Abogacía del Estado señala la “imposibilidad” de rehabilitar “actualmente” terrenos radioactivos de Palomares

 La Abogacía del Estado ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados con radioactividad en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010. Según ha agregado, éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar “pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.

Sostiene, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y reconoce que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.

Así lo expone la Abogacía del Estado en la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para instar a la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de Palomares acordado por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en mayo de 2010 y obligar a que se fije un plazo para llevar a efecto el tratamiento “de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos”. En el escrito elevado a la AN, señala que, dado su carácter preliminar, el Plan de Rehabilitación definitivo “debería completarse en los ámbitos de impacto radiológico al público, protección radiológica de los trabajadores, gestión de residuos radiactivos y vigilancia radiológica ambiental”.

 

Destaca que “no tiene cabida considerar que cabe fijar un plazo” porque, por un lado, no hay norma que obligue a dicho plazo y, por otro, porque “ejecutar todo lo dicho en un plazo de tres años como dice el demandante es materialmente imposible, tanto por no estar aprobado un plan definitivo como por exigir la determinación y ejecución de multitud de factores”.

“Todo lo expuesto demuestra la imposibilidad de poner en marcha actualmente la rehabilitación de los terrenos de Palomares”, reitera.

La Abogacía del Estado remarca también que, en “ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”, por lo que, según añade, “se ha cumplido toda la normativa aplicable. Además, el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares” frente a lo sostenido por el colectivo conservacionista, que afirma que ha habido un “cambio de criterio radiológico” en la zona afectada por el accidente aéreo de 1966 y que este se refleja en un informe del CSN de 2015.

“El nivel de intervención fijado por el CSN para Palomares se ha mantenido a lo largo del tiempo. No ha habido cambios en el nivel de intervención como sustenta el demandante, aunque lo que sí ha variado en 2015 son los valores de concentración de actividad debido a que en el transcurso del tiempo se han dispuesto de datos y medios para considerar situaciones más realistas, frente a las estimaciones más conservadoras utilizadas inicialmente”,

apunta la Abogacía del Estado para precisar que, en base a las recomendaciones internacionales, el nivel de intervención fijado para este área por el CSN es el “mínimo”.

Al hilo de esto, traslada a la Audiencia que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

“IDONEIDAD DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN”

Alude, así, a los resultados del seguimiento dosimétrico y sanitario de los residentes en la zona desde 1966 y del programa de vigilancia radiológica ambiental para argumentar que “verifican la idoneidad de las medidas adoptadas para la protección de la población” al tiempo que se refiere a los informes del CSN entre 2010 y 2016 que recogen que la concentración de actividad radiológica en alimentos, aguas, sedimentos y organismo indicadores “son inferiores a los niveles de referencia”. “Es decir, en resumidas cuentas el CSN, en el ámbito de sus competencias, llevó a cabo el análisis de la documentación aportada, ciñéndose a los aspectos radiológicos para determinar los niveles de intervención en la zona. El informe tiene un carácter preliminar dado que podría ser necesaria alguna reconsideración en función de la decisión finalmente adoptada para llevar a cabo la restauración pero, en ningún caso, implicó la modificación de los niveles de intervención fijados”, concluye.

Por último, la Abogacía del Estado sostiene que lo que se firmó en 2015 con EEUU fue solo un “memorando de entendimiento (MOU)” que recoge “únicamente una declaración de intenciones entre los dos países”, por lo que, según subraya, “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos”. Matiza que el CSN no es la autoridad competente en este supuesto, en el que su competencia se circunscribe a la emisión de un informe preceptivo, sino que la autoridad competente para la ejecución de las medidas de intervención previstas en el artículo 61 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) “es el Gobierno de la Nación”.

DEMANDA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

El recurso contencioso-administrativo se inició a instancias de Ecologistas en Acción después de que Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) denegase la clausura de la instalación nuclear y del área contaminada con radioactividad de Palomares. Cabe recordar que el regulador atómico indicó en febrero de 2017 que no había lugar a la solución provisional propuesta por el colectivo conservacionista, que pasaba por el acopio provisional de la tierra radioactiva a la espera de encontrarle almacenamiento definitivo a los residuos. Según explicó, esta solución “no se correspondería ni con los principios” del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, “ni con los preceptos y actuaciones que se establecen” en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radioactivas.

El regulador atómico argumentó en su respuesta que el de Palomares es un caso de “exposición perdurable”, por lo que sería de aplicación el artículo 58 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Éste dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.

El CSN remarcaba, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada “son adecuados y eficientes” de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE y subrayaba que la “solución definitiva al problema” pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.

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La Audiencia Nacional actúa ante la contaminación de Palomares

Todo lo relacionado con las bombas de Almeria fue un montaje mediatico. O, no aprendemos ni a la de tres.

Hallan en Almería dos fosas con material radiactivo de las bombas de Palomares

El director de Cofrentes planta a las Corts y rechaza dar explicaciones sobre el proyecto de almacén nuclear

Tomás Lozano se escuda en que ya informó sobre esta cuestión en sus anteriores comparecencias, el 11 de julio de 2017 y el pasado 20 de febrero

El responsable de la planta había sido citado para explicar la situación de las instalaciones actuales de almacenamiento de residuos nucleares y sobre la ampliación prevista

La comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de las Corts Valencianes había citado al director de la central nuclear de Cofrentes, Tomás Lozano, para que explicara la situación de las instalaciones actuales de almacenamiento de residuos, así como sobre la ampliación prevista por medio de la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) “más allá de la vida útil” de la central. Sin embargo, Lozano ha rechazado comparecer en el parlamento valenciano al considerar “innecesaria” su asistencia.

El director de Cofrentes justifica su ausencia en el hecho de que “sobre esta cuestión” ya informó en sus anteriores comparecencias ante la comisión de medio ambiente, agua y ordenación del territorio el 11 de julio de 2017, cuando se describió “con detalle técnico el proyecto”, y el pasado 20 de febrero, cuando Lozano comunicó que la planta había notificado al Consejo de Seguridad Nuclear hasta una docena de incidentes en el último año, aunque estos no afectaron “ni a las personas, ni a la instalación, ni al medio ambiente”.

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La prohibición de arrojar residuos radiactivos al mar, a punto de expirar

Hace 50 años la sociedad gallega ya mostraba su preocupación por estos vertidos

Es fácil imaginar que si en pleno 2018 unos barcos empezaran a tirar bidones radiactivos en el Atlántico habría una reacción social de un tamaño incalculable. Precisamente este año en curso marca el punto final -o seguido- para la moratoria que entró en vigor en febrero de 1994 con el objeto de prohibir durante 25 años el vertido sistemático de residuos radiactivos, supuestamente de baja intensidad, en las zonas más profundas de este océano, muchas de ellas próximas a Galicia. Nada menos que 115.000 toneladas.

 

Entonces se decidió que se haría, antes de febrero del 2019 -cuando termina de forma efectiva la prohibición-, un amplio estudio científico para calibrar las consecuencias de aquellos vertidos masivos, que hoy, cuando la conciencia ecológica ha impregnado a casi todos los sectores sociales, serían impensables. A la luz de ese estudio, que deberían liderar los países que firmaron la enmienda a la Convención de Londres -que prohibía los vertidos- y la Organización Marítima Internacional, se decidiría si a partir del 2019 se continuaría con la prohibición. Pero no hay que preocuparse. No se van a gastar un duro en el estudio porque saben de sobra que en el momento actual jamás podrían permitir tal barbaridad. Y el informe estaba pensado para actuar de bálsamo tranquilizador sobre el efecto radiactivo de los vertidos, con el objetivo no confesado de tener una ventana para poder volver a legalizarlos. Ahora, además, hay sistemas de almacenamiento mucho más fiables.

Vertidos nucleares de diferentes paises

Volveremos más tarde sobre este asunto. Antes habría que recordar que los bidones radiactivos ya suponían una preocupación para la sociedad de finales de los años sesenta. En una noticia publicada en La Voz tal día como hoy de 1968 se aseguraba lo siguiente: «No existen riesgos de contaminación radiactiva de nuestras costas pesqueras». Este era el mensaje oficial en referencia al fondeo de residuos nucleares en una fosa oceánica situada a 450 kilómetros de la costa. En esta información se explicaba que estos restos, las primeras tandas que se decidió que fueran sumergidas en el mar a un mínimo de 4.000 metros de profundidad, «fueron colocados en recipientes especiales, de manera que soportasen perfectamente cerrados por lo menos diez años». Se daba por hecho entonces que los materiales guardados en estos compartimentos terminarían siendo liberados, aunque siempre se mantendrían, supuestamente, en unos niveles de contaminación que entonces se consideraban tolerables.

Poco o nada se ha preocupado la comunidad internacional y en concreto España por vigilar los efectos de estos vertidos desde el 2005, cuando se efectuó una amplia monitorización amparada por la Organización Internacional de la Energía Atómica. Hubo un intento de Alemania para realizar otra campaña amparada por la Convención sobre la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste, pero finalmente se demoró la decisión.

Ahora la Organización Marítima Internacional, que debe velar por el cumplimiento de la Convención de Londres, no tendrá más remedio que prorrogar el veto de forma casi automática en febrero del 2019, pues la enmienda de la moratoria se decidió en 1993, pero entró en vigor en febrero de 1994 por un período de 25 años. «Sería escandaloso que no se continúe con la prohibición. No se puede controlar lo que depositas en el mar». Esta es la opinión al respecto de Jordi Bruno, una de las mayores autoridades españolas en residuos nucleares.

 

Durante este año debería estar ultimándose el estudio científico que prescribía la enmienda. Pero recientemente se decidió que se sustituiría por un dosier con la literatura científica acumulada sobre este asunto en los últimos años. A la luz de este informe se resolvió que no había razones para emprender otra monitorización radiológica de los vertidos, pues no darían lugar a conclusiones diferentes de las que habían sustentado la prohibición.

Fuente: lavozdegalicia.es

Energía tiene un agujero de 3.000 millones para desmantelar las centrales nucleares

Juan José Zaballa. Director de ENRESA

Un ¿fallo de previsión? hace que a la empresa pública Enresa no le basten los 5.000 millones acumulados desde 1985. El Ministerio de Energía quiere cargarlo a las eléctricas y éstas, al erario público

Las nucleares son las nuevas radiales. La empresa pública Enresa, encargada de desmantelar las centrales nucleares y dependiente de Energía, necesita más dinero. Mucho más. Dinero público. Enresa ha transmitido al Ministerio de Energía que si las nucleares cierran a los 40 años de vida, cosa que ocurrirá a lo largo de los próximos 10 años, necesitará unos 3.000 millones más para acometer los trabajos de cierre. Y eso, a pesar de que el plan de residuos vigente establece que el fondo acumulado por Enresa desde 1985 —unos 5.000 millones, que primero aportaron los consumidores y luego las eléctricas— debía ser suficiente. El Gobierno acaba de caer en el roto que supone el que las eléctricas hayan aportado de menos e intenta alargar la vida de las nucleares al menos 10 años o que sean ellas las que carguen con el desmantelamiento. No es la primera vez que las malas previsiones en el sector nuclear acaban cayendo sobre el contribuyente, y esa partida está en la trastienda de la guerra de Nadal con las eléctricas.

El pasado 31 de enero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció en el Congreso su intención de que las eléctricas pagasen el desmantelamiento de las nucleares. Respondía así a la decisión de las eléctricas, que ya hablan abiertamente de cerrar las plantas cuando cumplan los 40 años de vida útil, plazo que vence entre 2023 (Almaraz I) y 2028 (Trillo). “España es el único país del mundo en el que el desmantelamiento de una central nuclear —no del resto, el resto sí es responsabilidad de la propia empresa— es responsabilidad de todos, a través de la empresa pública Enresa. […] ¿Qué ocurre? Que cuando se decide el cierre de una central, el propietario quiere abandonarla y dejársela a Enresa cuanto antes, y no acometer una serie de inversiones de predesmantelamiento que están obligados a hacer”. Y añadía que el resultado era que “ahora mismo el cierre de cualquier central —y estamos en el proceso del cierre de la central de Santa María de Garoña— supone una aportación adicional por parte del sector público”.

Asumía así que Enresa no tiene dinero para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares. Eso choca frontalmente con el Plan General de Residuos Radiactivos vigente, aprobado en 2006 —y no renovado desde entonces, pese a que estaba prevista su revisión a los cinco años—. El agujero tumba todo el sistema español de gestión de residuos nucleares. Desde los años ochenta, una parte del recibo de la luz iba destinada a un fondo de Enresa. Esta empresa pública debía encargarse del cierre de las nucleares y de la gestión de los residuos, y así lo hizo con Vandellòs I, cerrada tras un incendio en 1989, y con Zorita, clausurada en 2006 por un acuerdo político. En 2005, el Gobierno del PSOE cambió la ley para que ese fondo se nutriera de una tasa que pagaban las eléctricas en función de la producción nuclear. Así se cumplía el principio de que quien contamina paga.

El sistema tenía importantes lagunas, como considerar pasados 70 años la gestión de los residuos nucleares, activos durante miles de años, ya no iban a costar nada al Estado. Pero era una forma de ir tirando que se vendía como idónea. El Estado acumulaba un fondo y no dependía de las eléctricas para algo tan sensible como desmantelar el parque nuclear. Estas a su vez descontaban ante sus inversores riesgos futuros de los residuos. En teoría, el sistema cuadraba. Así lo dice el plan de residuos: “Las dotaciones al Fondo solo se pueden destinar a costear las actuaciones previstas en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), y al concluir el periodo de gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones contempladas en el PGRR, las cantidades totales ingresadas en el Fondo, a través de las distintas vías de financiación, deberán cubrir los costes incurridos de tal manera que el saldo final resultante sea cero“.

Sin embargo, antes de empezar, el sistema hace agua. Los plazos del cierre nuclear no pueden ser una sorpresa porque el “escenario de referencia” del plan de residuos ya preveía el cierre de centrales a los 40 años de vida. Sin embargo, fuentes del sector explican que Enresa ha trasladado al ministerio que necesitaría unos 3.000 millones si las centrales cierran al cumplir los 40 años. En realidad, es solo una estimación del orden de magnitud del agujero, ya que es un coste previsto hasta más allá de 2080 y puede variar enormemente en función de los tipos de interés, por lo que podrían ser 2.000 o 4.000. La cifra coincide con la estimación que hizo JP Morgan y que adelantó ‘El Independiente’.

El viernes pasado, ni Enresa ni Energía contestaron a las peticiones de información de este diario. En su comparecencia, Nadal apuntó que el desfase se debía a los bajos tipos de interés, que han hecho que el fondo de Enresa, que durante años han codiciado distintas administraciones, apenas rinda. “Es verdad que el fondo de Enresa depende enormemente de la evolución financiera del mismo. Es decir, en función de qué tipos de interés se están pagando —llevamos una etapa de bajísimos tipos de interés— el fondo Enresa está teniendo menores ingresos, menores intereses de los que inicialmente se habían previsto”, dijo el ministro.

Enresa puede alegar que ha habido imprevistos, ya que el almacén temporal centralizado de residuos debía estar listo en 2015 y aún está empantanado en los tribunales. Debido a ese retraso, ha tenido que construir almacenes temporales (básicamente, una losa de hormigón sobre la que van bidones con las barras de combustible gastado) en varias centrales. Eso explicaría un desfase, pero nunca de 3.000 millones sobre un fondo de 5.000. Como tampoco se explica únicamente con los bajos tipos de interés que ya llevan años. Además, el plan de residuos permitía al Gobierno revisar las tasas al alza mediante real decreto si veía que los ingresos no llegaban.

Distintos informes dejan pistas de cómo se ha formado bajo la alfombra el agujero para el erario público. En junio de 2012, nada más llegar el nuevo presidente de Enresa, la empresa hizo una revisión de costes y ahí ya afloraron 7.746 millones de sobrecoste en el tratamiento del combustible gastado sobre lo que preveía el sexto plan de residuos. A pesar de eso, las tasas que pagan las eléctricas no se actualizaron, por lo que el agujero siguió creciendo. En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró el desfase en 1.500 millones y advirtió a Enresa de que debía revisar año a año las tasas nucleares para evitar estos desajustes, lo que habría supuesto elevar las tasas a las nucleares. En 2012, el Gobierno creó un nuevo impuesto a la producción nuclear, pero lo recaudado no se destinó a Enresa.

Enresa incluye en su última memoria un aviso a las eléctricas sobre el desfase: “Las necesidades de financiación futuras por las posibles desviaciones de las hipótesis del PGRR están plenamente garantizadas mediante la posibilidad de modificación de los tipos de gravamen que la ley prevé que se lleve a cabo mediante real decreto”. Fuentes del sector explican que las eléctricas han entendido perfectamente el mensaje y que ante un tasazo que les suponga pagar 3.000 millones más, prefieren cerrar como ya hicieron con Garoña.

La solución del ministerio es la intermedia. Alargar la vida de las nucleares al menos 10 años más para que siga fluyendo dinero hacia la hucha de Enresa y así paliar el agujero —y que se lo encuentren otros ministros—. Tras el cierre de Garoña, en España hay siete reactores nucleares que el año pasado produjeron el 21% de la electricidad, lo que la situó como la primera fuente de electricidad. Nadal asegura que su cierre encarecería el precio de la luz.

Es relevante que la cifra de 3.000 millones de agujero salga antes incluso de empezar a desmantelar las centrales (con los sobrecostes que se producen como norma en la obra pública) y suponiendo que después de 2070 el coste para el erario público será nulo. Nadie descarta que la factura crezca. Enresa ha reconocido “la dificultad que presenta la estimación de determinados costes sobre los que no hay experiencia previa, como es el caso del desmantelamiento de la central José Cabrera“. Esa es la nuclear de Zorita, un pequeño reactor semiexperimental en Guadalajara en desmantelamiento. Enresa además ha elegido unos terrenos con yesos para el almacén temporal, lo que puede disparar sus costes.

El agujero de Enresa no es el primero que el sector nuclear deja al erario público. Cuando en 1982 el PSOE llegó al Gobierno, las eléctricas estaban inmersas en un ambicioso plan nuclear que amenazaba con llevarlas a la quiebra. El Gobierno dictó entonces una moratoria nuclear que en realidad fue un rescate al sector. A cambio de compensaciones milmillonarias que se pagaron en el recibo durante 30 años, estas dejaron de construir Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II. El pasado nos alcanza.

Fuente: elconfidencial

Zorita incorpora un nuevo almacén para residuos de muy baja actividad

Almacen superficial en la central de Zorita

Se depositarán temporalmente en este espacio antes de su traslado a El Cabril.

El Proyecto de Desmantelamiento y Clausura de la Central Nuclear José Cabrera ha alcanzado ya el 84 por ciento de su ejecución cuando se han cumplido ocho años desde que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) asumiera la titularidad de la planta para ejecutar el proyecto.
Los trabajos aún se prolongarán durante todo este año y la fecha actual de finalización fijada en programa es 2019. Desde Enresa han precisado que no se trata de un retraso, sino que esta nueva fecha  obedece a “reajustes necesarios en un proyecto de gran complejidad como es el desmantelamiento de una central nuclear”.
El desmantelamiento de estas instalaciones ha hecho necesario construir otras para poder llevar a cabo el proyecto de forma correcta. Así, a finales del año pasado concluyó la construcción de un nuevo almacén para residuos radiactivos de muy baja actividad, que se ha ubicado en el lugar que antaño ocuparon las torres de refrigeración. En este nuevo espacio se despositarán los residuos de muy baja actividad que en su mayoría serán tierras y escombros generados en las actividades de descontaminación, excavaciones y demoliciones. Tiene unos 1.900 metros cuadrados de superficie útil y en su interior dispone de 16 celdas de almacenamiento en tres niveles en el lado norte y una zona diáfana en la parte sur. La previsión es que pueda empezar a funcionar en los primeros meses de este año, una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) otorgue la autorización. Este almacén no será definitivo, sino que posteriormente, estos residuos se trasladarán al centro de almacenamiento de El Cabril.

Planta de lavado de tierras

Enresa está esperando también el visto bueno del CSN para poner en marcha la planta de lavado de tierras, que lleva un año construida. El objetivo de esta instalación es gestionar y tratar los suelos afectados por la contaminación radiológica mediante técnicas de descontaminación. La previsión es que esté dos años en funcionamiento y trate unas 9.000 toneladas, la mitad de las 18.000 que se estiman se generarán en el movimiento de tierras.

Según su diseño, tiene capacidad para tratar 10 toneladas por hora. Funcionará en húmedo, en tandas de 500 toneladas, y con cuatro líneas principales de tratamiento y cuatro acopios.

Trabajos actuales

En la actualidad, los trabajos que se están llevando a cabo en la planta se centran en las actividades de caracterización y descontaminación de los suelos y las paredes del interior de los edificios de contención y auxiliar, así como en la puesta a punto de los sistemas necesarios para finalizar el proyecto, como el nuevo sistema de tratamiento de efluentes líquidos o  nuevo sistema de lavandería, entre otros, que se han ubicado en el Edificio Auxiliar de Desmantelamiento.

Igualmente se van a desmontar los tanques SIT1, FH-20 y la chimenea. Estas tareas están enfocadas para comenzar las primeras demoliciones en el último trimestre de este año.

Fuente:  nuevaalcarria.com

“Historias” del desmantelamiento de la central nuclear de Zorita