El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla sobre los impuestos a la energía nuclear

Como conclusión, esos impuestos no violan el principio de no discriminación de la normativa europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido sus conclusiones sobre los impuestos a la energía nuclear. Declara que no violan el principio de no discriminación de la normativa europea.  Ni los impuestos a la producción, ni al almacenamiento de combustible, ni a los residuos nucleares

Fueron cuatro las peticiones de decisión prejudicial planteadas ante el TFUE por el Tribunal Supremo en 2018. Tras la vista realizada en febrero de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido sus conclusiones. Las cuestiones habían sido planteadas ante el supremo por Unesa, Endesa, Naturgy e Iberdrola y el Estado Español. En el fondo del asunto, una posible discriminación por los impuestos a la producción y almacenamiento de combustible, así como a los residuos nucleares.

El TJUE emitió su fallo el pasado 7 de noviembre. Considera que los impuestos españoles a la producción y almacenamiento de combustible y de residuos nucleares no violan el principio de no discriminación contenido en la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En sus conclusiones, el TJUE informa que no hay discriminación, a pesar de gravar únicamente a las empresas de generación que utilizan energía nuclear. Y, a pesar de que su objetivo principal no sea proteger el medio ambiente.

Aclaraciones

Aclara que la directiva no constituye una medida relativa a la aproximación de las disposiciones fiscales de los Estados miembros. Por ello, añade que el principio de no discriminación recogido en la medida no se aplica a una normativa nacional que establece impuestos sobre producción y almacenamiento de combustible y residuos nucleares.

En consecuencia, sentencia, la directiva no se aplica a una a una normativa nacional, como la española. La misma establece impuestos sobre la producción y el almacenamiento de combustible y de residuos nucleares.

Impuestos a la energía nuclear

El litigio se  produjo cuando el Tribunal Supremo remitió al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales. Fue como consecuencia de diferentes procedimientos entre Unesa, Endesa, Naturgy e Iberdrola y el Estado español.

Las eléctricas interpusieron ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra una orden ministerial. La misma aprobaba los modelos de autoliquidación y pago de los impuestos sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación. Asimismo, sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.

Su argumento principal era que esta forma de tributación, en la práctica, constituye una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear. Y que, además, distorsiona el mercado español de la electricidad.

También el Supremo sometió estos impuestos a una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Podrían ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución. Sin embargo, el Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que se debía plantear primero una cuestión prejudicial. Este criterio surgió por las dudas del Tribunal Supremo acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión.

Conclusiones

El TJUE ha declarado:

  1. «El principio de no discriminación (.) debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece impuestos sobre la producción y el almacenamiento de combustible y de residuos nucleares, como es el caso de los impuestos sobre la energía nuclear objeto de los litigios principales, que solo gravan a las empresas de generación de electricidad que utilizan energía nuclear, y cuyo objetivo principal no consiste en proteger el medio ambiente, sino en incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica».
  2. «El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, cuando el objetivo medioambiental y las características de los impuestos medioambientales previstos por la misma no encuentran concreción en la parte vinculante de esta normativa».

Fuente:  energynews.es/tjue-falla-sobre-impuestos-a-la-energia-nuclear/

Endesa, Iberdrola y Naturgy afrontan un alza de costes de 900 M para el apagón nuclear

La barata energía nuclear parece que empieza a aflorar sus costes reales.

El Ministerio para la Transición Ecológica prepara una subida de la tasa a Enresa para los productores de energía nuclear de casi un 20%. Un alza que traerá aparejado un aumento de costes para los principales operadores de centrales atómicas (Endesa, Iberdrola principalmente y en menor medida, Naturgy y EDP) de cerca de 900 millones de euros hasta el final de la vida de estas plantas a partir del 1 de enero de 2020.

Este coste extra viene del borrador de real decreto ley que está tramitando el departamento dirigido por Teresa Ribera sobre la base de los años de vida que el propio Gobierno pactó con las eléctricas para el cierre de las centrales nucleares. La memoria económica del ‘Proyecto de real decreto por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (Enresa) a las centrales nucleares en explotación’ señala que la tasa pasa de los 6,69 euros/MWh a 7,98 euros MWh (+20%).

Teniendo en cuenta que la producción nuclear oscila entre los 55.000MWh y los 60.000MWh al año y sabiendo que las siete centrales hoy activas se cerrarán paulatinamente entre 2027 y 2035, las empresas afrontan un coste durante los próximos 15 años de más de 5.000 millones de euros.

La cuestión no ha pasado desapercibida para los analistas de las grandes ‘utilities’ cotizadas. La pasada semana, el director financiero de Endesa, Luca Passa, respondía a preguntas de los expertos que la firma propiedad de Enel se enfrenta a un coste extra de aproximadamente 30 millones de euros al año.

Esto lleva a Endesa a enfrentarse a un pago a mayores respecto a la situación actual de alrededor de 400 millones de euros al año. Otro tanto tendrá que asumir Iberdrola y en menor medida, en torno a 100 millones, es el montante de más que deberán pagar Naturgy y EDP.

La subida que prepara el ramo de Energía del Gobierno se da en plena renovación del Plan Nacional de Residuos Radiactivos. El actual -el sexto- está vigente desde el año 2006 ya que los sucesivos Gobiernos desde entonces no han abordado este tema. Una cuestión importante dado que el Fondo de Enresa, destinado a cubrir las necesidades futuras para la gestión y el desmantelamiento nuclear, es insuficiente.

Fuente: elconfidencial