Rajoy entierra 100 millones en el cementerio nuclear varado en los tribunales

Enresa suma contratos mientras se anula el plan de urbanismo de Villar de Cañas, en Cuenca.

Seis años después de que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se apresurara a aprobar en diciembre de 2011 -en el primer Consejo de Ministros tras ganar las elecciones del 20 de noviembre- el emplazamiento del cementerio nuclear, en Villar de Cañas (Cuenca), el proyecto sigue empantanado a la espera de que se tengan todos los permisos. Ni siquiera existe el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, pendiente de que lo apruebe el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Y los reveses al proyecto prosiguen mientras el Gobierno sigue licitando y adjudicando contratos, a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por un monto cercano ya a los 100 millones de euros.

Nulidad el plan de urbanismo

El último contratiempo al cementerio nuclear se producía el pasado 11 de enero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) desestimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento conquense contra la decisión que había adoptado el Gobierno regional, presidido por Emilio García Page, de anular el plan de urbanismo de la localidad nada más asumir el cargo, en julio de 2015.

Su antecesora, la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se había apresurado a aprobar este plan de urbanismo, en junio de 2015, estando en funciones, y con el objetivo de tratar de dejar atado uno de los muchos cabos sueltos del proyecto.

Reacciones dispares

La decisión del TSJCM, recurrible ante el Supremo, era acogida de manera dispar. Desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear lo tienen claro. “Las prisas por aprobar el plan, cuando Cospedal estaba en funciones, tenía el riesgo de falta de seguridad jurídica. Y, por mucho que diga el alcalde, sin plan no hay ATC”, comentaba a EL ESPAÑOL la hasta ahora portavoz de esta plataforma, María Andrés, la ganadera de la zona que este domingo era nombrada presidenta de Ecologistas en Acción Cuenca.

En sentido contrario, el ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, obviaba la sentencia y daba por hecho la presentación del recurso ante el Supremo, confiando que el alto tribunal enmiende la plana al TSJC. Cree Catalá que la instalación nuclear debe seguir adelante por las repercusiones positivas sobre la economía y el empleo en la zona.

Argumento que era rápidamente respondido por García-Page. “Es absurdo continuar con el proyecto. Sin plan de ordenación no se pueden dar licencias y, además, se corre el riesgo de cometer delito de prevaricación”, salía al paso el presidente castellano-manchego.

Nuevas licitaciones en el cementerio nuclear

No obstante, las licitaciones de contratos y adjudicaciones de Enresa prosiguen. En estos momentos, como ha podido comprobar este periódico en el perfil del contratante de la empresa pública, existen dos expedientes en marcha.

Este mismo lunes el presidente de Enresa, Juan José Zaballa, ponía su firma a la convocatoria del contrato para realizar, por 48.000 euros, el servicio de retirada de aguas residuales en el Parque Empresarial de Enresa en Villar de Cañas. Y un mes antes, en diciembre de 2017, también ratificaba el expediente de contratación para realizar, por 2,3 millones de euros, el estudio de cápsulas de almacenamiento a gestionar en el cementerio nuclear.

Son los últimos contratos que, relacionados con el ATC, Enresa va a adjudicar. Antes, las adjudicaciones fueron recurrentes. Sobre todo entre 2012 y febrero 2015, cuando el Gobierno forzaba la dimisión de Francisco Gil-Ortega -hombre de confianza de Cospedal- para evitar males mayores. Se había empecinado en aprobar la construcción del edificio principal del almacén, por casi 300 millones de euros, sin contar con el beneplácito del Consejo de Seguridad Nuclear.

Primeros contratos en el ATC para Iberinco

Hasta ese momento, desde junio de 2012 hasta que Gil-Ortega presentaba su dimisión, el  11 de febrero de 2015, Enresa adjudicó numerosos contratos. Entre ellos, varios a la empresa Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco) –por sí sola o unida mediante UTE con otras sociedades–, por 34 millones de euros.

En Iberinco figuraba como consejero Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, nombrado para este cargo en mayo de 2012, coincidiendo con el nombramiento de Gil-Ortega para la presidencia de Enresa. En 2017, Iberdrola, tras varios casos de corrupción en el exterior, optaba por absorber esta filial y destituir a toda la cúpula directiva, pero mantenía la estructura del consejo, renovando en su cargo a López del Hierro.

Misma dinámica contractual al llegar Zaballa

Tras ser relevado Gil-Ortega, su sustituto, Juan José Zaballa, proseguía con la misma dinámica. No adjudicaba el contrato principal del cementerio nuclear, pero sí otros, tirando del procedimiento abreviado y urgente. Una vía que se antojaba difícil de entender cuando no se sabía, ni se sabe, si el almacén se va a construir o no.

Así, en los primeros meses de Zaballa al frente de Enresa, la empresa pública adjudicaba 4 contratos relacionados con el ATC de Villar de Cañas. La seguridad y vigilancia del emplazamiento a Segurisa, por 1,7 millones  de euros; el mobiliario para el laboratorio del almacén a Romero Muebles de Laboratorio, por 40.000 euros; uno relativo al programa de vigilancia radiológica, por casi 80.000 euros. Y otro, por 26,3 millones a la sociedad pública Equipos Nucleares (ENSA) para suministrar 10 contenedores de doble uso.

Parón licitador antes de las generales de diciembre de 2015

Tras un periodo de paralización, provocado por las elecciones del 20 de diciembre de 2015, Zaballa retomaba, a principios de 2016, las adjudicaciones relativas al cementerio nuclear. Uno, por casi 50.000 euros, para que la empresa Intopcar lleve a cabo el servicio de monitorización de la red topográfica de precisión del emplazamiento del ATC. Otro, por casi 47.000 euros, por el que Suministros Garrido aporte bombas de muestreo de aire para el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental.

Y un tercero, de casi 22.000 euros, para que la UTE formada por las empresas Vigilancia Medioambiental y Proyectos y Explotaciones Vicor redactase un estudio para cumplir con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

También otorgaba Enresa a las empresas Eptisa, AGS y Sondeos Peñarroya, por 350.000 euros, un contrato complementario al adjudicado en octubre de 2015, por algo más de un millón de euros, para llevar a cabo nuevos sondeos sobre los terrenos escogidos para levantar el silo nuclear.

El 67% de las adjudicaciones del ATC fueron a IBERINCO  la empresa de la que es consejero el marido de Cospedal

Iberinco, la filial de ingeniería y construcción de Iberdrola de la que es consejero Ignacio López del Hierro, marido de la ex presidenta de Castilla-La Mancha y lídel del PP regional, María Dolores de Cospedal, obtuvo el 67,6% de las adjudicaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en el Almacen Temporal Centralizado (ATC). Los datos los ha hecho públicos hoy la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, que agrupa a medio centenar de organizaciones.

El colectivo ha presentado hoy un escrito en la Subdelegación de Gobierno de Cuenca por el que solicita a la Fiscalía Anticorrupción que investigue estos contratos, cinco en total, adquiridos por la empresa directamente o a través de empresas en las que tiene una importante participación accionarial, como GHESA o Empresarios Agrupados.

ContratosATC_06-01-2016.xlsx

 

Éstos contratos suponen un total de 36,99 millones de euros, más de dos tercios de las adjudicaciones de la empresa pública en el almacén. La compañía es la encargada de la instalación del polémico ATC en la localidad conquense de Villar de Cañas, hoy paralizado por diversas acciones ante la Justicia.

leer más sobre esto…

Iberdrola mantiene al marido de Cospedal en IBERINCO, su polémica filial de ingeniería.

El Banco Mundial siguió muy de cerca los movimientos de esta polémica filial y la paciencia se agotó cuando salió a la luz que altos directivos de Iberinco aceptaron sobornos en Letonia y Albania, donde entre 2004 y 2005 obtuvo dos contratos por 9 millones para construcción y mejoras en subestaciones eléctricas. El dinero para acometer estas inversiones procedía del propio Banco Mundial. Por este motivo, Iberdrola inició la liquidación de esta sociedad.

Iberinco contaba con 1.500 empleados en esta filial de ingeniería y construcción y parte de ellos han pasado a la matriz y a otros departamentos para tratar de solventar las pérdidas que arrastra y recuperar la mala imagen dada. La cúpula de Iberdrola decidió cesar a toda la dirección de Iberinco, pero mantiene casi intacto al consejo de administración. Entre los cargos, según publica El Confidencial, se encuentra el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro.

 

Fuentes:     www.20minutos.es

intereconomia.com

diagonalperiodico.net

elespañol.com

Anuncios

Page cree que hay una razón económica “muy poderosa” para que Gobierno España quiera seguir construyendo el silo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido al Gobierno de España que haga un “ejercicio de prudencia” con respecto a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y ha insistido en que tiene que haber “alguna razón muy poderosa de tipo económico” para que el Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy “siga planteándosela”, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno regional que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM) de la localidad con la intención.

El presidente regional ha contestado de esta forma al ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, que reiteró este lunes el “compromiso” del Gobierno central con el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, considerando “muy importante” que salga adelante.

García-Page, en una rueda de prensa con motivo de la celebración de un Consejo de Gobierno de carácter itinerante en Motilla del Palancar (Cuenca), ha reiterado que España “tiene que plantearse la estrategia de gestión de residuos”, al tiempo que se ha mostrado “satisfecho” de que el TSJCM haya dado la razón a la Consejería de Fomento, asegurando que el Plan de Ordenación Municipal (POM) es “tan ilegal que el Ayuntamiento no va a hacer reclamación, salvo que haya intereses más radiactivos que lo que se quiere enterrar”.

El presidente regional ha criticado la “demagogia barata” de “ver al ministro Soria y a Cospedal intentar decirle a la gente que les había tocado la lotería porque venía un agujero donde se enterraban residuos nucleares”, asegurando que al instalar el ATC en la provincia conquense “se espanta el turismo y además se hace correr riesgo a la población en los cientos de tránsitos de camiones peligrosos por la región”.

“Hubo en el aire muchas instalaciones posibles y no se eligió la primera, la segunda ni la tercera, se eligió la cuarta”, ha recordado, manifestando que “hay opciones posibles y alternativas” al almacenamiento centralizado de los residuos nucleares,

En referencia a los tres informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que informan desfavorablemente al respecto de la suficiencia de recursos hídricos para las demandas que contempla el pueblo y el ATC, García-Page ha considerado que “que falte agua para el agujero nuclear puede ser hasta conveniente para que no salga adelante”, aunque ha reconocido que podría ser malo “para otras inversiones positivas” en la zona.

El 67% de las adjudicaciones del ATC fueron a IBERINCO  la empresa de la que es consejero el marido de Cospedal

Iberinco, la filial de ingeniería y construcción de Iberdrola de la que es consejero Ignacio López del Hierro, marido de la ex presidenta de Castilla-La Mancha y lídel del PP regional, María Dolores de Cospedal, obtuvo el 67,6% de las adjudicaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en el Almacen Temporal Centralizado (ATC). Los datos los ha hecho públicos hoy la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, que agrupa a medio centenar de organizaciones.

El colectivo ha presentado hoy un escrito en la Subdelegación de Gobierno de Cuenca por el que solicita a la Fiscalía Anticorrupción que investigue estos contratos, cinco en total, adquiridos por la empresa directamente o a través de empresas en las que tiene una importante participación accionarial, como GHESA o Empresarios Agrupados.

ContratosATC_06-01-2016.xlsx

 

Éstos contratos suponen un total de 36,99 millones de euros, más de dos tercios de las adjudicaciones de la empresa pública en el almacén. La compañía es la encargada de la instalación del polémico ATC en la localidad conquense de Villar de Cañas, hoy paralizado por diversas acciones ante la Justicia.

leer más sobre esto…

Iberdrola mantiene al marido de Cospedal en IBERINCO, su polémica filial de ingeniería.

El Banco Mundial siguió muy de cerca los movimientos de esta polémica filial y la paciencia se agotó cuando salió a la luz que altos directivos de Iberinco aceptaron sobornos en Letonia y Albania, donde entre 2004 y 2005 obtuvo dos contratos por 9 millones para construcción y mejoras en subestaciones eléctricas. El dinero para acometer estas inversiones procedía del propio Banco Mundial. Por este motivo, Iberdrola inició la liquidación de esta sociedad.

Iberinco contaba con 1.500 empleados en esta filial de ingeniería y construcción y parte de ellos han pasado a la matriz y a otros departamentos para tratar de solventar las pérdidas que arrastra y recuperar la mala imagen dada. La cúpula de Iberdrola decidió cesar a toda la dirección de Iberinco, pero mantiene casi intacto al consejo de administración. Entre los cargos, según publica El Confidencial, se encuentra el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro.

 

Fuentes:     www.20minutos.es

intereconomia.com

diagonalperiodico.net

 

Desmantelamiento de Zorita 6. El Cabril recibe 5.500 toneladas de residuos tras el cierre de Zorita

El desmantelamiento de la central nuclear de Guadalajara entra en fase de descontaminación y desclasificación de suelos, un proceso que durará hasta 2019, tres años más de lo previsto

El desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera de Almonacid de Zorita (Guadalajara), que ha entrado ya en la fase de descontaminación y desclasificación de edificios y terrenos, ha generado hasta la fecha un total de más de 13.000 toneladas de materiales, de las cuales 5.500 se corresponden con residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad y han sido enviados a El Cabril, el único almacén de España que procesa este tipo de basuras y que gestiona la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) en el término municipal de Hornachuelos.

Fuentes de la sociedad explicaron a el Día que otras 6.000 toneladas corresponden a materiales convencionales y 1.500 toneladas a material desclasificable. Este último procedente de zonas radiológicas pero susceptible de ser gestionado como material convencional una vez verificada su ausencia de contaminación.

Zorita fue la primera central nuclear en ponerse en funcionamiento en España y ahora es la primera inmersa en un proceso de desmantelamiento completo, donde están trabajando un total de 200 personas, 11 en plantilla de Enresa y 189 subcontratadas. La próxima central nuclear en comenzar un proceso de desmantelamiento será la de Santa María de Garoña (Burgos), para lo que Enresa ya ha solicitado la autorización y cuyos residuos radiactivos también terminarán en El Cabril.

En el caso de Zorita, la fase de descontaminación y desclasificación de edificios y terrenos prevé remover hasta 18.000 toneladas de tierra al fin de limpiar los suelos de posible radiación. El proceso está ya al 83% de finalizar y culminará en 2019, con tres años de retraso sobre el cronograma original.

La denominada planta de lavado es la protagonista de esta nueva fase, que ya tiene todos los parámetros de funcionamiento ajustados y los niveles máximos de contaminación admisible definidos. La estimación inicial de Enresa es que la mitad de las 18.000 toneladas sean enviadas al proceso de desclasificación de materiales, mientras que las 9.000 restantes sean tratadas en la planta de lavado de suelos.

Este método de descontaminación concentra los contaminantes en un volumen mucho menor -en una especie de torta- que debe ser gestionado también como residuo destinado al centro de almacenamiento de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, mientras que el resto del material, una vez limpio y desclasificado radiológicamente, se podrá gestionar como material convencional.

Zorita con su residuos de alta intensidad

Según Enresa, la planta de lavado estará en funcionamiento durante dos años, a medida que vayan avanzando los trabajos de demolición de los diferentes edificios de la instalación, hasta que el proceso completo culmine a finales del año 2019, según las previsiones de la entidad, lo que supondrá tres años de retraso de acuerdo con la programación teórica del proyecto. Hasta esa fecha, es previsible que el centro que Enresa gestiona en la sierra Albarrana cordobesa reciba material procedente de Guadalajara.

El año pasado, el almacén de Córdoba recibió un total de 1.175 bultos con residuos de baja y media actividad procedentes de la actividad de las centrales nucleares de los 2.859 que generaron las ocho instalaciones en activo el pasado ejercicio, lo que equivale al 42% del total. Así lo detalla el informe del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la actividad desarrollada en el pasado ejercicio.

La central que más residuos trasladó a El Cabril fue Cofrentes (Valencia), con 327 bultos. A continuación se sumaron Ascó I y II (289), Vandellós II (175), Almaraz I y II (150), Trillo (142) y la ya clausurada Santa María de Garoña (92 bultos), hasta sumar un total de 1.175 envíos.

Fuente:  eldiadecordoba

Desmantelamiento de Zorita 3. Cortando la vasija del reactor

16 de Julio de 2015

La central nuclear de Zorita (Guadalajara) inicia el corte de la vasija de su reactor nuclear

La central nuclear José Cabrera, situada en Almonacid de Zorita (Guadalajara) y cerrada en 2006, ha iniciado este miércoles uno de los pasos más importantes de su proceso de desmantelamiento integral, como es la segmentación de la vasija del reactor, situado en la parte nuclear de planta.

El desmantelamiento de esta planta nuclear —la más antigua del país, que cesó su actividad después de 38 años de vida—, se inició en el año 2010 por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y la previsión, tal y como han indicado este miércoles en las propias instalaciones de la planta sus responsables, concluirá a lo largo de 2017.

El desmantelamiento de esta planta nuclear —la más antigua del país, que cesó su actividad después de 38 años de vida—, se inició en el año 2010 por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y la previsión, tal y como han indicado este miércoles en las propias instalaciones de la planta sus responsables, concluirá a lo largo de 2017. Se trata del primer desmantelamiento completo de una planta nuclear que se lleva a cabo en España, y este hecho, unido a la utilización de una técnica de corte mecánico bajo el agua que es pionera en el mundo, es lo que, tal y como ha señalado el responsable de dicho desmantelamiento, Manuel Rodríguez, ha “despertado” el interés de la comunidad científica y técnica de distintos países.

El presupuesto previsto para todo el proceso de desmantelamiento alcanza los 160 millones de euros sin que se hayan producido desviaciones relevantes hasta el momento, según Rodríguez, quien también en su intervención ha asegurado que no se había generado impacto medio ambiental en el entorno ni incidentes significativos en la planta.

Superado el ecuador de los trabajos Por ahora se están cumpliendo las previsiones habiéndose superado el ecuador del proceso de desmantelamiento, pues se ha superado el 60 por ciento de los trabajos previstos. Hasta la fecha y desde que Enresa asumiera en 2010 la titularidad de la planta se han generado 7.847 toneladas de materiales, de las que algo más de 1.700 son de residuos radiactivos. De estas, 778 ya han sido envidas a El Cabril (Córdoba), donde se guardan los residuos de media y baja actividad, mientras que los de alta actividad se han gestionado en cuatro contenedores y han sido almacenados en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) que hay en la propia central de Zorita, cuya capacidad ya ha sido completada.

En cuanto a la vasija, de 100 toneladas de peso, según ha precisado Rodríguez, será cortada o segmentada en 120 piezas con una técnica novedosa bajo el agua, similar a la utilizada con los elementos internos del reactor, trabajos que tendrán una duración de unos seis meses. Las piezas resultantes serán también acondicionadas en contenedores y en este caso no se quedarán en el ATI, por no ser de alta actividad, sino que se enviarán a El Cabril.

Para realizar la operación de traslado de la vasija desde su ubicación original hasta la zona donde este mismo miércoles se ha iniciado el corte, ha habido que instalar un pórtico especial de izado diseñado para el levantamiento de estructuras de alto tonelaje. En cuanto al personal empleado en todas estas tareas, supera los 250 trabajadores de 34 empresas diferentes, de los que más del 60 por ciento provienen de la provincia de Guadalajara, donde está ubicada esta planta nuclear, cerrada por acuerdo político, siendo tanto la antigua del país como la primera en España en afrontar su desmantelamiento total.

Más de 2.500 VISITAS

Apenas se han desmantelado completamente una decena de reactores de características similares al de Zorita en todo el mundo, y es la primera vez que se realiza un trabajo así en España. Las técnicas y metodología de corte y acondicionamiento de residuos radiactivos aplicadas por Enresa en esta planta constituyen una novedad. De hecho, este desmantelamiento se ha convertido en un centro e interés no sólo a nivel nacional sino internacional y más de 2.500 personas han visitado estas instalaciones desde que se iniciara el proceso en el año 2010.

Hasta el momento, el proceso de desmantelamiento de la planta se está produciendo con “total normalidad”, tal y como ha destacado Rodríguez, aún reconociendo que, debido a la complejidad de algunas operaciones, la finalización de las mismas iba a concluir algo más tarde. La última fase será la de dejar el suelo de la planta tal y como estaba antes de su instalación, para ser de nuevo traspasada la titularidad, en este caso a Gas Natural. Durante la comparecencia ante los medios también ha estado presente el director de Operaciones, Alejandro Rodríguez y Carlos Dávila, director de Comunicación.

 

Ver más en:  20minutos.es

Mas información de Zorita:  enresa.es

El Gobierno asegura que los residuos que llegan a El Cabril cumplen los requisitos

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha asegurado hoy que todos los residuos radiactivos que llegan al almacén nuclear de El Cabril (Córdoba) cuentan con los “requisitos requeridos” para su almacenamiento.

En un comunicado, Primo Jurado ha informado de que al almacén nuclear han llegado residuos “de baja y media actividad” procedentes de la instalación Enusa, ubicada en Juzbado (Salamanca), que han sido aceptados tras llevar a cabo el estudio correspondiente y, que por tanto, cumplen con los requisitos requeridos por los Criterios de Aceptación para su almacenamiento “y en particular con los límites de aceptación de actividad”.

Además, el subdelegado ha desmentido que “dichos residuos tengan su origen en el desmantelamiento de la central de Garoña”, tal y como han denunciado distintas formaciones políticas como PSOE, IU y Podemos.

El subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los residentes de la zona dado que “la instalación cumple con lo establecido en los límites y condiciones de la Autorización de Explotación y no hay riesgo para la población”.

Dicha autorización dictamina que la instalación cordobesa posee autorización para almacenar de forma definitiva residuos de baja y media actividad, sólidos o solidificados generados en las instalaciones nucleares y radiactivas españolas.

En dichos límites se define como residuos de baja y media actividad aquellos cuya actividad se debe principalmente a las presencia de radionucleidos emisores beta o gamma, de periodo corto o medio (inferior a 30 años) y cuyo contenido en radionucleidos de vida larga es muy bajo y está limitado.

Finalmente, Primo Jurado ha insistido en que PSOE e IU “deben dejar de engañar a la sociedad cordobesa con este asunto y no crear una alarma social innecesaria, puesto que ni siquiera Garoña se está desmantelando en la actualidad”

Desde este blog le pedimos al CSN, ENRESAS y al gobierno español que deje de ocultar información, presionar a funcionarios y seguir apostando por una energia con fecha de caducidad, y cuya herencia supondrá un coste elevadísimo a generaciones futuras.

Fuente: Lavanguardia

El cáncer extermina a la plantilla que manipuló uranio en una fábrica de Andújar

La fábrica de uranio de Andújar fue desmantelada en 1995

De la plantilla inicial, compuesta por 126 empleados, apenas quedan 20 vivos.

El cáncer ha exterminado a la mayoría de los que manipularon durante años el metal sin apenas medidas de protección: gastaban mascarillas de papel, depositaban la comida sobre los bidones de residuos radiactivos y lavaban en casa la ropa de faena. La supervivientes piden que se les reconozca la enfermedad profesional antes de que la metástasis acabe con todos.

A José Soto se le murió el 4 de septiembre otro amigo, Gabino, con quien trabajó en la fábrica de uranio de Andújar (FUA), de titularidad pública.

01/10/2017

El goteo de fallecidos es continuo. Soto, presidente de la asociación de ex trabajadores de la FUA, aclara que es prácticamente la única persona del colectivo a la que todavía le quedan fuerzas para denunciar los hechos. El vicepresidente ha fallecido y el tesorero está muy enfermo. Él mismo toma diariamente una docena de fármacos para combatir diversas dolencias. Admite que al menos puede contarlo. Gran parte de sus compañeros murieron jóvenes. Muchos no habían cumplido siquiera 40 años cuando se los llevó el cáncer. Previamente, habían compartido espacio con el uranio en unas dependencias que, según la asociación, no estaban convenientemente habilitadas para la labor que se desarrollaba en ellas.

La FUA se inauguró en 1959 y fue cerrada en 1981. Ese año a los trabajadores les ofrecieron un puesto de trabajo en la fábrica de uranio de Don Benito. Fue un mal trato. Ninguno de los que aceptaron vive hoy, aclara este superviviente, que expresa su indignación por la insensibilidad de las formaciones políticas respecto al problema. «Ni la dictadura ni la democracia han hecho nada por nosotros». Habría bastado con que la administración central hubiera accedido a relacionar las patologías con la actividad desarrollada, pero, lejos de hacerlo, los sucesivos gobiernos se negaron a validar los informes médicos que vinculaban el cáncer con el uranio, si bien otros, como el realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear, descartaron la relación.

«Hubo una mano negra», asegura el abogado Manuel Ángel Vázquez, contratado a principio de los 90 para litigar por los derechos de una plantilla ya entonces diezmada. Aunque un estudio de la Junta de Andalucía avalaba la tesis de que la manipulación del uranio sin las medidas de protección pertinentes estaba detrás de las enfermedades, juzgados de lo social decretaron el archivó la causa, ratificado después por las instancias superiores. El letrado está convencido de que no se investigó hasta el final. De haberlo hecho, señala, se habría determinado la causalidad. Y, en consecuencia, los ex trabajadores habrían cobrado una pensión digna en lugar de los 440 euros que percibe José Soto tras 22 años de trabajo expuesto a la radiación. O las 5.000 pesetas mensuales que cobraron algunos de los obreros que se prejubilaron en los ochenta.

El dinero lo reciben ahora las viudas que quedan en pie, que tampoco son muchas. El fallecimiento de los dos cónyuges es una constante entre las parejas relacionadas laboralmente con la FUA. De nuevo, hay que hacer mención al uranio como causa probable, ya que, asegura el presidente, se introdujo en los hogares a través de la indumentaria. No sólo la de trabajo, sino también la ropa utilizada por los empleados tras su jornada laboral, que guardaban en las taquillas de la fábrica. De resultas de la falta de control la radiación afectó, según la asociación, hasta la tercera generación: nietos de los empleados han fallecido también de cáncer.

La exposición al uranio a la que estuvieron expuestos los trabajadores de la FUA es de libro, en opinión del profesor e historiador Juan Antonio Muñoz, que realiza un estudio sobre los lugares del sur de España en los que ha habido, y hay, contaminación nuclear. Según este experto, persiste una considerable actividad radiactiva en Andújar. Muñoz destaca la proximidad del Guadalquivir de la zona en la que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) enterró el uranio tras el desmantelamiento de la fábrica en 1995. Y advierte de que el subsuelo permeable facilita la filtración del uranio al cauce público del principal río andaluz.

Inspecciones

El Consejo de Seguridad Nuclear asegura que de las 2 inspecciones llevadas a cabo en 2016 para verificar las condiciones generales e hidrológicas impuestas en el plan de vigilancia y mantenimiento no se desprenden repercusiones radiológicas ni sobre los trabajadores ni sobre el medio ambiente. Puntualiza, no obstante, que en el emplazamiento restaurado de la antigua fábrica, debidamente vallado y señalizado por Enresa, aún no se han alcanzado los valores requeridos como para dar por finalizado el período de cumplimiento. En la traducción de este lenguaje burocrático coinciden Manuel Vázquez, José Soto y Juan Antonio Muñoz: «El Estado admite que la radiactividad aún sigue en Andújar».

Fuente: ABC

Vivir a media hora del (de momento) único cementerio nuclear de España

Almacen nuclear en Ornachuelos (Granada)

El almacén de El Cambril alberga materiales radioactivos con una vida de más de trescientos años. La falta de transparencia sobre el transporte sin medidas de seguridad por vía terrestre y los residuos de centrales nucleares como Garoña ha llevado al grupo de IU Andalucía a pedir una visita “urgente” de la Comisión Europea a estas instalaciones.

En Hornachuelos, un municipio de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Córdoba, se ubica el único cementerio de residuos radioactivos que existe en España. Sus instalaciones, conocidas como El Cabril, se mantienen en la comarca cordobesa del Guadiato. A tan solo cincuenta kilómetros del área de población.

La lucha de ecologistas y partidos políticos de la zona como Izquierda Unida se centra en el conocimiento de los materiales que se almacenan en él. Son de alta, media, baja y muy baja intensidad procedentes, en un amplio porcentaje, de restos de centrales nucleares españolas. La descomposición de estos compuestos tiene una duración media que supera los 300 años.

Las instalaciones de El Cabril, gestionadas desde los años ochenta por la empresa pública Enresa, prometían bienestar económico a la zona y un bajo índice de paro. Hoy esta comarca con posible irradiación ha provocado un 50% de desempleo. Pero so no es lo único. El despoblamiento es otro grave problema, que se visualiza en municipios como Peñarroya Pueblonuevo, centro neurálgico de la comarca. En medio siglo casi 20.000 habitantes han salido del censo

aco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

aco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

El incumplimiento de las directivas europeas

La preocupación de los riesgos del traslado de restos radioactivos es cada vez más alarmante entre colectivos como la Plataforma Antinuclear de Córdoba. Pepa Beiras recuerda a Público que “este cementerio está es un sitio equivocado, en plena sierra de Hornachuelos, a las puertas de un parque natural, con un grave riesgo sísmico. Y encima ha generado nulo desarrollo de la zona” que no solo afecta al Guadiato. También a zonas de la Campiña Sur de Badajoz y la Sierra Norte de Sevilla.

Alberto Ruiz Peña, miembro de Ecologistas en Acción y de IU en Extremadura reclama la fragilidad de los suelos graníticos en la comarca que “de por sí son suelos radiactivos”. De la descomposición del material de estos suelos se desprendería gases como el radón, “altamente cancerígeno para la población”. A pesar de los intentos de peticiones para la realización de estudios oncológicos por parte de la Consejería de Salud de la Junta, los ecologistas no han conseguido dar una respuesta sobre la cifras de muertes por cáncer que hay en la zona de afectación del Cabril.

La falta de transparencia sobre el tipo de material radioactivo que se ubica en el Cabril han llevado al grupo Izquierda Unida Andalucía a presentar una solicitud de respuesta ante la Comisión Europea para investigar el posible traslado de ‘basura radiactiva’ con total opacidad al cementerio nuclear de El Cabril, procedente en los últimos meses de la central nuclear de Garoña.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo ha destacado que este “silencio” hace temer lo peor. “Se antoja urgente presentar iniciativas ante la Comisión Europea porque no podemos permitir que Andalucía sea un cementerio que amplia instalaciones para asumir la basura radioactiva” del norte de España.

Maíllo considera indispensable “solicitar la visita de una misión de investigación de la Comisión Europea y Europarlamento a Hornachuelos” para que las instalaciones de El Cabril sean realmente “transparentes”. El traslado de residuos radiactivos sin medidas de seguridad por transporte terrestre supondría una grave “violación de las Directivas sobre participación pública, Habitas y Aves y gestión de residuos radioactivos”.

Una lucha por el desmantelamiento desde los años 80

Pedro Cabrera es vecino del pueblo de Peñarroya y portavoz de IU en el municipio. Como conocedor de la situación habla de un claro “despropósito” con una población envejecida por el despoblamiento. “Sabemos que nuestros jóvenes se van, que hay paro, que nadie se quiere quedar aquí y encima la Junta que cobra el impuesto del Gobierno Central por tener este tipo de instalaciones no lo revierte en la zona”.

Cabrera habla de varios planes fallidos para los vecinos que se encuentran en el entorno del Cabril. “Aún nos deben millones de euros del Plan Miner de Europa de hace cinco años. La Ecotasa que cobra la Junta por albergar este tipo de instalaciones con materiales radioactivos no se invierte con fondos. Tampoco llegan a los vecinos con planes de empleo ni ayudas”. La partida presupuestaria de esta tasa asciende a los ocho millones de euros en 2016 desde el Gobierno central.

Pedro Cabrera no puede olvidar las primeras movilizaciones en torno a la actividad de la empresa Enresa en el año 1984. “Los vecinos aún luchaban y se manifestaban. Pedían ayudas públicas y un puesto fijo para dar crecimiento a una zona que había tenido minas de uranio en los años 30”. Enresa empieza su actividad como empresa pública sin dar crecimiento a la zona. “Los jóvenes se iban a Córdoba a estudiar, los más mayores son los que se han ido quedando pero sabemos que ese era el objetivo de la empresa, iniciar una actividad de alta peligrosidad en zonas despobladas” sin mediar con los vecinos.

Residuos almacenados sin autorización

Aedenat inició hace más de dos décadas una lucha legal que, tras varias sentencias en contra de Enresa y sus consiguientes recursos, consiguió una sentencia firme del Tribunal Supremo en contra de esta empresa pública. En el año 2002 se declaraba la ilegalidad del cementerio nuclear. En la actualidad las instalaciones solo han tenido el propósito de continuar en crecimiento. La sentencia no ha trascendido para cesar el almacenamiento de material que siempre se había creído con procedencia única de residuos de hospitales.

El Supremo declaró ilegal el cementerio en el año 2002

El almacenamiento en el Cabril se encuentra actualmente a un 70% de su capacidad. La industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento para permitir el alargamiento del parque nuclear.

Ante esta situación, el Movimiento Ibérico Antinuclear recalca que la mayor opacidad en este asunto fue el traslado en 2015 de más de de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca) al Cabril. Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años. “Este material sería mucho más peligroso con una vida de millones de años de radiación y que no permitirían estar dentro de estas instalaciones”, afirma Alberto Ruiz Peña.

A la espera de una respuesta por parte de la Comisión Europea, las movilizaciones de en las zonas del Cabril pretenden mover con más fuerza la conciencia de los ciudadanos. La paralización en Villar de Cañas de otro almacén nuclear no augura una vida corta para el Cabril. “Ya saben la experiencia de Hornachuelos y los vecinos de Villar de Cañas no quieren vivir cerca de estos materiales que solo traen despoblamiento”.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha exigido en un reciente comunicado el “cierre escalonado” de todas las centrales nucleares para no seguir aumentando el problema irresoluble de los residuos radiactivos, y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que el Cabril no tiene autorización. “Buscamos que no haya traslados ni riesgos para una población que tampoco tiene beneficios por un riesgo de vivir en una zona con peligro de radiación”.

Fuente: publico.es

Más (2010): El almacen nuclear que arruinó una comarca