El coste de la era post-nuclear en España superaría notablemente los 20.000 millones de euros.

España se enfrenta a una nueva etapa del modelo energético y no solo por la incorporación masiva de nueva capacidad renovable. Mientras se llenan los tejados y el territorio de paneles solares y aerogeneradores, además del cierre de las centrales de carbón, se vislumbra el final de las nucleares. Pero tanto si se extiende su vida útil más de 40 años como si no, el debate no es solo cuándo se cierran sino cómo y cuánto va a costar hacerlo.

Y ésa es una de las preguntas que se han hecho los economistas Mª del Mar Rubio-Varas y Joseba de la Torre Campo de la Universidad de Navarra en el blog de economía Nadaesgratis.es. Reconocen que la sociedad española es mayoritariamente antinuclear pero hay que admitir que nuestro país es uno de los pocos del mundo (solo 33) que ha desarrollado de manera comercial esta tecnología, además de ser uno de los primeros. Más aún, los 7 GW repartidos en siete reactores representan el 20% de generación eléctrica peninsular y, solo en 2017, la producción eléctrica bruta de origen nuclear fue de 58.108,76 GWh siendo, un año más, la fuente que mayor contribución realizó al sistema eléctrico español.

Ahora toca echar cálculos sobre cuánto nos costará bajar la persiana y sobre todo, cómo hacerlo y en qué plazos. Los autores han hecho una estimación a partir de lo que ha costado desmantelar Zorita (que el próximo año finaliza todo el proceso, después de 16 años de trabajo), y «cerrar los siete reactores que están actualmente en activo, Almaraz I y II, Vandellós II, Ascó I y II, Cofrentes y Trillo y el apagado de Garoña dan como resultado que el coste de desmantelarlos asciende a 20.467 millones«.

Eso sin contar con una partida extra para el reactor I de Vandellós, que tras el incendio ocurrido en 1986, se decidió sellar e iniciar un proceso de desactivación que se mantendrá hasta 2028, año en el que se iniciará su desmantelamiento total.

Pero aún hay más, «habría que añadir la inversión en un Almacén Temporal Centralizado (actualmente paralizado), en los residuos ya generados (estimado en otros 700 millones), y posteriormente en un almacén geológico profundo (AGP) por varios siglos cuya ubicación y proyecto de construcción está aún por definirse», dicen los economistas.

Foro Nuclear señala que existen ATIs para almacenar los residuos ya generados en las centrales de Trillo, Ascó y José Cabrera (en desmantelamiento). Han finalizado la construcción de los de Almaraz y Santa María de Garoña (en predesmantelamiento), y Cofrentes ha comenzado la construcción del suyo en este año. Con datos a 31 de diciembre de 2017, el número de elementos combustibles irradiados almacenados temporalmente en las centrales nucleares españolas era de 15.362, de los que 13.897 se encuentran en piscinas y 1.465 en Almacenes Temporales Individualizados.

Según dicta la ley, la encargada de liderar todos estos procesos es la empresa nacional de residuos radiactivos Enresa, que actualmente cuenta con un presupuesto muy inferior a la cifra resultante que superaría notablemente los 20.000 millones de euros. «El fondo acumulado por la empresa pública a finales de este año es de unos 5.000 millones de euros», advierten, totalmente insuficiente para acometer semejante empresa de tanta envergadura.

Entonces, ¿cómo se va a conseguir acumular todo el dinero necesario para la era post-nuclear española? ¿del bolsillo de los consumidores? ¿de las tasas que pagan los propietarios de las centrales, fabricantes de elementos combustibles o titulares de otras instalaciones nucleares? Los economistas concluyen que efectivamente esa decisión «va más allá del análisis económico y financiero. Necesita del consenso social para decidir qué hacemos con nuestras centrales nucleares. Y desde luego debe ser discutido a fondo en el modelo de transición energética por el que se apueste».

Fuente: elperiodicodelanergia

Sanidad ocultó un escape radioactivo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid

Se produjo una fuga de líquido residual radiactivo hacia el exterior del complejo hospitalario

El Hospital Gregorio Marañón comunicó el pasado 1 de agosto al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una fuga de líquido residual de pacientes que se sometieron a tratamientos con algún tipo de isótopo, según fuentes del centro hospitalario, se trató de una incidencia «menor» en uno de los tres tanques de residuos de una de las estancias de almacenamiento y evacuación de residuos. A nivel del riesgo de trabajadoras y trabajadores del centro asistencial, podríamos estar en presencia de un delito contra la salud pública. Agustín Millán lo analiza en la siguiente información:

El incidente se produjo hace más de un mes, tanto sindicatos y trabajadores no fueron informados y no han sabido de este escape radioactivo hasta que ayer se lo filtraron a un medio de comunicación, lo que podría constituir un delito contra la salud pública de los profesionales.

CCOO Sanidad Madrid ha solicitado una reunión informativa urgente, para que el Hospital Universitario Gregorio Marañón explique la fuga ocurrida en la instalación radioactiva de Radioterapia del centro, que se produjo el pasado 1 de agosto. Una fuga de líquido residual radioactivo hacia el exterior del complejo hospitalario de nivel 1.

El incidente se produjo hace más de un mes, tanto sindicatos y trabajadores no fueron informados y no han sabido de este escape radioactivo hasta que ayer se lo filtraron a un medio de comunicación, lo que, advierte CCOO, podría constituir un delito contra la salud pública de los profesionales.

CCOO Sanidad también ha presentado una denuncia contra el Hospital Universitario La Princesa, por ocultar un brote de gastroenteritis aguda con origen en el comedor de personal y que según consta, afectó a 23 profesionales. Los representantes de los trabajadores no fueron informados ni en el tiempo ni la forma preceptivos. CCOO no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta dos semanas después del primer contagio.

El sindicato ha solicitado una reunión informativa urgente, para que el Hospital Universitario Gregorio Marañón explique lo ocurrido el pasado 1 de agosto. La Consejería de Sanidad ha reconocido que se produjo una fuga de líquido residual radioactivo hacia el exterior del complejo hospitalario.

El silencio y la falta de información en torno a ambos incidentes son actuaciones muy graves, insiste CCOO, ya que revela ocultación sistemática de información que por ley, los responsables de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tienen obligación de poner en conocimiento de los representantes de los trabajadores y de los delegados de Salud Laboral.

Brote Gastroenteritis

Con fecha 2 de septiembre de 2019, CCOO ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que acusa a la Dirección del Hospital Universitario La Princesa de inobservancia de las normas de Prevención y Salud Laboral y de no haber comunicado en tiempo y forma los hechos ocurridos. Desde el punto de vista epidemiológico se considera un brote cuando se detectan más de cuatro afectados y se debe notificar alerta alimentaria si el foco está en la comida. “También existe el deber de informar de ello a los trabajadores cuando el origen está en su centro de trabajo y en el comedor de personal”, denuncian desde el sindicato.

En el informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública, con posterioridad al conocimiento de los hechos se ha dado a conocer a los delegados de Salud Laboral. Una serie de incidencias en la cafetería de personal fueron detalladas, lo que revela que la falta de medidas preventivas y la mala organización del trabajo pueden ser los causantes del contagio.

CCOO denuncia también que el Servicio de Prevención del hospital no tomó ninguna medida al respecto, no se informó al resto de trabajadores para extremar precauciones, ni se puso en contacto con los profesionales afectados. No consta que se hayan registrado dichos accidentes (23 profesionales afectados) como laborales aunque hubieran cursado sin baja médica.

Falta de coordinación

En el escrito a la Inspección de Trabajo no se informa del hecho al Comité de Seguridad y Salud. “Los delegados/as se enteran por casualidad al ver un punto del orden del día de una reunión convocada por el hospital por otra circunstancia, la pérdida de fármacos por un valor de 300.000 euros, por un supuesto fallo eléctrico. Incumplieron también el deber de información, consulta y participación ante un hecho que podría ser calificado como grave por el número de personal afectado”, como se indica en la denuncia de CCOO.

Fuente : kaosenlared.net