El Congreso plantea “paralizar” la mina de uranio de Salamanca y aclarar ya el futuro del almacén nuclear

Duras conclusiones preliminares de la ponencia de la Cámara Baja que fiscaliza la actividad del Consejo de Seguridad Nuclear

Reclama aprobar “con carácter urgente” un nuevo plan general de residuos radiactivos “sobre la base de un calendario progresivo de cierre de las centrales”

“Paralizar el proyecto de construir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca)” presentado por la empresa australiana Berkeley e instar al Gobierno o “clarificar, en un periodo máximo de tres meses, la situación relativa al proyecto de construcción” del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas “y su calendario de ejecución”.

Son algunas de las propuestas de resolución que ha elaborado la Ponencia del Congreso que fiscaliza la actividad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que, de salir adelante, van a suponer un considerable rapapolvo a las políticas del Gobierno en materia nuclear.

Entre las 64 propuestas de resoluciones que, a puerta cerrada, han negociado los miembros de la Ponencia sobre el Informe de las actividades realizadas por el CSN durante el año 2016 figura “la necesidad de aprobar, con carácter urgente” la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos “sobre la base de un calendario progresivo de cierre de las centrales y de una dotación económica que garantice los costes de dicho cierre y del tratamiento de los residuos radiactivos”.

El plan deberá sustituir al vigente plan de residuos, que data de 2006. Cabe recordar que el Gobierno se opone a ese cierre progresivo de reactores y que recientemente Bruselas abrió expediente de infracción a España por no aplicar correctamente las directivas europeas en materia de residuos nucleares.

El documento recoge las propuestas que acaba de aprobar por mayoría la ponencia y todavía debe ser ratificado por la Comisión de Energía del Congreso en una reunión prevista, en principio, para el próximo 13 de junio, aunque la moción de censura de Pedro Sánchez puede alterar el calendario. El diputado de Podemos (Equo) Juantxo López de Uralde confía en que las resoluciones (entre la que está la relativa a Retortillo, que él mismo ha impulsado) salgan adelante.

Varias propuestas (como la de Retortillo) han contado con el rechazo del PP, que entiende, según su representante Guillermo Mariscal, que algunas de ellas “deberían plasmarse a través de iniciativas legislativas” y no a través de este cauce, que busca “reclamar mejoras a la actividad del CSN”.

En el documento se “insta al Gobierno a garantizar que Enresa siga siendo la responsable de llevar a cabo tanto la gestión de los residuos radiactivos como el desmantelamiento y clausura de las centrales”. En lo relativo al ATC, se urge al Ejecutivo y al CSN “a terminar y analizar, en el plazo más breve posible, el análisis de la instalación”, que lleva años empantanada en los tribunales y ni siquiera ha empezado a construirse. El CSN todavía debe pronunciarse sobre las autorizaciones de construcción y la de explotación que debe expedir el Ministerio de Energía. Medio Ambiente todavía no ha dado su visto bueno a la declaración de impacto.

Así, al regulador atómico se le urge “a explicar pormenorizadamente el estado actual de la evaluación de la solicitud de la autorización de construcción” y a constituir “una comisión asesora técnica externa para supervisar el proceso de la solicitud de autorización de construcción”. Esa comisión “deberá entrar en funcionamiento antes de julio de 2018”.

En materia de residuos, los diputados instan a “elaborar un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, y en particular para Garoña por su cierre definitivo”.

Al Ejecutivo, se le exhorta “a impedir que Garoña se convierta en un centro de alojamiento permanente de residuos” y a “impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento de las centrales nucleares” que contemple, entre otras medidas, “una correcta estimación de los costes”, “garantizar el equilibrio intergeneracional” y que el fondo del que dispone Enresa para ese fin cuente con “una provisión suficiente”.

En lo relativo al funcionamiento del CSN, los diputados reclaman “no prorrogar en ningún caso el mandato del actual y reprobado” presidente, Fernando Marti, que expira el 28 de diciembre; “actualizar la forma de elección del Presidente y los Consejeros” y que sus directores técnicos “sean elegidos de modo colegiado y con las mismas garantías de independencia que exigibles a un consejero”.

También se reclama al regulador nuclear que aplique el Código Ético que ya tiene aprobado, “implementar un Plan de Transparencia”, otro de Igualdad y una “regulación interna sobre incompatibilidades”; un procedimiento “claro y transparente de gestión de discrepancias”; y remitir un informe bimestral “detallado” al Congreso “de todos los viajes internacionales realizados por los miembros del Pleno, especificando el destino, así como su cuantía económica exacta, incluyendo a los acompañantes y los objetivos logrados en cada viaje” .

Además, se incluye una “cuestión fundamental para asegurar la independencia del CSN”: la “limitación del número de puestos de libre designación”, que en estos momentos suponen “más de un tercio de la plantilla”, con “criterios claros y transparentes” para estos puestos “basados en los principios de mérito y capacidad, para distinguirlos de los puestos de confianza”.

Fuente: eldiario.es

CSN rebaja el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar en Palomares

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) que debe ser retirada si bien no ha precisado en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares. En un documento remitido a la Audiencia Nacional, consultado por Europa Press, el regulador atómico admite que el volumen de suelo a retirar en la conocida como área 6 del mapa radiológico de la zona es “menor que el previsto inicialmente” de acuerdo a los cálculos del Ciemat y lo achaca a la toma en consideración “de otros escenarios y vías de exposición” a la radiación.
En concreto, indica que, con el “conocimiento que se tiene actualmente” tanto de la distribución espacial de la contaminación como de los niveles de esta en la zona y das las características orográficas y tipo de suelo, “está justificado reconsiderar” el escenario inicial con “criterios más realistas” al descartar un uso agrícola del suelo y centrarlo solo en el uso residencial.
Así, asegura que, como en esta área 6 sólo hay que tener en cuenta al trabajador que interviene en la construcción de viviendas, el nivel de intervención ha variado de 1 a 4 y el volumen de suelo a retirar también, siendo “menor que el previsto” de manera inicial en 2010. El regulador atómico sostiene, no obstante, que, en el caso de las zonas 2 y 3, no ha variado el escenario, que continúa siendo agrícola-residencial, por lo que tampoco el nivel de intervención 1.
“El volumen de tierra a retirar correspondiente a este nivel coincidiría, por tanto, con el estimado inicialmente por el Ciemat para estas zonas”, remarca. Cabe recordar que en la demanda que dio inicio a este procedimiento para instar a que se ejecute la limpieza de la zona, Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido “a instancias” del Department of Energy (DOE) de EEUU.
El colectivo asegura que, para ello, se “han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a”, lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense. “PONER EN RIESGO RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EEUU” No obstante, el documento aportado al procedimiento y en que se reconoce esa rebaja en la cantidad de tierra a retirar no es copia certificada del informe aprobado por el CSN en 2015, tal y como le requirió la Audiencia Nacional sino un anexo.
El regulador atómico se vuelve a acoger para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a
“todo el proceso relativo a Palomares” desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010. Así, comunica a la sala para justificar su no aportación que el citado informe posee un contenido cuyo conocimiento por
“persona no autorizada puede razonablemente dañar o poner en riesgo intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con EEUU”.
La Abogacía del Estado ya trasladó a la Audiencia Nacional que los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la limpieza de los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares eran “confidenciales” y que, por tanto, no podían ser aportados al procedimiento contencioso-administrativo impulsado para que se obligue a la ejecución del Plan de Rehabilitación aprobado por el Gobierno en 2010. Por este motivo, el colectivo ecologista presentó un recurso de reposición en el que interesa que se librase oficio para que el regulador atómico remitiese copia completa del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en mayo de 2010, el informe del departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.
Ecologistas en Acción argumentó ante la Audiencia Nacional que el anexo del acta de la reunión del CSN acreditaría que el informe del Departamento de Energía de EEUU habría motivado “la modificación de los criterios radiológicos acordados previamente en el Plan de Rehabilitación de mayo de 2010” y que dichos criterios “rebasan los límites legales para la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes” al contrario de lo que ocurre con el citado plan.
El objetivo, según añadió el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría “únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada”, lo que reduciría de 6.000 a 3.300 mmetros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU. Por su parte, la Abogacía del Estado ha asegurado a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo que, en
“ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”.
Ha sostenido, asimismo, que “el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares”, un extremo que este documento aportado ahora desmentiría. “IMPOSIBILIDAD” DE EJECUTAR EL PLAN Y FIJAR UN PLAZO En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado también ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar
“pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.
Ha reconocido, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y ha revelado que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.
Martí Scharfhausen junto al exministro Soria

Por último, ha trasladado a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

EEUU sacrificó la salud de soldados y vecinos para silenciar Palomares, aún contaminado con plutonio

Documentos ahora desclasificados revelan cómo se permitió que los militares trabajaran sin protección y se descartaran mediciones “alarmantemente altas” de plutonio, según revela The New York Times

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La zona sigue contaminada y el último acuerdo entre gobiernos para su limpieza aún espera que se firme un contrato para empezar los trabajos. (seguir leyendo)

Más sobre las bombas de Palomares:  almacennuclear.wordpress.com/?s=palomares