El desmantelamiento de la central de Garoña costará 480 millones y durará hasta 2034

Almacen nuclear en superficie que dejará Garoña como herencia junto a la despoblación y el paro.

El cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, arrancó formalmente el pasado 1 de agosto de 2018. Fue entonces cuando se firmaba la orden del Ministerio de Energía denegando la renovación de la autorización de la planta que habían solicitado sus dueñas, Endesa e Iberdrola (que se reparten a partes iguales las acciones de Nuclenor, la sociedad titular de la central).

Terminaba así un largo culebrón de cinco años: desde que las eléctricas pararon a finales de 2012 voluntariamente la central en un órdago al Gobierno por la reforma energética, pasando por cambios legislativos ad hoc para poder reabrirla, y hasta la decisión del Gobierno de echar el cierre definitivo ante la certeza de que ni siquiera las eléctricas propietarias querían ya reabrir la planta por no ser rentable.

Y arrancaba también ese 1 de agosto el aún más largo proceso que permitirá el desmantelamiento de la vieja central nuclear burgalesa. En total, los trabajos para desmontar la planta se alargarán durante 17 años, hasta plantarse en 2034, y requerirán de un presupuesto total de 480 millones de euros en todo ese tiempo, según las estimaciones que maneja Enresa –la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares- y a las que ha tenido acceso El Independiente.

17 años para desmontar la central por completo

Durante los primeros tres años, hasta septiembre de 2020 previsiblemente, Iberdrola y Endesa seguirán siendo las titulares de Garoña y desarrollarán durante ese plazo las actividades preparatorias para del desmontaje futuro. A partir de ese momento la central nuclear pasará a manos directamente de Enresa: la sociedad pública pasará a ser el dueño de la planta hasta su desmantelamiento total, cuando devolverá los terrenos a las eléctricas.

Enresa se encargará entre 2020 hasta mediados de 2024 del proceso de licenciamiento y de la obtención de autorizaciones y permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Gobierno. Los trabajos delicados, el desmantelamiento propiamente dicho del reactor y del resto de instalaciones de la central, se desarrollarán entre 2024 y hasta 2034. Para entonces el terreno tendría que quedar como si allí no hubiese habido nunca una instalación nuclear. Ese el objetivo.

El presupuesto total de todas estas labores, según prevé Enresa, se situará en los 480 millones de euros. De ellos, 220 millones se destinarán a las labores de desmontaje de los equipos de la central; 130 millones serán para la gestión del combustible nuclear gastado (incluida la reforma para adaptar el almacén temporal individualizado –ATI- en que se guardarán durante un tiempo los residuos); y otros 130 millones más para los servicios subcontratados de ayuda al desmantelamiento.

¿Quién pagará el desmantelamiento?

El  Ministerio de Energía ultima una nueva norma para trasladar a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de sus centrales, como fórmula para desincentivar la amenaza de Iberdrola  de no pedir la renovación de la autorización de sus nucleares por estar acumulando pérdidas con ellas por los altos impuestos que se les aplica (Endesa también critica la fiscalidad nuclear, pero apuesta por alargar la vida de todas sus plantas).

Hasta ahora, es la sociedad pública Enresa la que se encarga del desmantelamiento de las centrales, financiándolo con un fondo que son las propias eléctricas las que van alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.000 millones de euros.

La reforma que propone el Ministerio de Álvaro Nadal es que sean las eléctricas las que asuman directamente del desmantelamiento de las centrales y también su coste. Enresa les devolvería la parte destinada a la demolición de centrales (que no cubriría todos los gastos) y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.

Las estimaciones que maneja Endesa apuntan a que la parte destinada al desmantelamiento sería de entorno a un 22 o un 24% de lo aportado por las eléctricas. Endesa ha aportado de momento 2.400 millones del total de 5.000 millones con que cuenta el fondo público, así que hoy recibiría entre 530 y 580 millones si cerrase ahora sus centrales. Las magnitudes de lo aportado y lo que recibiría Iberdrola serían similares.

Vista del ATI de Garoña

Cuando las eléctricas la desenchufaron

Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre de 2012 en un órdago al Gobierno por las medidas incluidas en la reforma eléctrica (entre ellas, nuevos impuestos al combustible nuclear y a los residuos radioactivos). Desde entonces la central estuvo desconectada de la red, sin producir electricidad, pero sin iniciar su desmantelamiento porque las compañías -tras cambios legislativos ad hoc del Gobierno para hacerlo posible- acabaron solicitando un año y medio después su reapertura. Sólo costes y nada de ingresos.

Endesa e Iberdrola solicitaron la renovación de la licencia de explotación de Garoña hasta 2031, justo cuando la central cumpliría 60 años desde su construcción. Las compañías acabaron chocando sobre la estrategia a seguir: ambas habían descartado ya reabrir la central por no ser rentable, pero Endesa quería esperar a recibir el permiso del Gobierno e Iberdrola quería retirar la solicitud de reactivación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el aval técnico a la reapertura de la central burgalesa, a pesar de que las eléctricas no habían realizado las reformas y las inversiones que el propio organismo había marcado como una exigencia previa ineludible. El Gobierno finalmente optó por no conceder la renovación de licencia y decretó su clausura definitiva.

Herencia: paro, despoblación, residuos, Internet a pedales y carreteras africanas

Según un análisis sobre el primer año de vida del olvidado Plan Garoña,  el paro en el área de la central de Garoña era superior al que se registra en la provincia de Burgos y  la media estatal. De este modo, el economista Carlos Alonso de Linaje  insistió en que las iniciativas empresariales generadas a través del Plan Garoña no han mitigado la situación adversa del empleo en la zona. (seguir leyendo).

A dia de hoy no hay ningún tipo de Plan para dinamizar Tobalina ni sus alrededores.

Una zona con 3 saltos de agua de Iberdrola y una central nuclear que no tiene fibra óptica en los pueblos y los accesos por carretera tienen infinidad de curvas peligrosas, como lo atestiguan la gran cantidad de flores que llenan los guardarailes de los arcenes.

Algunos reportajes televisivos

Veamos un pequeño reportaje sin edulcorar de la cadena Cuatro en el que se puede ver Garoña por dentro tras darle una buena mano de pintura, asi como varias opiniones de vecinos.

Aqui podemos ver un reportaje sobre el ATC .

El almacén nuclear que divide a los vecinos de los pueblos a cambio de poner una instalaciones que lejos de traer riqueza traerá despoblación y pobreza para los vecinos.


En Television Española han hecho un reportaje para mostrar la opinión de los vecinos.

La idea general es que nadie sabe nada, pero los maletines correrán a base de bien, eso seguro.

 

Como siempre el hostelero y los albañiles a favor, los vecinos que no sacan nada en contra.

¿Cuantos puestos de trabajo creará el almacen?.

¿Cuantos para la población local después de la construcción?

La desinformación es un arma cuando lo que hay que informar no es bueno o no es cierto.

 

 

Informe semanal sobre Garoña (4/09/2009)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-cierre-garona-momento-no/537894/

Fuente:  elindependiente.com

El cementerio nuclear de Cuenca no tiene permisos ni se les espera, pero si presupuesto: 972 millones para tenerlo listo en 2024

Terrenos inundados donde quieren hacer el ATC de Cuenca

La sociedad pública Enresa trata de fraccionar el proceso de autorizaciones para tener operativo el primer edificio del almacén nuclear ya en 2021. Una red de almacenes en cada central costaría el doble: 1.980 millones.

l proyecto de construcción de un almacén de residuos nucleares acumula un enorme retraso. El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de este año. Sin embargo, más de seis años después de que el Consejo de Ministros eligiera el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) para ubicarlo, las obras de las instalaciones ni siquiera han comenzado aún.

La tramitación del proyecto se ha visto dilatada por las dudas de los técnicos sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, por las reformas legales aprobadas por la Junta de Castilla-La Mancha para bloquearlo y por la judicialización del proceso en una permanente guerra de recursos entre administraciones. El resultado: el Gobierno no ha aprobado todavía ninguna de las tres autorizaciones necesarias para poner en marcha el almacén.

La construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) para guardar durante décadas los residuos de las centrales nucleares (en principio, durante 70 años, aunque puede alargarse hasta los 100 años) es un proyecto irrenunciable para el Gobierno y para el sector nuclear nacional. Y, a pesar de los retrasos, sigue adelante.

Casi 1.000 millones

El plan del cementerio nuclear de Villar de Cañas contempla un presupuesto que se elevará hasta los 972 millones de euros, según las estimaciones que maneja Enresa –la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares- a las que ha tenido acceso El Independiente. No obstante, diferentes fuentes del sector nuclear advierten que ese coste puede acabar siendo mayor por las eventuales mejoras que habrá que incluir en el proyecto por la mala calidad de los terrenos elegidos.

El Gobierno ya ha incluido en el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) de este año una partida de 144,48 millones de euros destinada al desarrollo del cementerio nuclear. Los fondos para el silo concentran casi una cuarta parte del total de inversiones recogidas en los PGE para Castilla-La Mancha.

No es seguro que estas inversiones puedan ejecutarse ya este año. Y es que se trata de una partida plurianual, ejecutable no sólo este año sino también en siguientes, según explican fuentes del Ministerio de Energía, que confirman que su uso está condicionado a que se vayan aprobando las autorizaciones preceptivas (que otorga el propio Ministerio comandado por Álvaro Nadal).

La defensa del ATC: es la opción más barata

“Hay que construir el ATC porque abarata los costes de manera significativa”. Lo dijo esta misma semana el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en el Congreso de los Diputados. El Gobierno defiende la construcción del almacén nuclear como la opción más barata para gestionar los residuos radiactivos.

En lugar de construir un almacén centralizado en que se concentren toda la basura nuclear del país se podría -según defienden algunas organizaciones- dejar los residuos en almacenes en cada una de las centrales nucleares. Pero según las estimaciones de Enresa, la gestión de una red de almacenes temporales individualizados (ATI) en cada planta costaría algo más del doble que el propio ATC.

Mientras que se estima que el almacén de Villar de Cañas costará esos 972 millones, el cálculo de construir y mantener la red de almacenes en cada central se elevaría hasta los 1.980 millones de euros. Sólo los cerca de 480 contenedores que habría que instalar entre todos los almacenes costarían cerca de 1.000 millones, y los sistemas de seguridad para operar en caso de deterioro de esos contenedores a lo largo de las décadas casi duplicaría ese presupuesto.

Quedan seis años más

El plan para almacén de deshechos de alta radiactividad pasa, en principio, por tenerlo listo en 2024, seis años después de lo previsto. Enresa, no obstante, intenta adelantar una parte del proyecto para tenerla operativa con antelación.

Y es que el objetivo de Enresa es fraccionar el proceso de autorizaciones para licenciar por separado y con antelación el almacén de espera de contenedores (AEC), el edificio en el que se inicia el proceso y al que primero llegarán los residuos desde las centrales nucleares. Si la empresa consigue su objetivo, este primer edificio podría estar operativo en 2021 y empezar entonces a recoger residuos procedentes de las plantas.

El CSN ultima el ‘sí’ al permiso de construcción

Para que el silo sea una realidad requiere de tres autorizaciones: la de emplazamiento, la de construcción y la de explotación. Todas las concede el Ministerio de Energía, pero antes necesita el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para cada una de ellas.

Hasta ahora, el CSN ha dado el visto bueno técnico sólo a la autorización previa de emplazamiento, pero el Gobierno no ha concedido aún ese permiso porque falta que el Ministerio de Medio Ambiente desbloquee la declaración de impacto ambiental, en impasse a falta de completar los estudios de impacto radiológico de la instalación.

El Consejo de Seguridad Nuclear decidió aprobar su informe favorable para la concesión de la autorización de emplazamiento del almacén nuclear, a pesar de las dudas expresadas por sus propios técnicos y por consultoras externas sobre la la calidad de los terrenos elegidos para ubicar la instalación.

El CSN trabaja ahora en el informe técnico sobre la autorización de construcción, y pretende tenerlo listo este mismo año, según confirmó el propio presidente del supervisor, Fernando Marti, la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Fuentes conocedoras de los planes del organismo apuntan que el objetivo es aprobar el informe incluso antes del verano. Con el informe del CSN en la mano, el Ministerio podrá dar la autorización de construcción del cementerio nuclear.

Fuente:   elindependiente.com

 

Enresa financiará el parque multiaventura de Hornachuelos (Cordoba)

Maqueta del Parque Multiaventura de Hornachuelos

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos también destina dinero para construir y acondicionar un camping municipal en Fuente Obejuna, otro de los pueblos del entorno de El Cabril

a Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, financiará la construcción del parque multiaventura de Hornachuelos, que se prevé pueda abrir sus puertas en los próximos meses de cara al verano de 2018.

El Gobierno ha confirmado que, en los presupuestos de 2017 de Enresa ha figurado la financiación del “circuito interurbano de ocio activo y aventura” en Hornachuelos, como uno de los proyectos financiados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos en municipios del entorno del centro de almacenamiento de El Cabril.

El Ejecutivo ha respondido así a una pregunta parlamentaria del diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado, a la que ha tenido acceso este medio y en la que se cuestionaba por los proyectos financiados por Enresa en la provincia de Córdoba. No ha precisado la cuantía de la financiación de Enresa para este proyecto.

El parque multiaventura de Hornachuelos es un proyecto de su ayuntamiento, presupuestado en algomás de dos millones de euros y dirigido a quienes quieran soltar adrenalina en este enclave de la Sierra de Hornachuelos. Podrán saltar al vacío desde una torre de aventura de 22 metros de altura o cruzar el río Bembézar de un lado a otro con tres grandes tirolinas. Estas son las atracciones estrella de este proyecto de turismo activo que, además, contempla varios circuitos: desde uno de entrenamiento previo a otro para distintos tramos de edad o uno familiar, junto a la citada torre de aventura de 22 metros de altura dotada de un mirador en su parte superior y preparada para la práctica del salto al vacío.

Junto al parque multiaventuras, el proyecto encargado por el Ayuntamiento prevé la construcción y explotación de un albergue e instalaciones complementarias. El albergue dispondrá de una docena de módulos con capacidad para siete personas cada uno, más un módulo habilitado para personas con discapacidad. A ello se sumarán zonas comunes para comedor, sala de exposiciones, piscina, zona de juegos y aparcamiento.

Un camping para Fuente Obejuna

En su respuesta al diputado del PSOE, el Gobierno también señala que la compañía nacional financia otro proyecto en otro de los pueblos del entorno del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril.

Se trata de un camping municipal en Fuente Obejuna, para el que Enresa financia la dotación de bungalows y el acondicionamiento de una zona de acampada y edificaciones para la creación del camping, según se señala en la respuesta parlamentaria del Gobierno central.

Fuente: cordopolis