El secreto de los ciudadanos-cobaya de Palomares

En la mañana del 17 de enero de 1966 un bombardero B-52 de la USAF intentó aproximarse a un avión cisterna KC-135 para reabastecerse en vuelo sobre el cielo de Palomares (Almería).

El B-52 había despegado de la Base de Seymour Johnson, en Carolina del Norte, a las 17.11, hora local. El accidente se produjo cuando en la costa este de los EEUU eran las 04.22. La fatiga ocasionada por más de once horas de vuelo con fallos en el piloto automático y con el ritmo circadiano adaptado a las cuatro de la madrugada, los tripulantes del B-52 no percibieron que la velocidad de aproximación al avión cisterna era excesiva y colisionaron con él.

Tras el choque, el B-52 soltó las cuatro bombas termonucleares que portaba. A dos de ellas no les funcionó el paracaídas e impactaron violentamente contra el suelo liberando los aproximadamente cuatro kilos y medio de plutonio que portaba cada una.

El viento esparció los nueve kilos de partículas radiactivas de oxido de plutonio por los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora. Los norteamericanos, en vez de limpiar la zona se limitaron a cubrir con tierra 103,6 hectáreas contaminadas. También depositaron residuos radiactivos en dos fosas de 1.000 m3 y 3.000 m3 de capacidad. Únicamente se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 1.000 metros cúbicos de residuos radiactivos que contenían unos 270 gramos de plutonio. Los aproximadamente 8 kilos y 700 gramos restantes los dejaron en Palomares.

El Gobierno de Franco y el de EEUU se pusieron de acuerdo en guardar el secreto y afirmaron con rotundidad que los terrenos habían quedado perfectamente limpios de radiactividad. Recordemos las declaraciones del Ministro Manuel Fraga Iribarne al periódico Arriba de fecha 13 de febrero de 1966: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”. Las autoridades del momento repartieron certificados a los propietarios garantizando que los terrenos contaminados estaban limpios de radiactividad.

Con este engaño a la opinión pública se puso en marcha el Proyecto Indalo que tenía como principal objetivo analizar las consecuencias de la radiactividad en los seres humanos. El proyecto no pretendía limpiar Palomares de radiactividad, lo que se buscaba en secreto era exclusivamente estudiar científicamente los efectos de la radiactividad en la población, el ganado, los alimentos, la fauna silvestre y el medio ambiente en general.

Para poner en marcha este enorme laboratorio con seres vivos se desplazó a España el famoso Dr. Wright Langham, al que varios autores le han atribuido haber inyectado plutonio a dieciocho ciudadanos de EEUU sin su consentimiento. De este modo, la Junta de Energía Nuclear y posteriormente el organismo que la sustituyó, el actual CIEMAT, en colaboración con los EEUU dispusieron durante muchos lustros de un laboratorio de cobayas humanas sin ellas saberlo.

Algunos científicos de la Junta de Energía Nuclear y del CIEMAT, estaban muy orgullosos de ser los únicos en el mundo que experimentaban con una población de seres vivos. Su vanidad no les permitió guardar el secreto delante de la comunidad científica y en alguna conferencia pronunciada en el extranjero dieron datos sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Palomares.

Las filtraciones provenientes del extranjero y la desclasificación de algunos documentos en EEUU hicieron que la opinión pública y los habitantes de Palomares empezaran a sospechar que había radiactividad en la zona. El 4 de octubre de 1985, los habitantes de Palomares hartos de tanto secreto se negaron a volver a Madrid para ser analizados si no les entregaban los resultados de las pruebas.

La Junta de Energía Nuclear y los norteamericanos se echaron a temblar ante el riesgo de perder un laboratorio tan valioso para sus experimentos y el 29 de octubre de 1985 mandaron una carta a los afectados, con los resultados de los análisis, pero los informes no iban completos, por ejemplo faltaba y falta la prueba de dosimetría biológica, que consiste en analizar el daño causado por el plutonio en las cadenas de ADN.

Los científicos del CIEMAT siguieron filtrando involuntariamente datos en el extranjero. Esto le sucedió por ejemplo a Emilio Iranzo, responsable de Palomares en el CIEMAT  cuando publicó en 1987 un artículo en Health Physics con el título “Air Concentrations and Potencial Radiation Doses to People Living Near Contaminated Areas in Palomares (Spain)”. También dio datos desconocidos hasta entonces en la conferencia pronunciada en Orlando (Florida) el 31 de octubre de 1988. A pesar del secreto, a finales de los años ochenta los investigadores privados no tenían ninguna duda de que en Palomares había mucha radiactividad, aunque todavía no sabían la cantidad, ni la ubicación exacta.

Desde 1966 hasta mediada la década de los ochenta la actividad agrícola se desenvolvió a pequeña escala. Fue a partir de 1986 cuando la agricultura adquirió un alto nivel de desarrollo y comenzaron a cultivarse masivamente productos hortícolas sobre las tierras contaminadas.

Entre el 12 de abril de 1986 y el 14 de junio del mismo año se construyó una gran balsa junto al cementerio, en una zona con muy altos niveles de radiactividad. Los trabajadores-cobaya lanzaron al aire las partículas de  plutonio allí depositadas. El CIEMAT aprovechó para medir el aumento de la radiactividad en el aire, en las personas, el ganado y los alimentos  pero no advirtió a los trabajadores-cobaya de que estaban metidos en una nube de polvo radiactivo, que el viento se encargaba de extender a varios kilómetros de distancia.

En el informe periódico que Emilio Iranzo envió el 16 de febrero de 1987 a Chester Richmon, su alter ego en EEUU, le explicó cómo se había propagado la radiactividad durante la construcción de la balsa e incluso narró el detalle  de que las tierras radiactivas habían sido transportadas en camiones a cielo abierto que iban soltando polvo radiactivo por donde pasaban. Iranzo no dedicó ni una sola palabra a tomar medidas para evitar la extensión de la radiactividad. En el informe secreto, sólo se mostró preocupado por la creciente inquietud de los habitantes de Palomares respecto a la verdadera situación radiológica de la población, lo que podía provocar un plante similar al del 4 de octubre de 1985.

En enero de 1988 se volvió a repetir la historia, los trabajadores-cobaya volvieron a construir otra enorme balsa junto a la anterior con la consiguiente dispersión de las partículas radiactivas por efecto del viento. El CIEMAT tampoco adoptó ninguna medida para evitarlo se limitó a cumplir con la misión del Proyecto Indalo, investigar con seres vivos.

Durante los seis meses que duró la construcción de la segunda balsa, el CIEMAT únicamente midió el aumento de la radiactividad. Con los datos obtenidos, tres científicos del CIEMAT: J. Martínez, A. Espinosa y A. Aragón elaboraron un estudio cuyo objeto era “Determinar experimentalmente la variación de partículas de polvo en suspensión debido a la realización de diferentes labores agrícolas”.

Los datos obtenidos en Palomares los compararon con los producidos por los mismos trabajos agrícolas efectuados en Chernóbil y llegaron a la conclusión de que la concentración  de partículas de plutonio en el aire aumentaban en mayor medida en Palomares que en Chernóbil.

La comparación entre Palomares y Chernóbil se volvió a repetir en 2012. Científicos alemanes contratados por la cadena pública ZDF, compararon  la radiactividad existente en ambas poblaciones y concluyeron que en Palomares hay puntos calientes de plutonio con dieciséis veces más radiactividad que en la zona de exclusión de Chernóbil.

La gran diferencia entre las pruebas agrícolas realizadas en 1988 por el CIEMAT en Palomares y Chernóbil para comparar ambos escenarios, es que en Palomares dispusieron de trabajadores vivos para sus experimentos y en Chernóbil tuvieron que recurrir a pruebas de laboratorio porque allí está prohibido experimentar los efectos de la radiactividad en seres humanos sin contar con su consentimiento.

El CIEMAT siguió permitiendo durante muchos años que se cultivaran y se comercializaran productos agrícolas procedentes de tierras altísimamente contaminadas sin tomar absolutamente ninguna medida de protección, hasta que surgió la burbuja inmobiliaria y el Gobierno decidió limpiar la zona.

Los planes urbanísticos de los ayuntamientos de Vera y Cuevas del Almanzora pretendían urbanizar los terrenos contaminados para lo cual era preciso limpiarlos antes de construir los adosados porque nadie compra un chalet con plutonio y americio en el garaje. El interés urbanístico fue tan desaforado que los constructores no esperaron a la limpieza y metieron las máquinas en los terrenos radiactivos liberando así el plutonio que los norteamericanos habían tapado con tierra en 1966. Los desmontes llegaron a escasos metros de una de las fosas secretas, la de 3.000 m3. Este lanzamiento del plutonio a la atmósfera aumentó la contaminación del aire y de las personas que desconocedoras del peligro trabajaron en el movimiento de tierras.

Fue entonces cuando el Gobierno empezó a tomar medidas de protección expropiando las zonas contaminadas y vallándolas en base a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 62/2003 que aprobó el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica, PIEM-VR. Eligieron ese extraño nombre para seguir ocultando a la opinión pública que los terrenos a expropiar estaban en Palomares.

En el periódico El País de fecha 18 de noviembre de 2004, el alcalde pedáneo de Palomares y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, D. Juan José Pérez, manifestó la intención del Ayuntamiento de urbanizar los terrenos contaminados. En la actualidad, todos los terrenos contaminados están clasificados como urbanizables o de uso agrícola, así aparecieron clasificados en el BOJA de fecha 24 de marzo de 2009 que publicó el POTLA, Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense.

El 5 de mayo de 2010 el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el Plan de Rehabilitación de Palomares elaborado por el CIEMAT, que consiste en limpiar 50.000 m3 de tierra contaminada para reducirlos a 6.000 m3 y trasladarlos a Estados Unidos, pero los americanos consideraron que 6.000 m3 era mucha cantidad a almacenar y presionaron al Gobierno español para que en vez de limpiar 50.000 m3 limpiasen sólo 28.000 m3, dejando el resto esparcido por el terreno.

Para reducir  el volumen de las tierras a almacenar, el US Department of Energy, DOE, envió al Ministerio de Asuntos Exteriores español el documento titulado Evaluation of Alternatives for Remediation of Soil of Contamination at de Palomares Accident Site (DOE/NV-1536) donde el DOE propone modificar los criterios radiactivos aprobados por el CSN el 5 de mayo de 2010 para así poder dejar casi la mitad del plutonio en Palomares. De esta forma conseguirán dos objetivos: de un lado reducirán los costes de almacenamiento de los residuos, y de otro, continuarán disponiendo de un laboratorio en vivo, sobre todo entre los trabajadores de la construcción, que será la población con más riesgo, según anunció el CSN en el informe remitido al Congreso de los Diputados el 22 de marzo de 2017. Esperemos que cuando estos operarios finalicen las obras, el CIEMAT tenga la deferencia de informarles de la situación en que han quedado sus cadenas de ADN.

El Gobierno español se plegó a las presiones del DOE, y el CSN en la reunión celebrada el 22 de julio de 2015 aprobó limpiar sólo 28.000 m3. Fue entonces cuando se firmó el acuerdo Kerry-Margallo el 19 de octubre de 2015.

Si limpian solo 28.000 m3 no se solucionará el problema y habrá que dejar zonas con restricciones de uso, como ya ha reconocido el CSN. A pesar de rebajar los 50.000 m3 a sólo 28.000 m3, la nueva Administración norteamericana no tiene la menor intención de llevarse el plutonio, ni mucho, ni poco.

En la actual situación lo lógico es que el CSN ordene al CIEMAT que ponga en práctica el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en 2010, sin tener en cuenta la modificación de los criterios radiológicos acordada en 2015, y que los 6.000 m3 de tierra contaminada sean almacenados provisionalmente en donde decida ENRESA, a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene porqué estar en EEUU.

El anterior Ministro de Asuntos Exteriores español, Sr. Margallo, declaró confidencial el documento del US DOE que presionaba para reducir el volumen de las tierras a tratar. El CSN hizo lo mismo con el acuerdo de 22 de julio de 2015. De este modo el Gobierno pudo presentar en vísperas electorales el acuerdo Kerry-Margallo como un triunfo, cuando en realidad fue una claudicación ante el Consejo de Seguridad Nacional de los EE.UU. que es quien dirige el asunto de Palomares.

Hace más de dos meses, el coordinador nacional de Ecologistas en Acción pidió al actual Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Borrell, que desclasifique el documento del DOE para que podamos saber en qué criterios “científicos” se basan para querer dejar casi la mitad del plutonio esparcido por Palomares. Esperamos que diga algo, aunque sólo sea por educación.

La tragedia de Palomares ha estado sometida desde casi sus comienzos a la Ley de Secretos Oficiales 9/1968 de 5 de abril. Se está utilizando, una vez más, la Ley franquista de Secretos Oficiales para ocultar comportamientos inconfesables por parte de los sucesivos gobiernos de la “democracia”.

Fuente: infolibre

Más sobre la contaminación en Palomares (Almeria)

ENRESA investiga cómo se filtró agua de lluvia en una celda de El Cabril

 

Enresa asegura que el agua filtrada en una celda de El Cabril no requiere actuar

El hallazgo de esta anomalía se produjo en una comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29, hecha en diciembre de 2017.

Enresa, la empresa nacional que gestiona el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad de El Cabril, ha asegurado que el agua filtrada en una celda (la 29) no requiere ninguna actuación y que los análisis efectuados han descartado “totalmente cualquier riesgo radiológico”.

En un comunicado, Enresa explica que el diseño de las celdas destinadas al almacenamiento de residuos de muy baja actividad “contempla la posible entrada y recogida de aguas procedentes de infiltraciones, lluvias o condensaciones producidas en las propias celdas”. Por este motivo, añade la empresa, “cada celda incorpora una red de recogida de lixiviados que conduce dichas aguas hasta un depósito final de control, permitiendo de esta forma la vigilancia y control de las mismas”.

La empresa recuerda que la filtración se produjo en diciembre del 2017, durante las obras de cierre de la sección en la que se encuentra la celda 29, cuando las cubiertas de protección se habían desmontado para iniciar el proceso de cierre definitivo. En las labores de vigilancia se observó que el agua recogida en los depósitos de control “era superior a la cantidad media establecida”, y por ello se analizó para conocer su origen, estableciéndose que procedía de la lluvia y que no existía riesgo.

En marzo pasado se finalizó el proceso de cierre, “sin que desde entonces se hayan detectado cantidades de agua superiores a la media especificada”, concluye el comunicado.

Información sobre la filtración de agua

El coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha informado hoy de que pedirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información sobre la filtración de agua de lluvia en una de las celdas de almacenamiento del cementerio de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), según refleja un informa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde se ha reunido con trabajadores del Infoca, Maíllo ha mostrado su “preocupación” por el informe del CSN y su contenido, y ha adelantado que IU pedirá información sobre “cómo se ha podido producir esa filtración y cómo no se han activado mecanismos de seguridad y de prevención, sobre un hecho que ocurrió en diciembre de 2017”.

A su juicio, el hecho de que se haya producido una filtración en una celda que se supone debe estar “absolutamente blindada”, lanza un mensaje de falta “de previsión o de blindaje”.

Filtración no contemplada en el protocolo de seguridad

“Si se produce una filtración hacia dentro, también se puede producir hacia afuera”, ha sugerido el coordinador andaluz de IU, quien ha considerado este hecho como “muy grave” al ser una “filtración que no se contemplaba” en el protocolo de seguridad.

El informe del CSN que se entrega anualmente al Congreso de los Diputados refleja que los análisis realizados hasta el momento descartan el riesgo, dado que “los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección”.

Panorámica del ATC de El Cabril, en CórdobaEvolución de la población de Hornachelos (Córdoba)

Fuente: EFEverde y diariocordoba

 

Despoblación es el segundo nombre del almacén nuclear de Córdoba

Almacen de El Cabril (Córdoba)

El almacén de El Cambril alberga materiales radioactivos con una vida de más de trescientos años. La falta de transparencia sobre el transporte sin medidas de seguridad por vía terrestre y los residuos de centrales nucleares como Garoña ha llevado al grupo de IU Andalucía a pedir una visita “urgente” de la Comisión Europea a estas instalaciones.

En Hornachuelos, un municipio de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Córdoba, se ubica el único cementerio de residuos radioactivos que existe en España. Sus instalaciones, conocidas como El Cabril, se mantienen en la comarca cordobesa del Guadiato. A tan solo cincuenta kilómetros del área de población.

La lucha de ecologistas y partidos políticos de la zona como Izquierda Unida se centra en el conocimiento de los materiales que se almacenan en él. Son de alta, media, baja y muy baja intensidad procedentes, en un amplio porcentaje, de restos de centrales nucleares españolas. La descomposición de estos compuestos tiene una duración media que supera los 300 años.

Las instalaciones de El Cabril, gestionadas desde los años ochenta por la empresa pública Enresa, prometían bienestar económico a la zona y un bajo índice de paro. Hoy esta comarca con posible irradiación ha provocado un 50% de desempleo. Pero so no es lo único. El despoblamiento es otro grave problema, que se visualiza en municipios como Peñarroya Pueblonuevo, centro neurálgico de la comarca. En medio siglo casi 20.000 habitantes han salido del censo.

Si llegan los últimos restos de centrales como Garoña se superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear

Paco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

El cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

El cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

“El cementerio nuclear del Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la Península Ibérica”, afirma Castejón. Muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas. En estas condiciones, añade que no tiene ningún sentido “la ampliación de este almacén”.

El incumplimiento de las directivas europeas

La preocupación de los riesgos del traslado de restos radioactivos es cada vez más alarmante entre colectivos como la Plataforma Antinuclear de Córdoba. Pepa Beiras recuerda a Público que “este cementerio está es un sitio equivocado, en plena sierra de Hornachuelos, a las puertas de un parque natural, con un grave riesgo sísmico. Y encima ha generado nulo desarrollo de la zona” que no solo afecta al Guadiato. También a zonas de la Campiña Sur de Badajoz y la Sierra Norte de Sevilla.

“Este cementerio ha generado nulo desarrollo de la zona”

Alberto Ruiz Peña, miembro de Ecologistas en Acción y de IU en Extremadura reclama la fragilidad de los suelos graníticos en la comarca que “de por sí son suelos radiactivos”. De la descomposición del material de estos suelos se desprendería gases como el radón, “altamente cancerígeno para la población”. A pesar de los intentos de peticiones para la realización de estudios oncológicos por parte de la Consejería de Salud de la Junta, los ecologistas no han conseguido dar una respuesta sobre la cifras de muertes por cáncer que hay en la zona de afectación del Cabril.

Encuentro de ecologistas en Acción por el desmantelamiento de El Cabril.

Encuentro de ecologistas en Acción por el desmantelamiento de El Cabril.

La falta de transparencia sobre el tipo de material radioactivo que se ubica en el Cabril han llevado al grupo Izquierda Unida Andalucía a presentar una solicitud de respuesta ante la Comisión Europea para investigar el posible traslado de ‘basura radiactiva’ con total opacidad al cementerio nuclear de El Cabril, procedente en los últimos meses de la central nuclear de Garoña.

La falta de transparencia de El Cabril hace temer lo peor, explica Maíllo, coordinador de IU

El coordinador de IU, Antonio Maíllo ha destacado que este “silencio” hace temer lo peor. “Se antoja urgente presentar iniciativas ante la Comisión Europea porque no podemos permitir que Andalucía sea un cementerio que amplia instalaciones para asumir la basura radioactiva” del norte de España.

Maíllo considera indispensable “solicitar la visita de una misión de investigación de la Comisión Europea y Europarlamento a Hornachuelos” para que las instalaciones de El Cabril sean realmente “transparentes”. El traslado de residuos radiactivos sin medidas de seguridad por transporte terrestre supondría una grave “violación de las Directivas sobre participación pública, Habitas y Aves y gestión de residuos radioactivos”.

Una lucha por el desmantelamiento desde los años 80

Pedro Cabrera es vecino del pueblo de Peñarroya y portavoz de IU en el municipio. Como conocedor de la situación habla de un claro “despropósito” con una población envejecida por el despoblamiento. “Sabemos que nuestros jóvenes se van, que hay paro, que nadie se quiere quedar aquí y encima la Junta que cobra el impuesto del Gobierno Central por tener este tipo de instalaciones no lo revierte en la zona”.

“La Junta, que cobra el impuesto del Gobierno Central por tener este tipo de instalaciones, no lo revierte en la zona”, denuncian los vecinos

Cabrera habla de varios planes fallidos para los vecinos que se encuentran en el entorno del Cabril. “Aún nos deben millones de euros del Plan Miner de Europa de hace cinco años. La Ecotasa que cobra la Junta por albergar este tipo de instalaciones con materiales radioactivos no se invierte con fondos. Tampoco llegan a los vecinos con planes de empleo ni ayudas”. La partida presupuestaria de esta tasa asciende a los ocho millones de euros en 2016 desde el Gobierno central.

Pedro Cabrera no puede olvidar las primeras movilizaciones en torno a la actividad de la empresa Enresa en el año 1984. “Los vecinos aún luchaban y se manifestaban. Pedían ayudas públicas y un puesto fijo para dar crecimiento a una zona que había tenido minas de uranio en los años 30”. Enresa empieza su actividad como empresa pública sin dar crecimiento a la zona. “Los jóvenes se iban a Córdoba a estudiar, los más mayores son los que se han ido quedando pero sabemos que ese era el objetivo de la empresa, iniciar una actividad de alta peligrosidad en zonas despobladas” sin mediar con los vecinos.

Residuos almacenados sin autorización

Aedenat inició hace más de dos décadas una lucha legal que, tras varias sentencias en contra de Enresa y sus consiguientes recursos, consiguió una sentencia firme del Tribunal Supremo en contra de esta empresa pública. En el año 2002 se declaraba la ilegalidad del cementerio nuclear. En la actualidad las instalaciones solo han tenido el propósito de continuar en crecimiento. La sentencia no ha trascendido para cesar el almacenamiento de material que siempre se había creído con procedencia única de residuos de hospitales.

El Supremo declaró ilegal el cementerio en el año 2002

El almacenamiento en el Cabril se encuentra actualmente a un 70% de su capacidad. La industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento para permitir el alargamiento del parque nuclear.

Ante esta situación, el Movimiento Ibérico Antinuclear recalca que la mayor opacidad en este asunto fue el traslado en 2015 de más de de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca) al Cabril. Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años. “Este material sería mucho más peligroso con una vida de millones de años de radiación y que no permitirían estar dentro de estas instalaciones”, afirma Alberto Ruiz Peña.

Un transporte de residuos radioactivos condestino al cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

Un transporte de residuos radioactivos condestino al cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

A la espera de una respuesta por parte de la Comisión Europea, las movilizaciones de en las zonas del Cabril pretenden mover con más fuerza la conciencia de los ciudadanos. La paralización en Villar de Cañas de otro almacén nuclear no augura una vida corta para el Cabril. “Ya saben la experiencia de Hornachuelos y los vecinos de Villar de Cañas no quieren vivir cerca de estos materiales que solo traen despoblamiento”.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha exigido en un reciente comunicado el “cierre escalonado” de todas las centrales nucleares para no seguir aumentando el problema irresoluble de los residuos radiactivos, y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que el Cabril no tiene autorización. “Buscamos que no haya traslados ni riesgos para una población que tampoco tiene beneficios por un riesgo de vivir en una zona con peligro de radiación”.

El oscurantismo del Gobierno con Palomares

Ecologistas en Acción ha solicitado a la Audiencia Nacional que requiera al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) “bajo los apercibimientos legales oportunos” para que aporte realmente copia certificada del informe que aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) ya que estima que el regulador atómico está “ocultando”.

El colectivo conservacionista remarca que el documento aportado a la causa que se sigue para obligar a que se ejecute el Plan de Rehabilitación aprobado para la zona en 2010 está “sin firmar, sin portada y sin fecha” y “no es el admitido como prueba por la sala”.

El recurso elevado a la Audiencia Nacional, consultado por Europa Press, indica que el documento enviado por el CSN es “un resumen” del solicitado “donde obviamente se recogen exclusivamente las tesis mantenidas por la Abogacía del Estado en su escrito de contestación a la demanda”.

“Se ocultan los motivos por los cuales se han modificado por el CSN los criterios radiológicos aprobados favorablemente por el CSN en su sesión celebrada el 5 de mayo de 2010. Dicho documento de autor anónimo ha sido elaborado presuntamente con el único objeto de ser aportado a la presente causa”, reprocha Ecologistas en Acción.

En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

El colectivo conservacionista remarca que el documento aportado a la causa que se sigue para obligar a que se ejecute el Plan de Rehabilitación aprobado para la zona en 2010 está “sin firmar, sin portada y sin fecha” y “no es el admitido como prueba por la sala”.

Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares.

No obstante, el documento aportado al procedimiento y en que se reconoce esa rebaja en la cantidad de tierra a retirar no es copia certificada del informe aprobado en el citado pleno, tal y como le requirió la Audiencia Nacional, sino un anexo. El regulador atómico se vuelve a acoger para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a “todo el proceso relativo a Palomares” desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.

 

“Vulneración de la constitución”

A este respecto, Ecologistas en Acción alega ante la Audiencia Nacional que la negativa a aportar el documento admitido como prueba “vulnera” el artículo 105b) de la Constitución pues “poner en riesgo los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con EEUU no afecta a la defensa y la seguridad de España”.

“La no entrega del documento solicitado vulnera derechos fundamentales como son el de defensa, el de utilizar los medios de prueba que le son necesarios y el de tutela judicial efectiva de jueces y tribunales”, sostiene para solicitar que se requiera al CSN “bajo los apercibimientos legales oportunos” para que remita copia certificada del Informe de la Dirección Técnica de Protección Radiológica evaluando los niveles de intervención para la restauración de los terrenos afectados por el accidente de Palomares que fue aprobado en la sesión del CSN celebrada el 22 de julio de 2015.

El documento impugnado por el colectivo conservacionista admite que el volumen de suelo a retirar en la conocida como área 6 del mapa radiológico de la zona es “menor que el previsto inicialmente” de acuerdo a los cálculos del Ciemat y lo achaca a la toma en consideración “de otros escenarios y vías de exposición” a la radiación.

Así, asegura que, como en esta área 6, residencial, sólo hay que tener en cuenta al trabajador que interviene en la construcción de viviendas, el nivel de intervención ha variado de 1 a 4 y el volumen de suelo a retirar también, siendo “menor que el previsto” de manera inicial en 2010.

El regulador atómico sostiene, no obstante, que, en el caso de las zonas 2 y 3, no ha variado el escenario, que continúa siendo agrícola-residencial, por lo que tampoco el nivel de intervención 1. “El volumen de tierra a retirar correspondiente a este nivel coincidiría, por tanto, con el estimado inicialmente por el Ciemat para estas zonas”, remarca.

De 50.000 a 28.000 metros cúbicos de tierra

Cabe recordar que en la demanda que dio inicio a este procedimiento para instar a que se ejecute la limpieza de la zona, Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido “a instancias” del Department of Energy (DOE) de EEUU.

El colectivo asegura que, para ello, se “han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a”, lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.

Así, considera que el anexo del acta de la reunión del CSN acreditaría que el informe del Departamento de Energía de EEUU habría motivado “la modificación de los criterios radiológicos acordados previamente en el Plan de Rehabilitación de mayo de 2010” y que dichos criterios “rebasan los límites legales para la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes” al contrario de lo que ocurre con el citado plan.

El objetivo, según añade el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría “únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada“, lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha asegurado a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo que, en “ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”.

“Imposibilidad” de ejecutar el plan y fijar un plazo

En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado también ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar “pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.

Ha reconocido, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y ha revelado que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.

Por último, ha trasladado a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

 

EEUU sacrificó la salud de soldados y vecinos para silenciar Palomares, aún contaminado con plutonio

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Más sobre las bombas de Palomares:   almacennuclear.wordpress.com/?s=palomares

Fuente: ecoticias.com

CSN rebaja el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar en Palomares

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) que debe ser retirada si bien no ha precisado en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares. En un documento remitido a la Audiencia Nacional, consultado por Europa Press, el regulador atómico admite que el volumen de suelo a retirar en la conocida como área 6 del mapa radiológico de la zona es “menor que el previsto inicialmente” de acuerdo a los cálculos del Ciemat y lo achaca a la toma en consideración “de otros escenarios y vías de exposición” a la radiación.
En concreto, indica que, con el “conocimiento que se tiene actualmente” tanto de la distribución espacial de la contaminación como de los niveles de esta en la zona y das las características orográficas y tipo de suelo, “está justificado reconsiderar” el escenario inicial con “criterios más realistas” al descartar un uso agrícola del suelo y centrarlo solo en el uso residencial.
Así, asegura que, como en esta área 6 sólo hay que tener en cuenta al trabajador que interviene en la construcción de viviendas, el nivel de intervención ha variado de 1 a 4 y el volumen de suelo a retirar también, siendo “menor que el previsto” de manera inicial en 2010. El regulador atómico sostiene, no obstante, que, en el caso de las zonas 2 y 3, no ha variado el escenario, que continúa siendo agrícola-residencial, por lo que tampoco el nivel de intervención 1.
“El volumen de tierra a retirar correspondiente a este nivel coincidiría, por tanto, con el estimado inicialmente por el Ciemat para estas zonas”, remarca. Cabe recordar que en la demanda que dio inicio a este procedimiento para instar a que se ejecute la limpieza de la zona, Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido “a instancias” del Department of Energy (DOE) de EEUU.
El colectivo asegura que, para ello, se “han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a”, lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense. “PONER EN RIESGO RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EEUU” No obstante, el documento aportado al procedimiento y en que se reconoce esa rebaja en la cantidad de tierra a retirar no es copia certificada del informe aprobado por el CSN en 2015, tal y como le requirió la Audiencia Nacional sino un anexo.
El regulador atómico se vuelve a acoger para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a
“todo el proceso relativo a Palomares” desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010. Así, comunica a la sala para justificar su no aportación que el citado informe posee un contenido cuyo conocimiento por
“persona no autorizada puede razonablemente dañar o poner en riesgo intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con EEUU”.
La Abogacía del Estado ya trasladó a la Audiencia Nacional que los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la limpieza de los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares eran “confidenciales” y que, por tanto, no podían ser aportados al procedimiento contencioso-administrativo impulsado para que se obligue a la ejecución del Plan de Rehabilitación aprobado por el Gobierno en 2010. Por este motivo, el colectivo ecologista presentó un recurso de reposición en el que interesa que se librase oficio para que el regulador atómico remitiese copia completa del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en mayo de 2010, el informe del departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.
Ecologistas en Acción argumentó ante la Audiencia Nacional que el anexo del acta de la reunión del CSN acreditaría que el informe del Departamento de Energía de EEUU habría motivado “la modificación de los criterios radiológicos acordados previamente en el Plan de Rehabilitación de mayo de 2010” y que dichos criterios “rebasan los límites legales para la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes” al contrario de lo que ocurre con el citado plan.
El objetivo, según añadió el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría “únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada”, lo que reduciría de 6.000 a 3.300 mmetros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU. Por su parte, la Abogacía del Estado ha asegurado a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo que, en
“ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”.
Ha sostenido, asimismo, que “el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares”, un extremo que este documento aportado ahora desmentiría. “IMPOSIBILIDAD” DE EJECUTAR EL PLAN Y FIJAR UN PLAZO En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado también ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar
“pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.
Ha reconocido, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y ha revelado que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.
Martí Scharfhausen junto al exministro Soria

Por último, ha trasladado a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

EEUU sacrificó la salud de soldados y vecinos para silenciar Palomares, aún contaminado con plutonio

Documentos ahora desclasificados revelan cómo se permitió que los militares trabajaran sin protección y se descartaran mediciones “alarmantemente altas” de plutonio, según revela The New York Times

Algunos veteranos reclaman que se cubran los tratamientos para el cáncer que han desarrollado pero las Fuerzas Aéreas niegan que haya relación

La zona sigue contaminada y el último acuerdo entre gobiernos para su limpieza aún espera que se firme un contrato para empezar los trabajos. (seguir leyendo)

Más sobre las bombas de Palomares:  almacennuclear.wordpress.com/?s=palomares

 

 

ENRESA gasta 148.000€ en táxis para transportes de directivos.

El Cabril, en Córdoba

Entre 2012 y 2017, El Cabril, la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad, ha gastado un total de 147.837,31 euros en taxis. El Cabril está situado en la Sierra Albarrana, dentro del término municipal de Hornachuelos, en Córdoba, y aunque dispone de 16 vehículos de diferente tipo para trabajos internos, nunca ha dispuesto de coches oficiales para desplazamientos de trabajadores, directivos o visitas oficiales. Increíblemente, todo se realiza por taxi, incluido el correo.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), presidida por Juan José Zaballa, de la que depende el almacenamiento subterráneo de El Cabril, viene contratando un servicio de taxis para desplazar personal y objetos hasta la instalación, en el término cordobés de Hornachuelos. Ese servicio de taxis es utilizado tanto para atender a visitas institucionales como a las necesidades de desplazamiento del personal de ENRESA; es decir, que cualquier directivo, visita oficial o trabajador que vaya a El Cabril, lo hará en taxi.

El servicio de taxis se contrata siempre que operarios en comisión de servicio desde otros centros de trabajo de la empresa tienen que viajar a El Cabril, principalmente para los desplazamientos desde la estación del AVE de Córdoba hasta la instalación subterránea, un trayecto de 120 kilómetros. Pero también para la recogida y entrega de documentación o pequeños envíos de mensajería desde la localidad próxima de Hornachuelos, así como para la entrega de documentación en organismos e instituciones de Córdoba. La empresa argumenta para justificar estos taxis que no existe servicio postal en las proximidades de El Cabril.

Extraconfidencial.com ha podido constatar la existencia de este servicio, del que ENRESA dispone desde el inicio de su actividad en El Cabril, pero del que no se tenía conocimiento. Hasta 2014, el servicio de taxis era discrecional, pero a partir de ese año, el servicio fue contratado mediante proceso de licitación pública. El criterio de adjudicación fue el precio, sin que concurrieran criterios de valoración que dependieran de un juicio de valor.

El presupuesto máximo de licitación para este contrato, sin incluir el IVA, asciende a la cantidad de 75.435 euros (a añadir el importe del IVA, otros 15.841,35 euros), que se divide en dos lotes: Lote 1. Servicio de taxi desde Córdoba, por 29.910 €, y Lote 2, Servicio de taxi desde Hornachuelos por 45.525 euros.

El plazo de ejecución es de 3 años, desde su inicio el pasado 1 de enero de 2018, y la distribución por anualidades sería, sobre el papel, de 25.145 euros por año hasta su finalización en 2020.

Los vehículos existentes en El Cabril

ENRESA argumenta que no existen coches de carácter oficial asignados de forma permanente al traslado del personal del Centro, incluido el personal de Dirección. Sin embargo, El Cabril sí cuenta con una flota de vehículos para servicio interno, los cuales son propiedad de ENRESA y están ligados a las necesidades operativas de la instalación: actividades industriales, movimientos internos de materiales y personas y, ocasionalmente, para desplazamiento del personal del Centro a su domicilio cuando por necesidades del trabajo existen variaciones en el horario de su jornada laboral (el conductor es el propio trabajador) y, en consecuencia, no resulta posible el uso de los medios de transporte colectivo.

En ese sentido, según los datos a los que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, la flota con la que cuenta El Cabril es de nueve furgonetas, cuatro vehículos todoterreno y tres turismos, cuya utilización y control está regulado por procedimiento interno de ENRESA.

En definitiva, que entre 2012 hasta septiembre de 2017, ENRESA se ha gastado en taxis para El Cabril un total de 147.837,31 euros; unos 30.000 euros anuales.

Jorge Ventura

Fuente: extraconfidencial.com

El desmantelamiento de la central de Garoña costará 480 millones y durará hasta 2034

Almacen nuclear en superficie que dejará Garoña como herencia junto a la despoblación y el paro.

El cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, arrancó formalmente el pasado 1 de agosto de 2018. Fue entonces cuando se firmaba la orden del Ministerio de Energía denegando la renovación de la autorización de la planta que habían solicitado sus dueñas, Endesa e Iberdrola (que se reparten a partes iguales las acciones de Nuclenor, la sociedad titular de la central).

Terminaba así un largo culebrón de cinco años: desde que las eléctricas pararon a finales de 2012 voluntariamente la central en un órdago al Gobierno por la reforma energética, pasando por cambios legislativos ad hoc para poder reabrirla, y hasta la decisión del Gobierno de echar el cierre definitivo ante la certeza de que ni siquiera las eléctricas propietarias querían ya reabrir la planta por no ser rentable.

Y arrancaba también ese 1 de agosto el aún más largo proceso que permitirá el desmantelamiento de la vieja central nuclear burgalesa. En total, los trabajos para desmontar la planta se alargarán durante 17 años, hasta plantarse en 2034, y requerirán de un presupuesto total de 480 millones de euros en todo ese tiempo, según las estimaciones que maneja Enresa –la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares- y a las que ha tenido acceso El Independiente.

17 años para desmontar la central por completo

Durante los primeros tres años, hasta septiembre de 2020 previsiblemente, Iberdrola y Endesa seguirán siendo las titulares de Garoña y desarrollarán durante ese plazo las actividades preparatorias para del desmontaje futuro. A partir de ese momento la central nuclear pasará a manos directamente de Enresa: la sociedad pública pasará a ser el dueño de la planta hasta su desmantelamiento total, cuando devolverá los terrenos a las eléctricas.

Enresa se encargará entre 2020 hasta mediados de 2024 del proceso de licenciamiento y de la obtención de autorizaciones y permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Gobierno. Los trabajos delicados, el desmantelamiento propiamente dicho del reactor y del resto de instalaciones de la central, se desarrollarán entre 2024 y hasta 2034. Para entonces el terreno tendría que quedar como si allí no hubiese habido nunca una instalación nuclear. Ese el objetivo.

El presupuesto total de todas estas labores, según prevé Enresa, se situará en los 480 millones de euros. De ellos, 220 millones se destinarán a las labores de desmontaje de los equipos de la central; 130 millones serán para la gestión del combustible nuclear gastado (incluida la reforma para adaptar el almacén temporal individualizado –ATI- en que se guardarán durante un tiempo los residuos); y otros 130 millones más para los servicios subcontratados de ayuda al desmantelamiento.

¿Quién pagará el desmantelamiento?

El  Ministerio de Energía ultima una nueva norma para trasladar a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de sus centrales, como fórmula para desincentivar la amenaza de Iberdrola  de no pedir la renovación de la autorización de sus nucleares por estar acumulando pérdidas con ellas por los altos impuestos que se les aplica (Endesa también critica la fiscalidad nuclear, pero apuesta por alargar la vida de todas sus plantas).

Hasta ahora, es la sociedad pública Enresa la que se encarga del desmantelamiento de las centrales, financiándolo con un fondo que son las propias eléctricas las que van alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.000 millones de euros.

La reforma que propone el Ministerio de Álvaro Nadal es que sean las eléctricas las que asuman directamente del desmantelamiento de las centrales y también su coste. Enresa les devolvería la parte destinada a la demolición de centrales (que no cubriría todos los gastos) y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.

Las estimaciones que maneja Endesa apuntan a que la parte destinada al desmantelamiento sería de entorno a un 22 o un 24% de lo aportado por las eléctricas. Endesa ha aportado de momento 2.400 millones del total de 5.000 millones con que cuenta el fondo público, así que hoy recibiría entre 530 y 580 millones si cerrase ahora sus centrales. Las magnitudes de lo aportado y lo que recibiría Iberdrola serían similares.

Vista del ATI de Garoña

Cuando las eléctricas la desenchufaron

Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre de 2012 en un órdago al Gobierno por las medidas incluidas en la reforma eléctrica (entre ellas, nuevos impuestos al combustible nuclear y a los residuos radioactivos). Desde entonces la central estuvo desconectada de la red, sin producir electricidad, pero sin iniciar su desmantelamiento porque las compañías -tras cambios legislativos ad hoc del Gobierno para hacerlo posible- acabaron solicitando un año y medio después su reapertura. Sólo costes y nada de ingresos.

Endesa e Iberdrola solicitaron la renovación de la licencia de explotación de Garoña hasta 2031, justo cuando la central cumpliría 60 años desde su construcción. Las compañías acabaron chocando sobre la estrategia a seguir: ambas habían descartado ya reabrir la central por no ser rentable, pero Endesa quería esperar a recibir el permiso del Gobierno e Iberdrola quería retirar la solicitud de reactivación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el aval técnico a la reapertura de la central burgalesa, a pesar de que las eléctricas no habían realizado las reformas y las inversiones que el propio organismo había marcado como una exigencia previa ineludible. El Gobierno finalmente optó por no conceder la renovación de licencia y decretó su clausura definitiva.

Herencia: paro, despoblación, residuos, Internet a pedales y carreteras africanas

Según un análisis sobre el primer año de vida del olvidado Plan Garoña,  el paro en el área de la central de Garoña era superior al que se registra en la provincia de Burgos y  la media estatal. De este modo, el economista Carlos Alonso de Linaje  insistió en que las iniciativas empresariales generadas a través del Plan Garoña no han mitigado la situación adversa del empleo en la zona. (seguir leyendo).

A dia de hoy no hay ningún tipo de Plan para dinamizar Tobalina ni sus alrededores.

Una zona con 3 saltos de agua de Iberdrola y una central nuclear que no tiene fibra óptica en los pueblos y los accesos por carretera tienen infinidad de curvas peligrosas, como lo atestiguan la gran cantidad de flores que llenan los guardarailes de los arcenes.

Algunos reportajes televisivos

Veamos un pequeño reportaje sin edulcorar de la cadena Cuatro en el que se puede ver Garoña por dentro tras darle una buena mano de pintura, asi como varias opiniones de vecinos.

Aqui podemos ver un reportaje sobre el ATC .

El almacén nuclear que divide a los vecinos de los pueblos a cambio de poner una instalaciones que lejos de traer riqueza traerá despoblación y pobreza para los vecinos.


En Television Española han hecho un reportaje para mostrar la opinión de los vecinos.

La idea general es que nadie sabe nada, pero los maletines correrán a base de bien, eso seguro.

 

Como siempre el hostelero y los albañiles a favor, los vecinos que no sacan nada en contra.

¿Cuantos puestos de trabajo creará el almacen?.

¿Cuantos para la población local después de la construcción?

La desinformación es un arma cuando lo que hay que informar no es bueno o no es cierto.

 

 

Informe semanal sobre Garoña (4/09/2009)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-cierre-garona-momento-no/537894/

Fuente:  elindependiente.com