La Comisión Europea ve “aceptables” los “niveles de contaminación con plutonio” en Palomares

Miembros de la CE visitaron la zona en junio para comprobar si se habían puesto en práctica las recomendaciones de 2010

La Comisión Europea (CE) considera que los “niveles de contaminación con plutonio” del “aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas” en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora son “aceptables” y que España ha realizado una “puesta en práctica efectiva” de “todas las recomendaciones” que se le hicieron hace nueve años “excepto la rehabilitación del terreno”, pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con Estados Unidos.

Así se desprende de las conclusiones iniciales alcanzadas por los integrantes de la misión de verificación que cursó visita a la zona en el mes de junio para comprobar ‘in situ’ si se habían puesto en práctica las recomendaciones que Bruselas efectuó en 2010 tras otra misión y para “una adecuada gestión y limpieza” del área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.

La CE también se pronuncia respecto a los contenedores en los que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas ha reconocido se almacenan seis toneladas de material radioactivo que se han estado enviando a la zona desde desde 2011 y no considera que “afecten a la situación existente de exposición” radiológica en Palomares.

Tanto posibles irregularidades en torno a estos traslados como la “inacción” del Gobierno son objeto de un procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en la que Ecologistas en Acción solicita, en última instancia, que se obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que fije plazo para la ejecución del Plan de Rehabilitación para la zona aprobado en 2010.

En su respuesta a una petición elevada a la comisión por el colectivo conservacionista, la CE informa del equipo que se desplazó hasta Palomares el pasado mes de junio “verificó” las instalaciones de seguimiento de radioactividad dentro y fuera de los emplazamientos, las restricciones de acceso, las medidas sobre información pública y los laboratorios asociados gestionados por el Ciemat.

“Las actividades de verificación mostraron que las instalaciones necesitan llevar a cabo un seguimiento continúo de los niveles de contaminación con plutonio del aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en el lugar de accidente en Palomares”, explica para remarcar que “estos niveles son aceptables y que las instalaciones están operativas y funcionan de manera eficiente”.

El escrito informa, asimismo, de que la misión también verificó la puesta en marcha “efectiva” de las recomendaciones efectuadas en 2010 y comprobó que “todas se habían llevado a cabo” si bien no la “recomendación relativa a la rehabilitación del terreno contaminado” ya que, según matiza, “está pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con los EEUU”.

En este sentido, en el marco del procedimiento ante la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter “preliminar”.

Ha reconocido que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio”.

Ha afirmado, asimismo, que con la expropiación de tierras y el vallado que acota las 40 hectáreas bajo vigilancia se “garantiza que actualmente no se supera la dosis” legal y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

España deberá informar antes de 2020 sobre los “progresos”

La CE avanza, asimismo, que el equipo realizó algunas recomendaciones y sugerencias aunque no precisa cuáles a la espera de la redacción del informe completo. Sí revela, en cambio, que pedirá a España que “presente antes de finales de 2020” un informe de los “progresos realizados” para la neutralización de la contaminación.

En concreto, el informe deberá especificar “cómo se han aplicado las recomendaciones del equipo de verificación” y “cualquier cambio significativo en los sistemas de seguimiento establecidos”. “La Comisión se basará en el mencionado informe para considerar la necesidad de llevar a cabo una verificación de seguimiento en España”, señala.

Por otro lado, para Bruselas, en contra de lo que sostienen desde Ecologistas en Acción tanto en Europa como ante la Audiencia Nacional, los contenedores objeto de la polémica “no almacenan residuos, sino que se utilizan para almacenar muestras y contienen muestras ambientales antiguas que se extrajeron” de los suelos de Palomares.

Subraya que la misión de verificación “investigó” el almacén de muestras en el laboratorio del Ciemat en Madrid y que concluyó que “esos contenedores son parte del almacén principal” donde se “han devuelto el resto de las muestras del terreno de Palomares”. “La Comisión no considera que estos contenedores de almacenamiento afecten a la situación existente de exposición en Palomares”, finaliza.

Ecologistas en Acción pidió en marzo a la CE que el transporte de material, que se hizo público a finales de 2018 y que fue reconocido a posteriori por el Ciemat, fuera incluido entre las tareas a realizar por la misión de verificación de la Eurocámara.

El escrito dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo indicaba que el transporte “clandestino” de un total de 156 cajas con 1.466 kilos de material radioactivo es un “nuevo suma y sigue en una tropelía que afecta a los pilares de la economía de la zona, basada en la agricultura y en el turismo, y, lo más grave, es que afecta a la ya maltrecha dignidad de lo palomareños”. Así, solicitaba que “inspeccione, investigue y haga público” el inventario del contenido de esos contenedores, su caracterización radiológica y actividad total.

El colectivo, impulsor de la queja que dio lugar a que la Eurocámara se implicase en la situación de Palomares, pidió también que “constate si se han incumplido o no” los requisitos que marca la legislación europea en su almacenamiento y transporte, y que interpelase al Gobierno sobre “cuándo tiene previsto emprender la descontaminación unilateral de la zona según los criterios radiológicos establecidos en el Plan de Rehabilitación de 2010″.

Fuente: diario de Almeria

Así se “entierran” los residuos radiactivos: cómo son los cementerios nucleares por dentro

Nadie los quiere, pero son necesarios para mantener este sistema demencial. Los cementerios nucleares son aquellos refugios donde almacenar y guardar residuos radiactivos, aquellos compuestos que por su naturaleza o por haber estado expuestos a una alta radiación siguen siendo peligrosos durante una gran cantidad de años. ¿Qué hacer entonces con estos residuos radiactivos? Esconderlos y guardarlos, bien hasta que se desintegren o hasta que se encuentre una mejor solución.

Los distintos cementerios nucleares se dividen en distintas categoría, en función de sus niveles de radiactividad. Y es que dentro de esos bidones amarillos que todos solemos relacionar con la energía nuclear, puede haber desde material relacionado con la fisión como uranio o plutonio, pero también cualquier material contaminado, sea ropa, ordenadores o simplemente agua.

Qué se hace con los residuos radiactivos para que no contaminen

     Mapa de un cementerio nuclear de bajo nivel.

Algunos residuos de baja y media actividad, como la ropa y las herramientas utilizadas en el mantenimiento de las centrales, se diluyen y eliminan con el tiempo. Otros son sometidos a tratamientos para intentar separar los elementos radiactivos. El resto se introducen en bidones de acero y se solidifican con alquitrán o cemento para ser almacenados hasta que el periodo radiactivo finaliza. Habitualmente menos de 30 años.

Sin embargo también hay residuos de alta actividad, normalmente aquellos generados con el combustible gastado. En este caso se intentan almacenar en la propia central hasta ser transportados en contenedores de metal resistentes a la corrosión. Es aquí donde entran los cementerios nucleares, que no dejan de ser refugios aislados donde guardar estos desechos.

Podemos diferenciar los cementerios nucleares en dos tipos: los temporales, ubicados en almacenes e instalaciones y los que se conocen como repositorios geológicos profundos, ubicados en zonas estables, aisladas de terremotos y lejos de la superficie. Auténticas galerías selladas para que estos residuos no estén en contacto con el hombre.

El Cabril, el único cementerio nuclear en España

Contenedores de hormigón fabricados a prueba de terremotos. Imagen de Xataka Ciencia.

El único cementerio nuclear español está preparado para materiales de baja y media actividad. Se trata de El Cabril, ubicado en Hornachuelos. El contenido es básicamente bidones de las centrales nucleares, con un tercio de material radiactivo y dos tercios de cemento. Todo este material se ubica en el complejo, que anteriormente era una vieja mina de uranio.

Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) es la encargada de su funcionamiento. El Cabril dispone además de oficinas, laboratorios, una incineradora, una piscina de agua y un depósito ciego para posibles filtraciones. Se trata de un centro muy preparado, pero hoy en día está cerca del máximo de su capacidad.

Sin embargo hay bastante polémica con la ampliación del recinto. “El cementerio nuclear del Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la Península Ibérica. Está muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas”, afirma Paco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción. En su lugar, desde finales de 2011 se eligió el municipio de Villar de Cañas para albergar un nuevo ATC (Almacén Temporal Centralizado). Sin embargo las reticencias de la población y la poca determinación del Gobierno ha provocado que se estén barajando otras opciones.

 Interior de celda de almacenamiento. Imagen de Enresa.

La zona de almacenamiento de residuos está formada por dos plataformas: la zona norte con 16 celdas y la sur con 12. Estas celdas se alinean en dos plataformas con sendos pasillos interiores. Los camiones que contienen los desechos se detienen a la entrada y con un sistema de grúas se colocan los residuos encima de cada celda.

Una vez completas, cada celda es capaz de almacenar 320 contenedores, se recubren de hormigón. Y una vez se complete el conjunto, se recubrirá de una capa de material impermeable de dos metros de grosor. El resultado final acabará siendo una pequeña colina sobre la que se plantará vegetación.

Un profundo cementerio nuclear para los residuos militares de los EE.UU

Poco o nada tiene que ver el diseño de WIPP, la Planta Piloto para Aislamiento de Residuos que el departamento de energía de los EE.UU construyó a 32 kilómetros de Carlsbad, Nuevo México. Tras el cierre del cementerio de Yucca Mountain, estamos ante uno de los mayores cementerios nucleares y un perfecto ejemplo de lo que supone un repositorio geológico profundo.

WIPP, en Nuevo México, ha sido construido sobre un terreno estable durante los últimos 200 millones de años.

Se trata de un complejo de galerías ubicado en un terreno salino y entre 500 y 1000 metros de profundidad, en una zona que geológicamente se ha mantenido estable durante mucho tiempo. El repositorio comenzó a recibir desechos en 1999 y se prevé que continúe recibiendo residuos hasta 2070.

Esta solución, la de almacenar los residuos en profundas galerías, constituye la solución más segura para el ser humano, ya que se aprovecha la estabilidad de las formaciones geológicas. Porque dentro de mucho tiempo la instalación puede dejar de funcionar, pero los residuos seguirían bien almacenados sin poner en peligro al exterior.

Otros cementerios nucleares por todo el mundo

 Contenedores en las instalaciones de Zwilag, en Würenlingen (Suiza).

Países como Francia o Bélgica poseen también sus propios cementerios nucleares, en este caso almacenes temporales para mantener aislados los residuos hasta 300 años. También Suiza cuenta con su almacén, ubicado en Würenlingen y construido en 2004 para guardar residuos de bajo y medio nivel, como en el caso de España. A diferencia de El Cabril, la de Suiza es bastante más grande y tiene espacio para hasta 200 celdas.

Finlandia también tiene su cementerio nuclear, en este caso uno para residuos de gran actividad. Se trata de la construcción de Onkalo, cueva en finés, una galería a la que se accede a través de un túnel de 420 metros de profundidad. Hasta 1996, en Finlandia se enviaba a Rusia el material radiactivo, seguidamente se utilizaron dos almacenes temporales, pero a partir de 2020 se enviará a Onkalo, situado en la península de Olkiluoto. Y allí deberían quedarse durante 100.000 años.

 Entrada al túnel de acceso del cementerio de residuos, en Finlandia. Imagen de Posiva Ltd.

La antigüedad de la cueva es su principal arma. Se trata de una de las formaciones geológicas más antiguas de Europa, un lecho de roca, rodeada de arcilla de bentonita dentro de un pozo perforado en granito. Una barrera natural resistente al agua y que no reacciona a las oscilaciones de temperatura. El coste total estimado de la instalación es de 3.000 millones de euros.

Fuente: Xataka

El Tribunal de Cuentas advierte de que faltan fondos para desmantelar las centrales

tribunal cuentas

Los de “la energía nuclear es la más barata”  ocultos en sus despachos.

El reciente pacto para alargar el periodo de funcionamiento de las centrales de 40 años a 45,7 “permitirá reducir el déficit existente” en el fondo para la gestión de los residuos y el desmantelamiento, pero no eliminarlo

Subraya que la empresa estatal Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015 y advierte de que, con 40 años de vida de las nucleares, el déficit ya superaría los 2.300 millones

Entre esas recomendaciones estaba la de aumentar las tasas que pagan las eléctricas para aumentar las dotaciones de ese fondo; Enresa recuerda que se trata de “aspectos regulatorios” que no le competen

El Tribunal de Cuentas cree que el reciente acuerdo entre el Gobierno y las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) para abordar un cierre nuclear escalonado a partir de la próxima década “permitirá reducir”, pero no eliminar, el agujero del fondo con el que la empresa estatal Enresa deberá sufragar el multimillonario coste de gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales.

En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró en cerca de 1.800 millones el déficit del denominado Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos. Ese informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010 (cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas) no se habían actualizado desde entonces, pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) todavía vigente hoy, aunque lleva casi una década caducado (se aprobó en 2006).

El informe recomendaba revisar anualmente esas tasas “en función de las necesidades de financiación futuras” de ese fondo, que se alimenta al 90% con tasas a la producción nuclear y al 10%, a través de la tarifa eléctrica. Ahora, tras analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en ese examen, el órgano constata que esa actualización de tasas no se ha llevado a cabo y estima que ese déficit o “desviación de financiación de los costes” ascendería ya a 2.354 millones.

No obstante, el cálculo se basa, como el vigente PGRR, en la hipótesis de una vida media de las plantas de 40 años, plazo que ha quedado aumentado recientemente ampliado hasta los 45,7 años, tras el reciente acuerdo entre Gobierno y eléctricas, lo que permitirá incrementar los ingresos para el fondo a través de las tasas a la producción nuclear.

El problema es que, aun con esa reciente ampliación del plazo de vida de las nucleares, el déficit seguirá existiendo, según advierte el Tribunal de Cuentas en una nota al pie del informe.

En ella, recuerda que “a finales de marzo de 2019, Enresa ha firmado con los propietarios de las CCNN [centrales nucleares] un protocolo de intenciones sobre su cierre, con base en el horizonte temporal previsto en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [el conocido como PNIEC], remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea, en el que se prevé un cierre ordenado, escalonado y flexible del parque nuclear, con inicio en 2027 y finalización en 2035, lo que supone un funcionamiento medio de 45,7 años para el conjunto de los siete reactores que se encuentran en operación”.

El Tribunal de Cuentas valora ese acuerdo, que implicó incumplir la promesa electoral del PSOE de abordar un cierre a los 40 años, ante la evidencia de que parar la producción de las plantas impediría cubrir el multimillonario coste de desmantelarlas y gestionar sus residuos. Y entiende que “el mayor período de funcionamiento, con respecto a los 40 años previstos en el Sexto PGRR, supondrá un incremento de los ingresos por la tasa que abonan las CCNN, lo que permitirá reducir el déficit existente en las proyecciones futuras del Fondo”. No precisa esa reducción del déficit, que en cualquier caso seguirá existiendo.

El informe, aprobado el 30 de mayo, destaca que, según las estimaciones realizadas por Enresa en junio de 2018 basándose en el actual Plan de Residuos, “el valor actualizado a 1 de enero de 2019 de los costes futuros para cada una de las líneas de actividad en las que puede agruparse la gestión que tiene encomendadas, bajo la hipótesis de una vida útil de 40 años para las CCNN operativas, ascendería a 10.697 millones”, mientras que “el valor estimado por Enresa del Fondo a 31 de diciembre de 2018” era de 5.678 millones, “por lo que la recaudación pendiente a 1 de enero de 2019, necesaria para cubrir dichos costes futuros estimados, ascendería a 5.019 millones”.

“Con los actuales elementos de determinación de la cuota de las tasas” que financian ese fondo “y las previsiones actualizadas a 1 de enero de 2019 de las bases sobre las que estas recaerían realizadas por Enresa, existiría un desviación de financiación de los costes con cargo a la tasa que recae sobre tarifa eléctrica estimada en 435 millones y con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas estimada en 1.919 millones”. En total, los citados 2.354 millones.

“Se deduce que existiría déficit de financiación futura con cargo a la tasa que recae sobre la tarifa eléctrica y también con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas”, remacha.

Incumplimientos

El tribunal señala que Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015. Así, “a la fecha de redacción de este Informe no se habían establecido nuevas disposiciones normativas respecto a la regulación del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR que obliguen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN”. En consecuencia, la recomendación “no se ha cumplido”.

Tampoco “se había producido la internalización de los costes por Asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN, sino que estos gastos se han continuado cargando al Fondo para la financiación del PGRR”.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, ha declinado realizar alegaciones al informe porque la empresa estatal “no está en disposición de dar cumplimiento a las cuatro recomendaciones que siguen pendientes ya que todas se refieren a aspectos regulatorios y, por tanto, carecemos de capacidad legal para llevarlas a cabo”.

La pelota está en el tejado del Gobierno, y en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular ahora en funciones, Teresa Ribera, indicó en marzo que el nuevo PGRR (caducado desde 2010 y que el Gobierno de Mariano Rajoy, empeñado en aumentar la vida de las nucleares, nunca actualizó) estaría “listo” este mes de junio, pero sin Gobierno a la vista, ese plazo se antoja a todas luces inviable.

En el ministerio indican que Enresa está ultimando ese plan, y “el diseño para financiar, no solo reducir el déficit”, será “uno de los elementos del trabajo en el que está inmersa” la empresa estatal, cuya intención sigue siendo presentar un borrador del mismo este mes.

Por su parte, fuentes de Enresa señalan que, en función del escenario dibujado por el PNIEC, “y una vez actualizado el cálculo de los costes y determinado el inventario de residuos, será posible determinar si es necesario actualizar la tasa que pagan las centrales nucleares que están en operación”.

Una vez en manos del Ejecutivo del borrador de Plan de Residuos, se iniciará el proceso de elaboración que establece la ley hasta que llegue a las Cortes, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

El Gobierno ha vinculado la decisión final sobre la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos, paralizado el año pasado, al contenido de ese plan.

Ciemat: el material trasladado a Palomares “no aumenta el riesgo radiológico”

Destaca que “proviene exclusivamente de muestreos y sondeos” realizados a lo largo de los años

Las casi seis toneladas de material radioactivo trasladadas en cuatro envíos desde 2011 al área contaminada de Palomares, en Cuevas del Almanzora, “no supone un incremento del riesgo radiológico”, ya que supone un 0,0000378 por ciento del total de la actividad radiológica que ya se registra en la zona.

Así lo ha trasladado a la Audiencia Nacional (AN) el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) en una ampliación de informe elaborada a petición de la Abogacía del Estado en la que también se precisa que el citado material “proviene exclusivamente de muestreos y sondeos” realizados en Palomares a lo largo de los años.

En el primer informe, el Ciemat reveló que no era 1.500 kilos de material radioactivo como se sostuvo en un principio sino casi 6.000 los que se han trasladado a Palomares. No en 2016 en dos ocasiones, sino en cuatro envíos desde 2011. También admitió que 5.152 kilos estabam almacenados en dos contenedores marítimos ubicados junto a dos balsas de riego mientras que otros 670 kilos permanecían en un laboratorio ubicado en la llamada zona 3, ubicada entre las calles Paraje Guardicas y Diseminado La Punta.

Estos datos se conocen en el marco del procedimiento contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción para que la Audiencia Nacional obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) activar en Plan de Rehabilitación de la zona que se aprobó en 2010.

En la ampliación de informe, consultada por Europa Press, el Ciemat precisa que el material trasladado a Palomares en 2016 está compuesto de muestras y no de residuos radioactivos, al tiempo que indica que, en términos de la actividad y de la cantidad de material trasladado, “no provoca alteración en el inventario”.

Sostiene que supone un 0,0000378 por ciento de la actividad radiológica existente en la zona y un 0,012 por ciento sobre el total de terreno afectado, más de 40 hectáreas, por lo que, según remarca, “su presencia en Palomares no supone un riesgo radiológico en la zona”.

“No se comunicaron los traslados al CSN”

Sobre si el transporte que se realizó concretamente en el año 2016 se hizo por empresa autorizada y cumpliendo con la normativa, se afirma que sí aunque se matiza que no se solicitó informe al CSN ya que, según el acuerdo europeo sobre transporte internacional de cargas peligrosas, se realizó “como bultos exceptuados”. “Por este motivo, al no ser preceptivo , no se comunicaron los traslados”, apuntilla el Ciemat.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado instar a la Fiscalía a que investigue si el traslado fue “irregular” y emplazó a principios de abril a Ecologistas en Acción a que sea la propia asociación la que ponga denuncia ante el Ministerio Público “si entiende que puede ser constitutivo de delito”.

En su escrito, el colectivo conservacionista señalaba al hecho de que el Ciemat haya reconocido en un informe que un envío que realizó el 29 de noviembre de 2016 “no se depositó como el resto del material en un contenedor marítimo sino que se depositó en el almacén del laboratorio que el organismo tiene en la zona 3, entre las calles Diseminado la Punta y Paraje Guardicas”.

“Se han almacenado allí 77 cajas de material radiactivo con un peso total de 670 kilos, sin señalización, ni vigilancia alguna, a pocos metros de las viviendas, en el centro del pueblo”, indicaba Ecologistas en Acción.

Añadía el colectivo que este almacenamiento “clandestino” de material radiactivo se ha realizado “sin informe favorable, ni autorización alguna, es decir, sin expediente” y que podría, por tanto, ser constitutivo de un presunto delito sobre la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, previsto y penado en el artículo 345 del Código Penal.

En el primer informe remitido por el Ciemat al tribunal, consultado por Europa Press, el organismo precisaba se optó por el almacén del laboratorio de la zona 3 al no poder acceder al contenedor marítimo por encharcamiento de la zona 2 debido a las lluvias torrenciales”. “Desde entonces todos los materiales que constituyeron este envío permanecen almacenados en dicho lugar”, apuntilla.

Ecologistas en Acción también señalaba que podría apreciarse “irregularidad” de acuerdo a lo contemplado en el capítulo XIV, sobre infracciones y sanciones en materia nuclear, de la Ley 25/64 de 29 de abril de energía nuclear ya que, según remarcaba, el CSN, al tener conocimiento del traslado, en un escrito de fecha 31 de octubre de 2018, “se limitó a manifestar que el CSN no tiene comentarios” al respecto.

Tras analizar la prueba remitida por el Ciemat a requerimiento de la Audiencia Nacional, el colectivo criticaba con dureza el comunicado que hicieron público de forma conjunta el organismo y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora el 26 de octubre de 2018 a raíz de la “información periodística” que revelaba la existencia de dos traslados desde Madrid en 2016, que a la postre han terminado siendo cuatro desde 2011.

“No se han realizado dos traslados de material radiactivo, como afirmaron, sino cuatro, y el peso del material radiactivo trasladado y almacenado en Palomares no ha sido de tonelada y media sino de 5,8 toneladas”, remarcaba para añadir que la actividad radiológica del material es de un total de “274 millones 340 mil Bequereles, muy alejados de los 13 millones de Bequereles que inicialmente reconocieron”.

Concluía para pedir que se dedujera testimonio y se diese traslado al Ministerio Fiscal para investigación que el material radiactivo se ha trasladado “desde la Instalación Radiactiva de 2a clase, la IR-17, sita en Madrid, a Palomares” y que, tanto el transporte como el posterior almacenamiento “se ha realizado sin conocimiento del CSN, ni de Enresa”.

“Relevante” para decidir sobre la limpieza

La sala de lo Contencioso-administrativo ya rechazó la oposición de la Abogacía del Estado a que la Audiencia Nacional indagase sobre este traslado. Esta argumentó que este traslado “no tenía relación” con la decisión sobre el plan de rehabilitación de la zona.

“Si la pretensión es que se descontamine Palomares y se pide la retirada de la tierra contaminada, tiene relación con la pretensión y es un hecho relevante que se produzca un nuevo almacenamiento en dicho lugar”, indicó en su auto la Sección Séptima, que subrayó el hecho de que ya que se supone que se “trata de tierras extraídas de ese lugar” para su análisis que “ahora vuelven al mismo, es algo sobre lo que debe versar la prueba”.

Ecologistas en Acción pidió una ampliación de hechos en la causa impulsada para que la AN obligue al CSN a ejecutar el Plan de Rehabilitación de la zona aprobado en 2010 tras la “información periodística” que reveló parcialmente el transporte de este material.

Fuente: lavozdealemeria

Instan a limpiar “cuanto antes” la radioactividad en Palomares

La Audiencia Nacional ha admitido el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear

La Audiencia Nacional (AN) ha aceptado como prueba el informe remitido al Congreso de los Diputados por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se insta a que se “analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes” la zona contaminada con radioactividad de Palomares, pedanía de Cuevas del Almanzora, para evitar “efectos inaceptables en las personas y en medio ambiente”.

Así, en su auto, la Sección Séptima admite, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, la documental procedente de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (Astecsn); propuesta por Ecologistas en Acción en el marco del procedimiento impulsado para obligar al CSN a que fije un plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación de Palomares que se aprobó en 2010.

La Abogacía del Estado se opuso a que se ampliasen los hechos objetos de la demanda con este informe, algo a lo que se aviene la AN, que lo admite como prueba documental al considerar que “no dejan de ser manifestaciones de una asociación en un ámbito parlamentario, que carecen de relevancia para la decisión del pleito”. Asimismo, también se negó, en otro recurso anterior, a que se investigara el envío de 1,5 toneladas de material radioactivo a la zona en 2016 procedente del Ciemat, pero la sala se negó y la práctica de prueba al respecto ha revelado que fueron casi seis toneladas de material radioactivo trasladado desde 2011 y depositado en contenedores y en un almacen del laboratorio que el Ciemat tiene en la zona 3 bajo vigilancia radiológica, en el núcleo urbano de Palomares.

No obstante, después pidió la práctica de prueba sobre el asunto y la Audiencia Nacional la admite en este auto, de 27 de marzo, en el que incorpora a la causa el informe de los técnicos del CSN.

El informe

Los técnicos, en su informe, entienden “que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el medio ambiente como llevan más de 50 años”. Y añaden que la limpieza de estos terrenos, que abarcan unas 50 hectáreas, “debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EEUU se haga cargo o no de los residuos”. Al hilo de esto, indican que la “evolución” de los “radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241”, tiene como consecuencia la “modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años”.

De este modo, con fecha de 17 de diciembre y realizado en respuesta a varias preguntas que se formularon por parte de miembros de la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso, critican que en Palomares se hayan tomado “medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos” y afirman que, si estos “existen, se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada”.

Asimismo, los técnicos señalan que resulta “significativo” que el CSN “conozca” los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años y que sus resultados generales “que han debido tenerse en cuenta en las evaluaciones efectuadas por el regulador, se mantengan secretos y no disponibles cuando son la base para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos”.

Apuntan, en esta línea, que el CSN “debe de poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos e instar y recomendar las acciones pertinentes” y que el Estado “debe proteger a su población en consecuencia y almacenar temporal o definitivamente los residuos”. Para ello, ponen como ejemplo de actuación sobre terrenos contaminados con población el realizado en las Islas Marshall motivado por los ensayos nucleares llevados a cabo allí por EEUU, y donde las actuaciones de restauración y limpieza “se realizaron con transparencia y participación activa de la población afectada”.

Y es que, “cuanto mayor sea la transparencia, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes. Los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica. El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y transparente”, remarcan en su informe.

 

Fraga no se bañó en Palomares, la playa de Almería sigue radiactiva y los reyes son los padres

Podian haber titulado la noticia con “Medios de comunicación engañan a los y las españolas”, pero no, la cosa no ha ido a mayores.

Los cronistas de la época no pudieron contar la verdad, pero cualquier taxista de Almería te resume lo que realmente pasó en el año 1966 con el baño de Manuel Fraga Iribarne y el embajador de EEUU en Palomares: Que la famosa inmersión en el mar que también popularizó el NO-DO se grabó en otra playa de Almería donde no se encontraban los restos radiactivos de un avión americano.

La historia del baño en la playa de Manuel Fraga, que se mantiene en la memoria de cualquier español mayor de 60 años, es un claro ejemplo del marketing del franquismo: repetir una mentira muchas veces, en los medidos adecuados, puede convertirse en una realidad que pasará a la historia.

Pero hay quien no se rinde y se enfrenta a la “falsa historia”. Así, Ecologistas en Acción ha continuado luchando para conocer realmente qué hay tras esos restos radiactivos hasta llegar a los tribunales.La organización ecologista ha conseguido que la Audiencia Nacional pida informes al Consejo de Seguridad Nuclear sobre estos residuos de 1966.

Historia

La realidad es que en el accidente en pleno vuelo -y que llevó a la caída de material radiactivo a la playa de Palomares,  se vieron implicados un bombardero estratégico estadounidense B-52 y un KC-135 de reaprovisionamiento en vuelo (cargado con 110.000 litros de combustible) que colisionaron a 10.000 metros sobre la costa del Mediterráneo, en el espacio aéreo de Palomares. El B-52 volvía de la frontera turco-soviética hacia la Base Aérea de Seymour Johnson en Goldsboro, Carolina del Norte, y el KC-135 provenía de la Base Aérea de Morón. La maniobra era de rutina: los B-52 se reaprovisionaban de combustible a la ida, desde la Base Aérea de Zaragoza, y a la vuelta desde Morón.

El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones cada una, de 1,5 metros de largo por 0,5 metros de ancho, con un peso de 800 kg. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra (cerca de la desembocadura del río Almanzora) y la otra en el mar. Las otras cayeron sin paracaídas, una en un solar del pueblo, la otra en sierra Almagrera. Se produjo la detonación del explosivo convencional que contenían, lo que sumado al choque violento con el suelo, hizo que ambas bombas se rompieran en pedazos. Las tres que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas; la que cayó en el mar pudo ser recuperada 80 días después, las bombas tenían una potencia superior a 75 veces las de Hiroshima.

Por tanto, la playa de Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada .En el escrito de Ecologistas en Acción al tribunal se especifica que “Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada a 30 centímetros, en tres zonas diferentes sobre 103 hectáreas de terrenos y con dos fosas donde también se enterraron 4.000 metros cúbicos de material radiactivo”.

Fuente: diario16

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El secreto de los ciudadanos-cobaya de Palomares

En la mañana del 17 de enero de 1966 un bombardero B-52 de la USAF intentó aproximarse a un avión cisterna KC-135 para reabastecerse en vuelo sobre el cielo de Palomares (Almería).

El B-52 había despegado de la Base de Seymour Johnson, en Carolina del Norte, a las 17.11, hora local. El accidente se produjo cuando en la costa este de los EEUU eran las 04.22. La fatiga ocasionada por más de once horas de vuelo con fallos en el piloto automático y con el ritmo circadiano adaptado a las cuatro de la madrugada, los tripulantes del B-52 no percibieron que la velocidad de aproximación al avión cisterna era excesiva y colisionaron con él.

Tras el choque, el B-52 soltó las cuatro bombas termonucleares que portaba. A dos de ellas no les funcionó el paracaídas e impactaron violentamente contra el suelo liberando los aproximadamente cuatro kilos y medio de plutonio que portaba cada una.

El viento esparció los nueve kilos de partículas radiactivas de oxido de plutonio por los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora. Los norteamericanos, en vez de limpiar la zona se limitaron a cubrir con tierra 103,6 hectáreas contaminadas. También depositaron residuos radiactivos en dos fosas de 1.000 m3 y 3.000 m3 de capacidad. Únicamente se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 1.000 metros cúbicos de residuos radiactivos que contenían unos 270 gramos de plutonio. Los aproximadamente 8 kilos y 700 gramos restantes los dejaron en Palomares.

El Gobierno de Franco y el de EEUU se pusieron de acuerdo en guardar el secreto y afirmaron con rotundidad que los terrenos habían quedado perfectamente limpios de radiactividad. Recordemos las declaraciones del Ministro Manuel Fraga Iribarne al periódico Arriba de fecha 13 de febrero de 1966: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”. Las autoridades del momento repartieron certificados a los propietarios garantizando que los terrenos contaminados estaban limpios de radiactividad.

Con este engaño a la opinión pública se puso en marcha el Proyecto Indalo que tenía como principal objetivo analizar las consecuencias de la radiactividad en los seres humanos. El proyecto no pretendía limpiar Palomares de radiactividad, lo que se buscaba en secreto era exclusivamente estudiar científicamente los efectos de la radiactividad en la población, el ganado, los alimentos, la fauna silvestre y el medio ambiente en general.

Para poner en marcha este enorme laboratorio con seres vivos se desplazó a España el famoso Dr. Wright Langham, al que varios autores le han atribuido haber inyectado plutonio a dieciocho ciudadanos de EEUU sin su consentimiento. De este modo, la Junta de Energía Nuclear y posteriormente el organismo que la sustituyó, el actual CIEMAT, en colaboración con los EEUU dispusieron durante muchos lustros de un laboratorio de cobayas humanas sin ellas saberlo.

Algunos científicos de la Junta de Energía Nuclear y del CIEMAT, estaban muy orgullosos de ser los únicos en el mundo que experimentaban con una población de seres vivos. Su vanidad no les permitió guardar el secreto delante de la comunidad científica y en alguna conferencia pronunciada en el extranjero dieron datos sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Palomares.

Las filtraciones provenientes del extranjero y la desclasificación de algunos documentos en EEUU hicieron que la opinión pública y los habitantes de Palomares empezaran a sospechar que había radiactividad en la zona. El 4 de octubre de 1985, los habitantes de Palomares hartos de tanto secreto se negaron a volver a Madrid para ser analizados si no les entregaban los resultados de las pruebas.

La Junta de Energía Nuclear y los norteamericanos se echaron a temblar ante el riesgo de perder un laboratorio tan valioso para sus experimentos y el 29 de octubre de 1985 mandaron una carta a los afectados, con los resultados de los análisis, pero los informes no iban completos, por ejemplo faltaba y falta la prueba de dosimetría biológica, que consiste en analizar el daño causado por el plutonio en las cadenas de ADN.

Los científicos del CIEMAT siguieron filtrando involuntariamente datos en el extranjero. Esto le sucedió por ejemplo a Emilio Iranzo, responsable de Palomares en el CIEMAT  cuando publicó en 1987 un artículo en Health Physics con el título “Air Concentrations and Potencial Radiation Doses to People Living Near Contaminated Areas in Palomares (Spain)”. También dio datos desconocidos hasta entonces en la conferencia pronunciada en Orlando (Florida) el 31 de octubre de 1988. A pesar del secreto, a finales de los años ochenta los investigadores privados no tenían ninguna duda de que en Palomares había mucha radiactividad, aunque todavía no sabían la cantidad, ni la ubicación exacta.

Desde 1966 hasta mediada la década de los ochenta la actividad agrícola se desenvolvió a pequeña escala. Fue a partir de 1986 cuando la agricultura adquirió un alto nivel de desarrollo y comenzaron a cultivarse masivamente productos hortícolas sobre las tierras contaminadas.

Entre el 12 de abril de 1986 y el 14 de junio del mismo año se construyó una gran balsa junto al cementerio, en una zona con muy altos niveles de radiactividad. Los trabajadores-cobaya lanzaron al aire las partículas de  plutonio allí depositadas. El CIEMAT aprovechó para medir el aumento de la radiactividad en el aire, en las personas, el ganado y los alimentos  pero no advirtió a los trabajadores-cobaya de que estaban metidos en una nube de polvo radiactivo, que el viento se encargaba de extender a varios kilómetros de distancia.

En el informe periódico que Emilio Iranzo envió el 16 de febrero de 1987 a Chester Richmon, su alter ego en EEUU, le explicó cómo se había propagado la radiactividad durante la construcción de la balsa e incluso narró el detalle  de que las tierras radiactivas habían sido transportadas en camiones a cielo abierto que iban soltando polvo radiactivo por donde pasaban. Iranzo no dedicó ni una sola palabra a tomar medidas para evitar la extensión de la radiactividad. En el informe secreto, sólo se mostró preocupado por la creciente inquietud de los habitantes de Palomares respecto a la verdadera situación radiológica de la población, lo que podía provocar un plante similar al del 4 de octubre de 1985.

En enero de 1988 se volvió a repetir la historia, los trabajadores-cobaya volvieron a construir otra enorme balsa junto a la anterior con la consiguiente dispersión de las partículas radiactivas por efecto del viento. El CIEMAT tampoco adoptó ninguna medida para evitarlo se limitó a cumplir con la misión del Proyecto Indalo, investigar con seres vivos.

Durante los seis meses que duró la construcción de la segunda balsa, el CIEMAT únicamente midió el aumento de la radiactividad. Con los datos obtenidos, tres científicos del CIEMAT: J. Martínez, A. Espinosa y A. Aragón elaboraron un estudio cuyo objeto era “Determinar experimentalmente la variación de partículas de polvo en suspensión debido a la realización de diferentes labores agrícolas”.

Los datos obtenidos en Palomares los compararon con los producidos por los mismos trabajos agrícolas efectuados en Chernóbil y llegaron a la conclusión de que la concentración  de partículas de plutonio en el aire aumentaban en mayor medida en Palomares que en Chernóbil.

La comparación entre Palomares y Chernóbil se volvió a repetir en 2012. Científicos alemanes contratados por la cadena pública ZDF, compararon  la radiactividad existente en ambas poblaciones y concluyeron que en Palomares hay puntos calientes de plutonio con dieciséis veces más radiactividad que en la zona de exclusión de Chernóbil.

La gran diferencia entre las pruebas agrícolas realizadas en 1988 por el CIEMAT en Palomares y Chernóbil para comparar ambos escenarios, es que en Palomares dispusieron de trabajadores vivos para sus experimentos y en Chernóbil tuvieron que recurrir a pruebas de laboratorio porque allí está prohibido experimentar los efectos de la radiactividad en seres humanos sin contar con su consentimiento.

El CIEMAT siguió permitiendo durante muchos años que se cultivaran y se comercializaran productos agrícolas procedentes de tierras altísimamente contaminadas sin tomar absolutamente ninguna medida de protección, hasta que surgió la burbuja inmobiliaria y el Gobierno decidió limpiar la zona.

Los planes urbanísticos de los ayuntamientos de Vera y Cuevas del Almanzora pretendían urbanizar los terrenos contaminados para lo cual era preciso limpiarlos antes de construir los adosados porque nadie compra un chalet con plutonio y americio en el garaje. El interés urbanístico fue tan desaforado que los constructores no esperaron a la limpieza y metieron las máquinas en los terrenos radiactivos liberando así el plutonio que los norteamericanos habían tapado con tierra en 1966. Los desmontes llegaron a escasos metros de una de las fosas secretas, la de 3.000 m3. Este lanzamiento del plutonio a la atmósfera aumentó la contaminación del aire y de las personas que desconocedoras del peligro trabajaron en el movimiento de tierras.

Fue entonces cuando el Gobierno empezó a tomar medidas de protección expropiando las zonas contaminadas y vallándolas en base a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 62/2003 que aprobó el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica, PIEM-VR. Eligieron ese extraño nombre para seguir ocultando a la opinión pública que los terrenos a expropiar estaban en Palomares.

En el periódico El País de fecha 18 de noviembre de 2004, el alcalde pedáneo de Palomares y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, D. Juan José Pérez, manifestó la intención del Ayuntamiento de urbanizar los terrenos contaminados. En la actualidad, todos los terrenos contaminados están clasificados como urbanizables o de uso agrícola, así aparecieron clasificados en el BOJA de fecha 24 de marzo de 2009 que publicó el POTLA, Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense.

El 5 de mayo de 2010 el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el Plan de Rehabilitación de Palomares elaborado por el CIEMAT, que consiste en limpiar 50.000 m3 de tierra contaminada para reducirlos a 6.000 m3 y trasladarlos a Estados Unidos, pero los americanos consideraron que 6.000 m3 era mucha cantidad a almacenar y presionaron al Gobierno español para que en vez de limpiar 50.000 m3 limpiasen sólo 28.000 m3, dejando el resto esparcido por el terreno.

Para reducir  el volumen de las tierras a almacenar, el US Department of Energy, DOE, envió al Ministerio de Asuntos Exteriores español el documento titulado Evaluation of Alternatives for Remediation of Soil of Contamination at de Palomares Accident Site (DOE/NV-1536) donde el DOE propone modificar los criterios radiactivos aprobados por el CSN el 5 de mayo de 2010 para así poder dejar casi la mitad del plutonio en Palomares. De esta forma conseguirán dos objetivos: de un lado reducirán los costes de almacenamiento de los residuos, y de otro, continuarán disponiendo de un laboratorio en vivo, sobre todo entre los trabajadores de la construcción, que será la población con más riesgo, según anunció el CSN en el informe remitido al Congreso de los Diputados el 22 de marzo de 2017. Esperemos que cuando estos operarios finalicen las obras, el CIEMAT tenga la deferencia de informarles de la situación en que han quedado sus cadenas de ADN.

El Gobierno español se plegó a las presiones del DOE, y el CSN en la reunión celebrada el 22 de julio de 2015 aprobó limpiar sólo 28.000 m3. Fue entonces cuando se firmó el acuerdo Kerry-Margallo el 19 de octubre de 2015.

Si limpian solo 28.000 m3 no se solucionará el problema y habrá que dejar zonas con restricciones de uso, como ya ha reconocido el CSN. A pesar de rebajar los 50.000 m3 a sólo 28.000 m3, la nueva Administración norteamericana no tiene la menor intención de llevarse el plutonio, ni mucho, ni poco.

En la actual situación lo lógico es que el CSN ordene al CIEMAT que ponga en práctica el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en 2010, sin tener en cuenta la modificación de los criterios radiológicos acordada en 2015, y que los 6.000 m3 de tierra contaminada sean almacenados provisionalmente en donde decida ENRESA, a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene porqué estar en EEUU.

El anterior Ministro de Asuntos Exteriores español, Sr. Margallo, declaró confidencial el documento del US DOE que presionaba para reducir el volumen de las tierras a tratar. El CSN hizo lo mismo con el acuerdo de 22 de julio de 2015. De este modo el Gobierno pudo presentar en vísperas electorales el acuerdo Kerry-Margallo como un triunfo, cuando en realidad fue una claudicación ante el Consejo de Seguridad Nacional de los EE.UU. que es quien dirige el asunto de Palomares.

Hace más de dos meses, el coordinador nacional de Ecologistas en Acción pidió al actual Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Borrell, que desclasifique el documento del DOE para que podamos saber en qué criterios “científicos” se basan para querer dejar casi la mitad del plutonio esparcido por Palomares. Esperamos que diga algo, aunque sólo sea por educación.

La tragedia de Palomares ha estado sometida desde casi sus comienzos a la Ley de Secretos Oficiales 9/1968 de 5 de abril. Se está utilizando, una vez más, la Ley franquista de Secretos Oficiales para ocultar comportamientos inconfesables por parte de los sucesivos gobiernos de la “democracia”.

Fuente: infolibre

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