Vivir a media hora del (de momento) único cementerio nuclear de España

Almacen nuclear en Ornachuelos (Granada)

El almacén de El Cambril alberga materiales radioactivos con una vida de más de trescientos años. La falta de transparencia sobre el transporte sin medidas de seguridad por vía terrestre y los residuos de centrales nucleares como Garoña ha llevado al grupo de IU Andalucía a pedir una visita “urgente” de la Comisión Europea a estas instalaciones.

En Hornachuelos, un municipio de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Córdoba, se ubica el único cementerio de residuos radioactivos que existe en España. Sus instalaciones, conocidas como El Cabril, se mantienen en la comarca cordobesa del Guadiato. A tan solo cincuenta kilómetros del área de población.

La lucha de ecologistas y partidos políticos de la zona como Izquierda Unida se centra en el conocimiento de los materiales que se almacenan en él. Son de alta, media, baja y muy baja intensidad procedentes, en un amplio porcentaje, de restos de centrales nucleares españolas. La descomposición de estos compuestos tiene una duración media que supera los 300 años.

Las instalaciones de El Cabril, gestionadas desde los años ochenta por la empresa pública Enresa, prometían bienestar económico a la zona y un bajo índice de paro. Hoy esta comarca con posible irradiación ha provocado un 50% de desempleo. Pero so no es lo único. El despoblamiento es otro grave problema, que se visualiza en municipios como Peñarroya Pueblonuevo, centro neurálgico de la comarca. En medio siglo casi 20.000 habitantes han salido del censo

aco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

aco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

El incumplimiento de las directivas europeas

La preocupación de los riesgos del traslado de restos radioactivos es cada vez más alarmante entre colectivos como la Plataforma Antinuclear de Córdoba. Pepa Beiras recuerda a Público que “este cementerio está es un sitio equivocado, en plena sierra de Hornachuelos, a las puertas de un parque natural, con un grave riesgo sísmico. Y encima ha generado nulo desarrollo de la zona” que no solo afecta al Guadiato. También a zonas de la Campiña Sur de Badajoz y la Sierra Norte de Sevilla.

Alberto Ruiz Peña, miembro de Ecologistas en Acción y de IU en Extremadura reclama la fragilidad de los suelos graníticos en la comarca que “de por sí son suelos radiactivos”. De la descomposición del material de estos suelos se desprendería gases como el radón, “altamente cancerígeno para la población”. A pesar de los intentos de peticiones para la realización de estudios oncológicos por parte de la Consejería de Salud de la Junta, los ecologistas no han conseguido dar una respuesta sobre la cifras de muertes por cáncer que hay en la zona de afectación del Cabril.

La falta de transparencia sobre el tipo de material radioactivo que se ubica en el Cabril han llevado al grupo Izquierda Unida Andalucía a presentar una solicitud de respuesta ante la Comisión Europea para investigar el posible traslado de ‘basura radiactiva’ con total opacidad al cementerio nuclear de El Cabril, procedente en los últimos meses de la central nuclear de Garoña.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo ha destacado que este “silencio” hace temer lo peor. “Se antoja urgente presentar iniciativas ante la Comisión Europea porque no podemos permitir que Andalucía sea un cementerio que amplia instalaciones para asumir la basura radioactiva” del norte de España.

Maíllo considera indispensable “solicitar la visita de una misión de investigación de la Comisión Europea y Europarlamento a Hornachuelos” para que las instalaciones de El Cabril sean realmente “transparentes”. El traslado de residuos radiactivos sin medidas de seguridad por transporte terrestre supondría una grave “violación de las Directivas sobre participación pública, Habitas y Aves y gestión de residuos radioactivos”.

Una lucha por el desmantelamiento desde los años 80

Pedro Cabrera es vecino del pueblo de Peñarroya y portavoz de IU en el municipio. Como conocedor de la situación habla de un claro “despropósito” con una población envejecida por el despoblamiento. “Sabemos que nuestros jóvenes se van, que hay paro, que nadie se quiere quedar aquí y encima la Junta que cobra el impuesto del Gobierno Central por tener este tipo de instalaciones no lo revierte en la zona”.

Cabrera habla de varios planes fallidos para los vecinos que se encuentran en el entorno del Cabril. “Aún nos deben millones de euros del Plan Miner de Europa de hace cinco años. La Ecotasa que cobra la Junta por albergar este tipo de instalaciones con materiales radioactivos no se invierte con fondos. Tampoco llegan a los vecinos con planes de empleo ni ayudas”. La partida presupuestaria de esta tasa asciende a los ocho millones de euros en 2016 desde el Gobierno central.

Pedro Cabrera no puede olvidar las primeras movilizaciones en torno a la actividad de la empresa Enresa en el año 1984. “Los vecinos aún luchaban y se manifestaban. Pedían ayudas públicas y un puesto fijo para dar crecimiento a una zona que había tenido minas de uranio en los años 30”. Enresa empieza su actividad como empresa pública sin dar crecimiento a la zona. “Los jóvenes se iban a Córdoba a estudiar, los más mayores son los que se han ido quedando pero sabemos que ese era el objetivo de la empresa, iniciar una actividad de alta peligrosidad en zonas despobladas” sin mediar con los vecinos.

Residuos almacenados sin autorización

Aedenat inició hace más de dos décadas una lucha legal que, tras varias sentencias en contra de Enresa y sus consiguientes recursos, consiguió una sentencia firme del Tribunal Supremo en contra de esta empresa pública. En el año 2002 se declaraba la ilegalidad del cementerio nuclear. En la actualidad las instalaciones solo han tenido el propósito de continuar en crecimiento. La sentencia no ha trascendido para cesar el almacenamiento de material que siempre se había creído con procedencia única de residuos de hospitales.

El Supremo declaró ilegal el cementerio en el año 2002

El almacenamiento en el Cabril se encuentra actualmente a un 70% de su capacidad. La industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento para permitir el alargamiento del parque nuclear.

Ante esta situación, el Movimiento Ibérico Antinuclear recalca que la mayor opacidad en este asunto fue el traslado en 2015 de más de de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca) al Cabril. Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años. “Este material sería mucho más peligroso con una vida de millones de años de radiación y que no permitirían estar dentro de estas instalaciones”, afirma Alberto Ruiz Peña.

A la espera de una respuesta por parte de la Comisión Europea, las movilizaciones de en las zonas del Cabril pretenden mover con más fuerza la conciencia de los ciudadanos. La paralización en Villar de Cañas de otro almacén nuclear no augura una vida corta para el Cabril. “Ya saben la experiencia de Hornachuelos y los vecinos de Villar de Cañas no quieren vivir cerca de estos materiales que solo traen despoblamiento”.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha exigido en un reciente comunicado el “cierre escalonado” de todas las centrales nucleares para no seguir aumentando el problema irresoluble de los residuos radiactivos, y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que el Cabril no tiene autorización. “Buscamos que no haya traslados ni riesgos para una población que tampoco tiene beneficios por un riesgo de vivir en una zona con peligro de radiación”.

Fuente: publico.es

Más (2010): El almacen nuclear que arruinó una comarca

La guerra judicial que aplazó el basurero nuclear de Villar de Cañas

Seis años después de la designación del municipio conquense como ubicación, el proyecto aún no cuenta con la preceptiva declaración de impacto ambiental

El Gobierno de Castilla-La Mancha sostiene que “se ha fragmentado” el proceso de evaluación ambiental, reclama abrir uno nuevo o declararlo “inviable” a lo que, de momento, no hay respuesta del Ministerio de Medio Ambiente 

El Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Residuos Nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) sigue sin ver la luz en las postrimerías de 2017. Un año caracterizado por la batalla legal que Gobierno central, Junta Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento han librado en los tribunales y que ha propiciado el freno, en seco, del proyecto.

Una de las últimas acciones del Ejecutivo castellano-manchego fue la de cuestionar la evaluación ambiental del proyecto que, en opinión del departamento de Medio Ambiente, se basa en un estudio “deficiente técnica y científicamente”.  La Junta ha pedido  otra evaluación al Ministerio de Medio Ambiente y un nuevo procedimiento de información pública y si no, que se emita una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “inviable”.

No hay respuesta por parte del Ministerio que dirige Isabel García Tejerina. Lo confirma a  eldiarioclm.es el viceconsejero de Medio Ambiente Agapito Portillo. “Creemos que se había fragmentado el proceso de evaluación ambiental, vulnerando la ley de evaluación ambiental nacional. Se lo argumentamos técnicamente y ante eso no han respondido”.

Portillo apunta su escepticismo ante la postura que pueda adoptar el Ministerio que, hasta la fecha, ha dado la callada por respuesta (también ante la insistencia de eldiarioclm.es para obtener su versión). “Me va a costar mucho que algún técnico dé el visto bueno, la ministra o el director general  podrá firmar la evaluación pero tiene que ir apoyado técnicamente”, insiste el viceconsejero.

Los responsables de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha tampoco han dudado en  acudir a instancias europeas ante lo que consideran “dejación de funciones” del Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de elevar a Europa (ha de hacerlo el Ejecutivo central) la documentación que justifica la ampliación de la protección ambiental de la Laguna de El Hito y que condicionaría la construcción del basurero nuclear de Villar de Cañas.

El Gobierno de Emiliano García-Page inició la batalla europea ante las perspectivas, nada halagüeñas, de los tribunales españoles cuando el Supremo dijo que no admitía a trámite el recurso de casación de la Junta que pedía dejar sin efecto el  auto del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCLM) que anulaba la ampliación de la protección del espacio natural (zona de especial protección de aves, ZEPA) de la Laguna de El Hito, para incluir los terrenos en los que está previsto ubicar el cementerio nuclear.

El Tribunal Supremo, sin embargo, no entraba en el fondo de la cuestión por lo que se requerirá un nuevo pronunciamiento del TSJCLM.  A  principios de 2017  ya suspendía cautelarmente el acuerdo de Consejo de Gobierno que daba luz verde a la ampliación de la zona de protección.

Pese a la postura, hasta ahora, de los tribunales, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, sostiene que la ubicación elegida para el silo nuclear sigue protegida medioambientalmente, pese a la suspensión del Decreto de la Junta que aprobó esa protección. “Por delante de cualquier inversión está la necesidad de preservar espacios protegidos”, ha venido diciendo Martínez Arroyo en el último trimestre de este año. Recuerda que esta es también una obligación – a través de la Directiva Hábitats- que impone la Comisión Europea, ámbito en el que el  Gobierno regional sigue trabajando para ver “de qué forma se puede hacer que esté realmente protegido y los tribunales no lo impidan”.

La postura que mantiene el Gobierno autonómico ha sido tachada de “fraude de ley”,  mientras el alcalde de Villar, el ‘popular’ José María Sáiz, ha venido solicitando al presidente regional, Emiliano García-Page que “deje de torpedear” el proyecto apoyándose en las decisiones del Supremo. Precisamente, en el ámbito municipal existe otro procedimiento judicial abierto: el relativo al nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, para adaptarse la normativa urbanística a la llegada del ATC y que fue recurrido por la Junta.

Las Cortes, salvo el PP, piden la suspensión “definitiva” del proyecto

Las Cortes de Castilla-La Mancha se han pronunciado ya varias veces en contra del cementerio nuclear desde el año 2010. La última iniciativa se producía en noviembre de 2017. PSOE y Podemos aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) que pide a Mariano Rajoy la suspensión “definitiva” del proyecto de Villar de Cañas.

Una PNL que también insta al Gobierno de España a suspender las acciones legales de la Abogacía General del Estado contra la ampliación de la ZEPA de El Hito y considera que el ATC no es necesario “por los riesgos ambientales para especies y hábitats protegidos, para las personas y por no existir consenso social, institucional ni territorial.”

El papel de Consejo de Seguridad Nuclear

En junio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desmentía estar trabajando con “plazos” para autorizar la construcción del silo nuclear ante algunas informaciones que apuntaban a que esa autorización se produciría en el primer semestre de2018.

Fuentes del CSN reconocían a eldiarioclm.es que aunque se trabaja el análisis de la documentación relacionada con la solicitud de autorización de construcción presentada por “no hemos hecho público, ni tenemos intención de hacerlo, ningún plazo. Puede ser dentro de un mes, de un año o de cinco”. E insistían en que el “papel” del regulador atómico se limita a cuestiones relacionadas con la seguridad que antepondrá a “plazos o presupuestos”.

También  la polémica sobre la idoneidad de los terrenos para ubicar el basurero nuclear ha continuado durante todo el año, como ya ocurriera en 2016. El Ejecutivo castellano-manchego preguntó en el Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nuclear sobre esta cuestión en noviembre de 2017. No hubo respuesta  del organismo nuclear al no considerarse el “indicado” para dar  esta información.

Pero, de hecho, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de junio una resolución para que el  CSN emita un informe sobre la  idoneidad de ubicación de este almacén .

El 30 de diciembre se cumplen seis años de la elección de Villar de Cañas

El Consejo de Ministros eligió el 30 de diciembre de 2011 a Villar de Cañas (Cuenca) como sede del ATC  y de su Centro Tecnológico Asociado (CTA). Hoy, sigue sin haber empezado construirse unas instalaciones que deberían estar terminadas en 2018. Diseñado para una vida de 100 años, aunque el vigente plan general de residuos establece una vida operativa de 60, la previsión cuando finalice su vida es recuperar el material radiactivo, trasladarlo a un hipotético Almacén Geológico Profundo y desmantelar el ATC.

Fuente: eldiario.es