreras de protección se comportan de forma adecuada, deben soportar trescientos años el paso del tiempo. Sin embargo, en el cementerio nuclear de El Cabril se están transportando y almacenando sustancias componentes del combustible de las centrales nucleares, dióxido de uranio (UO2), procedentes de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), de Enusa Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.

El UO2 es una sustancia clasificada como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente por la Unión Europea, y tiene como componente U-235, sustancia con una vida media de cientos de millones de años, según Podemos, que recuerda también que El Cabril, “si no se impide, albergará los materiales radiactivos procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares españolas, para lo que tendrá que multiplicar por cuatro la capacidad actual”.

Según los documentos de Enresa, El Cabril estaba dimensionado para albergar 58.000 metros cúbicos de basura radiactiva, mientras que los residuos de media y baja actividad serán de 243.000 metros cúbicos, según la misma empresa.

La formación morada incide en este sentido en que aún no se dispone de confirmación por parte del Gobierno acerca de la razón por la que se está utilizando El Cabril para el traslado de dióxido de uranio radioactivo de larga duración, a pesar de ser un almacén que tiene autorización para residuos radiactivos cuya vida media no exceda los 300 años.

Fuente:   cordopolis.es

“Investigación comprada: cómo Monsanto ha influenciado a los científicos”.


Un toxicólogo publica un ensayo sobre los riegos del glifosato, que provocó cartas críticas de los lectores.
Posteriormente se descubrió que la acción de protesta fue aparentemente planeada por la empresa.
Más tarde el artículo fue retirado.

Primero llegó una carta, después una segunda y finalmente hasta 25. Los remitentes procedían de 14 países, y después de todo (como se puede deducir de los documentos de un proeso judicial en California), aterrizaron las 25 cartas sobre la mesa de la revista especializada “Food and Chemical Toxicology” (FCT), y no por accidente. Al contrario: detrás de las cartas estaba aparentemente Monsanto, con el objetivo de confundir el estudio de un científico, en el cual se hablaba de los riesgos de Roundup, un fitosanitario de Monsanto que contiene sobre todo Glifosato.

Esta investigación crítica fue elaborada por el toxicólogo francés Gilles-Eric Séralini. Mediante estudios alimenticios con ratas descubrió algo preocupante: los animales que consumían maíz rociado con Roundup enfermaban antes y con mayor probabilidad de cáncer que los animales sin Roundup en la comida. El trabajo de Séralinis se publicó el 19 de Septiembre de 2012, antes de que el trabajo siguiera el proceso de evaluación usual a través de otros científicos (el proceso llamado “Peer Review”). Pero justo antes de la publicación, científicos afines al glifosato desataron una tormenta.

Indudablemente el estudio tenía algunos defectos, pero la magnitud de la indignación no era proporcional a los mismos. Y aparentemente no fue por accidente, como se demuestra en unos documentos desconocidos hasta ahora del proceso judicial: Monsanto había impulsado una iniciativa coordinada de cartas de lectores con auda de Wallace Hayes, el redactor jefe de la revista por aquel entonces. “Wally”, como se nombraba a Hayes en los e-mails de Monsanto, necesitaba inmediatamente reacciones concretas de los lectores para poder hacer algo al respecto, de acuerdo a un e-mail del empleado de Monsanto David Saltmiras del 26 de Septiembre de 2012. Más de un año después, Hayes retiró el documento de Séralini, distanciando también a la revista de la publicación. Hayes argumentó el hecho en la marea de cartas y las críticas en ellas descritas acerca de la metodología.

Los documentos que demuestran todo esto han llegado al Süddeutsche Zeitung y al canal de televisión WDR. Proceden del mayor proceso judicial que se ha abierto contra Monsanto por el glifosato: 3.500 afectados han interpuesto demandas conjuntas contra la empresa al considerarse víctimas del glifosato. Entre los demandantes se encuentran muchos agricultores que han desarrollado un “linfoma No Hodgkin”, lo que implica que tienen o han tenido cáncer linfático.

El proceso judicial gira en torno a una pregunta: ¿Tiene la empresa Monsanto (a la cual quiere comprar el grupo Bayer) indicios de riesgos críticos acerca de Roundup que hayan sido ignorados o escondidos? Monsanto rechaza las acusaciones. “Cualquiera que mantenga esas afirmaciones está mal informado o se está dando información falsa a sabiendas”, dice Scott Partridge, vicepresidente de Estrategia Global.

“Todos nuestros productos y sus componentes han sido totalmente evaluados y son seguros para el uso”. Enfatiza que ningún organismo regulatorio ha demostrado que el glifosato produzca cáncer, incluyendo IARC, el gremio de investigadores sobre el cáncer de la OMS. Este gremio había elevado el nivel del glifosato a “posiblemente cancerígeno” a principios de 2015. El gremio está reconocido mundialmente como la instancia más importante en investigación acerca del cáncer. Partridge opina sin embargo que el IARC no es fiable.

El abogado Michael Baum, cuyo despacho representa a unos 500 demandantes en California, lo ve de otra manera. Acusa a Monsanto de “influencia injustificable en artículos científicos y de investigación” y habla en este sentido de “fraude” y “ocultación de riesgos”. Un reproche que Monsanto niega.

En cualquier caso, el hecho es que en las actas judiciales de California hay un papel que procede del expediente personal de Saltmiras, empleado de Monsanto. En él reclama su parte en el hecho de que la revista FCT haya retirado el artículo del toxicólogo francés: “Durante la publicación de Séralini y la campaña en los medios preparé una conexión con el editor”, escribe Saltmiras. “He dado soporte con éxito a incontables cartas de terceros dirigidas al editor, que fueron después publicadas”.

En los documentos del juicio hay además un borrador de un contrato con el redactor-jefe Hayes. Hayes habría ganado 400 dólares por hora por sus “servicios de consultoría” para Monsanto. Hayes no ha reaccionado ante las preguntas acerca de este asunto. La empresa Elsevier, que edita FCT, ha comentado que está aún investigando el asunto.

Otras consultas más concretas no han tenido aún respuesta. Cessare Gessler, profesor durante muchos años de patología vegetal en ETH Zúrich, describe la retirada del artículo de Séralini como “excepcional”, ya que a muchos otros estudios con fundamentos de la misma o menor solidez no se les ha criticado de esta forma. También el profesor de derecho Wolfgang Löwer, durante muchos años mediador de la Sociedad Alemana e Investigación, menciona que “condiciones metodológicas” no son un motivo para retirar un estudio. Éstas pueden ser abordadas en opiniones o dictámenes.

Los mails de 2008 muestran también lo buena que resultó la colaboración con las revistas. Por aquel entonces, otro artículo sobre los riesgos del glifosato y el Roundup en mamíferos no pudo ser publicado en la revista “Cell Biology and Toxicology” (CBT). Durante el proceso de Peer Review no había solo científicos independientes proporcionando su valoración, sino también el empleado de Monsanto Charles Healy. Su voto fue, tal y como se podría prever, negativo: El estudio “debería de rechazarse inmediatamente”, escribió al por entonces redactor-jefe de CBT John Masters. Puesto que también hubo valoraciones positivas a la publicación, Masters solicitó a Monsanto el voto decisivo. “Parece ser que tenemos la decisión sobre si el estudio será o no publicado”, escribió Healy a sus colegas de Monsanto.

A día de hoy, Masters dice que finalmente Healy no tomó la decisión. Sus comentarios solo fueron solicitados debido a su “enorme experiencia”. La editorial Springer, que publica CBT, tampoco ve ningún problema con el proceso: “No puede observarse automáticamente un conflicto de intereses por el hecho de que un experto participe en un proceso de revisión”, dice una portavoz.

El mediador Löwer tiene otra opinión: “Yo podría quizá preguntar a los empleados de la empresa si están de acuerdo con todos los datos publicados en un artículo, pero no puedoobviamente preguntarles si un estudio debe o no ser publicado. Aquí son válidas las reglas generales para evitar conflictos de intereses”. Cuando éstas se eluden, según Löwer, “se rompe por completo el sistema científico”.

 

Fuente: www.sueddeutsche.de