Energía tiene un agujero de 3.000 millones para desmantelar las centrales nucleares

Juan José Zaballa. Director de ENRESA

Un ¿fallo de previsión? hace que a la empresa pública Enresa no le basten los 5.000 millones acumulados desde 1985. El Ministerio de Energía quiere cargarlo a las eléctricas y éstas, al erario público

Las nucleares son las nuevas radiales. La empresa pública Enresa, encargada de desmantelar las centrales nucleares y dependiente de Energía, necesita más dinero. Mucho más. Dinero público. Enresa ha transmitido al Ministerio de Energía que si las nucleares cierran a los 40 años de vida, cosa que ocurrirá a lo largo de los próximos 10 años, necesitará unos 3.000 millones más para acometer los trabajos de cierre. Y eso, a pesar de que el plan de residuos vigente establece que el fondo acumulado por Enresa desde 1985 —unos 5.000 millones, que primero aportaron los consumidores y luego las eléctricas— debía ser suficiente. El Gobierno acaba de caer en el roto que supone el que las eléctricas hayan aportado de menos e intenta alargar la vida de las nucleares al menos 10 años o que sean ellas las que carguen con el desmantelamiento. No es la primera vez que las malas previsiones en el sector nuclear acaban cayendo sobre el contribuyente, y esa partida está en la trastienda de la guerra de Nadal con las eléctricas.

El pasado 31 de enero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció en el Congreso su intención de que las eléctricas pagasen el desmantelamiento de las nucleares. Respondía así a la decisión de las eléctricas, que ya hablan abiertamente de cerrar las plantas cuando cumplan los 40 años de vida útil, plazo que vence entre 2023 (Almaraz I) y 2028 (Trillo). “España es el único país del mundo en el que el desmantelamiento de una central nuclear —no del resto, el resto sí es responsabilidad de la propia empresa— es responsabilidad de todos, a través de la empresa pública Enresa. […] ¿Qué ocurre? Que cuando se decide el cierre de una central, el propietario quiere abandonarla y dejársela a Enresa cuanto antes, y no acometer una serie de inversiones de predesmantelamiento que están obligados a hacer”. Y añadía que el resultado era que “ahora mismo el cierre de cualquier central —y estamos en el proceso del cierre de la central de Santa María de Garoña— supone una aportación adicional por parte del sector público”.

Asumía así que Enresa no tiene dinero para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares. Eso choca frontalmente con el Plan General de Residuos Radiactivos vigente, aprobado en 2006 —y no renovado desde entonces, pese a que estaba prevista su revisión a los cinco años—. El agujero tumba todo el sistema español de gestión de residuos nucleares. Desde los años ochenta, una parte del recibo de la luz iba destinada a un fondo de Enresa. Esta empresa pública debía encargarse del cierre de las nucleares y de la gestión de los residuos, y así lo hizo con Vandellòs I, cerrada tras un incendio en 1989, y con Zorita, clausurada en 2006 por un acuerdo político. En 2005, el Gobierno del PSOE cambió la ley para que ese fondo se nutriera de una tasa que pagaban las eléctricas en función de la producción nuclear. Así se cumplía el principio de que quien contamina paga.

El sistema tenía importantes lagunas, como considerar pasados 70 años la gestión de los residuos nucleares, activos durante miles de años, ya no iban a costar nada al Estado. Pero era una forma de ir tirando que se vendía como idónea. El Estado acumulaba un fondo y no dependía de las eléctricas para algo tan sensible como desmantelar el parque nuclear. Estas a su vez descontaban ante sus inversores riesgos futuros de los residuos. En teoría, el sistema cuadraba. Así lo dice el plan de residuos: “Las dotaciones al Fondo solo se pueden destinar a costear las actuaciones previstas en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), y al concluir el periodo de gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones contempladas en el PGRR, las cantidades totales ingresadas en el Fondo, a través de las distintas vías de financiación, deberán cubrir los costes incurridos de tal manera que el saldo final resultante sea cero“.

Sin embargo, antes de empezar, el sistema hace agua. Los plazos del cierre nuclear no pueden ser una sorpresa porque el “escenario de referencia” del plan de residuos ya preveía el cierre de centrales a los 40 años de vida. Sin embargo, fuentes del sector explican que Enresa ha trasladado al ministerio que necesitaría unos 3.000 millones si las centrales cierran al cumplir los 40 años. En realidad, es solo una estimación del orden de magnitud del agujero, ya que es un coste previsto hasta más allá de 2080 y puede variar enormemente en función de los tipos de interés, por lo que podrían ser 2.000 o 4.000. La cifra coincide con la estimación que hizo JP Morgan y que adelantó ‘El Independiente’.

El viernes pasado, ni Enresa ni Energía contestaron a las peticiones de información de este diario. En su comparecencia, Nadal apuntó que el desfase se debía a los bajos tipos de interés, que han hecho que el fondo de Enresa, que durante años han codiciado distintas administraciones, apenas rinda. “Es verdad que el fondo de Enresa depende enormemente de la evolución financiera del mismo. Es decir, en función de qué tipos de interés se están pagando —llevamos una etapa de bajísimos tipos de interés— el fondo Enresa está teniendo menores ingresos, menores intereses de los que inicialmente se habían previsto”, dijo el ministro.

Enresa puede alegar que ha habido imprevistos, ya que el almacén temporal centralizado de residuos debía estar listo en 2015 y aún está empantanado en los tribunales. Debido a ese retraso, ha tenido que construir almacenes temporales (básicamente, una losa de hormigón sobre la que van bidones con las barras de combustible gastado) en varias centrales. Eso explicaría un desfase, pero nunca de 3.000 millones sobre un fondo de 5.000. Como tampoco se explica únicamente con los bajos tipos de interés que ya llevan años. Además, el plan de residuos permitía al Gobierno revisar las tasas al alza mediante real decreto si veía que los ingresos no llegaban.

Distintos informes dejan pistas de cómo se ha formado bajo la alfombra el agujero para el erario público. En junio de 2012, nada más llegar el nuevo presidente de Enresa, la empresa hizo una revisión de costes y ahí ya afloraron 7.746 millones de sobrecoste en el tratamiento del combustible gastado sobre lo que preveía el sexto plan de residuos. A pesar de eso, las tasas que pagan las eléctricas no se actualizaron, por lo que el agujero siguió creciendo. En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró el desfase en 1.500 millones y advirtió a Enresa de que debía revisar año a año las tasas nucleares para evitar estos desajustes, lo que habría supuesto elevar las tasas a las nucleares. En 2012, el Gobierno creó un nuevo impuesto a la producción nuclear, pero lo recaudado no se destinó a Enresa.

Enresa incluye en su última memoria un aviso a las eléctricas sobre el desfase: “Las necesidades de financiación futuras por las posibles desviaciones de las hipótesis del PGRR están plenamente garantizadas mediante la posibilidad de modificación de los tipos de gravamen que la ley prevé que se lleve a cabo mediante real decreto”. Fuentes del sector explican que las eléctricas han entendido perfectamente el mensaje y que ante un tasazo que les suponga pagar 3.000 millones más, prefieren cerrar como ya hicieron con Garoña.

La solución del ministerio es la intermedia. Alargar la vida de las nucleares al menos 10 años más para que siga fluyendo dinero hacia la hucha de Enresa y así paliar el agujero —y que se lo encuentren otros ministros—. Tras el cierre de Garoña, en España hay siete reactores nucleares que el año pasado produjeron el 21% de la electricidad, lo que la situó como la primera fuente de electricidad. Nadal asegura que su cierre encarecería el precio de la luz.

Es relevante que la cifra de 3.000 millones de agujero salga antes incluso de empezar a desmantelar las centrales (con los sobrecostes que se producen como norma en la obra pública) y suponiendo que después de 2070 el coste para el erario público será nulo. Nadie descarta que la factura crezca. Enresa ha reconocido “la dificultad que presenta la estimación de determinados costes sobre los que no hay experiencia previa, como es el caso del desmantelamiento de la central José Cabrera“. Esa es la nuclear de Zorita, un pequeño reactor semiexperimental en Guadalajara en desmantelamiento. Enresa además ha elegido unos terrenos con yesos para el almacén temporal, lo que puede disparar sus costes.

El agujero de Enresa no es el primero que el sector nuclear deja al erario público. Cuando en 1982 el PSOE llegó al Gobierno, las eléctricas estaban inmersas en un ambicioso plan nuclear que amenazaba con llevarlas a la quiebra. El Gobierno dictó entonces una moratoria nuclear que en realidad fue un rescate al sector. A cambio de compensaciones milmillonarias que se pagaron en el recibo durante 30 años, estas dejaron de construir Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II. El pasado nos alcanza.

Fuente: elconfidencial

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