Tres mil personas se manifiestan en Salamanca contra la mina de uranio

Más de 3.000 personas se manifestaron ayer por las calles de Salamanca para protestar contra la mina de uranio que la multinacional australiana BERKELEY pretende abrir, como la más grande de Europa, en el municipio salmantino de Retortillo, al Este de la provincia.

En la manifestación, que ha sido organizada por la Coordinadora No a la Mina de Uranio, han estado representados la mayoría de los partidos políticos, como PSOE, Ciudadanos, Podemos o IU y el manifiesto final ha sido leído, en la Plaza Mayor salmantina, por José Pinto, un ganadero del municipio de Casillas de Flores y que saltó a la fama en concurso televisivos.

El manifiesto ha hecho referencia a que Berkeley pretende

«abrir una planta de procesamiento de uranio y un almacén de residuos radiactivos en un espacio protegido por la Red Natura 2000», por lo que

«no traerá progreso, trabajo, ni dinero a Salamanca».

«El proceso minero emprendido en el Campo Charro sólo busca el beneficio económico para sus accionistas extranjeros y eliminará, en pocos años, cualquier tipo de desarrollo económico a corto, medio y largo plazo para ganaderos, agricultores y emprendedores de nuestra tierra», se ha añadido.

A lo largo de la manifestación se han coreado lemas como ‘no a la mina, sí a la vida’, ‘por un mundo rural vivo’ o ‘somos personas y despojos es lo que pretende Berkeley con nosotros’ y han participado representantes de diferentes partidos portugueses y de movimientos sociales de Extremadura o Ávila.El portavoz de la coordinadora ‘No a la mina de uranio. Por un mundo rural vivo’, Felipe Yuste, ha explicado que «pese a las bondades que venden la empresa o las instituciones, la mina va a ser un desastre medioambiental y una condena de la tierra durante muchos años por un plato de lentejas».

Menos empleos

«Desde el punto de vista social, no va a solucionar el problema del paro y va a generar más porque los puestos del balneario van a ir al traste y los de ganadería van a quedar afectados», ha explicado. Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León, ha sido uno de los políticos que ha estado en la manifestación con lo que ha pretendido «mostrar el rechazo más absoluto» a este proyecto, por el que se ha podido ver que «la Junta ha puesto una alfombra roja a una multinacional como Berkeley para que destroce en Salamanca el Campo Charro.

 

Fuente: diariodeleon.es

Mas información:  www.ciudadrodrigo.net

Fotos de www.ciudadrodrigo.net

La Junta de Castilla y León abre la consulta para crear un impuesto a Garoña sobre el depósito de residuos nucleares

Se pueden realizar aportaciones hasta las 14 horas del próximo 7 de marzo.

Afirma que cumple el mandato de las Cortes y que la recaudación se destinará a inversiones en la comarca, tras el cierre de la planta

Este impuesto no lo puso cuando los residuos dependian de ENDESA e Iberdola pero si ahora que dependerán de la empresa pública ENRESA

La Junta somete a consulta previa el procedimiento para la elaboración de una ley que establezca un impuesto que grave el almacenamiento de los elementos combustibles gastados en las instalaciones de la central nuclear de Garoña y cuya recaudación sirva para financiar actuaciones de reindustrialización e inversión en los municipios de la comarca situada en el entorno de la planta.

En concreto, la Junta ha colgado en el Portal del Gobierno Abierto el procedimiento para la elaboración de la Ley de modificación del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos para incluir un impuesto sobre el depósito de residuos nucleares.

Con esta medida, explica el Ejecutivo se pretende solucionar el problema que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña ha supuesto en una pérdida de actividad económica y empleo en los municipios de la comarca situada en el entorno de la instalación.

Para afrontar esta situación, se recuerda en la consulta previa, las Cortes de Castilla y León aprobaron en su sesión de 6 de septiembre de 2017 una proposición no de ley en la instan a la Junta de Castilla y León a estudiar la implantación de un tributo medio ambiental con el compromiso de que la posible recaudación se destine a la reindustrialización e inversión en la zona.

Así, centra la necesidad y oportunidad de este tributo en que la central nuclear ha iniciado un proceso de desmantelamiento en el cual se prevé que los elementos combustibles gastados derivados de su actividad se mantengan almacenados en las instalaciones de la planta. Por ello, subraya que resulta «oportuno» establecer un impuesto basado en el impacto medioambiental del depósito de estos elementos combustibles.

Fuente:  burgosconecta

El proyecto de almacén temporal individualizado de la nuclear de Cofrentes se somete a información pública

El BOE también publica el anuncio de la delegación del Gobierno por el que se somete a este trámite el estudio de impacto ambiental

Iberdrola, la empresa propietaria de la central, contemplaba que el silo estuviera finalizado en 2019 y operativo en 2021

La delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha publicado este sábado en el  Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto para la construcción de un  almacén temporal individualizado (ATI) en la central nuclear de Cofrentes, así como su estudio de impacto ambiental, que tiene por objeto la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Iberdrola, la empresa propietaria de la nuclear de Cofrentes, inició en 2016 los trámites ambientales para la construcción del almacén atómico, una instalación donde albergar el combustible irradiado así como cualquier otro residuo de alta actividad o larga vida procedente de la misma planta hasta su traslado a una instalación de reproceso, a una de almacenamiento temporal centralizado o a un almacén geológico profundo.

El ATI de Cofrentes debería estar finalizado en 2019 de modo que, tras la realización de las pruebas necesarias para su puesta en marcha, pueda estar operativo en 2021, fecha en la que está previsto que se agoten sus piscinas de combustible, donde va a parar el uranio utilizado en su reactor para enfriarse.

Estas instalaciones, que se sitúan en superficie o a relativamente pocos metros de profundidad, tienen “absoluta garantía de seguridad, incluso en escenarios improbables” en el campo meteorológico, según defendió el director de la central, Tomás Lozano, en una comparecencia en las Corts en julio del pasado año. Lozano defendió la necesidad del ATI “en cualquier escenario”, y más después de confirmarse el retraso del almacén temporal centralizado programado en Villar de Cañas (Cuenca).

Hasta doce incidentes en un año

La central nuclear de Cofrentes confirmó el pasado día 20 que la instalación ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear hasta doce sucesos en un año, aunque negó que ésta suponga un riesgo para los ciudadanos: “Cofrentes se mantiene en el mejor nivel de seguridad y es absolutamente segura”. Estos incidentes “no han afectado a personas, a la instalación ni al medio ambiente”. Y todo esto se produce en vísperas de que Iberdrola solicite la renovación de la explotación, que caduca en 2021.

Fuente: eldiario.es

El Ministro de la Industria propone traspasar a las eléctricas los fondos de Enresa para desmantelar las nucleares

 

Nuevo intento de traspasar dinero público a las empresas privadas que han generado el problema de los residuos nucleares.

¿Que ocurre cuando una empresa privada neoliberal gestiona algo? que busca su  mayor lucro, independientemente de las consecuencias económicas, sociales o ambientales a su entorno.

La empresa pública, con un fondo de 4.500 millones, seguiría gestionando los residuos, es decir, los mayores costes.

Con la medida, que incluirá en una proposición de ley, Nadal dice quiere frenar el cierre de centrales. La realidad es que hay que sumar puntos para buscar un cargo de político giratorio al terminar de ser ministro.

demás de los polémicos recortes a la retribución de las redes eléctricas y de gas que el Ministerio de Energía quiso introducir como enmiendas al proyecto de ley contra la sequía, el departamento que dirige Álvaro Nadal había planteado una tercera enmienda para obligar a las eléctricas a desmantelar sus centrales nucleares. Una función que tiene reservada desde su creación la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Aunque estas tres enmiendas acabaron fuera del citado proyecto de ley, al no contar con el respaldo del Grupo Socialista, el ministro no ha tirado la toalla y ha decidido incluir estas medidas en una proposición de ley que presentará próximamente el Partido Popular. La relativa al desmantelamiento de las centrales nucleares, a la que ha tenido acceso CincoDías, supondría un cambio radical de la actual situación, pues plantea el trasvase de la función del desmantelamiento de las plantas que ahora corresponde a Enresa a los titulares de las plantas (las grandes eléctricas). Y, lo que es más relevante, la cesión del fondo de 4.500 millones de euros que durante años ha acumulado la empresa pública para la gestión de los residuos radiactivos (función que mantendría) y el desguace de las centrales.

Según el texto de la propuesta, titulado “Modificaciones de rango legal para traspasar la función de desmantelamiento de Enresa a los titulares de centrales nucleares”, el Gobierno se propone transferir a las eléctricas “la obligación de llevar a cabo el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares”. Al mismo tiempo, añade, se le transferirá “la parte equivalente del fondo del que dispone Enresa para realizar esta actividad, exigiéndosele determinadas cautelas, tanto para la conservación de los fondos recibidos con esa finalidad, como para la dotación del total de fondos requeridos para el citado desmantelamiento”.

La propuesta responde a la intención del ministro de Energía de poner trabas a eléctricas que, como Iberdrola, amenazan con cerrar sus nucleares por no considerarlas rentables. Sin embargo, un cambio tan drástico es calificado de “altamente peligroso”, tanto entre fuentes del sector como del propio Gobierno del PP. Y, sobre todo, “difícil de controlar y valorar”.

ENRESA

Además, recuerdan las mismas fuentes, hasta 2005, los fondos de Enresa fueron aportados por los consumidores en la factura de la luz y a partir de ese año el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió cobrarlo a las empresas a través de tasas. Por tanto, “una parte sería de los usuarios”, añaden.

Enresa es la empresa pública (tutelada por el Ministerio de Energía) responsable del desmantelamiento de las centrales atómicas. Hasta el momento, la compañía ha dirigido los desmantelamientos de Vandellós I (clausurada tras un grave accidente en 1988 y cuyo sarcófago no se desmontará hasta 2028); la de José Cabrera (Zorita), en Guadalajara, y ya ha recibido la titularidad de la central de Santa María de Garoña, cuyo cierre fue decretado el pasado verano. Esta se vería afectada por la nueva ley, si esta prospera.

Según la actual normativa, que el ministerio pretende cambiar, Enresa se convierte en titular de las plantas una vez que se cierran y en tanto termina el desmantelamiento, momento a partir del cual le devuelve a las eléctricas los terrenos.

La medida implicaría la modificación de la Ley de Energía Nuclear, de 1964, y la Ley del Sector Eléctrico, de 1997, y con ella el Gobierno dice aspirar “a incrementar la eficiencia del desmantelamiento, ya que pasa a ejecutarse directamente por su propietaria, que es quien mejor conoce la central”. Y, en su opinión, “elimina cualquier incertidumbre sobre los costes de desmantelamiento, cuyo déficit ya no se tendría que financiar con dinero público”.

El Gobierno deja así claro que el actual fondo de 4.500 millones no cubriría el desmantelamiento de todas las plantas, pues una buena parte debe destinarse a la gestión del combustible gastado y de los residuos de media y baja intensidad de la planta de El Cabril, de la que seguirá ocupándose Enresa. Aunque desmantelar una planta cuesta una media de 300 millones (hay siete reactores funcionando, más los tres en desmantelamiento), parte del fondo se destina a la gestión de residuos de los almacenes individuales (ATI) ubicados en las propias centrales y al futuro ATC en proyecto.

El último Plan General de Residuos, de 2006, ya establecía que Enresa necesitaría 13.000 millones de euros para el desmantelamiento de todo el parque y gestionar los residuos durante 60 años.

Sanciones de hasta 300 millones

La propuesta del Ministerio de Energía de trasvasar la responsabilidad del desmantelamiento de las nucleares a sus propietarias, establece que, en el caso de que alguna de ellas incumpla su obligación, el desguace sería ejecutado de forma subsidiaria por Enresa. Eso sí, se reclamaría a la eléctrica “daños y perjuicios”, que se enfrentaría también a sanciones de hasta 300 millones de euros (el coste de desmantelar un reactor).

La gestión de los residuos seguiría en manos de Enresa, pues esta se considerará “un servicio público esencial” que se reserva el Estado. Esta actividad de financiará mediante tasas y tendrá la consideración de coste regulado del sistema. También lo tendrá el desmantelamiento de las centrales cerradas antes de 2010: Vandellós I y Zorita. Sin embargo, tanto el de Garoña como el de las que cierren en el futuro, deberán ser financiadas por sus propietarias. Almaraz I será la próxima en cumplir 40 años de vida útil, en 2021.

Si el cierre es debido a fuerza mayor y se adelanta a lo establecido en el Plan de Residuos Radiactivos, el déficit de financiación (lo que no cubra el fondo de Enresa) se considerará un coste del sistema. Esto es, lo pagarían los consumidores en la factura de la luz.

Fuente: elpais.es

El ATC de Cuenca está muerto y enterrado.Terremoto a 40 km. del pretendido almacén nuclear de Cuenca

 

Un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala de Richter se ha registrado el martes 6 de febrero en la localidad conquense de La Alberca de Záncara.

El lugar del epicentro está situado a poco más de 39 km. de Villar de Cañas.

En mayo de 2017 hubo un terremoto de 2,3 grados  a 24 kilómetros.

El terremoto ha tenido lugar sobre las 15.26 horas y ha llegado a tener una profundidad de 11 kilómetros, según publica la web Instituto Geográfico Nacional y recoge Europa Press.
Este seísmo llega apenas 50 días después de otro de 3,7 grados de magnitud registrado el 20 de diciembre en la localidad alcarreña de Yebra, otra de las localidades que pugnaron por hacerse con el proyecto.

En mayo de 2017 hubo un terremoto de 2,3 grados  a 24 kilómetros. (leer más)

Terrenos inestables e inundables

Los dos informes externos (de la consultora URS y de la Universidad de Cantabria) y la documentación de los técnicos del CSN también facilitada por el organismo confirman que la información entregada por Enresa sobre el suelo en que se ubicará el silo era insuficiente y que existían dudas sobre la idoneidad de los terrenos por su composición. (seguir leyendo)

Chapuza a la española: Se inundan los terrenos del almacen nuclear de Cuenca. Un informe advierte de posibles hundimientos en el terreno del almacen nuclear

Enresa, la empresa pública que construirá el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas (431 habitantes, Cuenca) reconoce en uno de sus informes técnicos la posible existencia de “riesgos geotécnicos relevantes” que podrían generar hundimientos en el terreno.  (seguir leyendo)

Terrenos inundados donde quieren hacer el ATC de Cuenca

Terrenos inundados donde quieren hacer el ATC de Cuenca

Fuente:  la tribuna de Albacete